(Emitido a las 7.34)

JOSÉ IRAZÁBAL:
"Todo patrón o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra será responsable solidario de las obligaciones laborales de estos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda, de la prima de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y también de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado (BSE) en relación a esos trabajadores".

Así dice el artículo 1º del llamado proyecto de Ley de Tercerizaciones. Fue aprobado en Cámara de Diputados a fines de diciembre y hoy va a recibir la aprobación definitiva en una sesión extraordinaria en el Senado.

ANDRÉS GIL:
Es un proyecto de ley propuesto por el gobierno y defendido a ultranza por los legisladores oficialistas. Por ejemplo, el diputado de la Vertiente Artiguista Juan José Bentancor dijo que esta ley "evitará la utilización de las modalidades de tercerización de servicios para evadir las obligaciones laborales o previsionales, para rebajar sustantivamente el salario y las condiciones laborales de los trabajadores".

JI - El proyecto ha sido rechazado por el empresariado. Se señala que va a generar un caos en las relaciones laborales y que va a matar a aquellas firmas que brindan servicios tercerizados.

Para repasar estos argumentos vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra. Luego entrevistaremos al senador Víctor Vaillant, uno de los defensores del texto.

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JI - ¿Cuáles son las grandes objeciones que ustedes le hacen a este proyecto que seguramente hoy va a tener la sanción definitiva?

DIEGO BALESTRA:
Este proyecto atenta contra la especialización de las empresas, el modernismo de las empresas y la tendencia generalizada en el mundo es hacia la especialización, por lo tanto eso conlleva directamente a tener tercerizaciones en aquellas actividades que no son el punto de especialización. Esto va absolutamente en contra de eso, primer razonamiento.

Segundo razonamiento: el Estado a través de este mecanismo transfiere la responsabilidad de controlar y fiscalizar al empresario, se saca de encima esa responsabilidad que es estricta del gobierno. No participamos ni estamos de acuerdo en que existan empresas que evadan y que no aporten, estamos absolutamente de acuerdo en que eso se debe terminar, pero el mecanismo que se busca para evitarlo no es bueno, le va a hacer mucho mal al país y a su vez incrementa una vez más el peso del Estado, porque transfiere la responsabilidad de fiscalizar a las empresas. O sea que las empresas que subcontraten y que tengan contratos con otras empresas van a ser las responsables de controlar que esas otras paguen. Eso es tarea del Estado que lisa y llanamente se saca de encima y transfiere a otras empresas, haciendo que estas ejerzan una tarea de fiscalización que no les corresponde.

JI - Usted dice que la empresa que subcontrata va a tener que seguir paso a paso, mes a mes, si la empresa que subcontrato está cumpliendo con cada uno de los aportes.

DB - Exactamente. Los empresarios hablamos del peso Uruguay, del peso país, y esto es una muestra más de ese tipo de cosas, porque la empresa va a tener que tener gente que controle que la otra empresa haga su tarea correctamente, cuando esa es una tarea de los organismos de recaudación y fiscalización del país. Se quiere solucionar un problema provocando otro muchísimo mayor, porque es evidente que las empresas medianas y chicas, que son la gran mayoría del país, no tienen la estructura necesaria para hacer este tipo de control, por lo tanto lisa y llanamente van a empezar a prescindir de este tipo de servicios, lo que va absolutamente en contra del modernismo que se pretende instalar a nivel del empresariado nacional.

AG - Ustedes son conscientes de que se ha estado haciendo un uso desmedido del concepto tercerización en varios sectores, no tenemos por qué repasarlos pero lo cierto es que las condiciones en las que trabajaban muchos empleados en esas empresas tercerizadas eran realmente pobres desde el punto de vista de la cobertura social y el cumplimiento con las obligaciones.

DB - Con respecto a los casos que hayan sucedido –no estoy diciendo que no hayan sucedido o no sucedan–, no es responsabilidad de las empresas controlarlos, existen mecanismos fiscales y a través del Banco de Previsión Social (BPS), del BSE, de los organismos inspectivos del Estado, para efectuar esos controles. No debe ser otra empresa la subsidiaria del pago de la mala praxis de algunas empresas, es a eso que apuntamos, no decimos que eso no suceda, estamos en contra de los mecanismos que se buscan para impedirlo.

JI - El gobierno ha manejado otro componente para impulsar este proyecto. Muchas empresas tienen personal trabajando como si hubieran tercerizado el servicio pero son empleados.

DB - El tema es que las empresas que no cumplen con sus obligaciones deben ser castigadas y sufrir las consecuencias de sus actos. Para eso existe un Estado, existen leyes y existen mecanismos de contralor, el Estado no puede sacarse la responsabilidad de controlar ese tipo de situaciones y transferirlas a la actividad privada. Esto es una transferencia de una responsabilidad del Estado al sector privado, y no es bueno, porque hay buenos y malos en esto, hay gente que trabaja muy bien y gente que trabaja muy mal, no puede ser que sea el sector privado el que haga la tarea de fiscal en ese tipo de cosas.

AG - Obliga a las empresas que tercerizan servicios a ver con qué tipo de empresas están tercerizando. De hecho el artículo 2º del texto que fue aprobado por Diputados dice: "Los deudores solidarios de obligaciones laborales pueden establecer por contrato la forma en que las obligaciones asumidas se dividen entre ellos, así como exigirse las garantías que estimen convenientes. Dichos pactos o contratos no son oponibles a los acreedores, quienes podrán demandar indistintamente a cualquiera de los codeudores solidarios por el total de las obligaciones referidas en el artículo 1º de la ley".

Se establece una especie de vínculo más firme entre quien terceriza y quien da el servicio tercerizado, se exige que las empresas asuman la responsabilidad de no tirar el fardo de las obligaciones previsionales y de los aportes a una empresa fantasma o inexistente. Desde ese punto de vista parece una medida sana.

DB - Ese es su punto de vista, no el nuestro. Es más, el sector construcción, que es el mayoritario en la subcontratación, queda fuera de esto.

AG - El artículo 7º establece: "Las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción continuarán rigiéndose por la normativa específica de la actividad".

DB - Es una manera elegante de decir que queda fuera de este nuevo sistema. El proyecto es tan malo que no logra que el sector que más subcontrata ingrese, porque si lo hace implota, no puede trabajar más. Son visiones, nosotros tenemos una visión, el gobierno tiene una visión y, por lo visto, usted también tiene una visión.

AG - ¿Por qué cree que esto se aprueba así, un 10 de enero, en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores?

DB - No tengo la más mínima idea, habría que preguntarle al sector del gobierno por qué lo hace de esa manera. Estuvimos hasta ayer intentando que se prorrogara porque entendemos que salió del sector donde estaba, que era la instancia tripartita de negociación, en la que no hubo acuerdo. Se le dio trámite a través del Parlamento, están en su derecho a hacerlo, el Parlamento tiene las potestades necesarias para generar esto, pero esto estaba a nivel del tripartidismo, estaban negociando los tres sectores, no se había llegado a ningún tipo de acuerdo y se llegó a este mecanismo, que es unilateral. Veremos qué sucede. Para nosotros es un mal proyecto de ley, no va a solucionar los problemas que se trata de solucionar, el país con esto no va a avanzar, va a retroceder, va en contra de la especialización. Hay empresas que no hacen las cosas correctamente pero no es este el mecanismo para solucionar el problema, hay que solucionarlo pero no por esta vía, esto no es bueno.

JI - ¿Esta situación afecta la relación de ustedes con el gobierno? Las cámaras cerraron el año muy bien, con la visita del propio presidente Tabaré Vázquez a la sede, con una serie de actividades conjuntas. ¿Cómo analiza la relación entre los empresarios y el gobierno?

DB - Este tipo de cosas no empeora la relación, tener dos visiones no es estar peleados ni llevarse mal, simplemente son dos visiones.

JI - Usted decía recién que esto se estaba negociando en el ámbito tripartito y fue sacado de allí.

DB - Sí, se estaba negociando en ese ámbito y el Parlamento tomó cartas en el asunto. No es que se haya sacado del ámbito tripartito, simplemente el Parlamento tomó una decisión de legislar sobre el tema, y está en todo su derecho a hacerlo, es su función. Pero no hay acuerdo, no hay consenso en la manera de encarar este punto. Ahí están las diferencias, el gobierno plantea una cosa y nosotros planteamos otra, son visiones diferentes de cómo solucionar un problema que vemos todos. El problema existe, si no, no existiría esta discusión o estas visiones diferentes.

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Edición: Mauricio Erramuspe