La SCJ, integrada de forma especial por las magistradas Graciela Gatti, Sylvia de Camili, Cristina Cabrera y Victoria Couto y el juez Eduardo Turell, consideró inconstitucionales los artículos 2,8 y 9 de la norma.

El artículo 2 establecía el orden salarial de todas las partidas que reciben los ministros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El número 8 aseguraba una partida única de $459 millones para pagar los aumentos de salario adeudados desde la Ley de Presupuesto de 2011.

Finalmente, el artículo 9 obligaba al Poder Judicial a pagar con sus propios fondos "toda ejecución de sentencia de condena, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que obligue al Poder Judicial al pago de una cantidad líquida y exigible devenida firme".

Por otro lado, se declaró constitucional el artículo 3 de esa ley, el cual faculta "al Poder Ejecutivo a asignar al Inciso 16 'Poder Judicial', con cargo a Rentas Generales, en el ejercicio 2015 y como adelanto de lo establecido en el artículo 383 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, una partida total, por todo concepto de $ 246.000.000 (doscientos cuarenta y seis millones de pesos uruguayos), para distribuir entre la totalidad de sus funcionarios".

El Gobierno había asegurado la semana pasada en un comunicado que esperaría a este fallo de la SCJ para atender a los reclamos judiciales.