(Emitido a las 7.50)

JOSÉ IRAZÁBAL:
Estamos en diálogo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi.

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Ministro Bonomi, la lupa parece estar puesta en el corazón del proyecto, el tema de las ocupaciones. Decía recién el diputado Iturralde que las ocupaciones no son un derecho. ¿Cómo lo ve el gobierno?

EDUARDO BONOMI:
Yo escuché recién las expresiones del diputado. Creo que lo que está haciendo es una enorme discusión entre la teoría y la realidad, porque en realidad las ocupaciones en Uruguay existen desde la década de los cincuenta y nadie de los que ahora dicen que no son legales las tomó como ilegales, sino que cuando se produjeron, los ministros de Trabajo negociaron con los ocupantes, con los ocupados, los legisladores tomaron el tema; en los últimos tiempos, del 85 a la fecha, existiendo un decreto que fue derogado por inconstitucional; cuando fue derogado por inconstitucional dijeron que no era inconstitucional, pero ahora el diputado dice que regular por decreto es inconstitucional; cuando fue derogado por inconstitucional habíamos advertido que desde el 85 a la fecha sólo fue usado cuatro o cinco veces, todas las demás el ministro de Trabajo negoció con los ocupantes, mientras hubiera negociación no desocupaban. Es decir que la ocupación es algo que existe desde hace prácticamente 50 años, interrumpido durante determinado momento de la dictadura, y luego retomó y se siguió negociando con los ocupantes.

Nosotros tratamos de no ir a un decreto, nuestra primera reacción no fue un decreto, fue una ley, y tampoco lo presentamos ante el Parlamento, si lo hubiéramos presentado ante el Parlamento no lo podríamos retirar. Y presentamos el proyecto de ley ante una comisión cuatripartita que estaba integrada por trabajadores, empresarios y parlamentarios, y se hizo la presentación en el Parlamento pero en una sala del Parlamento, al conjunto de la comisión. Cuando presentamos el proyecto trabajadores y empresarios lo criticaron por razones distintas, y como nuestro objetivo no era discutir fundamentalmente un proyecto de ley de prevención sólo de conflictos y de regulación de ocupaciones, sino que nuestro objetivo más importante era discutir un proyecto de ley de negociación colectiva, y los empresarios nos dijeron que ellos estaban dispuestos a poner toda la carne en el asador para discutir un proyecto de ley de negociación colectiva que tuviera como corolario, en la parte final, como conclusión, un proyecto de prevención de conflictos, y como los trabajadores nos dijeron que era más conveniente discutir un proyecto de ley de negociación colectiva que era nuestro objetivo importante anunciado a principios de año; consideramos, por razones políticas, sustituir el proyecto de ley por un decreto. Era algo más tolerado por ambos sectores que el proyecto de ley y abrir el juego para la discusión de un proyecto de ley de negociación colectiva, por razones políticas.

JI - Un decreto provisorio.

EB - Provisorio, a derogar cuando se llegue a un acuerdo, y por otra parte rebajando los contenidos del proyecto de ley, porque no es lo mismo decir que la ocupación es una forma de la huelga en un decreto que en una ley, si uno lo dice en una ley lo eleva al rango de ley y pasa a formar parte de la normativa legal. En cambio está en un proyecto de decreto, está en un decreto, y es solamente la base para otras cosas que vienen después. Eso ha sido así y así ha sido comprendido, lo que no quiere decir que el sector empresarial lo acepte, yo he hablado con empresarios que no lo comparten, pero una cosa es una ley y otra cosa es un decreto.

ANDRÉS GIL:
¿Hubo también de por medio una especie de urgencia a propósito del pico de ocupaciones que se registró en los últimos meses, en el hecho de que se opte por un decreto, que quizás es la vía más rápida?

EB - No, no, justamente, cuando presentamos el proyecto de ley las ocupaciones decayeron mucho, y en este momento sólo hay dos, después de que presentamos el decreto sólo se produjeron dos nuevas, que están dentro de lo que se tiende a aceptar. Una de ellas me la presentó el otro día el intendente de Cerro Largo, poniéndose del lado de los ocupantes. No ha pasado eso después de que se presentó el proyecto de ley, la razón por la que presentamos el proyecto de ley fueron algunas de las ocupaciones que se dieron antes, ni siquiera por la cantidad, sino por la calidad de algunas, que nos hacía pensar que se estaban produciendo problemas que había que evitar.

JI - Más allá de la discusión sobre el status jurídico de este tema, el efecto hoy es el mismo, más allá de que sea a través de un decreto o de una ley, ante una ocupación los efectos son los mismos.

EB - No, la ley da otras posibilidades al sector empresarial que no le da el decreto.

¿? - ¿Cuáles serían concretamente?

EB - La posibilidad de un recurso de amparo. Hoy lo puede hacer con determinada normativa con la que lo ha hecho muchas veces y perdió siempre, no ha habido ningún planteo de desalojo por la razón de ocupar, ningún juez desalojó por razones de ocupación, es decir que ninguna vez que se presentó un recurso de amparo tuvo efecto, salvo en el caso de la imprenta Vanni, pero no porque estuvieran ocupando sino porque estaban sustituyendo al empresario en dirigir la empresa.

JI - ¿Qué pasos debe dar un sindicato, un gremio de trabajadores, con este decreto que ustedes han puesto sobre la mesa, antes de ocupar?

EB - La negociación bipartita en el marco de la empresa; si ahí no llegan a acuerdo, negociar en el ministerio y en el Consejo de Salarios; si ahí no llegan a acuerdo pueden seguir el camino. Aquí no se habla de ocupación, se habla del conflicto.

JI - ¿Y si no respetan esos pasos?

EB - Si no respetan esos pasos y se llega a la ocupación, el que tiene la posibilidad de desocupar no es el Poder Judicial, eso no está en el decreto, sino el Poder Ejecutivo a través de la intimación por parte del Ministerio de Trabajo (MTSS) y el ministro o el ministerio en el que se produzca el problema.

AG - Obviamente el MTSS aparece como un mediador entre dos partes. ¿Cómo hay que interpretar el hecho de que el ministerio se disponga a aprobar una normativa que en alguna medida es resistida por las dos partes que están en juego? Está claro que para que una ley, un decreto o lo que sea funcione bien requiere ciertos consensos sociales entre las partes.

EB - Ese era el mayor problema con la ley como estaba presentada. Lo he dicho varias veces, una ley necesita mayorías para ser aprobada y ciertos consensos sociales para funcionar, sobre todo leyes que regulan la contradicción entre partes.

Yo creo, más allá de cómo se presente en la prensa, porque lo he hablado con empresarios y trabajadores, que es menor la contradicción que produce el decreto que la que producía la ley. Entre otras cosas por lo que dije y resaltando dentro de eso que es provisorio y que apunta fundamentalmente a crear condiciones para un diálogo tripartito que vaya a fondo en el tema, no vaya al aspecto concreto de la ocupación sino al fondo de las relaciones laborales y a la negociación colectiva, y del mejoramiento o el empeoramiento de esas relaciones surja la parte final, que es la prevención de conflictos. Cuando lo hemos hablado –más allá de lo que se diga, lo hemos hablado directamente– hemos llegado a la conclusión de que ese es el camino. Si lo vamos a observar y poner bajo la lupa de la actividad parlamentaria estamos en otra discusión, entramos en la parte teórica del asunto; nosotros entramos en otro aspecto, no para dejar de lado lo teórico sino para discutirlo en mejores condiciones. En el Parlamento se puede dar una discusión entre distintas posiciones que sostengan los legisladores, acá nosotros queremos poner el acento en lo que puedan decir empresarios y trabajadores actuando juntos en una misma comisión, sin que dejen de estar presentes los legisladores, porque cuando se va a discutir un proyecto de ley obviamente pueden estar, van a estar, es conveniente que estén. Pero el proyecto de ley que presentamos la vez pasada fue presentado en una comisión cuatripartita para que desencadenara la discusión, no para que tuviera la formalidad de la discusión parlamentaria; en ese caso no lo hubiéramos podido retirar.

AG - ¿Qué pasa hoy? Ha trascendido que hoy puede llegar a firmarse el decreto en el Consejo de Ministros. ¿Usted tiene información a propósito de eso?

EB - Esa nota me la han hecho durante todo el fin de semana, incluso antes, y en todos los casos dije lo mismo: que yo lo había presentado el lunes pasado, pero como la semana anterior había estado en Brasilia, no lo había llevado a Jurídica sino que lo había entregado a Secretaría de Presidencia, y que desde ese momento ya no sabía qué pasaba con él, si entraba hoy o si iba a Jurídica, y que, entre otras cosas, creía que el secretario de Presidencia todavía estaba en Viena, entonces no sabía qué podía pasar hoy.

AG - Y apenas se firme entra en vigencia.

EB - Un decreto sí, se firma y entra en vigencia.

JI - ¿Qué opina sobre la posibilidad de que este tema sea llevado a la Suprema Corte de Justicia, que fue uno de los planteos que hizo Iturralde?

EB - Si lo quieren llevar lo pueden llevar, pero la visión que han tenido de que este proyecto de ley no era constitucional es equivocada. Si el Partido Nacional o la Comisión de Legislación Laboral lo quieren llevar, lo pueden llevar, no sé qué fruto va a tener.

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Edición: Mauricio Erramuspe