Miranda: el "nunca más" es al terrorismo de Estado
"María Claudia o Simón Riquelo no participaron en ningún bando". Así rechazó Javier Miranda, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que se incluya a algunos desparecidos en el proyecto de ley que busca resarcir a familiares de los "caídos por la sedición". "Los desaparecidos fueron víctimas del terrorismo de Estado", afirmó, y "con la unificación en un mismo texto normativo de estas situaciones se avala la teoría de los dos demonios".
(Emitido a las 7.38)
EMILIANO COTELO:
Las heridas que la sociedad uruguaya arrastra desde los años sesenta y setenta, y el debate sobre qué es lo que hay que hacer para cerrarlas o curarlas vuelven al escenario político y derivan ahora en un nuevo proceso parlamentario.
Lo consignamos ayer: el Poder Ejecutivo hizo suyo un proyecto de ley que había sido presentado en enero por el diputado colorado Daniel García Pintos. La iniciativa prevé resarcir económicamente "...a los familiares de aquellas personas civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas y del Instituto Policial que perdieron su vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición...", dice en uno de sus pasajes el mensaje enviado al Parlamento.
Por otro lado, el proyecto también dice que "dicha reparación comprenderá además a los familiares legales o naturales de las personas consideradas ausentes por desaparición forzada...", cuyo desaparecimiento fuera confirmado por el informe presentado por la Comisión para la Paz en el año 2003.
El proyecto fue tomado por el Poder Ejecutivo a partir de la presentación del diputado García Pintos porque es un proyecto que prevé un gasto del Tesoro Nacional sin incluir la forma de financiarlo. Para salvar esa cuestión, teniendo en cuenta que en esta materia es el Ejecutivo quien tiene la iniciativa, es que se procesó el asunto de esta manera, que ha dado lugar a alguna forma de sorpresa y desconcierto, esto de que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, Frente Amplio, izquierda, haga suyo completo un texto que había sido presentado por el diputado Daniel García Pintos, de la Lista 15, Partido Colorado.
Se prevé resarcir a las víctimas de los hechos violentos de los años sesenta y setenta con una cifra equivalente a los 150.000 dólares cada uno.
Estamos en diálogo con el doctor Javier Miranda, del grupo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
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Doctor Miranda, ¿cómo ha visto usted este proyecto y la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar rápidamente su aprobación?
JAVIER MIRANDA:
Como ya ha trascendido, incluso en la prensa de hoy, Familiares, que ya había tratado este tema hace tiempo y lo volvió a tratar el lunes pasado en su plenario, está absolutamente en desacuerdo con el proyecto de ley en cuanto este incorpora en su texto a algunas personas detenidas desaparecidas, porque se refiere únicamente a los uruguayos detenidos desaparecidos en el territorio nacional, esto es lo que comprende el Anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. Estamos totalmente en desacuerdo en que se incluya en este proyecto de ley esta indemnización.
EC - Mire qué curioso, ayer cuando entrevistábamos al diputado García Pintos, él explicaba cómo había logrado que su iniciativa, que en realidad era del año 2003, fuera tomada ahora por el gobierno. García Pintos le hizo una modificación, amplió el alcance de su proyecto original.
(Audio)
"DANIEL GARCÍA PINTOS:
Nosotros, que nos quejamos amargamente en los últimos años de que las llamadas organizaciones de defensa de los derechos humanos sólo contemplaban a sus muertos, como que había muertos de primera categoría y muertos de segunda categoría, dijimos: ahora que tenemos la posibilidad de una iniciativa (enero de este año) y a casi dos años de haber asumido el nuevo gobierno, éticamente no podemos hacer lo que nos quejábamos que nos hacían a nosotros. Es decir, discriminar a los muertos según a qué lado pertenecían cuando cayeron. Entonces pusimos a todos los muertos en nuestro proyecto de ley, beneficiando a los familiares de ellos, tanto de los que cayeron luchando contra la sedición como los de los desaparecidos. Juntamos a todos, es un proyecto que tiene un hondísimo contenido ético y también político desde el punto de vista de su realismo."
(Fin.)
EC - ¿Eso que el diputado García Pintos considera un valor de este proyecto es lo que ustedes rechazan?
JM - Entiendo lo que plantea el señor representante García Pintos, puedo comprender la intención que lo anima pero no la comparto en absoluto, porque se vuelve a plantear la teoría de los demonios: "aquí hubo una guerra, hubo caídos de un lado y del otro, unos son caídos de las filas policiales y militares". Incluso el texto se refiere a civiles que "ocasionalmente pasaban por el lugar", y en el otro bando estarían los desaparecidos. Nosotros creemos que eso no es cierto, hemos combatido esa concepción regularmente, los desaparecidos no son producto de una guerra sino producto del terrorismo de Estado. Los policías y militares que perdieron la vida en el combate a la llamada subversión en los años de movimiento armado en Uruguay son funcionarios públicos que sufrieron daños cumpliendo sus funciones, si el Estado pretende repararlos Familiares no tiene nada que decir, no tiene por qué pronunciarse sobre eso.
EC - Porque además no habían tenido una reparación más allá de algún tipo de pensión en algunos de los casos.
JM - En realidad no lo sé, pero no sé por qué Familiares tiene que pronunciarse sobre eso. El Estado decide: "voy a reparar a funcionarios públicos que sufrieron daños en el cumplimiento de su función". Señor Estado, Familiares como organización no tiene nada que decir. Sí tiene que decir que no es la misma la situación de los uruguayos detenidos desaparecidos (que se refiere sólo a algunos) porque fueron víctimas del terrorismo de Estado, no se trata de funcionarios públicos que perdieron la vida en cumplimiento de su función, son víctimas del propio Estado.
EC - Usted conoce cuál es el pensamiento del presidente Tabaré Vázquez, lo recordó en el discurso del 2 de marzo en Plaza Independencia. Allí refrescó lo que él mismo había dicho el 1º de marzo de 2005 (cito textualmente): "El dolor de la pérdida de un padre, de un hermano, de un hijo no tiene atenuantes ni adjetivos. Es dolor y punto. Nunca más enfrentamiento entre uruguayos, nunca más y para todos".
JM - Varias cosas. Puedo entender y leer entre líneas lo que dice el presidente de la República pero no coincido con ese discurso. Coincido en el sentido de que como todo uruguayo no quiero enfrentamiento entre uruguayos, no quiero enfrentamiento entre nadie, la violencia no es un camino de construcción, pero eso no quiere decir que yo tenga que resolver situaciones distintas en un mismo texto normativo.
El problema está en que con la unificación en un mismo texto normativo de estas situaciones se avala la teoría de los dos demonios. En cuanto a lo que dice el presidente de la República, el doctor Vázquez, en esta materia, tampoco estamos de acuerdo en la utilización del nunca más. El nunca más es una expresión que se conquistó por la lucha de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y está recogida como título del informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Argentina, el informe Sábato, del año 84. Es "nunca más terrorismo de Estado".
Estoy de acuerdo en que el presidente de la República y todos los uruguayos, todos los que poblamos este país, digamos que no queremos que en Uruguay haya nunca más violencia y enfrentamiento armado. En eso estoy de acuerdo, lo compartiría, pero no estoy de acuerdo en que se utilice la expresión "nunca más", que tiene una historia, que fue forjada en la lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos y que significa "nunca más terrorismo de Estado", no cambiemos las expresiones. No queremos que se cambien las expresiones porque pierden su sentido histórico. Ahí se está apropiando de una expresión que tiene un origen y se le está dando un significado distinto o, por lo menos, un alcance distinto.
No hay problema, si el Estado entiende que tiene que reparar a sus funcionarios que los repare, lo que no comparte Familiares, lo que condena, en lo que no está de acuerdo de ninguna manera es en que se legisle en la misma norma.
EC - La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sí reclama una reparación patrimonial para las familias de los desaparecidos.
JM - Familiares tuvo una reunión hace más de un año especialmente sobre este tema con el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, se le planteó al doctor Michelini que Familiares entendía que debía procederse a un proyecto de ley de reparación que hacía mucho tiempo que se había propuesto. La reparación es una reparación integral, no es una indemnización económica, Familiares nunca hizo cuestión de una reparación económica.
EC - No ha reclamado una indemnización económica.
JM - No, como organización nunca lo ha hecho. Algunos familiares en particular, con el más absoluto y legítimo derecho, se han presentado a los tribunales y han reclamado por la vía correspondiente una indemnización económica. Familiares no se opone a la indemnización económica, dice que hay que distinguir lo que es la indemnización, la reparación económica, de la reparación integral. La indemnización es una parte de la reparación.
EC - ¿Qué es la reparación integral?
JM - Reparar quiere decir restituir, restañar el daño que se le causó a la persona. ¿Qué daño se le causó al familiar de desaparecido? ¿Qué daño se le causó a Luisa Cuesta? ¿Qué daño se le está causando hoy a Luisa Cuesta? Se le secuestró a su hijo y no se sabe qué pasa, no se sabe dónde está Nelbio Melo. ¿Cómo se repara ese daño que se causó a Luisa? En primer lugar, diciéndole dónde está Nelbio Melo, el primer elemento de reparación en materia de desaparición forzada es la verdad. Luego hay otros, que consideramos igualmente importantes y que no son económicos, como la restitución de la dignidad de las víctimas, que es un tema fundamental. Mañana se cumple un año del entierro de mi padre y del acto en la Universidad de la República, y se vivió a mediados del año pasado también el homenaje a Ubagesner Chávez Sosa. Allí hubo gestos de restitución de la dignidad de las víctimas. Estos gestos son fundamentales, no exclusivamente con este tipo de actos, también con otros actos.
EC - Esa parte de la reparación requiere que se siga trabajando, que siga pasando el tiempo y se pueda eventualmente avanzar más aun en las investigaciones, que ha habido pero no lograron llegar a los detalles de todos los casos.
JM - Exactamente, va a haber que seguir trabajando, va a haber que seguir investigando. Insisto, una forma de reparación es la verdad; además la restitución de la dignidad de las víctimas, se la restituye también con nombres de calles, como hay calles en el Buceo en homenaje a dos desaparecidos, con memoriales, tenemos uno en Montevideo, en el Cerro, que logramos hacer con el esfuerzo de Familiares y de una Comisión Nacional para el Memorial bajo la administración del intendente Arana.
Esas son formas de reparación integral. En ese paquete puede haber una indemnización económica, pero no es la única forma de reparación. Se lo planteamos al subsecretario de Educación y Cultura hace más de un año expresamente, y hoy encontramos un texto de ley de reparación que mete la situación de familiares en un paquete en el que Familiares no está de acuerdo, y el Estado no se ha movido, sobre todo no se ha movido en el sentido de reparación que creemos más dignificante.
EC - ¿Qué van a gestionar ante el Parlamento? ¿Qué van a pedirle al Parlamento que haga con este proyecto de ley?
JM - Le vamos a hacer saber al Parlamento que no tenemos ningún interés en que en el artículo 1º se incluya a los familiares de los detenidos desaparecidos. Esta es una ley de reparación para funcionarios militares y policiales y algunos civiles que sufrieron esos daños. Si usted se fija en el proyecto de ley, al final en el listado no figura una sola persona detenida desaparecida, ninguna. La única mención aparece "colada" respecto de 26 uruguayos detenidos desaparecidos; 26 de los más de 200 que hay. O sea, mientras el Estado se hace cargo de muertos en filas militares y policiales incluso en el exterior, en el caso de los uruguayos desaparecidos sólo de los desaparecidos en el territorio nacional. Eso también nos parece totalmente desacertado.
¿Qué vamos a hacer? Decir que no estamos de acuerdo con este proyecto de ley y que de ninguna manera lo vamos a respaldar, lo vamos a condenar. Queremos que los señores legisladores lo sepan. Insisto, no es porque consideremos que el Estado no debe reparar a los familiares de los funcionarios que sufrieron daños, ese no es un problema de Familiares, no tenemos nada que decir al respecto, pero Familiares no está dispuesto a avalar la teoría de los dos demonios, en una misma bolsa reparar a funcionarios públicos y a desaparecidos porque se trata de dos bandos. Aquí no hubo dos bandos, María Claudia o Simón Riquelo no participaron en ningún bando.
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EC - Según consigna hoy el diario Últimas Noticias, el proyecto remitido al Parlamento "prevé el resarcimiento económico a los familiares de 18 militares, 14 civiles, 34 policías y 26 desaparecidos. La indemnización será de 150.000 dólares por cada persona fallecida o declarada ausente, lo que totaliza unos U$S 13.800.000.
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Edición: Mauricio Erramuspe