(Emitido a las 8.47)

EMILIANO COTELO:
Hablamos más temprano con el profesor Luis Hierro López, del Partido Colorado (PC) y con el senador Gustavo Penadés, del Partido Nacional (PN). Ahora vamos a hablar ahora con el oficialismo. Para eso, estamos en comunicación con el diputado Roberto Conde, secretario general del Partido Socialista.

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Diputado Conde, ¿cómo observan la forma como se está encauzando toda esta situación?

ROBERTO CONDE:
En primer lugar con absoluta serenidad. Aquí lo que hay son actos de gobierno clarísimos, respaldados en un marco legal también absolutamente claro, de modo que uno tiene que confiar en que las cosas se están haciendo de acuerdo al mandato de la ley, por disposición absolutamente legal y democrática del gobierno y dentro del marco del funcionamiento republicano más estricto, esto es, dentro del marco estricto de la separación de poderes.

O sea que aquí hay tres grandes planos de análisis o cosas en juego. En primer lugar el enfoque histórico. La búsqueda de la verdad, es un mandato social, es un mandato ético, pero también es un mandato legal que no fue resuelto por los cuatro gobiernos anteriores –aunque hay que destacar que las iniciativas que tomó el doctor Batlle fueron buenas, si bien no fueron suficientes– y por tanto nuestro gobierno está cumpliendo con ese mandato social, ético y legal que es la búsqueda de la verdad. Como gobierno de izquierda comprometido con estos valores y con la ley no podía hacer otra cosa. De modo que estamos absolutamente serenos, seguros, reconfortados y con un sentimiento claro de que estamos cumpliendo con nuestro deber.

EC - Eso en cuanto a la búsqueda de la verdad, que se está canalizando a través de esas comisiones que han formado las tres fuerzas para desarrollar investigaciones internas sobre el destino de los restos de los desaparecidos, y también a través de las excavaciones y los trabajos técnicos que se desarrollan, por ejemplo, en el Batallón 13.

RC - Por ambas vías, la verdad que pueda surgir por la vía administrativa y la que pueda surgir de los procedimientos judiciales.

EC - Justamente, donde también puede llegar a haber novedades de otro tipo, puede llegar a haber militares procesados e incluso condenados.

RC - Sí, señor, aquellos involucrados en casos que no están amparados por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado pueden resultar procesados con condena.

EC - Usted dice que se está dando la separación de poderes, pero desde el Ejército vienen comentarios de distinto tipo, incluso del propio comandante en jefe señalando, por ejemplo, su aspiración a que las citaciones judiciales a los militares involucrados no se produzcan antes del 8 de agosto, que es cuando el Ejército debe entregar el resultado de su investigación interna. ¿Entonces está efectivamente cumpliéndose esa separación?

RC - Hay que administrar la tensión institucional que siempre se produce en estos casos, pero esta administración de los distintos enfoques tiene un límite estricto que no se puede sobrepasar, que son los códigos de procedimiento de los procedimientos judiciales, que son estrictos, tienen definiciones procesales, etapas, fechas, procedimientos preestablecidos, normatizados que tienen que cumplirse. Respetar las facultades del Poder Judicial significa respetar en todo las normas del proceso, de modo que ese es el límite de administración de cualquier tensión que se pueda producir.

EC - También se ha señalado, sobre todo desde la oposición, cierta preocupación por declaraciones públicas del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, insistiendo en la tesis de la prescripción para varios de los delitos que están siendo investigados, como una influencia, una injerencia en la acción de los jueces. ¿Cómo lo ve usted?

RC - No escuché textualmente lo que ha dicho el doctor Gonzalo Fernández, pero está claro que el tema de la prescripción es otro de los planos de análisis que yo le iba a mencionar. Es un debate no zanjado porque hay delitos que pueden considerarse presciptos de acuerdo al derecho positivo uruguayo, pero Uruguay ha firmado y ratificado convenios internacionales por vía de ley –que es la forma como Uruguay ratifica su adhesión a los convenios internacionales–, que por tanto son ley uruguaya, que establecen que ciertos tipos de delitos considerados de lesa humanidad no son prescriptibles. Por tanto allí están en juego diferentes enfoques doctrinarios. En ese caso, una vez más, me parece que el deber del gobierno es hacer cumplir estrictamente los valores republicanos y garantizar la independencia absoluta del Poder Judicial para interpretar.

EC - ¿No se afecta esa independencia con comentarios como ese que se menciona desde la oposición como un problema o como algo extraño?

RC - Todo este proceso –usted bien sabe porque lo vive y lo investiga con mucha eficacia– se lleva a cabo en medio de cruces, de declaraciones de todo tipo, porque sin duda tensiona a toda la sociedad y al sistema político como parte de la sociedad. Es casi inevitable que haya pronunciamientos de orden doctrinario y otros de orden no doctrinario, incluso posibles amenazas de desacato, pero, como dije al principio, con serenidad y firmeza en este camino hay que ir dejando al costado las declaraciones y cumplir los procedimientos. Esa es la gran contribución institucional que va a cumplir nuestro gobierno por encima de su rol de reivindicar social, ética y legalmente la verdad histórica.

EC - El senador Penadés, del Herrerismo, manifestaba más temprano su disconformidad con el hecho de que desde el gobierno no se esté informando a los partidos políticos cómo se viene procesando toda esta cuestión y los partidos, los dirigentes tengan que enterarse por la prensa de distintos trascendidos y versiones –muchas de ellas incluso contradictorias– sobre cuáles serían los canales. Penadés decía que se habla de acuerdos a los que habrían llegado el Ejército y el presidente de la República sobre determinadas características de lo que puede ocurrir, por ejemplo que en caso de ir presos los militares no vayan a cárceles comunes sino a cárceles del Ministerio de Defensa. ¿Cómo ve usted este reclamo de información por parte de la oposición?

RC - Sobre un tema tan sensible todo reclamo de información es totalmente legítimo. Supongo que el presidente va a determinar en qué momento y en qué forma trasladará la información.

Yo escuche con mucha atención su reportaje al profesor Hierro y al senador Penadés. No creo que estemos bajo el más mínimo riesgo de quiebre institucional, pero de cualquier manera me congratulo del compromiso en respaldo a las instituciones que el senador Penadés ha reafirmado siendo portavoz de su partido, me pareció muy bien escucharlo, como me pareció muy mal haber escuchado la lamentablemente triste tesis del PC de que investigar la verdad es volver al pasado y poner en riesgo la institucionalidad. Esa tesis tan triste del PC y del doctor Sanguinetti fue lo que dejó esta enorme deuda pendiente con la sociedad.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe