(emitido a las 7:52 hs.)

EMILIANO COTELO:
En estos últimos días de campaña electoral el Gobierno, el Frente Amplio y la oposición se han enfrascado en un debate fuerte sobre el acuerdo con Estados Unidos para la llegada a Uruguay de presos provenientes de la cárcel de Guantánamo.

La polémica cobró fuerza el miércoles pasado, cuando el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou informó de su posición contraria a las negociaciones en curso entre la administración del presidente José Mujica y la Casa Blanca. Incluso relató que la embajadora de Estados Unidos en Montevideo, Julyssa Reinoso, había tenido varios contactos con él por este asunto.

Una vez hecho público ese posicionamiento de Lacalle Pou, la embajadora Reinoso, subrayó que el acuerdo es "con el Estado uruguayo" y que seguirá en pie más allá de quién triunfe en las elecciones nacionales.

La cosa no quedó allí. Este lunes, el  presidente Mujica aludió a Lacalle Pou, le pidió "no discutir bobadas" y agregó: "No te invites a esta fiesta si todavía no te han llamado". Pero al mismo tiempo, el candidato blanco a vicepresidente, Jorge Larrañaga, emplazó a Tabaré Vázquez a que se pronunciara sobre el asunto ya que, según destacó, hasta ahora se había mantenido en silencio.

Ayer Vázquez recogió el guante, se pronunció a favor del acuerdo y destacó que estos presos "vendrán Por la Positiva", a lo cual Larrañaga replicó que el candidato del FA "tiene una deuda con George W. Bush".

Pero, además el Partido Nacional (PN) en pleno emitió una declaración sobre la venida de los "detenidos ilegales de Guantánamo", como los llama. Para conocer más acerca de este texto estamos en comunicación con el diputado Jaime Trobo, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Por qué el PN decidió colocar este tema en la campaña en estos días?

JAIME TROBO:
Porque es importante. No es menor que Uruguay se proponga resolver problemas de terceros, cuestiones que tienen que ver exclusivamente con la responsabilidad de Estados Unidos, que es un país suficientemente importante como para asumir sus responsabilidades y cumplir con su resolución.

Como Uruguay se involucra en un tema en el que no tiene nada que ver pareció adecuado señalar una diferencia entre dos situaciones que se sitúan bajo el rótulo de "resolución de problemas humanitarios", que tienen que ver con la eventual llegada al país de personas extranjeras, como lo son los niños sirios y la de los presos de Guantánamo.

RA – ¿Pero qué cambió respecto al momento en el que se discutió meses atrás este tema?

JT – Absolutamente nada. Yo estaba releyendo la versión taquigráfica de la visita del ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro, sobre fines de marzo convocado por el PN precisamente por el entonces diputado Luis Lacalle Pou, para informar sobre esta cuestión al Parlamento. Allí fuimos enfáticos en que nosotros no teníamos nada que ver con esa cuestión, con que el tema debía pasar por la instancia de un acuerdo que tuviera aprobación parlamentaria para resolverse. En aquel momento el canciller dijo lo que sigue diciendo ahora el Gobierno y el presidente: que Uruguay no tiene opciones, es un imperativo, es una obligación jurídica, política, moral, y que por lo tanto van a tomar cartas en el asunto.

En vistas de la eventual concreción de este acuerdo definitivamente, y ante las declaraciones de la propia representante de Estados Unidos -que nos parecieron absolutamente fuera de lugar, inconvenientes, injustificadas e improcedentes-, el PN ha hecho en estas horas una declaración muy clara en cuanto a cómo debería tramitarse esta cuestión a nivel interno en Uruguay y sobre la intervención de agentes extranjeros en las políticas interiores. Sobre todo en un momento de proceso electoral como está viviendo Uruguay.

RA – ¿Pero no puede atribuírsele al PN cierta intención política, teniendo en cuenta que se conocieron algunas encuestas meses atrás que indicaban que solo tres de cada 10 uruguayos en principio están a favor de la idea de traer presos de Guantánamo?

JT – Durante el proceso electoral ningún partido, y en particular el PN, deja de tratar los temas de actualidad, los temas de interés. Sobre todas las cosas cuando estos temas tienen que ver con la conducción de una de las cuestiones de Gobierno más trascendentes como es la política exterior. Nosotros hemos sido muy críticos de la gestión de política exterior de la presente administración y uno de los puntos en los que la hemos cuestionado es este. Es un proceso que se ha llevado adelante en el que advertimos que no estamos de acuerdo y en el que lamentablemente parece ser que el Gobierno está dispuesto a seguir hacia adelante sin ningún tipo de consideración sobre la opinión política nacional, ya no solo la opinión pública.

El Gobierno ha justificado en el Parlamento que este es un tema que a Estados Unidos le cuesta 150 millones de dólares al año, 800.000 dólares al año por cada persona que se encuentra privada de libertad, que es absolutamente ineficiente en relación a la seguridad nacional estadounidense y que causa un gran daño a la imagen internacional de Estados Unidos. Uruguay se entromete a resolver este problema, que es absolutamente ajeno, y es obvio que va tomar estado público en el momento en que se produzca y en la campaña electoral.

También le debo recordar a usted y a los oyentes que nosotros tomamos contacto con este tema, y con la voluntad del Gobierno uruguayo, a través de un trascendido que apareció a principios de año en un medio de prensa. El PN, por medio de ninguna de sus autoridades ni sus parlamentarios, recibió la más mínima señal formal de parte del Gobierno de que iba a iniciar este tipo de contactos y de negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos.

RA – Pero después se hicieron declaraciones. El propio Mujica aclaró el tema e incluso el canciller Luis Almagro compareció al Parlamento por este tema.

JT – Sí, y siguen diciendo lo mismo de siempre: el Parlamento no tiene nada que ver. Allí Almagro adujo, además, estar alcanzado por las reservas que establece la ley de información pública. Es la primera vez en la historia que se escucha que un ministro dice que no va a informar porque hay una ley que se lo prohíbe, lo que obviamente es una interpretación absolutamente interesada y oportunista del canciller para no dar información al Parlamento.

Además en estas horas el presidente dice en este caso que el candidato del PN no está invitado a este almuerzo, debe ocuparse de otras cosas y en estas no se puede meter hasta tanto eventualmente no sea electo presidente. A mí me parece una descalificación inadmisible, supone que en Uruguay hay gente de dos categorías: la que está en el Gobierno, que puede hablar de todos los temas y hacer lo que le parezca sin ningún tipo de control, y la que está en la oposición, que procura al Gobierno, como en todo régimen republicano y democrático, que en algunos temas tiene vedada la opinión.

El Gobierno seguramente está decidido a llevar adelante esta medida, nosotros creemos que una medida de estas características, por la importancia y gravedad que tiene, requiere de una aprobación parlamentaria y un debate previo, porque debe ser parte de un acuerdo formal en todo sentido. Ante la expresión pública de que esto obliga definitivamente a Uruguay, sin ninguna consecuencia de modificación futura, es que decimos estas cosas. Nos parece muy importante que quede muy clara la posición del PN.

RA – Si se salvaran algunos de estos escollos jurídicos que ustedes encuentran, como por ejemplo el hecho de que el tema no pase por la aprobación del Parlamento, ¿el PN estaría dispuesto a aceptar la llegada de estos presos?

JT – Hay que discutir ese tema en el Parlamento, hay que informar en profundidad, hay que ver las características, las condiciones, el efecto que tiene sobre nuestro país y su posición internacional. En ese debate se van a conocer las entrañas de esta discusión y de este tema, porque acá no se conoce que hay el quid pro quo, en el cambio. En su momento, si se recogen las opiniones en forma secuencial, fueron expresadas hasta por el propio presidente, que llegó a decir que esto era a cambio de algo. También dijo que esto lo iba a resolver él por su cuenta y con su almohada, sin consultar absolutamente a nadie. O sea, todas expresiones que denotan que hay una actitud decidida de tomar una determinación que no pasa por los canales formales que una República tiene que tener y que el PN exige, como defensor de la legalidad y de la Constitución, en una opinión muy cercana a la mayoritaria en torno a este tema.

RA - Ustedes en el comunicado critican la "injerencia" de la embajadora Reinoso por los comentarios que ha hecho. Según ella, obviamente el acuerdo que firma Estados Unidos no es con el Gobierno de turno, sino con algo que se debe respetar más allá de quién esté al frente, porque si no se entraría en un relativismo total.

JT – La embajadora Reinoso tiene derecho a expresarse en defensa de los intereses del país que ella representa, que en este caso es Estados Unidos. Lo que sí tiene que entender es que en Uruguay, como en cualquier otro país del mundo, aunque a veces los embajadores de Estados Unidos no lo hagan, sobre todo en algunos países de América Latina, no pueden intervenir en los asuntos internos de modo tal de influir sobre la opinión pública o la política. Deben hacer su gestión reservada, que es la que se hace en el ámbito de la diplomática.

En este caso las declaraciones hechas en una instancia electoral, a 30 días de una elección, y además relacionadas con las declaraciones de un candidato de un partido que no está en el Gobierno, son notoriamente una señal de injerencia en asuntos internos. Este es un tema que Uruguay no ha resuelto definitivamente, el procedimiento que se lleva adelante se controvierte, y nosotros y otros partidos estamos en desacuerdo con que este procedimiento se lleve adelante mediante un acuerdo verbal o de meras actas entre Gobiernos. Para nosotros eso no tiene la fuerza jurídica ni política que corresponde a un acuerdo tan importante.

Ella debería abstenerse de hacer este tipo de declaraciones, como corresponde, sin perjuicio de lo cual debo decir también que la embajadora de Estados Unidos es la única persona que formalmente se ha comunicado con dirigentes de partidos de la oposición para informarles que Estados Unidos tiene interés en que este tema se resuelva. Esto se contrapone la posición del Gobierno, que ha sido lamentable, el PN nunca recibió comunicación formal ni del presidente, ni de los secretarios de la Presidencia, ni del ministro, ni de ningún funcionario jerárquico del Gobierno, en el sentido de qué se estaba llevando adelante en este tema y qué negociaciones se procuraba concluir.

Parece paradójico, pero la persona que ha informado a los partidos de la oposición ha sido un funcionario del servicio exterior de otro país. Obviamente, cuando sale públicamente a hacer declaraciones en torno a la permanencia del acuerdo y a su vigor, nosotros tenemos que decir lo nuestro, que es: en primer lugar, usted no puede dar opiniones políticas en un momento tan sensible como el que estamos viviendo, y en segundo lugar, Uruguay tiene que llevar adelante un proceso político parlamentario para tomar una medida tan importante como la que el Gobierno sugiere.

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