(Emitido a las 8.50)

EMILIANO COTELO:
Más allá de esas primeras opiniones que los líderes partidarios han dado a conocer entre el sábado y el domingo, nos interesa aterrizar en el espectro político para escuchar un par de enfoques de dirigentes que han ocupado posiciones de gobierno en los últimos años.

En primer lugar vamos a dialogar con el doctor Sergio Abreu, abogado, ex canciller de la República, hoy senador por Alianza Nacional, Partido Nacional (PN).

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Senador Abreu, ¿usted tiene una opinión formada ya sobre el preacuerdo anunciado el sábado por los dos presidentes?

SERGIO ABREU:
Opinión sobre el acuerdo total no tengo.

EC - Se lo pregunto porque los juicios que se han escuchado desde el PN han sido lapidarios.

SA - Exacto. En realidad no se sabe cuál es el contenido del acuerdo, hay una visión puntual. Yo creo que esta negociación recién comienza, y comienza con un elemento negativo, porque mirado con ojo fotográfico parece un retroceso difícil de explicar, máxime cuando se tiene en cuenta que el presidente manifestó lo contrario en varias oportunidades y hace muy pocos días.

Pero mirado desde el punto de vista de la negociación esto tiene que estar enmarcado dentro de un contexto que supone que el gobierno sabe adónde va con este tema y cuáles son los aquellos puntos en los que no va a ceder o que va a privilegiar en un resultado positivo para los intereses.

En este tipo de negociación está la guerra y está la batalla, la batalla se puede perder y ganar la guerra, y a veces las batallas que se ganan son las guerras que se pierden. Pero en estos casos las concesiones que se hacen tienen que ser muy bien explicadas porque acá no está sólo comprometido el problema puntual de las fábricas de celulosa o de pasta de celulosa, sino que lo que está comprometido es la imagen del país, su política exterior y su visión de cómo se encaran o se enfrentan determinadas situaciones, en particular la bilateral con la República Argentina, donde, como se ha dicho muy bien, estamos ante un acto de agresión ilegítimo, ilegal, injustificado, lo que en el ámbito de la política internacional se define como un casus belli.

EC - Entonces en primer término usted prefiere manejarse con prudencia a la hora de dar una opinión, dice que a primera vista esto suena como un retroceso en la posición uruguaya, pero prefiere aguardar a tener más información, y de paso señala que hay un problema de comunicación, que no se han dado a conocer todos los entretelones o todos los puntos que habrían formado parte de estas conversaciones, que debe haber más, dice usted.

SA - Exactamente, un tema de contenido y un tema de forma. El tema de contenido es que todavía no sabemos cuál es la aproximación del paquete negociador que Uruguay ha diseñado para hacer este tipo de concesión, si es que lo tiene, es decir, cuáles son los temas en los cuales Uruguay no va a ceder, por ejemplo.

EC - ¿Usted tiene su enfoque? A partir de su experiencia, ¿tiene un listado de aquellos puntos que para Uruguay en la negociación global, más allá de lo que se comunicó el sábado, tienen que ser ineludibles e irreductibles?

SA - Yo tengo dos puntos que me parece que son clave: las obras se van a construir y terminar en territorio uruguayo en los tiempos previstos, es decir, Uruguay no puede renunciar a la construcción de las obras y su terminación.

EC - O sea que lo que se esté acordando sea realmente una suspensión y muy acotada en el tiempo con términos nítidos.

SA - O una negociación sobre la base, entre otras cosas, de destrabar esta situación tan complicada y tan ilegítima, porque estamos hablando de concesiones que se les hacen a actitudes ilegales. Pero el objetivo de mediano plazo es que Uruguay debe dar certeza a la inversión y a su política en materia económica y sobre todo industrial de que las obras se van a construir y terminar en tiempo y en territorio de Uruguay. Este es el primer punto.

El segundo es que, así como el presidente argentino ha dicho en algún momento que es un tema ambiental, Uruguay no puede ceder respecto de los estándares ambientales que son los exigidos por el mundo desarrollado y por la Dinama, esto es, los que van a estar vigentes en Europa en el año 2007. En esto no se puede ceder porque es parte de la soberanía uruguaya y porque resume, entre otras cosas, la posición del país en su decisión política de construir unas obras dentro de un marco adecuado de protección ambiental pero también de relacionamiento regional sobre la base de que no debe ceder lo que es parte de su decisión soberana.

EC - Usted dice que no se puede ceder en las normas que hoy rigen en nuestro país en materia ambiental, pero ocurre que desde el gobierno argentino, y sobre todo desde los grupos de militantes ambientalistas de Entre Ríos, se está exigiendo más que eso, no se está exigiendo menos, se está exigiendo más, se están exigiendo normas mucho más estrictas.

SA - Yo diría que se está exigiendo mucho más. Y está la otra pregunta, cuando uno se sienta a una mesa de negociación o hace un tipo de concesión tiene que ponerse en los pies del interlocutor. ¿Qué es lo que quiere la gente? Si lo que quiere Argentina es no permitir la construcción de las plantas, cualquier tipo de negociación que las habilite se va a obstaculizar por decisión argentina, ya sea por los ambientalistas a los que el gobierno les permite actitudes ilegales o porque el propio gobierno las respalda o las estimula. Entonces el tema es qué quiere Argentina, si es un tema ambiental, Uruguay tiene una cantidad de posibilidades, por ejemplo proponer un protocolo ambiental del sector para el Mercosur, no sólo para estas plantas, es decir que Brasil, Argentina y Paraguay tomen y asuman determinados lineamientos ambientales y estándares internacionales para todas sus plantas en la región. No es lógico que Argentina esté exigiendo determinados parámetros para dos plantas sobre el río compartido, el río ribereño, y se olvide de exigir ese mismo tipo de requerimientos al resto de sus plantas que contaminan en su territorio nacional desde 1929.

EC - Sí, más de un oyente ha dicho en estas horas en mensajes que han llegado aquí a El Espectador: si se acepta la suspensión por 90 días de las obras de estas plantas, ¿por qué no se suspende por 90 días el funcionamiento que ya tienen hoy en Argentina plantas que sin duda son mucho más contaminantes que lo que podrían llegar a ser estas?

SA - Exacto, hay un doble estándar y un doble discurso inaceptables. Y esto fue dicho en un programa de televisión ayer mismo, en el que discutían el ex gobernador de Misiones y el secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, con posiciones totalmente diferentes: si se exige un estándar similar para todo el territorio argentino es evidente que primero tienen que empezar por clausurar las plantas que están sobre el río Paraná y después discutir los estándares de Uruguay, que están ajustados a las últimas normas, salvo el libre total de cloro, que sólo aplica el 15 por ciento de las plantas en los países desarrollados, mientras que el 85 por ciento de las plantas del mundo está siguiendo los parámetros que se están implementando en el río Uruguay.

Pero este tema puede estar incluso dentro de un ámbito de negociación. A esta altura me gustaría buscar la salida, porque mirando para atrás podemos facturar y pasar las cuentas, pero ahora tenemos que buscar de qué manera Uruguay rescata esas dos cosas, que las obras se hagan, que los estándares internacionales se respeten y que pueda existir un sistema de monitoreo ambiental en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay que dé tranquilidad a ambos países, porque tienen un recurso compartido, de que los estándares se cumplen y las exigencias están dentro de los parámetros establecidos. Esto es un tema de negociación.

Usted discúlpeme, pero mi preocupación no es sólo el contenido, porque acá estamos hablando de temas que no sólo se vinculan con los aspectos ambientales, la libertad de tránsito, la política del Río Uruguay y el Río de la Plata, el frente marítimo, el dragado de Martín García, que hoy está detenido y paralizado porque Argentina no está en condiciones políticas ni con voluntad de dragar. Existe una serie de elementos que tendrían que estar o debieran haber estado o quizás estén en un paquete negociador que Uruguay debe incorporar cuando decide tomar esta decisión que, obviamente, mirada desde el punto de vista fotográfico, aparece como un retroceso.

EC - Usted mencionaba dos puntos que no pueden faltar en la posición que el gobierno uruguayo adopte durante estas negociaciones, refiriéndose al contenido de las mismas. Pero con respecto a la forma, usted ha escuchado y leído los trascendidos que señalan que el gobierno argentino solicitó o aparentemente exigió que el canciller Reinaldo Gargano no tomara parte de estos contactos. ¿Cómo observa un detalle como ese?

SA - Yo he aprendido en la vida diplomática y en la vida política a esquivar los adjetivos, pero lo primero que me nace es que es una actitud improcedente, ningún país puede definir con quién y de qué forma puede plantear una negociación el otro Estado, sin perjuicio de que los temas no se van vinculando con los protagonistas individualmente considerados. El problema de Uruguay, mirado así como está, no sólo en los aspectos ambientales o en los temas del Río Uruguay o de Botnia y Ence y la construcción, es que tenemos una imagen deteriorada de la visión institucional del país en su política exterior.

EC - ¿A qué alude? ¿Puede ser un poco más específico?

SA - En la relación institucional del país hay un gran ausente, que es la Cancillería. No estoy hablando del canciller, que es un tema aparte y no voy a entrar en consideraciones personales. La Cancillería institución es la única organización con memoria institucional, que tiene profesionales de experiencia, que conoce los antecedentes, que sabe de qué forma Argentina se ha manejado en este caso en circunstancias anteriores, que sabe abordar escenarios de negociación en concesiones, interpretando insatisfacciones compartidas que son el corazón de una negociación. Y parecería que esto está mirado desde cualquier punto de vista menos desde el nivel profesional. Esto no es una jugada magistral de un inspirado en un momento que pueda resultar positiva, es de una institución que responde a un país y que tiene que tener respaldo político de todos los partidos para mostrar que la política exterior se maneja con la debida hegemonía. Acá tenemos hoy alteradas dos cosas, una es la Cancillería o la expresión institucional, que está debilitada, donde no se sabe quién negocia, porque habla todo el mundo y eso obviamente fragiliza al país.

EC - Todo indica que el protagonismo en los contactos lo han tenido el secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, y el jefe de gabinete de la República Argentina.

SA - Ese es uno de los aspectos, pero nosotros vimos al secretario de Vivienda que dijo cosas que después Argentina quiso contestar, al ministro de Ganadería que se reúne con el canciller en Argentina, un senador que habla de armar a los jóvenes en virtud de que la región está complicada, la subsecretaria que va a la OEA con una carta que se publica en los diarios antes de llegar a los propios destinatarios, el vicepresidente que habla de temas de impertinencia, comenzando una especie de lucha semántica, a ver qué interpretación tiene la palabra. La sensación es que en ausencia de una institución organizada todos, y obviamente con la preocupación de querer participar, lo hacen públicamente, fragilizando la posición del país porque nadie sabe adónde va Uruguay y mucho menos el interlocutor, que aprovecha esta circunstancia para mantener su posición ilegítima, ilegal para agredir a Uruguay y hacer presiones que después terminan en concesiones de esta naturaleza.

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Edición: Mauricio Erramuspe