(Emitido a las 9.16)

EMILIANO COTELO:
Los reclamos por inseguridad en nuestro país han ido creciendo. ¿Es esto un reflejo de la realidad o simple "sensación térmica"?

El debate está ahí, flotando en el aire. Y parece que el Partido Nacional (PN) decidió salirle al cruce promoviendo una recolección de firmas en apoyo a una serie de proyectos de ley vinculados con este tema.

En especial, el foco estará puesto en la delincuencia juvenil: minoridad infractora, Código de la Niñez, endurecimiento de penas, deberes de la patria potestad, imputabilidad... son algunos de los frentes que abordará esta iniciativa que tendrá como lema "Seguro que firmo".

Uno de los impulsores es el diputado por el Herrerismo Luis Lacalle Pou, con quien vamos a conversar en los próximos minutos.

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Diputado Lacalle, para empezar una cuestión formal, porque seguramente la referencia inmediata de nuestros oyentes cuando escuchan hablar de recolección de firmas tiene poco que ver con lo que ustedes se han propuesto hacer. Concretamente, ¿cuál es el camino formal que han elegido desde el punto de vista jurídico?

LUIS LACALLE POU:
Artículo 30 de la Constitución. Es el derecho de petición, todo habitante de la República puede ir ante cualquier autoridad a pedir, a hacer su petición. ¿Por qué este artículo? Porque yo voy a los barrios de Montevideo, al interior del país y la gente me dice "quiero que mis hijos no tengan miedo", "quiero poder subirme tranquilo a un ómnibus", "quiero irme de mi casa y saber que vuelvo y está todo", "quiero poder ir a un baile", "quiero poder volver del baile", "quiero tomarme un ómnibus y estar tranquilo de que no van a afanar el ómnibus ni a matar el chofer". Eso es lo que uno escucha diariamente.

Después prendés la tele y escuchás del presidente de la República para abajo decir que esto es una sensación térmica, que la inseguridad no es tal, medio vaso vacío y no medio vaso lleno, etcétera.

¿Entonces cómo juntamos eso, cómo hacemos que el oficialismo entienda este clamor popular? Porque creemos que es un clamor popular. Alcanza con leer los diarios, pero cuando uno sale se da cuenta de que es así, en barrios más humildes aun más porque por lo general están más desprotegidos. Y dijimos, ¿cómo se lo hacemos notar al gobierno? Entonces que 30.000, 40.000, 50.000 firmas que apoyen determinadas iniciativas de ley lleguen al Parlamento ya no será un legislador que se levantó aburrido y dijo "voy a presentar un proyecto en este sentido", sino que realmente hay un sentir popular.

EC - Ustedes van por el derecho de petición, artículo 30 de la Constitución, que no tiene efecto vinculante, es simplemente una medida de carácter político, es generar un hecho político en torno a determinadas propuestas.

LLP - Es un hecho constitucional, es una regulación constitucional y es un derecho que tienen todos los habitantes de la República. No es el pueblo como legislador, es el pueblo apoyando una legislación.

EC - ¿Y por qué no van por el artículo 79, el de iniciativa popular?

LLP - Porque las iniciativas ya están, la gente no nos dice "quiero que aprueben esta ley" y trae un papelito, la gente dice "quiero estar tranquilo", "quiero vivir tranquilo", "quiero que mi familia esté tranquila".

EC - Porque ese procedimiento sí tiene carácter vinculante. Claro, implica una exigencia bastante más severa: 25% del cuerpo electoral.

LLP - No pasa por ahí.

EC - ¿Es una cifra demasiado alta 600.000 personas?

LLP - No pasa por ahí, porque el efecto de la iniciativa popular es que ingrese un proyecto de ley al Parlamento, el pueblo ingresa un proyecto de ley al Parlamento. Y los proyectos de ley ya están ingresados.

EC - Ustedes van a trabajar sobre proyectos que ya se presentaron.

LLP - Ya se presentaron. Pero por supuesto, mañana viene la comisión barrial del barrio Rossi de La Paz y me dice "Luis, esto también", y lo podemos modificar. Esto está abierto. Entre los proyectos que tenemos hay uno firmado por frentistas, colorados, blancos y creo que está Iván Posada, del Partido Independiente... No, no está, pero están Guido Machado que es colorado, Maceda que es frentista, Patrone que es frentista, Alberto Casas que es blanco, Guarino que es frentista, Pereira que es frentista... Son proyectos que están ahí presentados pero la mitad más uno, la mitad más dos de la Cámara de Diputados dice que no va a votar porque es sensación térmica, entonces le vamos a dar un impulso: la gente se manifiesta con nombre, firma, cédula de identidad y credencial cívica y dice "por favor, hagan algo porque la cosa no se aguanta más".

EC - Ustedes están juntando en un paquete distintos proyectos de ley. Pero hay un énfasis puesto en la delincuencia juvenil, ¿por qué?

LLP - Si uno se fija no, son referencias al Código del Niño pero no siempre a la delincuencia juvenil. Por ejemplo, yo presenté el 222 del Código del Niño, que dice que cuando una persona llega a los 18 años, o sea es mayor, se le tienen que eliminar los antecedentes que tenía como menor. Nosotros proponemos que esos antecedentes no se rompan, que sean custodiados, que queden guardados y en el caso de que esa persona con 18 años cometa un delito y el juez que entiende en la causa los pida, como no van a estar destruidos, le sean elevados. Esto es bien sencillo.

EC - ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué esta reforma del artículo 222? ¿En qué tipo de casos estaba pensando usted cuando redactó este proyecto?

LLP - Llega una persona que tiene 18 años y cuatro meses que le afanó una billetera a una jubilada que salía de cobrar la jubilación; la agarra el juez, la mira; primaria, porque no tiene antecedentes, no tiene currículum; hurto; procesada sin prisión, afuera y bailando. Capaz que si se pudieran ver los antecedentes podría ver un intento de violación, dos rapiñas, un copamiento, y ahora cometió un hurto. ¿Lo proceso sin prisión? No es lo mismo. Nos parece que existe un fraccionamiento injusto de la conducta y esta reforma sería sensata. Es más, gente del Frente Amplio (FA) se nos ha arrimado a decir que es sensata, que no la vota por distintos motivos que no me compete esgrimir. Se aplica cuando la persona es mayor de edad sobre los antecedentes de cuando era menor de edad. Simplemente no se corta la conducta de una forma ficticia de los 17 a los 18 años.

EC - Usted está puntualizando que con este proyecto de ley no está ocupándose de los menores, se está ocupando de los mayores que delinquen pero que pueden tener antecedentes de cuando eran menores.

LLP - Me estoy ocupando de las conductas malas, no de las buenas, es bien simple. Hay barritas o bandas de delincuentes que le dicen a uno: "Andá vos, fulano, que tenés 16, es más fácil salir de la Berro que entrar –a esta altura no sé si queda gente–, y dale que después de los 18 es punto y barra, borrón y cuenta nueva, mandate y hacelo vos". Entonces los muchachos, que no son bobos, la mayoría de los que cometen estos delitos no son bobos, dicen "me voy a atajar, si esto empieza a sumar para el descenso me voy a cuidar más". Es un efecto sobre toda la persona, no es menor o mayor.

EC - Ustedes proponen otros cambios, por ejemplo en los artículos 69 y 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿En este caso para qué?

LLP - Es un proyecto de Federico Cassaretto –que fue quien impulsó esta campaña de junta de firmas junto con Sandra Etcheverry de Alianza Nacional– y Nelson Rodríguez que establece la tentativa en algunos delitos que hoy no están penados en el Código del Niño. Eso sí es específicamente con respecto a la minoridad.

EC - ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es la novedad que se impulsa?

LLP - Hoy hay infracciones a la ley graves y gravísimas pero no está incluida la tentativa. Se agrega la tentativa de hurto, que sucede a veces: trató de robar, fue agarrado a tiempo, se arrepintió porque vio un patrullero en la esquina o no pudo terminar de consumar el acto. Eso hoy no está penado en el Código de la Niñez y esta reforma establece que sea penado.

EC - ¿Y qué pruebas hay de que la solución pasa por aplicar penas más severas?

LLP - No es una pena más severa, es una cosa que no está penada. No es que diga "a la tentativa de hurto agréguele siete meses de internación", no está penada, hay un vacío legal. Así como los antecedentes se destruyen y por eso el artículo 222 no es un tema de penas, este tampoco, esto no está penado. Justo llegó a meterle la mano en la cartera a la veterana pero había uno en la esquina que "¡Che!", le gritó, y no pudo consumar. Eso no está penado.

EC - Ustedes también proponen modificaciones al artículo 279 del Código Penal, que refiere a la omisión de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad y la tutela. ¿Por qué?

LLP - Por lo que escuchás en los barrios: "Che, ¿y a los padres no les hacen nada, dejan a los gurises que anden ahí robando en la vuelta?". En la jerga popular es eso lo que acá se está estableciendo. La patria potestad es un instituto que establece que se debe cumplir con ciertos deberes cuyo incumplimiento lleva aparejadas ciertas penas –279 b del Código Penal–, se van a establecer sanciones más severas para aquellos padres que incumplen en determinadas condiciones con los deberes de la patria potestad.

No puedo decir que voy a penar al padre que anda tres meses buscando una changa o a la madre que tiene que hacer una limpieza y realmente no sabe lo que está haciendo el muchacho, me refiero a aquel que mira para el costado, que sabe que el hijo tiene tres teles y tres grabadores en el cuarto y la mensualidad no le daría para tanto, ahí hay omisiones y se van a agravar las penas a los padres por omisión de cumplimiento de los deberes de la patria potestad.

EC - Y dentro de la serie de proyectos que plantean hay uno que ingresa en un terreno bien polémico, que es el de la edad de imputabilidad. ¿En qué están pensando concretamente?

LLP - Ese no está incluido ni está presentado como lo queremos presentar. Es una vieja idea de Dardo Ortiz, de 1987; y tengo entendido que Cersósimo anduvo rondando esa idea. Es así: una persona que tiene entre 15 y 18 años comete algunas infracciones –pongo un ejemplo en el borde de la ridiculez–, compra una pistola 9 milímetros robada, un amigo tornero le hace un silenciador, empieza a relojear a dos veteranos que cobran la jubilación a tres cuadras que viven solos, que cuida una persona hasta las 7 de la noche, los estudia, les entra a la casa de noche, los ata de pies y manos, les pega un tiro en la nuca a cada uno, les afana los 1.800 y los 2.500 de jubilación y se va. Va ante un juez de menores, porque tiene 16 años, el juez ve que no tiene cara de recién desayunado y a través de una pericia dice "aquí aparte de dolo existió conciencia y voluntad, existió discernimiento del hecho que se estaba cometiendo, este no es un menor". Eso lo quema al juez de menores, que se lo pasa al juez de mayores, y una vez que ingresa al juez de mayores, o sea el juez penal, esa persona, a pesar de tener menos de 18 años, va a ser juzgada como un delincuente mayor por el hecho que cometió.

EC - Lo que se propone con esta iniciativa no es bajar la edad de imputabilidad sino bajarla en algunos casos.

LLP - Es una inimputabilidad relativa. Así como hay un artículo –ahora no recuerdo cuál es– que establece que después de los 18 años sos imputable "salvo", porque no sos imputable de los 18 años para arriba, hay causales por las cuales no sos imputable, vamos a hacer lo mismo para atrás. Es una inimputabilidad relativa, no bajamos todo. Yo no soy de la teoría de bajar, si bajamos a 16 años que también baje la edad de votar y de manejar, no soy de la teoría de sólo palos para la juventud, pero creo que hay que abrir una ventana porque la realidad rompe los ojos y hay gente que a pesar de tener menos de 18 años actúa, se maneja y vive como adulta.

EC - Esa ventana que se abre con esta propuesta queda en manos del juez, es el juez de menores el que evalúa ante qué persona está.

LLP - Exacto, y la manda al juez penal.

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EC - Aparecen las preguntas de los oyentes por el lado de: "Con medidas como estas, ¿no se va a generar más violencia?" "Con endurecimiento de la legislación, ¿se consiguen resultados en materia de delincuencia, o lo que hay que hacer es atacar las causas de esa violencia y esa delincuencia?".

LLP - Las dos cosas. Si ahora vemos que en la esquina están robando o copando no podemos decir "vamos a educarlos". Vamos a educar, y mientras tanto hay que reprimir, lamentablemente hay que reprimir. ¿Y quién se tiene que encargar de educar? Esa es la gran pregunta: se tiene que encargar de educar el Estado.

Voy a poner un ejemplo muy claro. Hace poco tiempo todo el mundo discutió la ley de liberación de presos, mal llamada de humanización de las cárceles, que tenía dos partes, la que para nosotros era espantosa, que era la liberación objetiva de presos, y la parte buena, que era aquella que decía que si un preso trabajaba un día en el penal se le restaban dos días de pena, la que decía que cuando el preso saliera se le daría contención social, se le trataría de conseguir un laburo, etcétera.

Para mi sorpresa –y está por cumplir un añito–, esa ley no está reglamentada, la parte educativa o de reinserción no está reglamentada. Ha cedido el Estado, hoy lamentablemente en muchos barrios el vivo es el que se pela un estéreo, el que se afanó una radio de auto, no el que mete tres goles en el primer tiempo en un cuadrito de barrio, el que sale con más chicas o el que corre más rápido. Han cambiado los códigos de la esquina.

EC - En este plano, el de la educación, el del ataque a las causas de la delincuencia, ¿estas propuestas también incluyen soluciones?

LLP - Hay una de ellas, que es el proyecto presentado por Etcheverry, Abdala, Alonso y Enciso, que para mí es buena, que separa los menores infractores de los menores que están bajo régimen de amparo en el INAU. Porque cuando hablás del INAU enseguida te imaginás al Mono, al que tiene 209 entradas, no te imaginás al chiquilín que está ahí porque no puede estar en otro lugar y que está llevando su vida normalmente; la gran mayoría de estos muchachos salen a la vida fortificados y con mucho cariño y afecto. No son más de 200 los menores infractores en el país, los peligrosos no son más de 200, y tienen atemorizados a dos millones.

EC - Sobre ese proyecto de la diputada Sandra Etcheverry, entre otros, ya hicimos en su momento una entrevista. La propuesta es que la dependencia del Estado que se ocupa de los menores infractores no sea el INAU como tal sino un instituto especializado.

LLP - Exacto, una Dirección Nacional de Rehabilitación que rehabilite, o por lo menos que contenga, algo que hoy no está sucediendo.

EC - Para terminar con el punteo de proyectos, falta uno.

LLP - Hay uno de seguridad rural presentado por diputados de todos los partidos. Cambian algunos temas que tienen que ver con el abigeato porque hay modalidades nuevas, hay formas distintas, la tecnología llegó al abigeato, la forma de comunicarse, si participan uno o dos, si participa un dependiente del establecimiento, si hay algún campana dentro. Alguna medida vamos a tomar porque es acuciante en zonas rurales y suburbanas, en el departamento de Canelones en las chacras ya no se puede tener un chancho ni gallinas porque te los pelan todos los días, y en campos de mayor extensión a veces estropean el ganado, el otro día un productor nos decía que le cargaron dos camiones de novillos en una noche.

EC - ¿Están todos los sectores del PN detrás de esta iniciativa de salir a recolectar firmas a partir de estos proyectos?

LLP - Tanto están todos que se gestó entre que Lacalle dijo algo en Maldonado cuando estaba el Directorio, Federico Cassaretto, de Correntada, levantó el guante, yo hablé esa noche con él como hace cualquier ser humano normal, hablamos con Sandra Etcheverry, que es una diputada que ha metido en estos temas, el Herrerismo lo trató y le dio el visto bueno, hizo lo propio Correntada, Alianza ha conversado y ayer en la bancada del PN cerró creo que Jorge Gandini hablando de vamo’arriba, es bueno. Y además no queremos que esto sea del partido.

EC - En el Partido Colorado (PC) esto se ve con escepticismo. Dice hoy El Observador que "fuentes del Comité Ejecutivo del PC señalaron que esta puesta en marcha del PN es una hábil jugada para movilizar a la gente pero que no soluciona los problemas de seguridad". Por su parte el diputado José Amorín Batlle, de la 15, dijo que "el problema que tiene el país es el ministro del Interior, que no quiere entender que la gente se siente insegura; lo de las firmas se verá en su momento".

LLP - Esto es una iniciativa positiva, no me voy a dedicar a discutir con ningún partido; aparte cuando no hay un nombre directo que opina me parece raro. Me extraña del PC, porque todos los proyectos de ley que mandó durante el gobierno de Sanguinetti eran de endurecimiento de penas, que no es el caso nuestro.

Si mañana los vecinos de Colón agarran este tema y me dicen "no, mirá, Lacalle, ustedes no vengan, nosotros queremos juntar las firmas", me parece bárbaro, porque los vecinos de Colón uno puede tener una bandera del MPP, otro una de la 1001, otro una de la 71 y otro la de la 15 y la delincuencia no se fija qué bandera tienen. Si no pregúntele a Gonzalo Fernández, no se fijaron.

EC - Lo robaron hace poco.

LLP - Claro.

EC - Pero la recolección de firmas la inician ustedes.

LLP - Prendemos la mecha.

EC - ¿Cuándo lo hacen?

LLP - Si Dios quiere, el primer fin de semana de agosto en simulcast en todo el país. Vamos a arrancar, estamos viendo cuál va a ser la petición, la queremos escribir para que la gente entienda, no ir a un barrio y andar con términos de artículos y cosas difíciles, para que entienda lo que está firmando y cuando ingrese al Parlamento para que se entienda qué es lo que se está pidiendo.

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Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Alexandra Hahn