(emitido a las 7.48 hs.)

EMILIANO COTELO:
Este fin de semana salieron a luz más relevaciones del "caso Pluna". Concretamente en su edición del domingo, el diario El País publicó una serie de correos electrónicos que intercambiaron Hernán Antonio Calvo Sánchez, el "caballero de la derecha", y Antonio Álvarez Hernández, principal accionista de la empresa española Cosmo. En ellos surgen más detalles a propósito de cómo se generó la participación de Cosmo en la subasta de siete aviones Bombardier pertenecientes a Pluna SA, cuya derivación principal hasta ahora ha sido el procesamiento sin prisión por el delito de abiso de funciones de Fernando Lorenzo, entonces ministro de Economía, y Fernando Calloia, entonces presidente del BROU.

Los más de 20 mails, enviados antes, durante y después de aquel remate frustrado de octubre de 2012, aluden, entre otras cosas, al polémico aval otorgado a Cosmo por el BROU para que esa firma pudiera ofertar, pero también a otros aspectos de las negociaciones que habrían existido entre Cosmo, Buquebus y el Poder Ejecutivo.

Según surge de ese intercambio, Calvo Sánchez actuó en todo momento bajo las órdenes de Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus y al que llama "mi presi". También queda claro que su presentación en la subasta utilizando su segundo nombre y su segundo apellido –algo que terminó revelando En Perspectiva pocos días después- fue algo premeditado, para evitar que saltaran públicamente los antecedentes de su relación laboral con Buquebus y López Mena. Se revela además que, antes de la subasta, se habían preparado algunos documentos para dar de Cosmo una imagen de solidez que no era real. También se prueba una transacción bancaria de Buquebus en beneficio de la empresa española y se sostiene que, al aparecer "complicaciones" para lo que era el plan original, en el gobierno llegó a planearse una nueva sociedad entre el Estado y otros empresarios para comprar los aviones. 

La producción de En Perspectiva ha procurado la posibilidad de una entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta favorable.

Nos interesa, entonces, ver cómo se observa este nuevo giro desde el lado de la oposición. Para eso vamos a conversar con el senador nacionalista Sergio Abreu, que se presentó en su momento ante la Justicia solicitando una ampliación de la investigación que se sustancia en Juzgado de Crimen Organizado.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Cómo vio estos nuevos hechos que se conocieron en el fin de semana?

SERGIO ABREU:
Estos hechos son los que de alguna forma me llevaron a presentar la ampliación de la denuncia.

El contenido vinculado al delito de abuso de funciones por parte de dos jerarcas es por un lado su jerarquía institucional, de qué forma procedieron, si fue porque ellos actuaron de forma espontánea o porque fueron dirigidos o instruidos por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República. En segundo lugar, quiénes fueron las personas que participaron en esta situación que dio lugar a este procesamiento y que se podrían haber beneficiado en este tema; en qué condiciones se produjo el aval -que ya todos lo sabemos-, y cuáles son las repercusiones que obviamente tiene, con una empresa Cosmo que desde el principio no cumplía con ninguno de los requisitos para poder obtener un aval que además otorgado casi en forma verbal por el [entonces] ministro de Economía [Fernando Lorenzo], como se establece en el informe de la Fiscalía.

RA – ¿Cuándo presentó usted la extensión de la denuncia?

SA – En el mes de febrero aproximadamente. Reuní a la bancada del partido, hice el planteo, y les anuncié que iba a presentar esta ampliación de la denuncia. Sobre todo en dos aspectos anunciados con anterioridad: uno era la eventual comisión del delito de estafa por parte de un particular, porque obviamente aparece con que el empresario quería quedarse con las frecuencias semanales -que llegaban nada menos que a 60 de puente aéreo, 30 adicionales, 320 en total-, pero no quería o no estaba en condiciones de cumplir con lo que la ley había establecido.

RA – O sea, en esa ampliación de la denuncia usted planteaba directamente que el foco debía estar en esta etapa en la actuación de López Mena, en este caso.

SA – En dos etapas, en la etapa pública de quiénes han instruido de esta manera, como decía el señor presidente de la República: a la hora de poner la mosca solo fue el señor López Mena el que estuvo; "Yo qué sé", decía, "si embretó o no embretó, yo solamente di las líneas generales". Y por otro lado la participación de un empresario que hace aparecer a una determinada persona, que simula el nombre, que determina el procesamiento del escribano que hace precisamente la nota de la subasta que después termina frustrada y en la que el propio empresario ofrece pagar la garantía, pero después renuncia a eso.

Obviamente aquí hay estratagemas directas para quedarse con las frecuencias, con todo lo que significa el negocio aéreo, sin tomar a su cargo ni los empleados ni la conectividad, la forma con la que el Poder Ejecutivo había establecido las disposiciones de la ley 18.931 para que se ajustara a esto.

RA – ¿Pero cuál sería el delito que usted entiende que se le podría tipificar a López Mena?

SA – Yo no tipifico, yo pongo a disposición del juez los hechos, y son simplemente los estratagemas orientadas a que la ley 18.831 no fuera cumplida, porque el adquiriente era otro, se presenta un testaferro, que después resulta que es falso, ahora se hacen las denuncias de que se hicieron negocios por detrás, y el objetivo del empresario simplemente parece orientarse a quedarse con las frecuencias pero sin los aviones…

EC – Usted habla concretamente de estafa, ese es el término que utilizó hace un rato.

SA – Yo lo utilicé ya en la propia interpelación, cuando se realizó en 2012 en presencia del presidente del Banco de la República y del ministro de Economía. La estafa es un delito que se produce simplemente por la tentativa de efectuarla, no se necesita concretarla, son las estratagemas que se realizan para llevar a engaño a una determinada persona, en este caso el Estado.

Por otro lado eventualmente el falso testimonio, porque en el expediente el señor López Mena y el señor Calvo solo han declarado como testigos, no como indagados. Yo pido que se les indague para cotejar las declaraciones que hicieron como testigos.

¿Por qué le digo esto? Porque el testigo no puede mentir ni incurrir en el delito de falso testimonio. Sí puede mentir el indagado en el sentido de que no tiene la obligación de auto incriminarse.

Todo esto ha quedado pendiente porque ahora aparecen todas estas cosas que nosotros teníamos ya de alguna manera en información adicional, o por lo menos lateral. Todos estos hechos que hoy aparecen son preguntas que se realizaron en esta ampliación, de vinculación, las reuniones que se realizaron con el Poder Ejecutivo, una de ellas en la chacra de Rincón del Cerro, en qué medida participó el Poder Ejecutivo, y en qué medida también, después todo este andamiaje que denuncia el señor Álvarez, se produjo nada menos que el otorgamiento de un aval en dos o tres horas, el mismo día, y sin siquiera haber terminado los procesamientos, violando entre otras cosas la ley sobre custodia o preservación de la transparencia en lavado de dinero.

Obviamente en el medio de todo esto no puede aparecer sólo un delito de abuso de funciones y el procesamiento de un escribano. Resulta que las personas que están involucradas directamente pueden estar en la línea del Poder Ejecutivo, allá arriba, o en el beneficio privado de alguien que aprovechó y presentó a un testaferro para no quedarse ni con los obreros ni con los aviones, los cuales después ofrecía arrendar, pero ya con el objetivo final de quedarse exclusivamente con las frecuencias, que eran el negocio más importante.

RA – Ahora que se conocieron estos mails que difundió ayer el diario El País, ¿qué elementos nuevos entiende que se ponen sobre la mesa? ¿Qué camino puede tomar incluso usted, tiene previsto ampliar la denuncia aun más?

SA – En mi ampliación de la denuncia está más o menos lo que se está ahora concretando, de manera que estos mails pueden ser tomados por la justicia y el fiscal como elementos de prueba para profundizar la indagación que nosotros solicitamos.

De manera que aquí yo creo que están dadas las condiciones para proseguir y profundizar en este tema sobre la base de aquella ampliación que nosotros hicimos: que se indague ahora a las personas que han estado involucradas, dentro del Poder Ejecutivo y a nivel empresarial, para ver realmente cuál fue la operación y cuáles son los recaudos jurídicos que se tomaron, si se cumplieron o no las normas, y si hay delito de estafa, falso testimonio o si los dos jerarcas del Estado que incurrieron en el abuso de funciones no fueron directamente inducidos por el Poder Ejecutivo.

EC – Desde la audiencia también hay preguntas, por ejemplo Alejandra, de Lezica, plantea: "hay algo que no me cierra, si Cosmo prestó su nombre a Buquebus para la subasta aquella de los aviones, ¿por qué no plantea sus reclamos a la propia Buquebus?". A la oyente le sorprende que el diferendo que por lo visto existe entre el principal accionista de Cosmo y López Mena se termine ventilando de esta manera, a través de la prensa, y llevando documentación a la Justicia, ¿cómo ve usted ese detalle? Porque la revelación de estos correos podría incluso hasta comprometer al propio accionista de Cosmo en lo que habría sido una estafa.

SA – Claro, es un tema que tiene que ver la Justicia, pero obviamente aquí aparece Cosmo convocado por el propio empresario a través de una persona que le habla de "mi presi", en el que dice que se le ha ofrecido determinado dinero para que pusiera el nombre. Cosmo no tenía el capital suficiente, tenía seis millones de euros frente a 137 millones de dólares, se le otorgó el aval "perfecto" dice el presidente de la República, con la participación de otro más…

EC – Pero mi pregunta es, si hubo estafa, este hombre, Antonio Álvarez, ¿no es cómplice también?

SA – Por eso le digo, ese es un tema que tiene que definir la Justicia. Acá lo que tenemos que saber es realmente qué delitos se cometieron dentro y fuera de la administración pública. La estafa y quién participa en las estratagemas para perjudicar al Estado. Si el señor Álvarez está involucrado es un problema que determina la Justicia, pero esto es parte también de una concertación entre empresarios, que uno recibe el dinero y otro se compromete a ofrecer el aval, y el propio Poder Ejecutivo que se lo da sin cumplir las condiciones que impone la ley. Eso lo dispone la Justicia, pero sí le diría que me parece que hay que indagar en profundidad y las responsabilidades pueden surgir obviamente también del propio denunciante o de la propia empresa que dice que recibió 500.000 dólares de una cifra adicional ofrecida por presentarse en una determinada licitación cuando no estaba en condiciones.

EC – Es todo tan raro en la denuncia que hace este hombre cuando da a conocer los mails, que ahora hay como una frutilla arriba del helado cuando dice en el diario El País de hoy que va a pedirle un préstamo al Banco República para salir de los problemas que tiene debido a la quiebra de la empresa. ¿Cómo observa usted este detalle?, parece ya una broma

SA – Bueno, yo creo que acá lo que sucede es que la desprolijidad es tan grande que nadie ha podido controlar realmente las consecuencias de esto. Lo que sí se sabe es que hay una empresa Cosmo que no reunía ningún requisito para tener un aval. Ahora aparece un dueño de la empresa; usted recordará que anteriormente el 50% de la empresa salió a decir que no tenía nada que ver en esto. Ahora dice el señor Calvo que precisamente utilizó su segundo nombre para que si alguien buscaba en Google Hernán Calvo no lo vinculara…

EC – Está bien, pero yo me estoy centrando en el señor Antonio Álvarez Hernández, parece un hombre poco serio, ¿no?

SA – No solo Hernández, nada es serio acá, si no no estarían procesados dos altos jerarcas del Poder Ejecutivo. Si este señor tiene este problema y lo quiere reclamar lo que está demostrando entre otras cosas es que él participó de una maniobra cuya indagación debería ser profundizada por parte del Poder Judicial, inclusive en circunstancias que podrían involucrar al propio señor Álvarez en su conducta. Pero acá lo que nosotros queremos es la transparencia de la situación y las responsabilidades que puedan surgir. Si el señor Álvarez, por desprolijidad o por lo que fuere, quiere hacer un juicio de la manera que incluso anunciaba el propio López Mena al Estado, muy bien, que proceda como tenga que proceder.

EC – ¿Pero cómo le suena eso de que quiera pedirle un préstamo al Banco República?

SA – No tengo la menor idea. La verdad que eso es parte de esa absoluta irracionalidad con la que se han manejado las cosas, porque usted fijese que el señor López Mena se ofreció a pagar parte de la garantía del aval y después decidió no pagar y anunció además que iba a iniciar acciones contra el Estado… Usted se da cuenta de que este es un cruce y entrecruce de una enorme desprolijidad que proviene del Poder Ejecutivo que no hizo cumplir la ley como debía hacerlo, con todas las normas, con el otorgamiento de un aval que se ofreció entre dos y tres horas cuando todavía ni siquiera estaban completadas las informaciones necesarias. De estas conversaciones sale que el propio fiscal, en el informe que leímos todos, dice que el señor López Mena ofreció traer a otro empresario para poder ayudar a esto. Pero aquí lo que parece claro es que hay un empresario que quiere quedarse con las frecuencias pero no quiere pagar ni quedarse con los empleados ni con todas las deudas que tenía Pluna en el momento en el que se produce su liquidación.

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