Entrevistas

Designación provisoria de Guianze tensa aún más relaciones entre gobierno y oposición

La oposición opina que la designación provisional de Mirtha Guianze como fiscal de Corte es inconstitucional. Para el senador blanco Gustavo Penadés se hace entrar "por la ventana" a quien no pudo "entrar por la puerta" en una actitud "autoritaria". Su colega oficialista Alberto Breccia destacó que no hay reparos técnicos para la figura de Guianze. "¿Qué le asegura al gobierno que propuesto otro nombre la oposición lo aceptará?", preguntó tras defender la legalidad de la medida.

(Emitido a las 9.11)

EMILIANO COTELO:
La designación de un nuevo fiscal de Corte es, a esta altura, una vieja cuenta pendiente en la política uruguaya. El puesto, de hecho, está vacante desde febrero de 2004, en la presidencia de Jorge Batlle, cuando el doctor Oscar Peri Valdés fue sumariado y separado de su cargo.

Después de un largo y discutido trámite, Peri renunció a su cargo en enero de 2006. En agosto de este año, se archivó la denuncia judicial por el sumario que se había iniciado a instancias del ex ministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán.  Desde entonces el gobierno del doctor Tabaré Vázquez procura  nombrar a un nuevo Fiscal de Corte titular. Sin embargo, el trámite no avanza por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. La venia, según la Constitución, requiere mayoría especial de tres quintos de los miembros de la Cámara Alta, es decir, 19 senadores.

Aquí En Perspectiva hemos tratado el tema varias veces en estos meses. La más reciente fue el 21 de setiembre, cuando entrevistamos al senador Gustavo Penadés.

(Audio)

"GUSTAVO PENADÉS:
El Partido Nacional (PN) resolvió no sólo no acompañar la propuesta sino tampoco acompañar el nombre de la doctora Guianze.

EC - Definitivamente la doctora Guianze no será fiscal de Corte.

GP - No me caracterizo por hablar en términos absolutos, pero hoy diría que el nombre de la doctora Guianze no está en consideración por parte del PN para ser acompañado con sus votos."

(Fin)

EC - Penadés dejaba claro así el malestar que generó en su partido el procedimiento que el Poder Ejecutivo eligió para poner el nombre de la doctora Guianze sobre la mesa.

***

EC - Con ese antecedente no es difícil imaginar cómo cayó ayer la noticia de que el Ejecutivo había resuelto finalmente nombrar, a través de una resolución, a través de un decreto, a la doctora Mirtha Guianze como la nueva fiscal de Corte y procuradora general de la Nación en carácter "provisorio".

La decisión fue interpretada como una nominación "a prepo" frente a la negativa sostenida de los blancos a ceder sus votos para que la candidatura de Guianze fuera aprobada en el Parlamento.

Y en el PN no se disimuló en absoluto la molestia. En una conferencia de prensa convocada "en carácter de grave y urgente" Jorge Larrañaga, presidente del Directorio, dijo que el ministro de Educación, Jorge Brovetto, faltó a su palabra porque se había comprometido a buscar un nombre alternativo:

(Audio)

"JORGE LARRAÑAGA:
Algo que se hace con desconocimiento absoluto de la oposición; sabido es que la doctora Guianze no contaba con el respaldo de los partidos de la oposición y entonces se elige este camino de la resolución que es inconstitucional. Por tanto, el PN va a impulsar el mecanismo de la interpelación al ministro de Educación porque creemos que nuevamente está en juego el Estado de Derecho".

(Fin)

EC - Larrañaga completó su visión del tema señalando que a partir de ahora el país va a tener un Fiscal de Corte "de facto".

Y no fue la única manifestación en este sentido: el Herrerismo libró un comunicado en el que, justamente, el senador Penadés señala que: "El Frente Amplio se encamina hacia una grosera violación de la Constitución en el plano sustancial, para dar rienda suelta a su porfiado deseo de que sea la doctora Mirtha Guianze quien ocupe la Fiscalía de Corte".

La reacción no fue muy diferente en el Partido Colorado. Desde un principio los colorados habían cuestionado el nombre de Mirtha Guianze. Ayer el ex vicepresidente de la República Luis Hierro rechazó la vía elegida por el Ejecutivo para destrabar esta situación:

(Audio)

"LUIS HIERRO LÓPEZ:
Es un acto de prepotencia, es un acto ilegal y es un acto inconstitucional; por lo cual el Poder Ejecutivo va a tener que dar cuenta no solamente en el Parlamento sino ante la opinión pública, porque la designación del fiscal de Corte está regulada por la propia Constitución de la República".

(Fin)

EC - Frente a este escenario, que complica tanto la relación entre el Poder Ejecutivo y la oposición, parece oportuno dedicar algunos minutos a pasar en limpio este tema y ver cuáles pueden ser sus derivaciones.

Vamos a escuchar dos puntos de vista. En primer lugar el del senador Gustavo Penadés, del Herrerismo. Luego dialogaremos con el senador del Frente Amplio, Alberto Breccia.

***

Senador Penadés, ya hemos presentado los datos previos, cómo viene la mano, por eso me gustaría ahora ir a algunas preguntas muy concretas. ¿Por qué entienden ustedes que la designación que se concretó ayer es ilegal?

GUSTAVO PENADÉS:
No sólo es ilegal, es más grave, es inconstitucional, porque el único mecanismo que el Poder Ejecutivo tiene para designar un fiscal de Corte es el establecido en el artículo 168, numeral 13, de la Constitución, que la propuesta para ocupar el Ministerio Público y Fiscal debe ser elevada al Senado y este por tres quintos de votos del total de componentes debe autorizar concediendo la venia para la designación. Ese mecanismo no se ha cumplido, y no sólo no se ha cumplido sino que el Poder Ejecutivo por vía de una resolución termina proponiendo a la misma candidata para la que no logró obtener en el Senado la mayoría de tres quintos para ocupar interina o provisoriamente el cargo de fiscal de Corte y procurador general de la Nación.

A la aberración jurídica y la violación de la Constitución se suma el capricho político, como no consigue en el Senado la mayoría especial -especialísima diríamos nosotros porque es de las pocas que requieren 19 senadores para ser concedida- establecida en la Constitución, el Poder Ejecutivo toma esta resolución por vía administrativa. Además rompe con una tradición establecida en la ley 15.738 del Ministerio Público y Fiscal que establece los mecanismos de subrogación de los fiscales ante la ausencia del fiscal de Corte.

EC - ¿Por qué? ¿Ustedes entienden que en todo caso en la situación actual debió haberse procedido a la subrogación?

GP - Por supuesto, como se ha procedido siempre.

EC - Desde el gobierno se argumenta que el artículo 26 del decreto ley 15.365 establece la subrogación del fiscal de Corte y procurador general de la Nación por razones de impedimento, excusación o recusación, que en esos casos corresponderá a los fiscales de lo civil por orden de antigüedad en el cargo. Y sostiene que lo que está pasando ahora no es que haya habido problemas de impedimento, excusación o recusación, sino que es un caso de vacancia que no está previsto en norma constitucional o legal alguna, por lo tanto hay un vacío con respecto a cómo resolverlo.

GP - La vacancia está claramente establecida en su resolución en la Constitución. ¿El Poder Ejecutivo quiere tener un fiscal de Corte la semana que viene? Que nos llame a dialogar hoy, instalamos una mesa de diálogo, buscamos un candidato de consenso que reúna las garantías que asegura la Constitución al establecer la mayoría de tres quintos y la semana que viene estamos votando la venia de dicho fiscal de Corte. La doctora Guianze no reúne esas condiciones y por lo tanto no tiene la mayoría especial en el Senado.

El Poder Ejecutivo insiste con el nombre de la doctora Guianze y termina desprestigiándolo, porque la doctora Guianze en el diario El Observador del 26 de setiembre se niega, por una cuestión de principios y de respeto al Estado de derecho -estoy leyendo literalmente-, porque en forma oblicua no se puede acceder a un cargo soslayando lo que la Constitución manda. Lamentablemente esa contradicción en la que ha entrado la propia candidata termina por confirmarnos que no era la idónea para desempeñar el cargo de procurador general de la Nación.

EC - Para ustedes esto se arregla de una única manera, proponiendo otro nombre y buscando que el mismo tenga las mayorías especiales que requiere la Constitución.

GP - Le digo más, esto no es nuevo en Uruguay. En la segunda Presidencia del doctor Sanguinetti al finalizar el mandato del doctor Robato el Poder Ejecutivo envió al Senado la venia para fiscal de Corte del doctor Miguel Langón, que fue discutida durante largo tiempo y no logró la mayoría de tres quintos para la designación. El doctor Sanguinetti no recurrió, ante un caso igual de vacancia como argumenta el actual Poder Ejecutivo, a designarlo por decreto o por resolución, encomendó a la doctora Martirena, la fiscal más antigua en lo civil, que lo subrogara mientras elevaba otro nombre en el Senado que sí lograra la mayoría, que fue el del doctor Peri Valdez. Cuando el doctor Peri Valdez en el año 2004 es separado del cargo por un sumario lo subroga el fiscal en lo civil más antiguo, el doctor Marcelo Grovia. Y cuando el doctor Marcelo Grovia renuncia durante este gobierno a la Fiscalía de Corte, lo subroga, por resolución del actual presidente Tabaré Vázquez, la fiscal en lo civil más antigua, la doctora Elsa Fajardo.

EC - Que ahora ha pasado a retiro por llegar al límite de edad establecido por las normas vigentes y eso es lo que genera la situación de vacancia.

GP - No genera ninguna situación de vacancia, le corresponde al fiscal en lo civil más antiguo que sigue a la doctora Fajardo, que es la doctora Avella, y cuando esta se vaya le corresponderá al fiscal en lo civil más antiguo, que es el doctor Gutiérrez.

Pero esperemos que el gobierno se dé cuenta de que es imprescindible que haya diálogo, que hoy no existe, y que en este caso, que es nada más ni nada menos que el cuerpo técnico administrativo que se encarga de defender a la sociedad, de representar al Estado en los ámbitos que las leyes le asignen y del asesoramiento al Poder Ejecutivo, no puede estar en una disputa política menor y en un capricho de poner o no poner un nombre que no cuenta con la mayoría del Senado.

Aquí no hay ninguna situación jurídica irregular, hay una actitud caprichosa y autoritaria del gobierno que se niega a aceptar que en el Senado su candidata no obtuvo los tres quintos y a proponer a otro a través del civilizado y democrático mecanismo del diálogo entre el gobierno y la oposición, que siempre ha existido en nuestro país pero lamentablemente en los últimos tiempos se ha dejado de practicar, para de esa manera lograr un acuerdo que podría tener la semana que viene.

EC - ¿Por qué no la doctora Guianze?

GP - La doctora Guianze no porque a consideración del PN no reúne -y la actitud de haber asumido o aceptado esta encargatura provisoria lo confirma- las condiciones técnicas idóneas para llevar adelante una labor como la de representar al Estado y ser la procuradora general de la Nación. De esa manera es que el PN y la oposición toda, el Partido Colorado también, se negaron a darle los votos. Además el tema ya no es la doctora Guianze sí o no, es el respeto a la Constitución, a la ley y fundamentalmente a una decisión que se tomó en el Senado de acuerdo con lo establecido en la Constitución nacional, que el gobierno violenta al hacer entrar por la ventana a quien no pudo hacer entrar por la puerta.

Lamentablemente se confirma que este tema se quiere convertir en un tema político partidario como nosotros sospechábamos. Que busquen otro nombre y lo estamos conversando la semana que viene, porque ya le vaticino que esta encargatura provisoria va a durar muchísimo y lamentablemente confirma lo que el doctor Larrañaga decía en nombre del PN ayer, que hoy en Uruguay hay una fiscal de Corte de facto porque su designación no ha cumplido con los mecanismos constitucionales ni legales correspondientes para desempeñar el cargo para el que el Poder Ejecutivo la ha propuesto.

***

EMILIANO COTELO:
La intención era desarrollar un debate sobre este tema, pero el otro interlocutor, el senador Alberto Breccia, del Espacio 609, Frente Amplio, prefiere que el intercambio se desarrolle por la vía de entrevistas independientes. Vamos a hacerlo de esa manera.

***

Senador Breciia, ¿por qué no un debate?

ALBERTO BRECCIA:
Fundamentalmente por lo que estaba comentando hoy, con su habitual perspicacia, Óscar Bottinelli. Estamos en un momento de particular crispación, entonces llegó la hora de bajar la voz y reforzar los argumentos, y no estar debatiendo, que en definitiva de estos temas técnicos a la gente lo que le queda muchas veces del debate son los fuegos de artificio y no las cosas que realmente interesan, que son lo sustancial del asunto.

EC - Vamos a los argumentos del gobierno. Dice el Herrerismo, dice el Partido Nacional (PN), y coincide el Partido Colorado (PC), que esta designación que hizo ayer por decreto el Poder Ejecutivo es directamente inconstitucional.

AB - Eso parece estar en la línea de un razonamiento que viene siguiendo el PN desde hace unos meses, reflejado en la prensa de ayer. Usted habrá repasado el semanario Búsqueda, allí el PN alega la existencia de una serie de violaciones a la ley y a la Constitución, que si uno analiza de manera serena no son tales.

EC - Sí, supimos hacer una entrevista con el doctor Lacalle a propósito del informe que redactó el senador García Costa, que fue aprobado en la convención del PN el sábado pasado.

AB - En esa misma línea se inscribe esta furibunda arremetida del PN contra una situación que es absolutamente legal y constitucional. Si no es legal y no es constitucional, existen en el país, en nuestro ordenamiento jurídico, medios para regular o revisar esa decisión. No se puede manifestar, por lo menos no con razón, que este es un tema respecto del cual el partido de gobierno va a tener que rendir cuentas ante la opinión pública. Obviamente los partidos rendimos cuentas ante la opinión pública, pero fundamentalmente hay mecanismos jurídicos para revisar estas decisiones en el que caso de que se entienda que violan la ley o la Constitución.

EC - ¿Usted está sosteniendo que en todo caso la oposición debe hacer la presentación correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo?

AB - Obviamente, esa es la forma de reclamar las inconstitucionalidades o las ilegalidades en este país. Lo otro es lo que yo le decía hoy con respecto al tema del debate, es hacer fuegos de artificio. El otro día en una intervención en el Senado les planteaba a los senadores de la oposición que ellos saben que no es mi estilo el agravio, yo no agravio a nadie, menos a los partidos de oposición porque me parece que la política debe basarse en el diálogo franco, fluido, sincero y educado, pero que no son temas que se puedan plantear en el plano de la política menor, menos aun este tema.

EC - El senador Penadés decía que ya hay antecedentes en este mismo gobierno de nombrar fiscal de Corte por la vía de la subrogación, cuando renunció el doctor Marcelo Grovia.

AB - El senador Penadés citaba –y citaba mal– la ley 15.738, en realidad la ley que regula esta materia es la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es el decreto ley 15.365. Es una ley de la época de la dictadura, Hamlet Reyes presidente del Consejo de Estado, Gregorio Álvarez presidente, 30 de diciembre de 1982, que después fue convertida en decreto ley, como lo fueron todas las leyes de la dictadura, por la ley de convalidación dictada ya en democracia.

En el artículo 26 del decreto ley 15.365 se establece –leo textualmente–: "La subrogación del fiscal de Corte y procurador general de la Nación por razones de impedimento, excusación o recusación corresponderá a los fiscales de lo civil por orden de antigüedad", etcétera. Las hipótesis claras que plantea la ley que regula la materia son excusación, recusación e impedimento, y en ninguno de esos tres casos estamos en la situación que nos ocupa.

Cuando el doctor Peri queda sumariado y por lo tanto impedido de ejercer el cargo lo subroga el doctor Grovia, correcto, porque hay una hipótesis de impedimento; cuando renuncian conjuntamente el doctor Marcelo Grovia y el doctor Peri Valdez el Poder Ejecutivo podía haber recurrido a esta hipótesis de vacancia para llenar el cargo pero lo hace por la vía de la subrogación; y ahora cuando la doctora Elsa Fajardo cesa en el cumplimiento de sus tareas por edad, hipótesis también prevista en el decreto ley 15.365, se produce una situación de vacancia, no hay impedimento, excusación ni recusación. Perdone que sea reiterativo, pero a la gente le tiene que quedar bien claro esto, es una hipótesis diferente y que no está prevista en norma legal ni constitucional alguna. Lo que hace el Poder Ejecutivo, en correcto uso de sus facultades de encargar funciones, situación que se da todos los días y en todos los organismos, es encargar provisoriamente el ejercicio de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación a la doctora Guianze.

EC - El senador Penadés decía que si no se va por el camino de la subrogación lo único que queda es ir al mecanismo de designación previsto en la Constitución, que es enviar un nombre al Parlamento que logre conseguir los votos de tres quintos del Senado de la República.
 
AB - Claro, eso para un nombramiento definitivo, no para una encargatura provisoria.

EC - ¿Y por qué el Poder Ejecutivo no procura las mayorías necesarias para sacar adelante un nombramiento de acuerdo con la Constitución?

AB - Ahí estamos en la línea de razonamiento correcta.

EC - El PN ya ha dicho que con la doctora Mirtha Guianze no va, ¿entonces por qué no se propone otro nombre? Las condiciones políticas parecen bastante claras.

AB - Ahí estamos en la línea de razonamiento correcta. El nombramiento de la doctora Guianze ingresó al Parlamento en el mes de marzo, pero desde el mes de febrero se está discutiendo este tema. Esto no lo digo yo, lo dice el senador Luis Alberto Heber, diario La República, página 4, sección Política, día lunes 9 de octubre de 2006. Estamos hablando de hace cuatro días. De esta información da cuenta el senador Heber. Ingresó en el mes de marzo pero se estaba discutiendo desde febrero, a marzo, a abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, a mediados de setiembre, estamos hablando de seis meses y medio en los cuales parte importante de los sectores del PN reiteradamente –si revisa sus archivos periodísticos seguramente lo va a encontrar– manifestaron que votaban a la doctora Guianze con las dos manos, que no tenían impedimento alguno en votarla, que no les merecía reparos técnicos, profesionales ni éticos. Si lo que el PN y el PC con buen tino pretenden, como el gobierno, es sacar este tema del ámbito de la política partidaria, y si no tenían reparo alguno en nombrar a la doctora Guianze desde el punto de vista técnico, profesional, ni ético, ¿por qué no la votaban? ¿Por qué no la votan?

EC - Lo cierto es que no la votan.

AB - Hace siete meses y medio que este tema está sobre el tapete y hace 15 días se reunió el Honorable Directorio del PN, usted debe conocer cómo fue esa sesión.

EC - Pero lo cierto es que no la votan. Entonces el partido de gobierno, preocupado como supongo que debe estar por que haya un buen ambiente de relacionamiento con los partidos de la oposición, ¿por qué no propone otro nombre?

AB - Si después de seis meses y medio durante los cuales no había objeción alguna e iban a votar a la candidata propuesta pero finalmente no la votaron, ¿qué le asegura al partido de gobierno que cuando proponga otro nombre no se va a volver a montar la misma situación, de oposición por la oposición misma? Porque se trata de un cargo técnico, la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación es absolutamente esencial para el funcionamiento no sólo del Ministerio Público sino para el ejercicio de la función jurisdiccional en el país. Hace seis meses y medio que estamos discutiendo este tema, se nos anunció reiteradamente que se votaba a la doctora Guianze, que no había ningún reparo. ¿Qué le asegura al partido de gobierno que propuesto otro nombre los partidos de la oposición lo van a aceptar?

Otra cosa, veamos los antecedentes, ¿cuánto hace que estamos con una integración absolutamente legal pero en alguna forma ilegítima de los mecanismos de contralor? ¿Cuánto hace que el partido de gobierno no logra que se acepte una integración acorde con la Constitución de los organismos de contralor, nada menos que el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Electoral (Corte Electoral)? Vamos a sincerarnos, si lo que se quiere es trabar el funcionamiento por cualquier vía al partido de gobierno, que se lo diga, que se diga "vamos a hacer una oposición cerril".

No hay indicios de eso en otros ámbitos, en el Parlamento dialogamos todos los días con los senadores de la oposición y hay un ambiente absolutamente cordial. Es más, el PN y el PC han votado muchas de las iniciativas del gobierno. ¿Qué está sucediendo acá? ¿No estaremos siendo nosotros rehenes de disputas a la interna del partido de la oposición?
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Edición: Mauricio Erramuspe