(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
Gobierno, Fuerzas Armadas y cómo encarar las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Este que ha acaparado la atención política en las últimas semanas, tenía ayer un mojón clave en la sede del Comando del Ejército.

Al respecto hay mucha información hoy en los diarios y en los semanarios, hay matices entre las distintas versiones pero, además, En Perspectiva realizó sus propias averiguaciones. Les propongo repasar primero algunos datos provenientes de la prensa y luego complementarlos con las consultas que nuestra producción hizo anoche.

Estrategia legal: cambiar la tipificación de los delitos

Como punto de partida tomamos el titular principal de Búsqueda de hoy: "El Ejército aceptó formalmente que militares pueden ir presos por violar los Derechos Humanos". El artículo dice que "mientras la revisión del pasado reciente se instaló definitivamente en el escenario político, los mandos del Ejército admitieron ayer formalmente a siete oficiales retirados acusados de violar Derechos Humanos durante la dictadura, que la institución abandonó su histórica posición de ampararlos frente a eventuales convocatorias judiciales y que el apoyo que les dará se limitará a su defensa legal y a garantizarles que si caen presos serán recluidos en condiciones de respeto a su ‘honor y dignidad’, según informaron fuentes militares".

Agrega Búsqueda que "el comandante en jefe de la fuerza de tierra, teniente general Ángel Bertolotti, pidió ayer a los oficiales retirados información que conduzca a encontrar los restos óseos de María Claudia García de Gelmany fijó el lunes 25 al mediodía como plazo para la recepción de eventuales datos. Según los informantes, el hallazgo de esos restos forma parte de una estrategia legal dado que transformaría la tipificación de un delito de desaparición forzada en homicidio, por lo cual quedaría prescripto". Así los responsables tendrían una perspectiva totalmente diferente respecto a su destino.

Reclusión respetará al "honor y dignidad" de los oficiales

"Luego del encuentro que duró dos horas y media –continúa el artículo del citado semanario-, los militares retirados se mostraron resignados ante la seguridad de que tendrán que declarar ante la Justicia Penal si son citados, e incluso algunos están convencidos de que irán presos, según consultas efectuadas por Búsqueda. De hecho, durante la reunión de ayer el coronel (r) José Nino Gavazzo manifestó que está seguro de que irá a la cárcel.

Bertolotti sostuvo en la reunión que las condiciones de la posible reclusión garantizarían el respeto al ‘honor y dignidad’ de los oficiales, e incluso explícito que está descartado el encarcelamiento en el Penal de Libertado o en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar), si bien no pudo asegurar que el período de prisión se cumpliría en establecimientos militares. Además de todos los generales en actividad, los convocados a la reunión fueron los coroneles retirados Gavazzo, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Gilberto Vázquez, Eduardo Rama, Jorge Silveira y Gustavo Taramasco, así como el capitán retirado Ricardo Arab".

Aparte Bertololtti se reunió con los policías retirados José Sande y Ricardo Medina, este último señalado como el responsable por el asesinato de María Irureta Goyena, nuera de Gelman. Allegados a Medina habían dicho al diario El Observador que éste había desaparecido de los lugares que frecuentaba, pero ayer reapareció para la reunión, informa ese matutino.

"Un ultimátum"

De lo ocurrido ayer quizás lo más fuerte es la exhortación de Bertolotti a los acusados de violaciones a los Derechos Humanos para que aporten información en la investigación interna del Ejército. Y lo más novedoso en esta materia es la explicación de Búsqueda sobre la causa de esa exhortación, que incluso en algunas versiones se describe como un ultimátum para que el lunes 25 al mediodía entreguen esos datos. ¿Por qué? Porque si se produce el hallazgo de los restos, la estrategia legal castrense prevé que lo que hoy está tipificado como un delito de desaparición forzada pase a tener una tipificación de homicidio y por lo tanto ingrese en la posibilidad de prescripción. Esa es una de las aspiraciones del Ejército como forma de encausar de manera más suave esta nueva etapa originada en esta nueva política que el Poder Ejecutivo está siguiendo para cerrar el pasado.

Ese punto que va a dar mucho que hablar en las próximas horas encaja en la información que en la noche de ayer recogió la producción de En Perspectiva, aunque nuestras fuentes no llegaron a ese grado de precisión  y plantearon las cosas en términos más generales. La síntesis de nuestras averiguaciones es la siguiente.

La estrategia del Ejército

Quedó sin efecto la intención de resistir las citaciones judiciales que algunos de los militares retirados habían expresado últimamente.
Eso sí, está claro que en el Ejército se alberga la esperanza de que esas citaciones terminen no ocurriendo.
Mientras tanto, a corto plazo, se insiste en particular con la conveniencia de que las citaciones judiciales no ocurran antes del 8 de agosto, que es la fecha tope que el Ejército tiene para entregar al Poder Ejecutivo el resultado de su investigación interna sobre desaparecidos. 

¿Por qué esa insistencia? "Porque es conveniente que cada cosa tenga su trámite y que una no interfiera con la otra", según me explicó anoche uno de los oficiales que participó de la reunión de ayer.

¿Qué quiere decir eso? Difícil pasarlo en limpio de manera concreta. Seguramente aludía a esto que maneja Búsqueda pero da la sensación que refería a algo un poco más amplio.

Para aproximarnos al tema y en función de lo que señalaron ayer nuestras fuentes castrenses, se puede decir que se quiere culminar esa investigación del Ejército en el ambiente más calmo posible y con la menor cantidad de interferencias. Obviamente, si hay citaciones antes del 8 de agosto, el clima se cargaría de preocupaciones en la fuerza de tierra y el trabajo pendiente en la comisión se entorpecería.

En especial se espera que acepten prestar testimonio en esa comisión algunos de los militares retirados cuyo aporte se considera relevante y que se retrajeron cuando comenzó a anunciarse la serie de juicios y la nueva interpretación de la ley de caducidad. Varios de ellos estaban en la reunión de ayer y con ellos se habló de la conveniencia de su aporte. "Esta investigación nuestra va a llegar a buen puerto", me decía anoche uno de los generales.

Está claro que en esa expectativa se juega buena parte del partido. Si el Ejército efectivamente entrega al gobierno un informe rico en información, que mejore de manera sustancial lo que se sabe sobre el destino de los desaparecidos; si el Ejército demuestra con estos hechos concretos su voluntad de colaborar para que se cierre este tema, se aguarda que ese gesto tenga del otro la  reciprocidad correspondiente.

Siguiendo esta línea El Observador consigna que "en el entorno del comandante en jefe está instalada la idea de que si el informe final redactado por Díaz y Barneix aporta datos sustanciales, el gobierno será considerado con quienes dieron la información".

En definitiva: con la aspiración de que las citaciones no se precipiten, se procura que no se superpongan los diferentes carrilles donde se juega este asunto, que el tiempo corra con un poco más de tranquilidad y deje espacio, entonces, para seguir "maniobrando" en busca de "una solución a la uruguaya", un término muy gastado, pero que también para estos temas fue empleado anoche por una de las fuentes del Ejército que consultó En Perspectiva.

De todos modos, estas fuentes militares aclaraban que estas gestiones para una solución no traumática no pueden extenderse indefinidamente. Al igual que en varias versiones de prensa recientes, uno de los informantes señaló que se tratará de que antes de fin de año pueda darse vuelta la página.

Otros recursos

Y como parte de este entramado de distintos trámites, gestiones, consultas, conversaciones y pasos en busca de un "aterrizaje suave" hay que agregar esta otra novedad que hoy publican El Observador y Últimas Notcias: el Centro y el Círculo Militar recogen firmas para presentar un recurso administrativo referido a la Ley de Caducidad.
El Observador dice que "los militares sostienen que respecto a esa ley hay ‘cosa juzgada’, ya que los ex presidentes Jorge Batlle, Julio Sanguinetti y Luis Lacalle se pronunciaron en un sentido y este gobierno no puede hacerlo en otro. Los militares pueden presentar un recurso de revocación contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo que derogaron resoluciones anteriores que incluyeron determinados casos en la Ley de Caducidad. Si el gobierno rechaza el recurso, pueden presentarlo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y también utilizar el argumento de la ‘cosa juzgada’ en los expedientes penales".

Otro de los caminos legales que por lo visto está en curso y que va a intentarse como parte de los esfuerzos por atenuar el impacto de las actuaciones judiciales es el que también incorpora Búsqueda hoy: El coronel (r) Jorge Silveira "anunció que en las próximas horas presentará ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la ley que en marzo de 1985 amnistió a integrantes de los movimientos subversivos. Dicho artículo excluyó a título expreso a policías y militares de ese amparo".

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