(Emitido a las 8.50)

JOSÉ IRAZÁBAL:
La crisis generada en torno al tema de los casinos municipales durante la última administración de Mariano Arana al frente de la Intendencia de Montevideo se complica cada día más.

En ese sentido, en las últimas horas se han escuchado voces muy críticas.

ANDRÉS GIL:
Algunas de ellas desde la propia interna del Frente Amplio. Otras desde la oposición. Está claro que hay un enfrentamiento político a varias bandas, que va a ir corriendo en la Comisión Investigadora de la Junta Departamental, en la interna de la comuna donde se realiza una auditoría y también promete trascender la esfera municipal y seguramente llegue al Parlamento.

JI - Incluso ha trascendido que la fuerza que ha alcanzado este tema preocupa mucho al presidente Tabaré Vázquez. Pero hoy es un día clave en otro frente.

AG - Al margen de los choques políticos y las investigaciones administrativas, el tema llega hoy a la Justicia Penal, de la mano de la denuncia que presentará el edil del Foro Batllista, César García.

JI - Los antecedentes del caso, que serán entregados hoy a la jueza Fanny Canessa, incluyen varios señalamientos a los responsables de casinos durante la última administración municipal 2000-2005. Se señalan mala gestión, contratos firmados con empresas cuyos directores eran parientes de altos funcionarios de los casinos, además de pérdidas millonarias.

AG - Para conocer detalles de estas denuncias y por qué se las lleva a la órbita de la Justicia Penal, el diálogo va a ser con el edil del Foro Batllista César García Acosta.

***

Edil García, para empezar vale la pena repasar cómo llegó este caso a la Junta Departamental de Montevideo. ¿Cuál fue el punto de partida de la investigación en torno al tema de los casinos municipales?

CÉSAR GARCÍA:
Tiene dos partes que son fundamentales. Una tiene que ver con todo el contrato del Hotel Carrasco, la concesión del Hotel Carrasco, que incluía dentro de su pliego de condiciones determinados beneficios a la empresa concesionaria de los casinos municipales. Digo que es una parte fundamental porque en el propio pliego de condiciones, que rigió en el año 2000 e incluso antes, dice que la rentabilidad que se obtuviera por parte de los casinos estaba estrechamente ligada a las ecuaciones económicas de las empresas que tenían que licitar y posteriormente fueron contratadas para el refaccionamiento integral del Hotel Carrasco.

La segunda vertiente tiene que ver con debates en la propia Junta Departamental, en las instancias de Presupuesto, durante todo el período anterior de gobierno. Le puedo asegurar que no se terminaba nunca de debatir y de discutir los temas de los casinos municipales y sus pérdidas. El vocero fundamental había sido, por parte del municipio, el director Alberto Roselli. Era el director en ese momento del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia.

AG – Usted dice que se venía discutiendo sobre el tema de las pérdidas durante todo el período y finalmente se presenta esta denuncia, realizada por el edil nacionalista Álvaro Viviano. En esa denuncia, repasando lo que fueron los antecedentes de todo el período, se señala que hay pérdidas acumuladas del orden de los 13 millones de dólares.

CG – Durante este período trabajaron muy activamente el edil Viviano, del Partido Nacional, la edila Cristina Ferro, que promovió junto con Viviano prácticamente todas las acciones de investigación y de análisis y debate sobre este tema en la Junta Departamental. Algunos de los episodios más claros, más concretos, fueron los llamados a sala por parte de esos ediles al intendente Erhlich, donde justamente se comprometió una instancia como la que actualmente se está llevando adelante en la intendencia. Se comprometió a una auditoría interna que echara luces sobre los más de 13 millones de dólares de déficit real de la gestión de los casinos. No quiere decir que esa sea la única pérdida que tuvo todo este proceso.

JI – Usted repasaba los dos enfoques que usted hace de cómo surge el foco, de cómo se puso la lupa en el tema casinos municipales en el ámbito de la Junta. Ahora entramos en otro terreno, en el de la denuncia ante la Justicia Penal. Vayamos al documento que va a presentar hoy usted. Usted ha anunciado que tiene nuevos elementos para poner sobre la mesa. ¿Cuáles son?

CG – Nosotros funcionamos en un ámbito acotado dentro de la Junta Departamental. Como ediles tenemos dos obligaciones: las obligaciones que tenemos adentro de la Junta Departamental como legisladores y en nuestra función de contralor y la que tenemos como funcionarios públicos. Los ediles somos funcionarios públicos no retribuidos. El Código Penal establece en el artículo 175 nuestra condición de funcionarios y la obligatoriedad que tenemos, que la marca el artículo 177, de que cuando estamos en conocimiento de hechos de apariencia delictiva, tenemos inevitablemente que someterlos a consideración de la Justicia Penal.

Esa es la condición que nos obliga, no es una situación caprichosa ni esto se trata de politizar la labor de la Justicia.

JI – Vayamos si le parece a la denuncia en concreto. ¿Qué es lo que usted va a presentar?

CG – Dos cosas. Estamos presentando la publicación del semanario Brecha. Allí aparece un entramado de sociedades anónimas dentro de la que están Macale S.A., Libretol S.A., Timelur y Folway. Estas tienen directores, directorios, domicilios y teléfonos que coinciden unos con otros. A su vez, las personas que fueron designadas en muchas de estas oportunidades como directores, están vinculadas estrechamente por relación de parentesco con funcionarios del ámbito de los casinos municipales.

JI – La vinculación que aparece allí, según la publicación de Brecha, es básicamente de dos asesores de Bengoa, quien era director de Casinos Municipales en este período del cual estamos hablando.

CG – No únicamente de los únicos dos asesores. Había también una relación de conocimiento que se van dando, que si usted hace un análisis fino del tema y mira las fechas en que los directorios de las sociedades anónimas cambiaron y mira la fecha en que la Intendencia de Montevideo -por ejemplo a través de la resolución 5.411 del año 2003- contrata a estas empresas, se da cuenta que las empresas o fueron constituidas o adquiridas prácticamente en la misma fecha en que fueron contratadas. Ese es un primer elemento.

Estos elementos que aparecen en Brecha, elementos que se obtienen desde el punto de vista periodístico y que hay que darle ese rigor que tienen, rigor periodístico, hay que corresponderlo con documentos. Veamos cómo podemos los ediles de la Junta Departamental, los periodistas o quién fuera, obtener un documento que ampare estas denuncias. Ninguno de nosotros podemos hacerlo, el único que lo puede hacer es la Justicia.

Los cambios de los directorios de las sociedades anónimas se hacen en esta fecha de la que estamos hablando, directamente por parte de la Dirección General Impositiva. Allí pesa la reserva o el secreto tributario, por lo cual ir y obtener la información en un mostrador periodísticamente quizá pueda ser posible pero formalmente es imposible.

Entonces, nosotros tenemos que buscar el respaldo judicial para poder obtener esta información, corroborarla, constatarla y ver si la Justicia verdaderamente entiende que esto no se corresponde con las normas de conducta de la función pública. Porque hay normas de conducta que fueron establecidas por el decreto 30 en el año 2003, de la Presidencia de la República, que están plenamente vigentes al día de hoy. Ese es un análisis primero que tiene que abordar la Justicia.

La Justicia podría haberlo hecho directamente, no tenía que haber esperado que lo presentáramos nosotros ni mucho menos. Pero como no hemos tomado conocimiento de que se haya actuado de oficio en este caso, nosotros en conocimiento de los hechos irregulares lo estamos presentando.

AG – ¿Usted va a presentar algo de documentación?

CG – La documentación que vamos a presentar se vincula directamente con la auditoría del Tribunal de Cuentas de la República, que no ha tenido prácticamente uso ni tratamiento.

JI – ¿De cuándo es eso?

CG – Del 25 de octubre del 2006 y es vinculante con este caso en concreto. Ahora le voy a señalar varios de los aspectos de este dictamen del Tribunal que reafirman denuncias que se hicieron en la Junta Departamental y algunas que hace Brecha. Por ejemplo, surge que la gente que adjudicó por parte del municipio una serie de contratos o pagos a empresas de slots o de tragamonedas, no estaban envestidas de las facultades que necesitaban para adjudicar.

AG – Siempre hablamos de arrendamientos, es bueno aclararlo. No de su explotación.

CG – Arrendamiento o compra. Esa es la modalidad que el municipio tiene para proveerse de los slots.

AG – Es una modalidad nueva, incorporada en esta gestión 2000-2005.

CG – Sí. Anteriormente las máquinas las compraba el municipio, eran municipales. En este período pasa al sistema de arrendamiento. Por ejemplo las máquinas de Carmitel S.A. -que era la concesionaria del Hotel Carrasco- fueron contratadas directamente sin licitación ni concurso a la empresa Carmitel. Ahí le voy a dar un elemento más nuevo que estamos aportando al día de hoy. La resolución 1008 del año 2002 establece claramente que, por iniciativa del servicio de casinos municipales, se procede a la contratación de Carmitel S.A. en forma directa como arrendador de productos de slots, fuera de toda licitación y concurso. Se entendió que como Carmitel S.A. era quien tenía el Hotel Carrasco en sus manos para llevarlo adelante y terminar las obras, era la empresa que estaría más interesada en mejorar el servicio del casino para que si el casino ganaba el hotel también ganara.

JI – ¿Cómo funcionaba el negocio en sí en cuanto a repartir las ganancias? En este caso, a Carmitel se le arriendan esas máquinas. ¿Con cuánto se quedaba la Intendencia y con qué porcentaje se quedaba la propia empresa?

CG – Aparecen cláusulas específicas en la contratación en donde se pone, por ejemplo, que a partir del mes en que comienza el funcionamiento efectivo de las máquinas tragamonedas de azar, "el precio del arrendamiento será 40% de la utilidad neta que produzca cada máquina, entendiéndose por utilidad neta los ingresos brutos, fichas, billetes y monedas menos los premios que obtengan los jugadores. El porcentaje detallado no incluye el Impuesto al Valor Agregado". Esa es la respuesta concreta a su pregunta.

Lo que sucede es que el Tribunal de Cuentas después hace un examen de todo. Los ediles de la minoría pedimos esa auditoría en la Junta Departamental. La pedimos con 11 votos porque no estuvo de acuerdo en llevarla adelante el Frente Amplio. Las conclusiones de la auditoría arrojan a todas luces el hecho de que se abonaron por concepto de mantenimiento de slots, montos superiores a los que hubiera correspondido de acuerdo con las existencias totales en casinos referidas a máquinas de azar. Como consecuencia del pago de facturas básicas por valores superiores, se abonaron haciendo ajustes paramétricos e intereses por mora en demasía.

El Tribunal detectó todas estas irregularidades y que yo haya tenido conocimiento la Junta Departamental no pasó esto a la Justicia Penal. Ningún edil en particular, que están obligados para hacerlo como funcionarios públicos, tampoco lo pasó.

***

AG – García, usted va a ser hoy la presentación dentro de un rato nada más.

CG – Sí, seguramente una vez que terminemos de charlar vamos a arrimar toda esta información al Juzgado.

AG – Usted señalaba en el tramo anterior de la entrevista la existencia de esas sociedades anónimas que arrendaban sus máquinas de slots a la Intendencia y que presentan coincidencias de direcciones, de números telefónicos, de empleados y hasta de directivos. En algunos casos existen vínculo personal y familiar de muchos de ellos con algunos de los responsables directos de la gestión de las salas de juego. ¿Cuál es el tema? ¿Que además de existir esos vínculos familiares, estas empresas tuvieron ganancias a costa de pérdidas que sufrieron los casinos o el hecho de que se hayan hecho por concesión directa? ¿Por dónde viene puntualmente la denuncia?

CG – Viene por varios lados. Primero le señalo que el propio contador Enrique Cabrera, el director de Recursos Financieros, en una de las sesiones de Presupuesto en la Junta Departamental, dio a conocer que el Radisson Victoria Plaza incrementó en forma global sus transferencias a la Intendencia -que es un impuesto que paga a los casinos municipales por sus ganancias-, en un 21%. Mientras, el resto de los casinos municipales marcaron pérdida.

Entonces, ahí hay un primer elemento objetivo que uno tiene que tener en cuenta. Se debe pensar si la crisis económica por la que atravesó el país en el año 2001, 2002 afectó solo al sector público y no al privado, y si lo que tenían que aportar las dos salas de Maroñas y el casino del Radisson en sus recaudaciones eran las recaudaciones reales.

AG – ¿Usted dice que esas irregularidades explicarían buena parte de esos 13 o 14 millones de dólares de pérdida que dieron en el período 2000-2005?

CG – En lo estrictamente personal yo no tengo ambages en señalar esto.  Políticamente sostengo que ha habido una política municipal de desestabilizar la acción de los casinos municipales. Los casinos municipales nunca tuvieron un proceso tan escabroso y de tanta pérdida como se dio durante todo este período. Si eso no tiene que ver con la crisis financiera, no tiene que ver con el desarrollo de los acontecimientos por los que atravesó el país, tiene que ver con acciones políticas que se hayan llevado adelante. Entonces resulta absolutamente claro que la política que se llevó adelante fue desarticular los casinos.

Esto se nota por dos vías. Una, como trataba de señalarle hace un rato, la relación entre Carmitel y el Hotel Carrasco porque el Hotel Carrasco y el Casino Carrasco eran esenciales en la recaudación. Entonces, si hoy usted tiene un casino que es una tapera en donde usted tiene cuestionamientos permanentes arriba de la mesa sobre la actividad del concesionario y del propio casino, la gente dispara a esa situación, se va para otro lado, tiene muy cerca Montevideo Shopping y muy cerca el casino Geant en condiciones de competencia absolutamente distintas a las que está ofreciendo el casino Carrasco y ciertamente la gente se fue del casino Carrasco y empezó a apostar en otros lugares.

Eso derivó también en que el Parque Hotel sufriera pérdidas significativas. Las máquinas propias municipales, aquellas en donde la rentabilidad es toda para el municipio, están instaladas tanto en el Parque Hotel como en el casino Carrasco en el último lugar al que tiene que acceder un apostador, no están colocadas en lugares preferentes respecto de las demás máquinas que están en la sala.

AG – Todos estos elementos en materia política...

CG – Estos son elementos políticos de cómo se llevó adelante la gestión. Ahora la política, el desarrollo que usted lleva delante de la gestión pública porque asumamos que no estamos hablando de empresarios privados, los directores municipales son funcionarios públicos, tienen que tener primero la diligencia de todo buen padre de familia como lo marca el Código Civil. Y la primera pregunta que uno se hace es: ¿la tuvieron? ¿Actuaron como un buen padre de familia respecto a los bienes de todos los montevideanos? Yo creo que no.

JI – García, ¿quién organiza un negocio para perder?

CG – Acá pueden venir varias cosas. Cuando asume el Frente Amplio el gobierno nacional, una de las primeras medidas y decisiones que lleva adelante el contador Astori es un vínculo que tiene con el intendente de Canelones, el doctor Carámbula, con quien pacta la privatización del escenario hípico de Las Piedras. Para favorecer un poco más el incentivo que la empresa adjudicataria pudiera tener sobre la pista de carrera de caballos, le ofrecen también un casino en Montevideo. Allí se dispara nuevamente la discusión en la Junta Departamental y en la propia Intendencia en donde es el propio intendente Ehrlich el que levanta su voz y dice: "esto nos va a perjudicar". Y todos coincidimos. Yo tuve reuniones privadas en donde estuvimos con el intendente y le decíamos que esto iba a perjudicar todavía más a los casinos municipales. Además de tener que aguantar que para que Maroñas funcione tengamos dos salas en Montevideo que compiten con las municipales, ahora tenemos Canelones con una sala más en Montevideo.

JI – Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del 2000 al 2005, usted decía que creía que había una política expresa para que funcionaran mal los casinos. Yo le preguntaba: ¿por qué?

CG – La política expresa está dada con el mantenimiento que hubo de relación con la empresa Carmitel. Por eso lo de Carmitel es tan importante en todo este manejo. La concesión a la empresa Carmitel, el haber tenido que bancar literalmente a la empresa Carmitel desfinanciada y fundida durante todo este período de tiempo, es lo que desestabilizó los casinos municipales.

AG – En las pocas entrevistas que ha dado a la prensa en los últimos días, el contador Bengoa aseguró que en realidad el problema de los casinos municipales -por el cual se generó esta pérdida alrededor de 14 millones de dólares entre 2000-2005- no tiene que ver con esos contratos que usted señala sino básicamente con dos situaciones. En primer lugar la estructura de costos del negocio y en segundo lugar la pérdida del monopolio de la sala de juegos que usted señalaba.

Concretamente en declaraciones a Radio Sarandí, Bengoa explicó que en cuanto a la estructura de costos, cuando llegó a la Dirección de Casinos se encontró que había 600 funcionarios para dos salas, lo cual él estimó era superabundante. Y agregó que esos funcionarios tenían una serie de beneficios que excedían largamente los que tienen los funcionarios de los casinos del Estado, por citar alguna comparación. Luego explicó que se intentó terminar con esas prebendas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la época pero que no se logró el apoyo del gobierno central.

¿Qué responde usted a este argumento? Aparentemente Bengoa se escuda detrás de problemas estructurales que traían los casinos y que él explica son la causa de esas pérdidas. ¿Qué responde usted a ese argumento?

CG – Bengoa sostuvo declaraciones contradictorias durante todo este período. También le voy a leer una textual que la dijo en la Junta Departamental. Señaló que "la causa de la caída de los ingresos y la baja gestión de los casinos municipales estuvo marcada por la incidencia del azar en los juegos". Concretamente lo que dijo era que la gente ganaba mucho en los casinos municipales y poco en los casinos privados, y que el tema de la ecuación de la ganancia estaba ahí. Si tenían mucho personal, ellos tenían que revertir la posición de mucho personal que tenían y modificarla. Pero ese gabinete municipal, el que integraba Bengoa, es el mismo gabinete municipal que decidió un día, en otro ámbito, no pagarle un convenio salarial que tenía con los empleados y ahora terminamos pagando millones y millones de dólares todos los montevideanos porque perdimos un juicio de una mala gestión.

Acá hay un tema de gestión, yo estoy de acuerdo. ¿Pero quién podía revertir ese tema de gestión? El que estaba al frente de los casinos. Si la empresa era redituable o no redituable... Pudieron hacer todo lo que quisieron. Por ejemplo, cerraron el Hotel Carrasco. Cuando era un hotel, lo cerraron. Le fijaron al hotel Carrasco en vez de cuatro turnos de ocho horas, tres turnos. Cuando se dieron cuenta que le sobraba personal, empezaron a sacar personal del hotel. Podían haber hecho lo mismo en los casinos.

AG – Bengoa dice que durante su gestión solicitó a la Junta que se terminara con algunas partidas excesivas que debían entregar los casinos a la administración y algunos beneficios que tenían los empleados con un costo anual de un millón de dólares. Sin embargo, dice Bengoa, no logró el apoyo de la Junta.

CG – Eso es interesantísimo. Bengoa dice que no logró el apoyo de la Junta. Yo diría que no logró el apoyo del Frente Amplio, no de la Junta. Ese planteo que usted me hace Bengoa nunca lo hizo a la Junta Departamental, lo hizo a la bancada del Frente Amplio.

AG – Está bien, esas son consideraciones en el plano político. Usted está responsabilizando a la administración del Frente Amplio en la Intendencia. Yo voy más por el lado de la denuncia que usted va a presentar ante la Justicia porque uno de los señalados es justamente el contador Bengoa. Bengoa da algunas explicaciones a propósito de las cuales...

CG – Él da las explicaciones de por qué llegamos a un déficit de 13, 14 millones de dólares. Yo lo que señalo es que esos 13, 14 millones de dólares son un dato objetivo de la realidad. Se perdieron y el director era Bengoa.

Ese hecho es incontrastable. Hay una gestión que está mal llevada adelante. Si se pierde tanto dinero durante tanto tiempo y se le entrega a una empresa privada como Carmitel de forma directa slots en los casinos municipales, cuando le rescinden el contrato a Carmitel por incumplimiento, ¿por qué no le rescindieron los contratos de los slots? Se los dejaron hasta el día de hoy. Explíqueme: ¿esa no es una cuestión de gestión? Y es un hecho además de gestión grave.

JI – Bengoa aseguró también, dentro de los argumentos que ha manejado, que otro de los cimbronazos que sintieron los casinos municipales fue a partir de la instalación que se le permitió a algunos hoteles y luego a Maroñas Entreteinment de sus propias salas. El jerarca aseguró incluso que cuando se tomó esa decisión se podría haber discutido si era conveniente que la Intendencia siguiera al frente de dos casinos, ya que la posibilidad de que el negocio pasar a ser deficitario era muy alta. Entonces, en su opinión, ¿la Intendencia debería seguir manteniendo un servicio de casinos bajo su órbita?

CG – Yo creo que en este momento nosotros tenemos el siguiente problema con los casinos municipales. Desde la bancada del Foro Batllista se lo hemos planteado al intendente y es la misma bancada del Foro Batllista que presentó la denuncia penal el año pasado, la presentamos tres ediles: la edila Cristina Ferro, el edil Fachelo y yo. Esto lo hicimos en conjunto. El Foro lo analizó y lo discutió.

El tema del Hotel Carrasco no puede tratarse disociadamente de los casinos municipales porque si no, no hay Hotel Carrasco. Entonces, la administración municipal no solamente tiene una actividad comercial específica, puntual y rentable en los casinos, sino que además tiene un hotel. A ese edificio le tiene que dar un destino inevitablemente porque hoy es una tapera que está perjudicando Carrasco entero. Está perjudicando a la rambla de la ciudad y todo un entorno.

Así fracasaron los emprendimientos privados que se llevaron adelante, pueden haber muchos argumentos por los cuales fracasaron, pero fracasaron. Entonces, nosotros entendemos que lo que hay que hacer hoy, si hay que hacer algo, es en conjunto y con un criterio único. ¿Cómo hacemos para rescatar el Hotel Carrasco y el casino? Al casino no es difícil entrar en una discusión de cómo contratarlo, yo no creo en las posiciones como hablaba Rubio hoy privaticémoslo y ya está, con eso solucionamos todo. Yo me quedo a su vez con el resto del personal municipal haciendo qué cosas... Yo tengo un personal municipal, la administración tiene la obligación de cuidar ese personal pero además tiene la obligación también de mantener esta actividad comercial que le fue rentable históricamente al municipio de Montevideo y le podría ser rentable o podría empatar comercialmente con la actividad privada.

***

JI – ¿Básicamente ustedes a qué apuntan cuando presentan este material ante la justicia penal?

CG – A los jerarcas que estuvieron al frente en las reparticiones. Usted me preguntaba recién algo muy concreto y específico que era en qué nos amparamos para decir que hubo una mala gestión. Mire lo que dice el Tribunal de Cuentas: "se abonaron por concepto de mantenimiento de slots montos superiores a los que hubiera correspondido de acuerdo con la existencia total de los casinos en las referidas máquinas de azar". O sea, se pagaron conceptos de mantenimiento por más máquinas de las que había. Como consecuencia de pago de facturas básicas por valores superiores se abonaron  asimismo ajustes paramétricos e intereses por mora en demasía. Ese es un punto.

Segundo punto: "la constatación de la existencia del pago de dos facturas por mayores importes que los adeudados y de imputaciones a grupos y objetos que no corresponden, evidencia carencia de controles".

"La comuna firmó contratos en forma directa con empresas proveedoras de slots por las cuales se adjudica a las mismas, como pago por concepto de arrendamiento, un porcentaje de utilidades netas muy superior al que surge de la media de las licitaciones".

"La forma en que la división Casinos ha manejado los fondos permanentes y las cajas chicas determina que en el momento de la rendición de cuentas de cada uno de estos gastos se hayan incluido contrataciones cuyos conceptos se apartan de la normativa vigente relativa a la forma de contratar esa partida".

Esto es un tema de gestión.

JI – ¿Esos son delitos penales? Usted me habla de gestión...

CG – ¿Y el abuso de funciones qué es? El abuso de funciones es cuando un funcionario hace cosas que van más allá de su propia competencia.

El Tribunal de Cuentas señala con claridad meridiana que no se sabe quién adjudicó ni quién contrató los diversos slots. Las contrataciones directas que se hicieron, se hicieron por parte de funcionarios que no tenían investidura jurídica para hacerlo. Eso es abuso de funciones.

JI – Pero en ese caso estarían comprometidos esos funcionarios, no los jerarcas.

CG – No, no, yo cuando hablo de los funcionarios estoy hablando del director de Casinos. Se lo acabo de decir recién. Acá el Tribunal de Cuentas dice con claridad meridiana: la División Casinos. El titular de la División Casinos es el contador Bengoa.

Si no vamos a tratar en este juego que plantea por ejemplo el ministro Mujica últimamente en donde la culpa de todo la tienen los de abajo, nunca la tienen los de arriba. Los de arriba son los que fijan las políticas, los que las llevan adelante y las ejecutan. Si todo esto ocurrió en los casinos municipales, ésta es la razón del déficit de los 13 millones de dólares, se pagaron contratos de más, se pagaron fórmulas paramétricas demás, se abonaron contratos que no existían, por máquinas que no existían. Ahí hay muchos delitos no solamente abuso de funciones. Eo lo tendrá que desentrañar quien es competente para hacerlo que es el juez.

AG – Además usted dice que se pagó a empresas cuyos titulares son familiares directos.

CG – Si algo faltaba a todo este proceso y marco de irregularidades, Brecha puso la frutilla de la torta y vinculó gente. Sólo Brecha tenía la información y el modo de cómo confirmarlo.

¿Por qué ir ya a la justicia penal y no esperar una comisión investigadora? Mire que la Junta Departamental en su comisión investigadora tiene elementos parecidos a estos que fueron presentados hace más de 15 o 20 días por el edil Ripoll del Partido Nacional. Sin embargo mientras la comisión investigadora se expida y consiga elementos probatorios que confirmen esto, va a pasar mucho tiempo, la gente sigue perdiendo credibilidad en el sistema político porque cuando ve estas cosas pierde credibilidad del sistema, háblese del partido que se hable.

Entonces lo que tenemos que hacer es someternos. Nuestra condición de funcionarios públicos tiene un límite, cuando traspasó ese límite le corresponde a otro entrar, eso no es politizar la justicia eso es apelar a la justicia para que actúe en su ámbito de estricta competencia.

AG – ¿Concretamente quiénes entiende usted serían los responsables?

CG – El contador Bengoa tuvo responsabilidades, el señor Orestes González tuvo responsabilidades. Usted leyó la nota de Brecha como la leí yo y hay familiares directos del señor Orestes González que están vinculados a todo este tema. Hoy son los mismos que manejan los casinos, hoy son los mismos que estudiaron las posibilidades para que haya un casino más en Montevideo que tuvimos que frenar y detener porque sino la caída hubiese sido mucho más grande.

AG – Recordemos que Orestes Luis González Braida es actual jerarca de Loterías y Quinielas.

CG – Exactamente.

XX –¿Puede haber responsabilidad de gente más arriba en la Intendencia?

CG – Mire el intendente Arana tiene responsabilidad. Acá se ha hablado mucho de que el intendente Arana está más allá del bien y del mal. Pero, por ejemplo, en el caso de Carmitel con la Intendencia de Montevideo, donde se mantiene el contrato de slots y se le rescinde el contrato, quien le permite a Carmitel S.A. tener posibilidades para negociar esos slots y quedárselos, fue el propio ex intendente Pérez Piera cuando unos días antes de irse del municipio le extendió el contrato hasta el año 2007.

Ahí hay una decisión tomada que Ehrlich ni siquiera la conocía. Sin embargo, la tomó cuatro o cinco días antes de irse del municipio. ¿Por qué no dejarla para que la tomara el intendente que viene? No, la asumió él y la tomó. Tomándola, dejó al municipio embretado en quedarse con los slots de Carmitel y con Carmitel... Esto es increíble, realmente increíble.

Además se van dando una serie de sucesión de hechos en donde no se toman decisiones para el ámbito de competencia que tiene que tener una estructura comercial como casinos. Ahí sí interviene la Dirección de los Casinos y sus asesores. Nos ofrecen un plan de negocios... Rosselli no menos de cinco o seis veces le dijo a la Junta Departamental que él iba a traer un plan de negocio para rescatar a los casinos. Se fue de la intendencia y no lo trajo. Rosselli es absolutamente responsable de este tema porque le permitió a la empresa Carmitel un mantenimiento en el transcurso de todos estos años. Y hay actuaciones administrativas que lo prueban.

JI – Usted manejó una frase que es: "Todo se hizo para fundir a los casinos municipales, la Intendencia le rescindió el contrato a Carmitel y le dejó de regalo la instalación de 150 máquinas".

CG – Exacto. Eso lo digo yo. Me hago cargo de lo que digo porque estoy absolutamente convencido. Yo cuando voy al Juzgado y le presentó al juez determinados hechos, le presento hechos objetivos. Después el juez y el fiscal entenderán si acá hay delito o no, pero desde el punto de vista político asumo la plena responsabilidad de lo que digo y lo pruebo.

JI – Queda planteada la misma pregunta que le hacía hace un rato. ¿Cuál es el sentido que tendría la administración municipal de fundir sus propios casino?

CG – Primero, el Frente Amplio ha tenido una actitud durante toda su historia de criticar lo que es la gestión privada. Si nosotros nos retrotraemos años atrás, no imaginaríamos un Frente Amplio firmando una concesión de Pluna como la que firmó o un Frente Amplio, como Rubio hoy plantea, de la privatización lisa y llana de los casinos municipales, sin embargo lo están haciendo. Han tenido un cambio un giro rotundo en su actitud.

Lo que ha sucedido acá es que además de la negligencia, ha habido incompetencia. Cualquiera de las dos cosas están penadas y ameritan en su esencia abusos en la gestión y acá hubo abusos. Fíjese que el Tribunal de Cuentas en su auditoría señala que el intendente reiteradamente ha tenido que convalidar decisiones que se adoptaron con anterioridad, por jerarcas que no tenían la investidura jurídica para adoptar esas decisiones. Ahí estamos hablando de pagos, de contratos y, como bien me ha marcado usted hoy, nadie quiere perder. Nadie quiere perder pero todo lo que ha hecho la gestión municipal ha sido para perder.

JI – Asamblea Uruguay ha planteado la idea de hacer una investigación externa, un nuevo chequeo, una auditoría externa. ¿Usted está de acuerdo con eso?

CG – Como no voy a estar de acuerdo si fui uno de los que lo planteó a Ehrlich cuando él planteó hacer una auditoría interna. El día de la interpelación en la Junta Departamental está en las actas, Ehrlich hace el planteo de que le va a encargar al auditor del municipio este informe. Yo le que le señalé que el auditor no es una auditoría, el auditor es el nombre que usted le pone, sería mejor hacer una auditoría externa. El Frente Amplio en masa dijo que no, que ellos confiaban en sus funcionarios municipales e impidieron la auditoría interna del municipio.

AG – ¿Que ya se hizo?

CG – Que ya se hizo y es esta que arrojó a luces que hay irregularidades. Por eso ahora Asamblea Uruguay viene y pide lo que nosotros ya habíamos pedido hace dos años atrás. Está bien que hagan la auditoría que quieran pero mientras tanto, todo este proceso va a la Justicia, con el informe del órgano de contralor que es el único acreditado para hacer lo que hizo el Tribunal de Cuentas de la República y ahí irán a declarar.

JI – ¿Es de rigor, es práctica habitual, hacer auditorías externas cuando ya hay un pronunciamiento de Jurídica de la Intendencia que se le paga para eso?

CG – Yo me acuerdo que estando Pérez Piera al frente del departamento Jurídico, muchas veces discutimos que él defendía lo indefendible. Para poner un caso objetivo: la pérdida del juicio con los funcionarios municipales. Yo le señalaba permanentemente que iban a perder un juicio y nos iba a costar millones. Y él me decía que no perderían sino que lo ganarían. Denunciaron el convenio, perdieron el juicio y ahora están pagando el juicio. Ahora el Intendente tiene que postergar obras para poder pagar el juicio a los municipales. O sea que Jurídica de la Intendencia tiene un valor relativo. Lo que pasa que cobra fuerza los valores relativos que pueda tener Jurídica cuando en definitiva está condenando la actitud de funcionarios municipales.
 
Pero puede haber una gestión externa. Nosotros no nos oponemos en lo más mínimo, nos parece bien que las hagan. Pero independientemente de eso hay un Tribunal de Cuentas de la República, al que el Frente Amplio habitualmente cuestiona. Ese Tribunal de Cuentas de la República es el que ya estableció los límites que tenía la Intendencia para actuar y que sobrepasó y allí sí pueden haber delitos.

AG – Usted dice que hay abuso de funciones.

CG – Sin duda. Si un policía en la calle para a una persona y para pedirle el documento de identidad le saca un revólver, eso es abuso de funciones. Si un funcionario municipal que tiene competencia solamente para gastar hasta 20 pesos gasta por dos millones, eso es abuso de funciones. De eso estamos hablando.

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Edición: Mauricio Erramuspe