(Emitido a las 09.10)

EMILIANO COTELO:
"Transición"; podría decirse que es la palabra del momento. Y en estos días empezó la transición en el plano económico.

Después de un descanso breve, el contador Danilo Astori se reunió al cierre de la semana pasada con el actual ministro de Economía, Isaac Alfie. Astori mantuvo –también en estos días– contactos con autoridades de los organismos multilaterales de crédito.

En los próximos minutos vamos a repasar qué dejó esta primera serie de contactos; qué hay de cierto en los trascendidos en cuanto a prioridades en materia económica del próximo gobierno del Encuentro Progresista (EP); cuáles serán las primeras señales en esta materia.

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EC - Está con nosotros esta mañana el futuro ministro de Economía, contador Danilo Astori. Para comenzar, brevemente –me imagino que esto va a ser breve–, de los nombres del equipo económico... ¿cuándo tendremos noticias?

DANILO ASTORI:
En pocos días más. Me parece que vamos a avanzar bastante durante el transcurso de esta semana y quizás en los primeros días de la semana que viene ya los estemos dando a conocer. Tenemos que conversar con nuestros compañeros, con nuestras compañeras y, por supuesto, con el presidente electo para llegar a estas definiciones.

EC - ¿No se ha agregado ninguno entre el jueves cuando usted volvió de la licencia y hoy lunes?

DA - ¿Agregado por qué?

EC - Al suyo, digo, porque su nombre al frente del equipo económico está claro.

DA - Lo entendí en el sentido de que no he dejado de ver un solo día nombres en la prensa, entonces entendí el verbo agregar como un nombre que se agregaba a la lista de posibles candidatos en ese sentido que están siendo manejados por los medios. En pocos días más los vamos a dar a conocer.

EC - Otro tema vinculado con este: se ha hablado de la posibilidad de que exista un vocero en temas económicos, un vocero del Ministerio de Economía; ¿es cierto eso?

DA - No, no, por el momento no. Vamos a tratar de administrar estas declaraciones y comunicaciones por la vía de los medios de una manera coherente, concentrada, de modo de no originar contradicciones ni malos entendidos. Es un trabajo que vamos a realizar directamente por ahora; pero naturalmente, cuando el equipo esté conformado y esté trabajando ya en la práctica seguramente esa coherencia va a estar asegurada por el propio trabajo conjunto.

EC - Se ha hablado también en estos días a propósito de cuáles serían las prioridades del nuevo gobierno en materia económico. Según trascendió se manejan tres: el plan de emergencia social, un proyecto de estímulo a las inversiones y la reforma tributaria. ¿Usted confirma estas versiones?

DA - No exactamente; sí desde el punto de vista de la orientación que plantean. En cuanto al plan de emergencia no hay dudas de que es una prioridad, lo hemos indicado en reiteradas oportunidades. Y no es sólo una prioridad del Ministerio de Economía, desde el punto de vista de ese ministerio esa prioridad se vincula con la disponibilidad de los recursos, pero es un plan que involucra a otras carteras y otras áreas de la administración.

EC - Pero llama la atención que un futuro ministro de Economía diga que su prioridad es un plan de emergencia social, porque justamente suele ser un tema de otros ministros del gabinete.

DA - Es que hay que financiarlo, y eso es tarea del Ministerio de Economía y Finanzas. En segundo lugar, es correcto que es prioridad indiscutible del próximo gobierno aumentar la inversión productiva en Uruguay, no hay ninguna duda al respecto: esto es punto de partida y de llegada, diría yo. Uruguay tiene una bajísima tasa de inversión, tiene que aumentarla sustancialmente; en lo que me es personal aspiraría a duplicarla en el correr de este período de gobierno, ahora estamos en un 12-13 por ciento, que es uno de los registros más bajos de América Latina, hay que arrimarse a 20 lo más posible –me refiero al cociente entre inversión bruta y producto bruto interno (PBI)–. Y en tercer lugar es verdad que hay que comenzar la reforma tributaria, pero en el marco de un conjunto de reformas estructurales que tienen que dar comienzo junto con la misma. Por eso digo que la orientación es correcta, pero en rigor lo que vamos a comenzar como tercer ámbito de trabajo es un conjunto de reformas estructurales que afectan al sistema financiero, obviamente al sistema tributario, al Estado en su conjunto. Hay que comenzar una transformación del Estado que será muy compleja, muy larga, y por lo tanto es urgente darle comienzo.

EC - De estos tres temas que hemos mencionado en estos minutos, alguna pregunta sobre cada uno de ellos. Sobre el plan de emergencia social, usted decía: "Lo que a mí me corresponde es volver viable el financiamiento de ese plan", que es una prioridad del programa de gobierno del doctor Vázquez. ¿Ya hay cifras pasadas en limpio, ordenadas? ¿Cuánto cuesta el plan de emergencia social?

DA - Estamos trabajando con la estimación de 100 millones de dólares en base anual...

EC - ¿Durante cuántos años?

DA - ...que dimos a conocer durante la campaña electoral, y enseguida vamos a eso. Como dijimos entonces, este es un volumen –estimado, por supuesto– que debe considerarse como adicional a lo que el país ya gasta con estos destinos, no es que el país vaya a gastar sólo 100 millones de dólares en atacar la indigencia o las situaciones de pobreza más graves, sino que esto viene a agregarse. Dicho sea de paso, en cuanto al esfuerzo que ya se hace hoy, falta un grado de coordinación mucho más alto que el que se ha venido observando en la práctica. Un talón de Aquiles de las políticas sociales radica precisamente en la falta de coordinación.

La base es anual. No puedo ponerle un término a esto porque tendremos que ir observando en la práctica qué efecto tiene su primer funcionamiento, pero es un funcionamiento acotado, limitado en el tiempo. No quisiera decirle que lo vamos a practicar durante dos años o durante tres; iremos viendo cómo se desarrolla.

EC - ¿Y en cuanto a cómo financiarlo?

DA - Aquí quisiera hacer un par de comentarios. En primer lugar puedo adelantar que tanto desde el punto de vista del Banco Mundial (BM) como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) va a haber programas directamente relacionados con este tema cuyo financiamiento sobrepasa las necesidades que hemos estimado. Así que desde este primer punto de vista no habría ningún inconveniente, absolutamente ninguno.

EC - Desde esos dos organismos se está dispuesto a financiar nuevos programas.

DA - Programas sociales, de cuyos recursos perfectamente se pueden obtener los necesarios para financiar el plan de emergencia. Primer comentario.

Segundo comentario: es evidente que Uruguay tiene compromisos con estos organismos, y además con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo tanto es igualmente imprescindible acordar con ellos un flujo neto de fondos entre ellos y el país que asegure sostenibilidad al programa de endeudamiento vigente mientras se apuntala el crecimiento y la asistencia a las situaciones sociales más exigentes. Por lo tanto Uruguay va a tener que asegurar, al mismo tiempo que financia su plan de emergencia, sostenibilidad en los cumplimientos con estos organismos.

EC - ¿Qué implica esto último?

DA - Esto último implica, por ejemplo, que los ingresos de fondos con estos destinos que acabo de mencionar tienen que cuadrar con las salidas de fondos que el país tiene que realizar como parte de nuevos programas que habrá que discutir para cumplir con sus compromisos. Por lo tanto tienen que ser coherentes con una disponibilidad de recursos que financie el plan de emergencia.

Digo esto porque en definitiva la caja del Estado es una sola, de allí entran y salen fondos.

EC - Es justamente por ese motivo que durante la campaña electoral tantas veces se le preguntó al EP de dónde saldría el dinero, porque Uruguay ya tiene su capacidad de endeudamiento bastante topeada y la deuda es un problema en este momento.

DA - Exacto. Por eso viene a cuento la mejora fiscal que Uruguay está logrando por la vía del incremento del nivel de actividad. Porque además de cuadrar ingresos y egresos de fondos con los organismos internacionales –ingresos por la vía de nuevos programas y egresos por la vía del cumplimiento de los compromisos asumidos–, Uruguay va a disponer –si todo sigue igual– de recursos que vienen incrementándose como parte de la recaudación que se obtiene por el aumento del nivel de actividad. De toda esta masa de recursos internos y externos, cuadrando con los pagos que tiene que realizar el país, concluyo –y este es el segundo comentario– que no hay ningún problema para financiar el plan de emergencia.

EC - Brevemente, en cuanto al superávit fiscal primario, ¿ya tiene compromisos asumidos?

DA - No, no; ni sobre el superávit primario ni sobre ningún comportamiento de variable económica alguna, sencillamente porque todavía no nos hemos sentado a conversar sobre el contenido de los nuevos programas. Hemos fijado la metodología de trabajo, tanto con el BM como con el BID; mañana voy a tener una primera reunión con el FMI, con su representante permanente en Uruguay, reunión a partir de la cual trazaremos una metodología de encuentros con el Fondo. Está todo en marcha para sentarse a conversar, pero aún no hemos asumido compromisos.

EC - Los números que en principio están previstos en el programa que el gobierno tiene con el FMI y que abarcan el año que viene no son en principio inmanejables para el gobierno que asume en marzo...

DA - Creo que no. Sin adelantar cifra alguna, yo diría que Uruguay tendrá una excelente oportunidad a partir de la asunción del nuevo gobierno de empezar a practicar una política fiscal –de a poco, porque esto no se puede hacer de golpe– anticíclica, y no procíclica como hemos estado acostumbrados en el país y a mi juicio con resultados muy malos. Llamo conducta procíclica a la que lleva a gastar más cuando hay más y a restringir todo cuando hay menos; quisiéramos invertir esa conducta. Si ahora la situación fiscal se viene alineando porque se obtienen más recursos vía recaudación, es el momento de guardar para cuando falte, no sé si me explico, para decirlo en términos bien sencillos. Y cuando llegue la mala –que ojalá no llegue–, si hay una fase descendente del ciclo, una fase recesiva, tener recursos para inyectarlos en la economía y en la sociedad.

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EC - Hablábamos de las prioridades en materia económica para el gobierno que se instala en marzo, entre ella la promoción de las inversiones. Concretamente, ¿hay un proyecto que ustedes estén manejando de estímulo a las inversiones?

DA - Quisiéramos seguir trabajando sobre la base de instrumentos que el país ya tiene, pero haciéndolos funcionar –a nuestro juicio— mejor. El mejor ejemplo que puedo poner al respecto es la ley de inversiones de 1998, que es una buena ley, en la que me tocó tener una participación importante (no digo que sea buena porque yo participé, ya que participamos legisladores de todos los partidos, pero fue una de esas leyes que se aprueban con gran consenso en el Parlamento). Tiene novedades, el primer instrumento de apoyo a la inversión que plantea el concepto de especialización productiva, hasta ahora muy poco usado en el país. Y tiene un defecto en su administración en la práctica, que se puede conversar con muchos empresarios, yo lo he hecho: no funciona bien, no ha sido bien administrada, tiene trabas de funcionamiento que la hacen un instrumento que está muy por debajo de sus posibilidades. Quisiéramos hacerla funcionar mucho mejor. En esa ley tenemos la posibilidad de poner en funcionamiento un conjunto de instrumento que al mismo tiempo apuntan todos directamente a generar condiciones atractivas de inversión.

EC - ¿Cómo opera, qué permite y qué es lo que piensa aprovechar usted desde el MEF?

DA - Opera por la vía de la presentación de proyectos de inversión que a su vez tienen establecidos en la propia ley los criterios de prioridad para conceder los estímulos: creación de fuerza de trabajo, volumen exportador, incorporación de tecnología son algunos de ellos; efectos sobre la sustitución de importaciones... en fin: hay una serie de criterios que a su vez hay que controlar bien. Una de las cosas que hacen que esta ley no se aplique correctamente en la práctica es que prácticamente no hay control del desempeño, de la labor de la inversión.

EC - Si el proyecto cumplió con lo que anunciaba cuando fue presentado a la sociedad.

DA - Exacto; y cuando se le concedieron los estímulos. Hay estímulos crediticios, tributarios, fiscales... en fin: es un importante instrumento.

Más allá de la operación de estos instrumentos, a los que habría que agregar una conducta en materia de política comercial que también empiece a distanciarse de esa actitud tan permisiva que ha tenido el país durante mucho tiempo y a poner en práctica por lo menos las herramientas que nos permitan defendernos de la competencia desleal que llega desde el exterior. Además de todo eso Uruguay tiene que generar para el inversor un clima receptivo.

EC - ¿En qué está pensando en ese sentido?

DA - Estoy pensando en un claro compromiso del gobierno de mantener las reglas de juego que conozca el inversor y, por supuesto, generar ese clima a través de la seguridad de un horizonte que el inversor pueda aceptar. Es un hombre que viene a arriesgar al país –me refiero sobre todo al inversor del exterior; también tendría que agregar el inversor nacional–, por lo tanto lo menos que necesita es ese horizonte de estabilidad y un gobierno comprometido con su mantenimiento.

EC - Usted el viernes hizo algunos anuncios muy terminantes en esa materia ante planteos que habían venido de algunos sindicatos, sobre todo de funcionarios del Estado. Dijo que se mantendrá las concesiones, los permisos otorgados para operar en telefonía celular, incluso la última banda de telefonía celular que recibió América Movil en esa subasta; también se mantendrá los compromisos asumidos por el gobierno actual con las dos empresas forestales, tanto con Eufores como con Botnia, para que puedan operar zonas francas, de modo de llevar construir sus plantas de celulosa. Fue muy tajante en esa materia. ¿Por qué? Estaba yendo por este camino del que hablaba recién...

DA - Sí. La pregunta es absolutamente oportuna porque es uno de los mejores ejemplos de lo que estaba intentando desarrollar. Uno genera en primer lugar un clima de inversión cuando mantiene las reglas de juego, cuando respeta los compromisos asumidos. Vamos a entendernos, hemos venido haciendo este pronunciamiento (no sólo yo, también el presidente electo) durante toda la campaña electoral, es un firme propósito del gobierno de la izquierda respetar los compromisos asumidos por el país, no violar las reglas de juego, no generar situaciones nuevas que además carezcan de fundamento. No me referí específicamente a aspectos instrumentales como las zonas francas sino al respeto a la inversión en su conjunto, y al mismo tiempo a los detalles que como parte de esas inversiones se puedan acordar. Pero esto es absolutamente fundamental.

EC - En estas cuestiones, ¿no entiende usted que es una señal a contramano y muy fuerte la caída de las concesiones de los servicios de agua potable y saneamiento que acaba de concretarse como consecuencia de la reforma constitucional del agua?

DA - Para nosotros esas concesiones no tenían que caer, lo dijimos antes. Hemos analizado los informes jurídicos en nuestro poder que sostienen lo contrario y los hemos encontrado muy fundados.

EC - Si es así, ¿por qué el gobierno electo no reclamó con más contundencia tener incidencia en la definición que había que adoptar en estas horas? Porque, al revés, el doctor Vázquez dijo en más de una ocasión la semana pasada: "Este es un tema del gobierno saliente".

DA - No podemos en absoluto controvertir el derecho que tiene este gobierno a tomar decisiones mientras sea gobierno, las tiene hasta el 28 de febrero de 2005.

EC - Claro, pero por ejemplo en cuanto a nombramientos de nuevos funcionarios han existido en estos días varias declaraciones desde el EP reclamando que no se llevaran adelante, sobre todo ante algunas versiones que hablaban de que se estaban produciendo ingresos en tal o cual organismo. ¿Entonces por qué no un planteo más firme, si la tesis del EP es que las concesiones no caen, para tener participación en la definición del gobierno actual?

DA - He escuchado y en mi caso personal he participado incluso de declaraciones sobre este tema, me he declarado absolutamente sorprendido por la decisión tomada, y al mismo tiempo adelanté el viernes –porque esto es muy reciente, está casi en caliente todavía– que tenemos que analizar el tema. Creo que no habría que dar por descartada ninguna acción al respecto. Nosotros recién estamos analizando las consecuencias que ha tenido o que podría tener esta decisión o esta actitud del gobierno que, entre otras cosas y desde mi perspectiva personal de trabajo, supone o puede llegar a suponer un costo importante para el sector público, obviamente no es una buena noticia para las finanzas del próximo gobierno.

EC - Supongo que usted debe ser de los más preocupados por el nuevo escenario.

DA - Soy de los más preocupados.

EC - Usted, por decirlo de alguna manera; los preocupados en definitiva somos todos porque la plata la va a pagar la sociedad uruguaya...

DA - Pagamos todos, por supuesto.

EC - Pero a usted le complica sus números...

DA - Me complica los números, sí.

EC - ... las previsiones con que ingresaba al Ministerio de Economía, saber que, por ejemplo, va a tener que enfrentar las indemnizaciones que todas las empresas de agua potable y saneamiento van a reclamar.

DA - Conozco el caso de alguna firma –ha trascendido públicamente– que quiere permanecer, que desea permanecer. Así como todos conocemos el caso de otra que desea abandonar su actividad. Creo que es un punto –no puedo tener una palabra definitiva hoy aquí– que hay que seguir analizando, no creo que lo tengamos que dejar por resuelto así como está planteado hoy.

EC - La posición del Poder Ejecutivo se conoció el jueves al mediodía y todavía no está formalizada, que yo sepa; en todo caso se anuncia para día hoy la resolución. Pero usted, por lo que adelanta, dice que el EP, que el gobierno electo ¿va a tratar de modificar ese criterio...?

DA - No estoy adelantando específicamente eso. Estoy diciendo que tenemos que analizar el tema y tomar una resolución al respecto. No me consta que haya ninguna resolución en ningún sentido todavía, precisamente por lo reciente de la actitud del gobierno.

EC - Pero ha sido reconocida por los distintos voceros.

DA - Sí, sí.

EC - Aquí mismo entrevistamos el viernes de mañana al subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el doctor Óscar Brum, quien dijo que efectivamente se había llegado a esa conclusión en el Poder Ejecutivo.

DA - De eso no tengo dudas; estoy señalando que nosotros no podemos dejar de analizar este tema y no debemos –creo, por ahora– descartar ninguna acción al respecto. Veo también que en la decisión del gobierno hay todo un tramo de análisis durante cuyo transcurso se puede actuar, porque si no estoy mal enterado se ha designado una suerte de comisión o grupo de trabajo para estudiar posibles acciones de transición entre la situación actual y la futura de acuerdo con la decisión del gobierno. Me parece entonces que se abre todo un tiempo en el que es posible, quizás, intercambiar puntos de vista y ver si este es el mejor camino para el país.

EC - ¿Habló de ello con el ministro Alfie el viernes pasado?

DA - No; no porque estuvimos muy concentrados durante esa reunión en las relaciones de Uruguay con dos organismos financieros, el BM y el BID, en el sentido de empezar a desmenuzar un poco el contenido de las mismas, que son muy implantes para el país, porque además nosotros, el gobierno electo, teníamos planteadas dos reuniones ya iniciales con esos organismos, una con el BM y con el BID a través de una teleconferencia que tuve personalmente con su presidente, Enrique Iglesias. Era lo que mejor convenía en el momento preciso, dado que el ministro viajaba durante esta semana a Estados Unidos y por lo tanto no podríamos trabajar juntos. Así que nos concentramos en esa tarea; después vendrán otras, pero el punto de Uragua no fue tocado.

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EC - Esta pregunta no podía dejar de venir; la formula Carolina, de Malvín Norte: "Por favor, explique cómo son las cosas. Porque lo que usted acaba de sostener con respecto al impacto de la reforma constitucional en las concesiones ya realizadas contradice lo que sostiene Adriana Marquisio, una de las principales voceras de la comisión que impulsó la reforma constitucional".

DA - No conozco esas declaraciones, pero si en definitiva las concesiones caen la propia enmienda señala que habrá que indemnizar a los titulares por las inversiones no amortizadas. Dicho sea de paso, antes de las elecciones cuando se discutía este tema yo señalaba que este era un punto no claramente definido, que incluso debía merecer una reglamentación por la vía legal. Porque, ¿cómo se calculan las inversiones no amortizadas? No quiero entrar en tecnicismos inútiles, pero en economía hay más de una manera de calcular las inversiones no amortizadas, y como hay más de una manera que pueden resultar favorables o desfavorables a las partes en pugna, entonces habrá que reglamentar el cálculo.

EC - ¿Y en cuanto a la contradicción que la oyente percibe entre ese punto de vista de que las concesiones no caen y lo que sostiene la Federación OSE?

DA - No creo que haya ninguna contradicción. Sinceramente, nunca escuché a ningún defensor de la enmienda constitucional sostener que no había que indemnizar, al contrario...

EC - Pero sí sostienen que las concesiones caen.

DA - Se refiere a eso. Como dije antes, tenemos informes jurídicos en nuestro poder –uno de ellos es muy conocido, el del doctor Juan Andrés Ramírez– que sostienen que en la medida que la enmienda constitucional no hace referencia específica a plazos, entra a regir el principio, el criterio, el concepto de que estas disposiciones no tienen efecto retroactivo, por lo tanto –no soy jurista– me parece jurídicamente impecable sostener que por ese motivo las concesiones actuales no caen.

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EC - Llamaron la atención declaraciones suyas del viernes pasado en ocasión del Día de la Industria cuando dijo que "pretendía dar una mayor independencia al Ministerio de Industria para que fuera éste el encargado de definir las políticas en esa área". A la Cámara de Industrias le cayó muy bien esto, porque es un viejo reclamo. En concreto, ¿a qué alude usted cuando dice "hay que jerarquizar el Ministerio de Industria y evitar que esté subordinado al Ministerio de Economía"?

DA - Ante todo: no será una tarea mía, será una tarea institucional a encarar por el futuro gobierno. Ustedes habrán escuchado que incluso en todos los discursos de la campaña electoral hemos aludido a la necesidad de que la producción disponga de políticas sectoriales, tenga políticas sectoriales a su favor en las grandes áreas de la producción. Una de ellas es la industria manufacturera, sin duda. Con la práctica de políticas cuya orientación todos conocemos desde hace décadas, no sólo en Uruguay, los ministerios sectoriales han venido perdiendo relevancia, y a su vez el Ministerio de Economía se ha transformado básicamente en un ministerio de finanzas.

EC - Es decir que es un megaministerio en el Uruguay de hoy.

DA - Y de finanzas, no de conducción económica, que involucra aspectos productivos, tecnológicos, de capacitación de recursos humanos. Nuestra visión, la visión con la que llegamos al gobierno, y no sólo en el caso de la industria manufacturera, es precisamente la de jerarquizar las posibilidades de que los ministerios relacionados directamente con la producción (ejemplos: Industria, Ganadería, Turismo, aspecto fundamental de la producción que no podemos olvidar en este país; a veces tenemos a creer que el turismo no es producción, pero es uno de los principales rubros de producción del país) tengan la posibilidad de orientar las transformaciones a operar en esos ámbitos con los que están directamente relacionados.

El Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de conducir la economía en su conjunto, pero en el ámbito de las políticas sectoriales hay decisiones absolutamente fundamentales para tomar. Mencioné algunas: ¿cuál es la orientación por la que vamos a transitar, cuáles son las principales características de la tecnología de producción a impulsar, cómo capacitar recursos, cómo disponer y tratar los recursos naturales que maneje cada cartera? Me refiero a eso.

Y precisamente en el Día de la Industria el ingeniero Aznárez, que estaba hablando en nombre de la Cámara, citó un trabajo mío de 1998 donde yo decía exactamente esto que estoy fundamentando. Y, por supuesto, no pude menos que tomar el punto de vista, compartirlo y decir que ahora llegó la hora de practicarlo.

EC - ¿Eso significa que cuando se cree el "megaministerio de Producción" (porque esa es la idea que se adelantado desde el EP... saquémosle lo de "mega", pero un ministerio madre que a su vez abarcaría Industria, Ganadería y Turismo) las políticas industriales van a quedar en manos del titular de esa nueva cartera?

DA - El concepto es el mismo, porque si se llegara a organizar un ministerio de este tipo, Industria, Ganadería, Turismo y otros vendrían a desempeñar el rol de secretarías o reparticiones, organismos directamente vinculados con estas áreas de la producción. Por supuesto, esas secretarías tendrían que tener un papel más importante en el desarrollo de las políticas sectoriales.

EC - Se lo pregunto porque al frente de ese Ministerio de la Producción, se indica, estará el senador José Mujica. Y justamente Mujica en estos días ha hecho distintas declaraciones a la prensa con planteos tendentes a proteger a la industria nacional y a las microempresas. Buscando por sobre todas las cosas crear y mantener empleos, Mujica ha venido pregonando que hay que fomentar un mayor consumo de productos nacionales, pese a que ello implique que sean un poco más caros que los importados. Una visión de país que a muchos les ha hecho recordar la época de la sustitución de importaciones. Usted, que va a estar en el Ministerio de Economía, ¿cómo observa este tipo de iniciativas?

DA - Ante todo, el espíritu que seguramente las alienta es un espíritu loable y compartible porque alude a la necesidad de crear empleo, a la necesidad de mejorar las oportunidades de trabajo que hay en el país y también, según me he enterado, a otro aspecto que comparto, que es no olvidar que aunque pequeño aquí hay un mercado interno que tiene que jugar su papel. Pero no tengo la menor duda de que precisamente la mejor manera de movilizar el mercado interno es con un gran comportamiento exportador. Y esto no es un juego de palabras.

Para empezar, tenemos que sacarnos de la cabeza los falsos dilemas entre dinámica exportadora y movilización del mercado interno. No hay tal dilema, no hay tal contradicción. Repito: la mejor manera de dinamizar la actividad interna es tener un gran desempeño exportador. Ese gran desempeño exportador tiene que ser una prioridad fundamental para el país. Y creo que cometeríamos un error muy serio si pretendiéramos cerrar la economía uruguaya.

EC - A eso iba con la otra parte del problema. Está claro que el propósito de fomentar las exportaciones que desde el EP se anuncia.

DA - Prioritario y fundamental. Y yo diría más...

EC - ¿Pero no hay por otro lado en el discurso, por lo menos de algunos voceros, un cierto aire proteccionista?

DA - No, no, creo que no. Me gustaría hacer un comentario para diferenciar situaciones. Pero quiero señalar antes que hay una larguísima, abundantísima evidencia empírica, aplastante, que indica que los países a los cuales les ha ido mejor económicamente son aquellos que tienen un mejor coeficiente de exportación en relación al producto. No hay excepciones, es una regla que se cumple 100 por ciento. Entonces Uruguay no puede ser la excepción y habrá que fomentar absolutamente en forma prioritaria el comportamiento exportador.

El comentario adicional que quiero hacer es que una cosa es cerrar la economía –aspecto que constituiría, repito, un gravísimo error– y otra cosa es utilizar todos los instrumentos a los cuales estamos habilitados, entre otros por los organismos internacionales, para combatir la competencia desleal. Es lo que yo mencionaba más temprano. Desde precios de referencia hasta los límites admitidos por la Organización Mundial del Comercio, los procedimientos de denuncia y combate a las prácticas de dumping, la renovación y la mejor gestión en la Mesa de Valoraciones de la Aduana son algunos de los instrumentos que Uruguay no ha usado bien y que tiene que empezar a usar bien, entre otras cosas, para que no entre una docena de camisas a un dólar, destrozando toda posibilidad productiva nacional al respecto. O para que no entre calzado a un precio que está por debajo ya no del costo, sino de la materia prima con la que está elaborado, que ni siquiera etiquetado tiene.

EC - Pero le pueden responder: está bien, pero eso es lo que piensa usted, que va a ser el ministro de Economía, que por lo visto no va a tener injerencia o no va a ser quien mande sobre el Ministerio de la Producción. Estos criterios que usted exponía recién, ¿son unánimemente aceptados dentro del EP? ¿O Mujica puede llegar a resolver otra cosa desde el Ministerio de la Producción?

DA - Ante todo una aclaración institucional: estas que he mencionado son herramientas que maneja el Ministerio de Economía; no dependen ni van a depender de otro ministerio. Y después permítame que haga el comentario general que he venido haciendo siempre: tenemos un programa único en el que vamos a estar todos comprometidos, y en ese programa único el objetivo de impulsar la inversión y la exportación no merece absolutamente ninguna duda, estamos todos comprometidos con esos objetivos. Pero reitero lo que dije antes: son herramientas, instrumentos, que va a manejar el Ministerio de Economía.

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EC - Usted dijo más temprano que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el gobierno del EP va a respetar los contratos y, por lo tanto, no hay dudas en cuanto a que se mantendrá los permisos en telefonía celular, las autorizaciones con las condiciones que se han dado para la construcción de las plantas de celulosa, también mencionó que se va a mantener el contrato con Thesis, la empresa que tiene a su cargo la tercerización de las carteras pesadas de los bancos quebrados. Entonces un oyente le pregunta: "¿Tiene sentido ese mantenimiento cuando se trata de un contrato fruto de una licitación muy cuestionada? ¿Hasta qué límite llega esa decisión del EP?".

DA - Hasta ahora nosotros no hemos comprobado irregularidades. En caso de que se comprueben el contrato que acaba de ser mencionado, como cualquier otro, será revisado. Algo que no dije, porque la pregunta venía orientada hacia otro sentido en el momento en que se formuló, es que el principio es respetar los contratos. Pero respetar los contratos significa, entre otras cosas, hacerlos cumplir. Por supuesto, habrá revisión de los mismos y en algún caso no hay que descartar que se deje sin efecto si se comprueban irregularidades o incumplimiento por parte del titular del contrato; eso es evidente.

EC - Por último, en la reunión que usted tuvo con el ministro de Economía, Isaac Alfie, trataron varios temas –usted ya aludió a algunos de ellos–, pero en los días anteriores se habían escuchado nuevamente declaraciones del doctor Tabaré Vázquez insistiendo con dudas respecto de cuáles son las verdaderas cifras fiscales, temores que de algún modo aluden a una posibilidad de maquillaje que termine aflorando después del 1º de marzo. Usted habló de esto con Alfie. ¿Se puede esperar sorpresas en el frente fiscal?

DA - Ante todo: el tema fiscal interno –esto es, recursos y gastos encuadrados en el presupuesto nacional– no lo hemos abordado todavía; ha quedado para después del viaje del ministro. En segundo lugar: es muy difícil en este momento maquillar cifras fiscales en Uruguay, aunque se quisiera. Y es muy difícil, entre otras cosas, porque Uruguay a partir de su mucho mayor dependencia de organismos financieros internacionales como el FMI, está mucho más vigilado por esos organismos que cada tanto hacen revisiones de los programas, envían misiones al país que hacen un análisis muy pormenorizado de todas las cifras que además asumen un status público, son conocidas públicamente.

EC - ¿Entonces por qué cada tanto desde la izquierda surgen estas voces de alerta?

DA - En mi caso no han surgido; creo que las cifras de las que disponemos son correctas y, precisamente, invito a todos a pensar que aunque se las deseara tergiversar es muy difícil hacerlo. Además una transición ordenada como la que estamos desarrollando hasta ahora tiene que ser capaz de manejar todos estos instrumentos, toda esta disponibilidad de información de una manera adecuada. Insisto: pensemos que esas cifras, que están permanentemente sometidas a un análisis público y al mismo tiempo de los organismos internacionales de los cuales dependemos, son muy difíciles de modificar. Partamos de esa situación y trabajemos con confianza.

EC - ¿Usted va tranquilo a esta etapa de la transición en cuanto a los números y al panorama fiscal que tendrá que enfrentar?

DA - Sí, voy tranquilo por las razones que acabo de exponer.

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EC - Una oyente pregunta si usted es contador o economista. Siempre le decimos contador, pero ¿cómo es exactamente?

DA - Soy economista. Lo que ocurre es que en el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas que yo cursé las dos grandes orientaciones que existían, economía y administración, se distinguían por la palabra economista en un caso y hacendista en otro; el título único era contador público, entonces en el título que nos entregaban reza "Contador Público" y entre paréntesis "Economista". Ahora, en los tiempos actuales se ha asignado exclusivamente el título de contador a la orientación contable de la Facultad, y quienes estudian economía reciben el título de licenciados en Economía. Pero yo soy economista, seguí esa especialización, aunque en mi título dice lo que mencioné: "Contador Público (Economista)".

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón
Fotos: Caterina Notargiovanni