(Emitido a las 8.45)

EMILIANO COTELO:
Estamos en diálogo con el doctor Pablo Iturralde, abogado, ex director nacional de Trabajo, ex inspector nacional de Trabajo, hoy diputado por Alianza Nacional, Partido Nacional.

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Doctor Iturralde, dos preguntas básicamente. La primera: ¿qué conclusiones saca de los sucesos de estos días con relación a la curtiembre Naussa?

PABLO ITURRALDE:
En primer lugar me he acordado de aquella canción de María Elena Walsh "El reino del revés" porque no sabemos cuáles son las garantías que se están dando, y cuando estamos viviendo episodios tales como los que se presentaron ayer. Una empresa es visitada por la Policía que se acerca a pedirle que se retire porque hay mucha gente que reclama que si no va a entrar por la fuerza, uno se pregunta dónde está parado, cuáles son las garantías individuales. Esto ya trasciende notoriamente lo laboral. Con esto no quiero legitimar un eventual desalojo por la fuerza de los trabajadores que estaban ocupando la empresa, pero sí me importa precisar algunas cosas que creo que son centrales.

En primer lugar, el derecho a la ocupación de un lugar de trabajo no es un derecho constitucional, lo que es un derecho constitucional es el derecho a la huelga, que la Constitución le asigna –aunque no le guste al señor ministro de Trabajo Bonomi– al colectivo de los trabajadores. Eso que es notorio y que es claro no debe descalificarse diciendo que tal jerarca de la dictadura decía que las cosas eran de esa manera. Eso es así. La Constitución dice que la huelga es de todos los trabajadores.

EC - ¿Por qué hace esa precisión? ¿Porque está la discusión a propósito del papel que juega el sindicato en esta cuestión?

PI – La Constitución dice que la huelga es un derecho gremial, y eso viene de la Constitución del año 34, en cuyos antecedentes está clarísimo que ese término fue incluido por contraposición a un derecho únicamente sindical. En la OIT hoy se discute si la huelga es un derecho individual, un derecho colectivo o de qué manera se procesa. En los países de raíz latina, España, Italia, Francia, Portugal, se considera que cuando se ocupa un lugar de trabajo luego de la huelga, esa huelga se transforma en un hecho ilícito. Y se considera que la huelga, si bien debe o puede partir de un sindicato de trabajadores, debe ser legitimada por el total de los trabajadores. Eso es lo que democráticamente corresponde y lo que el mandato constitucional le ha dicho al legislador que debe reglamentar, que no lo ha hecho.

Luego viene todo lo demás que son interpretaciones doctrinarias por medio de las cuales se entiende que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. En la mayoría de los casos no comparto esa posición, pero el año pasado le pedimos a la Comisión de Legislación del Trabajo que tratara en forma urgente un proyecto de ley que reglamentara en qué casos se podía considerar que la ocupación era una extensión del derecho de huelga y en cuáles no, que son los extremos, cuando hay lockout...

EC – Ese proyecto tiene diferencias con los lineamientos que anunció esta semana el ministro Bonomi.

PI – Con mucho respeto, depende del día que haya hablado el ministro, porque según la presión que el PIT-CNT ha venido haciendo en todas estas áreas va acomodando el discurso y viendo qué es lo que el PIT-CNT lo autoriza a llevar adelante.

EC – A su entender, ¿cómo debería prepararse este proyecto de reglamentación?

PI – En primer lugar la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, salvo en determinados casos concretos, salvo en caso de riesgo de lockout –para la audiencia que no conoce los términos jurídicos: es la huelga por parte del patrón que va a llevar al cierre de la fábrica–, en caso de una eventual acefalía en la conducción de la empresa, en caso de contratación de personal durante el trámite de la huelga por parte de los trabajadores –o sea los "rompehuelgas"– y algún otro caso más en que se violente el derecho de los trabajadores. Pero en todo caso debe establecerse que esa medida deberá ser tomada por la mayoría de los trabajadores de la empresa, tal cual mandata la Constitución.

Usted tiene los mecanismos para regular este tema, uno es de acuerdo a Derecho; eso estaba regulado por un decreto y se planteaba que era mejor que fuera una ley y no un decreto. Estamos de acuerdo, quizás sea mejor la ley.

EC – Se sostenía que el decreto era inconstitucional.

PI – El director nacional de Trabajo sostenía que eso era porque había sido dictado por Pacheco Areco para combatir a los sindicalistas durante el congelamiento de salarios, pero en realidad era del año 66 y muy previo a que ganara Gestido, que murió y fue sucedido por Pacheco. Es una cosa notable el discurso ideológico con que lo revistieron. Pero fuera de eso, nosotros decimos que si el decreto debía ser modificado por una ley, cosa que creemos que puede ser mejor, teníamos que haber comenzado a discutir rápidamente de qué manera procesar esto para que no se diera un vacío legal, que es lo que ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un vacío legal no opera la Justicia. ¿Sabe qué opera? La violencia. Opera lo que ha pasado durante todos estos días. Si los trabajadores dicen: "Bueno, yo tengo derecho a huelga y por extensión la puedo transformar en una ocupación"; el dueño dice: "Yo tengo derecho a la propiedad"; y otros trabajadores dicen: "Y mi derecho al trabajo, que consagra la Constitución –que ya no es un tema de clases sino del propio trabajador al que la Constitución le garantiza el derecho–, ¿dónde está?". No hay quién resuelva eso, no hay un marco jurídico. Aparece un grupo de trabajadores que siente que es un poco aquella película "El Acorazado Potemkin", sienten que pueden tomar el control de una empresa, y el dueño dice: "¿Por qué no me voy a meter? Si se metieron por la violencia, yo entro y los saco". De hecho, en el Ministerio de Trabajo algunos asesores les dijeron: "El mecanismo que ustedes tienen es desalojar a quienes están ocupando hoy". Frente a eso se provoca todo este tema.

Y hay una pregunta final que cambia radicalmente este tema: cuando hay una turba enardecida en el estadio que le quiere pegar a un grupo de jugadores, ¿la Policía les va a decir: "Váyanse del estadio porque no les doy garantías, yo no sé qué hacer con esto"? ¿En qué vamos a terminar? En que estos señores van a decir: "Mañana voy a averiguar dónde vive el empresario y le voy a rodear su casa", y la Policía va a decir: "No sé qué hacer, no puedo hacer nada".

La izquierda se ha negado al debate sobre este tema con la oposición. Yo creo que es central que sin descalificaciones a la oposición se ponga a discutir en estos temas. A eso intimamos al gobierno, a que salga a discutir con nosotros todos estos temas.

Notas asociadas:
Alfie: crisis de Naussa se genera por la "ilógica" del gobierno. Entrevista con el senador de la Lista 15, Isaac Alfie.
Ríos: el gobierno busca "dirimir el conflicto social por la negociación". Entrevista con el senador del Frente Amplio Eduardo Ríos.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe