(Emitido a las 7.40)

EMILIANO COTELO:
Se dio el resultado esperado: con los votos en contra de la bancada de gobierno en Diputados, terminó rechazado el pedido de censura al ministro del Interior que había planteado el Partido Nacional (PN).

Inseguridad, falta de diálogo, inexperiencia y hasta poca humildad para ejercer el cargo fueron algunos de los elementos manejados por la oposición. Mientras tanto, el Frente Amplio (FA) respaldó la gestión del ministro José Díaz y cerró filas en su defensa.

Fue un largo debate en el que hicieron uso de la palabra cerca de 40 legisladores pertenecientes a todos los sectores partidarios.

¿Qué dejó esta discusión? ¿Qué cambia o no después de esta instancia en el Parlamento? Nos interesa tener un par de enfoques al respecto. El primero de ellos de quien llevó adelante esta iniciativa, el diputado Jaime Trobo, del Herrerismo.

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Diputado Trobo, el final se conocía de antemano. Entonces, ¿qué era lo que buscaban su partido y usted en particular con ese intento de censura al ministro del Interior?

JAIME TROBO:
El propósito del PN era dejar en claro, al cabo de un año, los resultados negativos o la imposibilidad de llevar adelante una gestión de carácter nacional en materia de seguridad por parte del ministro Díaz, básicamente en función de que su actitud como ministro político y de las medidas que puso en práctica durante este año. La consecuencia de la incapacidad de la gestión en el primer año de gobierno ha tenido como conclusión que no ha habido el diálogo necesario para analizar estos temas, que no ha habido la coincidencia necesaria mínima para tratar temas vinculados nada más y nada menos que con garantías de los derechos y seguridad de los ciudadanos, y que sin perjuicio de que el gobierno tiene, por supuesto, una mayoría parlamentaria suficiente como para darle sustento al gabinete ministerial y eventualmente aprobar las leyes que crea conveniente o que quiera, estos temas son los que trascienden la voluntad de un partido político en particular porque son temas de carácter nacional y de interés ciudadano generalizado, y porque además tienen que ver con los derechos de las personas. Y los temas que tienen que ver con los derechos de las personas no pueden estar sometidos exclusivamente a la voluntad de un partido político.

EC - Con respecto a las decisiones tomadas por el Ministerio del Interior (MI) este año, ¿cuáles son las principales críticas, las principales discrepancias del PN?

JT - Yo le diría dos áreas o dos capítulos. Por un lado lo que tiene que ver con los derechos, ahí hay un tema que sin duda alguna fue el determinante del planteo de todo el PN, que es la derogación de normas que le daban a la Policía la condición de instrumento para la defensa de los derechos, sobre todo del derecho a la propiedad. La desocupación de empresas, por supuesto, tiene aquí un capítulo muy importante, se deroga una norma y no se sustituye, se genera un caos, caos previsto, visto y señalado, incluso por otros ministros del gabinete, como fue el caso del ministro de Trabajo respecto del famoso decreto que menciono.

Luego la derogación de instrumentos policiales, instrumentos que a la fuerza pública, que es legítima, que está establecida en la Constitución como elemento de garantía de los derechos de los ciudadanos y de las libertades, se le quitaron, por ejemplo, la posibilidad de identificar personas en la vía pública, lo que volvió prácticamente imposible la acción policial en la faz preventiva.

Luego la falta de mando, de conducción y de órdenes claras. Eso puede ser señalado ya no como una actitud de acción sino de omisión, que se puso de manifiesto las veces en las que hubo hechos de inseguridad notorios frente a los cuales la Policía no reaccionó como debe hacerlo, por ejemplo la asonada en la Ciudad Vieja o la asonada frente a la Jefatura de Policía de Montevideo. Esto en la primera vertiente.

Y en la vertiente de la acción policial propiamente dicha y de funcionamiento del MI, el ministro no cumplió ni con sus propósitos, básicamente aquellos vinculados con una humanización del sistema carcelario. Un año y un mes después el propio comisionado parlamentario del sistema carcelario, que representa a todo el Parlamento, señala que en algunos penales, en particular el de Libertad y el Compen, se siguen violando los Derechos Humanos –una preocupación que el ministro señaló como primera en su gestión–. No ha habido inversiones en el sistema carcelario y por tanto lo que se habría preparado para mejorar esas situaciones sólo pasó por una ley que por cierto fue muy discutida y cuya eficacia todavía está por verse.

Y el otro gran tema es la posibilidad de que el sector policial como fuerza pública, como funcionarios públicos que tienen una tarea tan importante, pueda acceder a un mejor nivel de vida, algo que de acuerdo con las decisiones presupuestales que el ministerio tomó no ha ocurrido. Sin perjuicio de hacer algún comentario breve sobre las medidas que tienen que ver  con la jerarquía y el mando policial, que hoy, a juicio nuestro y de acuerdo con impresiones que recogemos dentro de la propia Policía, sumida en un gran caos y una gran duda sobre dónde están el punto de referencia y el mando.

EC - Desde el oficialismo se respondió de una manera muy férrea en la defensa del ministro del Interior, José Díaz, pero además con señalamientos y acusaciones a blancos y colorados por la manera de encarar este tema. Quizás en ese sentido una de las intervenciones más fuertes fue la de la diputada Daisy Tourné, del Partido Socialista, que acusó a la oposición de recurrir al sensacionalismo y al miedo en estos temas. "Cuidado con usar la técnica del fantasma del miedo, porque una sociedad en esas circunstancias puede terminar en violencia", advirtió la diputada Tourné. ¿Usted qué dice?

JT - También acusó a los medios de comunicación, algo que también hizo el ministro en varias oportunidades. A juicio del gobierno, hay una especie de conjura maligna entre ciertos sectores políticos y algunos medios de comunicación, que hacen que la situación que la gente vive en materia de seguridad tenga otra dimensión mucho más intensa y mucho más fuerte porque nos anima un propósito desestabilizador o de afectar la imagen del gobierno.

EC - ¿Cuál es su respuesta, concretamente?

JT - Es una cosa injusta, injusta y poco seria, porque el PN y en lo que a nosotros respecta, hemos sido muy honestos, muy francos en nuestros planteamientos, hemos tendido la mano, la seguimos ofreciendo como corresponde, porque nos preocupa la seguridad del país, que es un bien que nuestros ciudadanos tienen, no sólo para ofrecerlo para la inversión, como dicen algunos, ofrecerlo para mejorar la calidad de vida de la gente, respetar la dignidad de los ciudadanos. Así que no aceptamos una calificación de esas características. Habríamos deseado, francamente, que al decálogo de errores y omisiones que se presentaron como alegato a la posición del PN, se hubiera presentado por parte del gobierno una réplica en el sentido de que no acertábamos en nuestra afirmación y que lo que estábamos diciendo no era cierto. Y lamentablemente así no fue.

EC - La diputada Tourné también dijo que a la oposición no le gusta que exista una propuesta de cambio profundo del paradigma de la seguridad pública.

JT - Lo que propone la izquierda no es un cambio profundo del paradigma de la seguridad pública, la seguridad pública es una sola y tiene un componente que es: los ciudadanos ejerciendo libremente sus derechos, los pobres, los ricos, los de clase media, los de sectores más pudientes y los de sectores menos pudientes, vivan donde vivan. Y en Uruguay lamentablemente eso no ocurre. Lo que la izquierda quiere es un cambio de paradigma de la construcción de la sociedad, de la constitución de la sociedad, lo ha dicho el ministro Díaz, que es uno de los ideólogos, de los hombres que utilizan con mayor intensidad la apelación a una visión de una sociedad transformada después de una radical reforma constitucional. Tiene una visión diferente, no comparte la visión de la Constitución uruguaya, que es individualista, de concepción liberal, que tiene por centro al individuo, sino que tiene una concepción de otras características en lo ideológico. Es evidente que uno de los instrumentos para llegar a esa nueva visión, a ese hombre nuevo que señalan muchos dirigentes importantes del FA, es una radical reforma de las costumbres y los usos del Estado respecto de las garantías de los derechos de los individuos. Creo que ahí sí vamos a tener una fuerte confrontación con el FA cuando crea que por tener el 52 por ciento de los legisladores tiene derecho a ir hacia una transformación radical de la concepción histórica que Uruguay ha tenido en materia de libertades y derechos.

EC - ¿Qué dejó la sesión del día de ayer entonces, en la medida que se sabía que la censura no prosperaba? ¿Para ustedes cuál fue la utilidad? ¿Se cumplió el objetivo?

JT - La utilidad es que Uruguay no puede eludir el debate político porque crea que ya están dadas las mayorías parlamentarias. La utilidad es que quedó muy claro que el gobierno está quedando o ha quedado solo, absolutamente solo en este tema. Y la más importante, la que seguramente no va a tener un resultado inmediato, pero en la que en el mediano plazo se va a ver algún resultado, que si hay sensatez en la conducción del gobierno el ministro Díaz va a tener que irse y va a tener que haber un retoque importante en la presentación del tema y la forma de llevarlo adelante, porque inevitablemente en los grandes temas y en los vinculados con los derechos, las garantías y las  libertades, el gobierno tiene que pensar en diálogo, en apertura, en intercambio de ideas, lo que nos parece imprescindible en un tema que nos corresponde a todos.

Entrevista con Edgardo Ortuño

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Edición: Mauricio Erramuspe