(Emitido a las 7.38)

EMILIANO COTELO:
Las relaciones entre la oposición y el gobierno siguen en el freezer, sobre todo en algunos asuntos delicados que están pendientes. Por ejemplo, ayer el Directorio del Partido Nacional (PN) manifestó su preocupación por el hecho de que el Poder Ejecutivo mantenga sin completar la integración de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, esos donde estaba previsto inicialmente que hubiera representantes colorados, blancos y del Partido Independiente (PI), cosa que se frustró en aquellas negociaciones entreveradas que terminaron en los primeros días de marzo.

Ayer, cuando entrevistamos aquí En Perspectiva al doctor Jorge Larrañaga a raíz de la reunión que había tenido su sector, Alianza Nacional (AN), en el departamento de San José, le preguntamos, estando como está ese tema, aparentemente y según Larrañaga, liquidado, absolutamente liquidado. En esto no coincide por ejemplo el senador Francisco Gallinal, pero Larrañaga es muy terminante: "Que no se discuta más, no hay ninguna posibilidad de que los blancos ingresen a esos directorios". La pregunta siguiente fue: "¿y los organismos de contralor? ¿Cómo se va a negociar para la Corte Electoral (CE) y el Tribunal de Cuentas (TC)? En esos organismos de contralor, ¿el PN va a reclamar algún tipo de participación especial o va a reconocer el derecho del oficialismo a tener la mitad más uno de los miembros, como ha dicho el vicepresidente Nin Novoa?"

(Audio)

"JORGE LARRAÑAGA:
El derecho es hasta por ahí nomás, por algo para la aprobación de la renovación de estos organismos la Constitución requiere mayorías especiales en la Asamblea General. De la misma forma que públicamente el vicepresidente le dijo a la prensa que ellos consideran que deben tener la mitad más uno de los integrantes de estos organismos, yo digo lo siguiente: el partido todavía no ha analizado específicamente este tema, tendremos las conversaciones que corresponda y después lo haremos, pero seguramente también, para equilibrar de alguna manera, quizás reclamaremos que la mayoría de la integración de los organismos de contralor esté referida a integrantes de los partidos de la oposición.

EMILIANO COTELO:
Ah, van a reclamar mayoría para la oposición.

JL - Sí, sí, ¿por qué no?"

(Fin del audio)

EC - Una opción fuerte: mayoría en los organismos de contralor para los partidos de la oposición.

¿Qué se dice desde el gobierno, justo en momentos en que se prepara una reunión entre Nin Novoa y Larrañaga?

Consultamos al vicepresidente de la República en la noche de ayer, pero prefirió no realizar declaraciones por el momento. Fuimos entonces en busca de otros puntos de vista en el oficialismo.
Estamos en diálogo con el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista.

***

Senador Rubio, ¿cómo observa este punto al que ha llegado la discusión sobre los organismos de contralor?

ENRIQUE RUBIO:
Con creciente preocupación. Nosotros hemos sido bastante pacientes en todo este proceso, pero si se comienza de esta manera no se va a buen puerto. Me da la impresión de que, no digo el PN en su conjunto, pero algún dirigente o el doctor Larrañaga con este tipo de manifestaciones, no se ha terminado de asimilar el cambio político que se produjo en Uruguay en octubre. Tampoco se lo hizo ante el cambio que se dio en las anteriores elecciones, lamentablemente parece que los uruguayos derivamos hacia cargos vitalicios. Esto choca con el sentimiento democrático, con los textos constitucionales, con la historia del problema y con la función de estos organismos.

EC - Usted dice que los uruguayos derivamos hacia cargos vitalicios.

ER - Sí, porque estamos desde mediados de los noventa; fíjese la cantidad de veces que tuvo que aparecer todas las mañanas desde ese momento hasta hoy.

EC - Sí, los oyentes deben estar un poco cansados de este tema, pero no hay más remedio que analizarlo. Efectivamente, el TC y la CE llevan 10 años sin renovarse.

ER - Pasaron los 10 años. Se renovaron en aquellos viejos tiempos cuando el doctor Sanguinetti accedió a su segunda Presidencia, a mediados de los noventa. Yo recuerdo cuando iba el ministro Mosca y hablábamos del efecto tequila en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados; en 1995 se produjo la renovación de estos organismos, se hizo de acuerdo con las costumbres políticas en Uruguay, lo que dicen los textos, que son mayorías especiales de dos tercios para renovar la integración del TC y de la CE, que están hasta que son sustituidos por la designación de los próximos, lo que se supone que tiene lugar a los cinco años.

Pasaron cinco largos años y luego, en la Presidencia del doctor Jorge Batlle, en el año 2000, el doctor Batlle dijo que estaba de acuerdo en respetar el mapa político en Uruguay para la designación de la mayor parte de los miembros de estos organismos, y ahí chocamos con una feroz resistencia, en aquel momento del Herrerismo y del Foro Batllista, entonces pasaron cinco años y continuaron las mismas personas.

Y ahora tenemos un tercer gobierno, hay otro cambio político y se persiste en una especie de empecinamiento en no reconocer los cambios que se dan.

EC - El senador Larrañaga ayer argumentaba a favor de esta posición dura de reclamar para la oposición la mayoría en los organismos de contralor diciendo que sería una manera de equilibrar el hecho de que la oposición está ausente de los directorios de los entes autónomos y los servicios descentralizados.

ER - Pero no se puede ganar en la liga lo que se pierde en la cancha, o no se debería, por lo menos. Equilibra la gente, la ciudadanía cuando vota. Equilibra o desequilibra, distribuye de alguna manera sus lealtades, las corrientes políticas, y no se puede desvirtuar las funciones de los organismos que existen en nuestro sistema y nuestra ingeniería institucional. Estos organismos están para cumplir determinadas funciones. Se los ha agrupado –esto debe tener que ver con los constitucionalistas y con costumbres– como organismos de contralor, pero son dos cosas muy distintas, la CE es la garantía del funcionamiento de nuestro sistema, es el máximo organismo en materia de justicia electoral, tiene nueve miembros, cinco deben ser elegidos con determinadas condiciones por dos tercios de la Asamblea y los cuatro restantes hacen a la distribución de los partidos en el Parlamento. Y el TC tiene siete miembros que también se nombran por dos tercios.

Nosotros hemos dicho lo que siempre se aplicó en el vínculo entre los partidos tradicionales, porque lo que ahora conmueve y no se acepta es lo que durante cincuenta años por lo menos se practicó en el vínculo político entre los partidos tradicionales.

EC - ¿A qué alude? Porque el senador Larrañaga dice que para controlar mejor, incluso al partido de gobierno le vendría bien que el control estuviera en manos de la oposición.

ER - No, el control lo tiene que ejercer en el Parlamento, esa es la base de nuestro sistema. El Parlamento controla y tiene iniciativas con relación a la gestión del Poder Ejecutivo; después hay órganos que tienen independencia relativa o total dentro de nuestro sistema, que son designados por la Asamblea General. No hay que caer en una politización inversa, o sea convertir lo no parlamentario en base de poder para ejercer no sé qué tipo de acciones sobre el Poder Ejecutivo y el resto de la administración pública. Tienen que ejercer bien sus funciones, y si no lo hacen hay mecanismos previstos por la Constitución para remover a los miembros del TC y de la CE. Lo que pasa es que el sistema es de garantías y se requieren determinadas mayorías.

EC - Usted considera un exceso esta exigencia que plantea el senador Larrañaga, pero en el punto en el que quedan las cosas, en la medida en que para renovar estos organismos se requiere dos tercios, ante este choque de posiciones, el oficialismo que dice mitad más uno para nosotros y algunos sectores importantes de la oposición, como el de Larrañaga, que dice mitad más uno para la oposición, el resultado es que no va a haber renovación, y por lo tanto de hecho terminará quedando consagrada la posición que reclama Larrañaga, es decir, efectivamente la oposición seguirá teniendo mayoría en esos organismos.

ER - Eso es lo que se busca. Nosotros en esto vamos a seguir teniendo paciencia, vamos a tratar de convencer, pero sobre la base de la ley primera, que hay que aceptar los resultados electorales, porque ésa es la base de la democracia. El PN es una minoría, una minoría muy importante dentro de este país pero es una minoría, y además es como si hablara en nombre de todo lo que no es el gobierno; también está el Partido Colorado, también está el PI. Acá se supone que en la integración de determinados organismos también se tiene en cuenta a los otros partidos. ¿Por qué una minoría, simplemente porque perdió las elecciones, aspira a decir "nosotros vamos a tener la mayoría en determinados organismos del Estado porque si no no podemos ejercer el contralor"? La izquierda nunca dijo eso en su historia, y tuvo una presencia absolutamente testimonial en estos organismos, una minoría muy importante.

Hay como una sorpresa por parte de algunos sectores de los partidos tradicionales porque se rompieron las reglas históricas de relación y de proporción y poder entre ambos partidos, que les daban el tres y dos en los entes autónomos y los organismos descentralizados y una minoría muy importante al que perdía en los organismos de contralor y cosas de ese tipo. Hay una nueva cultura política en el país, aceptemos de una vez por todas esto, creo que no le hace bien al sistema democrático.

EC - ¿Pero hay margen para negociar? ¿Cómo se hace para negociar en estas condiciones?

ER - No sé, la verdad es que estamos pidiendo consejos. No creo que todo el PN esté en esto, me parece que algunos dirigentes están en una especie de cierre creciente, de postura un poco empecinada o de enojo que no corresponde a la realidad.

EC - Pero los cargos pendientes en los directorios de los entes autónomos y los servicios descentralizados, ¿podrían llegar a ponerse de nuevo sobre la mesa, pese a que Larrañaga dice "no, ese capítulo está cerrado"? ¿Desde el lado del gobierno?

ER - Nosotros teníamos las puertas abiertas, los tiempos pasaron, se dio una cierta fecha, parecía prudente esperar hasta 60 días desde el cambio político, que era a principios de mayo, y eso se cerró. En política puede haber a veces cosas inesperadas, pero en todo caso son dos problemas independientes, el propio PN ha dicho que no acepta de ninguna manera que estén ambos temas vinculados. Pero tampoco es buena manera de buscar un nuevo relacionamiento entre la oposición y el gobierno arrancar una negociación diciendo "nosotros que somos minoría aspiramos a ser mayoría en todas partes porque de otra forma no podemos ejercer la oposición política en este país".

Esto es completamente insostenible, no le hace bien a Uruguay y además no se compadece con el sentimiento ciudadano, a algunos sectores del PN les está sucediendo que van a contrapelo de la opinión pública.

***

EC - Hay otro tema que está en la agenda política desde hace meses y que en especial también implica un cortocircuito con el PN y con el senador Larrañaga. Ayer la bancada de senadores del oficialismo ratificó que el próximo 4 de agosto, pasado mañana, cuando sesione la Cámara Alta para analizar el tratado de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos, se mantendrá la postura ya anunciada de aplazar su tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué se insiste en que todavía no es el momento para discutir este texto en el Parlamento?

ER - Hemos dicho que necesitamos cierto tiempo, que son decisiones que involucran al país por décadas, que no hay que tomarlas a la ligera y que hay que ver todo el escenario. Simplemente para tener un parámetro, que a veces puede ser un poco exagerado, ¿cuánto tiempo le llevó a Estados Unidos firmar sus tratados de inversión? ¿Cuánto tiempo le llevó a Uruguay hacer lo mismo? Fueron años.

Recibimos este paquete ya armado del gobierno anterior, que fue quien hizo toda la negociación, un texto absolutamente complejo, con muchas afirmaciones que después se relativizan en anexos o en reglas de interpretación. Entonces dijimos: miremos todo el escenario; el escenario es el resto de los tratados de inversión que se han programado, la situación del Mercosur.

EC - Justamente, ¿qué es lo que se va a coordinar con el Mercosur en esta materia? Desde la oposición tanto blancos como colorados señalan que no entienden eso de coordinar con o solicitar opinión a Argentina, Brasil, Paraguay en un asunto como este, cuando por parte de esos socios estamos teniendo inconvenientes permanentemente, por ejemplo en materia comercial o en cuanto a la captación de inversiones, con incentivos diferenciales que aplican algunas provincias argentinas, por citar nada más que un caso. ¿Por qué Uruguay va a consultar esto?

ER - Uruguay no va a consultar, no es una consulta lo que estamos haciendo. Queremos hacer un diálogo, un intercambio, para ver cuál es la política de inversiones dentro de la región y hacia afuera que el bloque puede llevar, queremos establecer una mesa para conversar esto. Después podemos no arribar a una conclusión única o podemos pedir un tratamiento excepcional para Uruguay en razón de la asimetría y para defender los intereses del país. No decimos que una cosa dependa de la otra sino que queremos ver todo el escenario al mismo tiempo.

EC - Se le señala al Encuentro Progresista (EP) que algunos de los gobiernos de la región ya han firmado este tipo de acuerdos con Estados Unidos sin consultar con Uruguay antes.

ER - No, claro, eso es así, pero no podemos comparar lo que firmó Argentina en la época de Menem, hace una década, con las características que tiene el proceso ahora. Simplemente estamos diciendo: vamos a mirar todo el escenario. Ha tenido para Uruguay y tiene para esta fuerza política y para este gobierno prioridad estratégica el proyecto del Mercosur, pero hoy tiene enormes dificultades. Nosotros no disminuimos las dificultades; lo que no sabemos y estamos procurando identificar es si son dificultades coyunturales que obedecen a coyunturas políticas, en particular a las elecciones de Argentina el 23 de octubre y a la complejidad del proceso político en Brasil, o si implican cambios de rumbo, lo cual nos preocuparía hondamente, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina. A Uruguay le ha tocado la Presidencia pro témpore y tiene toda una agenda de prioridades y de cambios que quiere introducir en este semestre para salvar al Mercosur, porque nos parece muy importante. No es la única apuesta que hace Uruguay en materia internacional, pero es muy relevante.

Al mismo tiempo llega el tratado con Estados Unidos, que implica un vínculo fuerte con ese país con el queremos tener la mejor relación porque es nuestro principal socio comercial desde hace un tiempo y es todo lo que sabemos que es en el mundo actual, pero queremos mirar el conjunto del panorama.

EC - Justamente, desde la oposición se critica: se tiene tanto cuidado en firmar este acuerdo con Estados Unidos sin consultar previamente a los países del Mercosur, pero al mismo tiempo se profundiza de manera muy fuerte la relación con Venezuela, como acaba de ocurrir en estos días, sin consultarlo con los demás países.

ER - Son cosas de órdenes totalmente diferentes, en este sentido la oposición está jugueteando con el problema.

EC - ¿A ver?

ER - En el vínculo con Estados Unidos se comprometen flujos de inversión con reglas de juego absolutamente para todos los sectores de la economía, para inversiones en el agro, en la industria y en toda el área financiera, hay un conjunto de reglas, en caso de diferencias se va a jurisdicción de tribunales de acuerdo con normas y tratados internacionales. Tiene implicancias muy fuertes en cuanto al tipo de relacionamiento económico que se establece y de muy larga duración.

Y lo de Venezuela es una cosa muy puntual. Yo fui el miembro informante en el caso del tratado con Venezuela, es un tratado de cooperación, es un tratado marco, y vamos a ver si en el interior de ese tratado –donde no tenemos ese problema de los tribunales ni ningún otro tipo de complicación– se pueden hacer algunos negocios que tengan interés. Con ese punto de partida se hace esta ronda de negocios; fundamentalmente se está buscando un canje de lo que Venezuela tiene con mucha fuerza y riqueza, que es toda la base petrolera, un intercambio por otros productos, y está viendo si va a haber algún tipo de inversión venezolana de interés en esta área en el Mercosur y en particular en algún tipo de vínculo con Ancap. Es de eso que estamos hablando, no estamos hablando de un tratado de libre comercio ni de inversiones con implicancias de muy largo plazo y de gran impacto sobre Uruguay y sobre el Mercosur.

EC - Entonces el 4, el próximo jueves, no habrá abordaje de este asunto en el Senado. ¿Cuándo estiman ustedes que sí llegará ese debate al Parlamento?

ER - No hemos tomado una decisión como colectivo, pero a mi juicio es algo que deberíamos considerar en este semestre en el que espero que avancemos en forma importante en ese diálogo dentro del Mercosur.

EC - Y también resolviendo el problema en la interna, porque en el propio EP hay diferencias importantes.

ER - Sí, hay diferencias de puntos de vista, como con relación a muchos otros problemas, pero las vamos a ir resolviendo armónicamente y vamos a ir tomando decisiones en la media docena de frentes gravitantes que tiene el gobierno, que creo que la opinión pública registra como muy exitosas, con algunos avances absolutamente espectaculares en algunas áreas, como los derechos humanos y otras, y con una política económica que tiene mucha centralidad y que más allá de los matices es aceptada por todo el mundo.

Desde este punto de vista acá hay un gobierno, está en una actitud, viene desarrollando las cosas y en algunos temas pide cierto tiempo, se lo dice a la oposición, pero esta se apura y lo lleva al plenario. Vamos a votar que siga en estudio en la comisión.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe