(emitido a las 7.49 hs.)

EMILIANO COTELO:
El presidente José Mujica ordenó que las empresas públicas recorten el gasto en publicidad. A partir de lunes, y mientras dure la campaña electoral, sólo podrán mantener la propaganda de tipo institucional.

Esta resolución del primer mandatario trascendió ayer en Telenoche 4. Se supo, además, que el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, se la había transmitido a algunos representantes de organismos estatales con los cuales se reunió. La decisión de Mujica fue adoptada apenas regresó del viaje a Finlandia.

El miércoles en el Ciclo Presidenciables 2014, que organizan Radio El Espectador y la Consultora Deloitte, Jorge Larrañaga había hablado de este asunto, señaló que un equipo del Partido Nacional estaba estudiando las cifras del gasto en publicidad oficial del Gobierno del Frente Amplio en este año electoral. De acuerdo a los cálculos primarios, en los primeros ocho meses se habrían gastado en este rubro 40 millones de dólares.

Jorge Larrañaga está en línea en este momento.

¿Pudo confirmar efectivamente la resolución presidencial?

JORGE LARRAÑAGA:
Yo escuché la información como un número verbal del presidente de la República. Pero queremos dar cuenta de que lo que expresamos en El Espectador esta semana coincide con los estudios que hicieron nuestros técnicos, en los primeros ocho meses de este año por parte del Gobierno central y de las empresas públicas se gastaron más de 40 millones de dólares en publicidad en los distintos medios de comunicación, básicamente en la televisión. Falta la publicidad en portales, vía pública y el interior, así que habrá que realizar las cuentas, y todo lo que va de setiembre.

Nos parece que es lamentable que esto suceda, es un problema de gestión. Ustedes tienen las cifras porque a través de distintos organismos tuvimos los estudios correspondientes sobre la cantidad de minutos, centímetros de diario…

EC – Tengo las distintas planillas sobre la mesa, me queda la duda de cómo se realizó la investigación.

JL – Se hizo a través de una empresa que estudia la cantidad de minutos en televisión y en radio, y la cantidad de centímetros en la prensa escrita. Eso se trasladó a los valores que sabemos. Los distintos medios de prensa cobran en función incluso de los retardos con los que se pagan las facturas por parte del Estado.

EC – O sea, no es información oficial la que ustedes manejan. No han pedido informes. No tienen documentación de los organismos correspondientes. Es una estimación a partir de lo que se ve y se escucha en los medios.

JL – Sí, pero es determinante. No precisamos información oficial para que estos números tengan el respaldo y la seriedad del caso. Obviamente los vamos a pedir en el marco de nuestras potestades constitucionales y del derecho a la información, y si hay que recurrir a la justicia también tendremos que hacerlo. Pero la mayor prueba de que lo que estábamos diciendo es absolutamente cierto es que el propio presidente llega de Finlandia y manda parar la publicidad de aquellos organismos de prestación monopólica.

Obsérvese que hasta hace un tiempo se venía diciendo por parte de exponentes importantes del Gobierno que la publicidad oficial implicaba defender los logros de Gobierno y que estaba bien. Pero llegar a estos costos enormes, que suman decenas de millones de dólares, con los que se podrían haber hecho muchísimas obras, liceos, escuelas, policlínicas, hospitales, etcétera. No quiero entrar en un torneo demagógico de transformar 40 millones de dólares en prestaciones del Estado a los contribuyentes, pero es evidente que hay una falta de respeto por lo que la gente paga en impuestos para llevar adelante esta publicidad, que en muchos casos los organismos no tienen competencia de clase alguna.

EC – Hoy aparecen algunas reacciones.  Por ejemplo, en el diario El País habla el vicepresidente de Ancap, Germán Riet, que prefirió no entrar en detalles pero justificó la publicidad que hace la compañía. Dijo: "Ancap tiene monopolio, solamente en la importación y la refinación. En la distribución de combustibles competimos con Esso y Petrobras, en los cementos con Cementos Artigas, en azúcar con Azucarlito y en alcoholes con otras empresas". Y agregó que es parte de su función, además de difundir para competir, difundir "para los dueños de la empresa lo que hacemos, como los biocombustibles, la búsqueda de petróleo y las inversiones en las plantas de portland".

JL – Esto es opinable, porque además Ancap tiene una amplia posición dominante, ¡por favor! Llevar adelante todo el gasto de publicidad en algunas empresas de la propia Ancap, como Ducsa o Alur, es absolutamente desproporcionada.

EC – Ducsa es la distribuidora de combustibles, o sea: es la que compite con Petrobras y Esso.

JL – Sí, correcto, pero al punto de llevar adelante una publicidad, que tenemos datos de que algunas veces se triplica o cuadriplica lo que advierte como publicidad Antel con respecto a sus competidores Claro y Movistar… por favor. Creo que basta simplemente ver las tandas de los medios de comunicación para darse cuenta de lo abrumador de la inversión en la pauta publicitaria oficial.

EC – Lo que usted dice es bastante claro: la publicidad oficial hoy está muy presente, se nota, cualquiera lo ve. Me queda la duda de qué pasa si comparamos con años electorales anteriores, si este no es un fenómeno tradicional en Uruguay. ¿Usted ha hecho esa comparación?

JL – Seguramente en años electorales anteriores también se haya incurrido en esta situación, que nosotros no dudamos en calificar de abusiva. Hay que prender simplemente la televisión, es abusivo.

Ahora, ¿todo lo que se ha hecho mal antes es justificación para que en el presente se siga haciendo mal? Yo creo que no, me parece que lo que está mal, está mal. Hace algunos días el presidente del Partido Independientes en la rural del Prado estaba alertando de esto, el doctor Pedro Bordaberry también se ha pronunciado en este sentido. Por nuestra parte hace meses que venimos criticando la publicidad oficial. Desde toda la oposición se ha venido criticando el gasto enorme en publicidad oficial. No es que nos acordamos ahora cuando queda un mes de campaña electoral, no, hace meses que venimos con esta denuncia y como consecuencia de eso hemos hecho un estudio serio que yo invito a que las empresas públicas me lo cuestionen.

Creo que me quedé corto con los 40 millones, porque no está el interior, no está la publicidad estática, no está el esponsoreo de eventos ni la publicidad en redes, es decir, esto es muy preliminar, creo que es muchísimo más. Si esto lo anualizamos creo que es una cifra sideral.

EC – Está claro: Uruguay tiene pendiente un debate a propósito de la publicidad oficial y ni que hablar a propósito de esa publicidad oficial en año electoral...

JL – Lo advirtió el doctor Luis Lacalle Pou, el presidente de la República tiene la potestad consagrada por la Constitución de mandar observar el acto y suspenderlo. Yo lo que le quiero expresar es que un Gobierno del Partido Nacional no va a tolerar que empresas públicas incurran en este camino. A directores de empresas públicas o responsables de organismos de administración central que incurran en este despilfarro se les exigirá la renuncia, tiene que haber una racionalidad en la utilización de los dineros públicos.

Se lo digo desde ya porque lo hemos conversado con el doctor Lacalle Pou y es algo que vamos a llevar adelante, aquí no hay autonomía de los entes que valga para terminar llevando adelante estas campañas publicitarias, que algunas son absurdas, no tienen nada que ver, no se respeta la plata, ni a la gente, ni la buena administración. Esto forma parte de una pésima gestión.

EC – Ahora, como le decía, Uruguay tiene pendiente este debate, pero también parece claro que el sistema político tiene que incluir lo que ocurre con la publicidad de las intendencias, que también es muy intensa y también es muy discutible en muchos casos. Estoy hablando de ejemplos de intendencias gestionadas por todos los partidos políticos.

JL – Yo estoy de acuerdo con usted, por supuesto…

EC – En este año electoral mismo se está escuchando una intensa presencia de publicidad de las intendencias en medios electrónicos, pero también en prensa.

JL – No tengo ningún inconveniente, cuando yo hablo me refiero a toda la publicidad oficial. No nos pusimos a hacer un conteo de las 19 intendencias porque usted comprenderá que no somos un equipo con decenas de técnicos, simplemente recurrimos a las cifras del Estado central y de las empresas públicas. Obviamente que no estamos para justificar excesos de nadie, ocurran en donde ocurran, en intendencias blancas, frenteamplistas o coloradas.

Hay que estudiar toda la publicidad oficial, pero no guarda relación con criterios de buena administración que en ocho meses, hasta donde nosotros llegamos, se gastaran más de 40 millones de dólares en publicidad oficial. Es una vergüenza, es lamentable, nos parece bien que el presidente haya reaccionado frente a esta situación, quizás un poco tarde, porque se le avisó hace meses.

EC – ¿Cómo se encauza esto? Porque más allá de la decisión que está tomando el presidente Mujica ahora, con respecto a estos días de campaña electoral, falta establecer criterios en el futuro, algo de publicidad algunos organismos siempre van a tener que hacer, ¿cuál es el límite? ¿Qué están pensando ustedes sobre cómo instrumentar eso?

JL – Nosotros vamos a tener un control de la publicidad oficial, una repartición que se encargue de ello, tendrá que justificarse la publicidad. No se puede entrar en este camino de excesos.

EC – Yo le estoy preguntando con respecto al futuro. Para terminar con estas discusiones que se dan a propósito de tal o cual coyuntura sería bueno quizás hasta un acuerdo multipartidario que fijara criterios y pautas, que no dejara librado a cada directorio o a cada Gobierno de turno qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.

JL – Habrá que fijar criterios, pero lo que no puede ser es este carnaval del Frente Amplio que estamos viendo en estos momentos. Habrá que ver los criterios en cada empresa en función de que tenga prestaciones monopólicas o no, tendrá que ver con campañas que distintos organismos o sectores de la administración central tengan que hacer. Tiene que haber un presupuesto por programa y por resultados, una auditoría de las empresas públicas, del propio Gobierno central en todo lo que esto representa, porque se presta para cualquier cosa. Todos lo sabemos. Es una vergüenza.

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