(Emitido a las 7.38)

EMILIANO COTELO:
Las ocupaciones de lugares de trabajo han sido todo un tema, han sido noticia frecuente en los últimos tiempos, desde que asumió el gobierno del Frente Amplio, hace dos años.

Sea por los distintos conflictos que han derivado en ocupaciones, sea por las discusiones políticas en torno a cómo manejar esas situaciones desde el momento en que entre las primeras medidas de la administración Vázquez figuró la derogación del decreto que habilitaba al propietario de una empresa ocupada solicitar al Poder Ejecutivo el desalojo de un predio de ese tipo.

La novedad es que parece haber un acuerdo básico entre el Ministerio de Trabajo (MTSS) y la oposición: es necesario legislar sobre esa cuestión. Este consenso básico comenzó a vislumbrarse con mayor nitidez ayer, cuando el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, asistió a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde deliberaron en torno a este asunto a partir de proyectos de ley que han presentado por un lado el ex presidente y senador del Foro Batllista, Julio Sanguinetti, y por otro el senador de Correntada Wilsonista Francisco Gallinal.

Estamos en diálogo con el senador Francisco Gallinal.

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Senador Gallinal, ya habíamos tocado este tema con usted hace unos días cuando hablamos de las ocupaciones ilegales de viviendas en zonas balnearias.
 
FRANCISCO GALLINAL:
Sí, la ocupación de inmuebles en todo el país pero en especial en zonas balnearias, lo que constituye un agravante en la nueva tipicidad o modalidad del delito de usurpación. Habíamos aclarado en aquella oportunidad que el delito no comprendía la ocupación de lugares de trabajo.

EC - En ese momento usted hizo un resumen de cómo se venía trabajando en esta otra materia en la comisión de la cámara alta. ¿Ayer se avanzó en este asunto? ¿Cuál es su impresión?

FG - Primero, la iniciativa respecto de la comparecencia del ministro surgió de la oposición, no fue una iniciativa propia.

EC - Veo en el diario El País este título: "Oposición presiona al gobierno por una ley de ocupaciones". ¿Hay algo de eso?

FG - La oposición considera fundamental (por eso presentamos el proyecto de ley hace más de un año) crear un instrumento de estas características si el país quiere seguir en un proceso de reactivación económica, si quiere seguir creciendo. Hoy nos está haciendo falta más inversión, y para que haya más inversión se necesita un conjunto de garantías en la materia, entre las cuales están un Poder Judicial independiente que actúe en materia laboral y un gobierno que disponga de facultades para eliminar procesos de confrontación de las características de la ocupación. No tengo ninguna duda de que en lo que a la inversión y a las señales en materia laboral refiere, las ocupaciones de estos dos años (algunas de las cuales todavía continúan) complican las posibilidades de nuevas inversiones que necesariamente tendrán que radicarse en el país.

Por eso estamos planteándole al gobierno la necesidad de legislar. El gobierno coincide con nosotros, primero, en la necesidad de que haya una ley, porque hay un vacío legal, existía un decreto que permitía el desalojo a través de la fuerza pública, pero que fue derogado por el Poder Ejecutivo a instancias del ex ministro Díaz, sin el consentimiento o la aprobación explícita del ministro de Trabajo.

EC - Con el correr de los meses se conoció que el ministro Bonomi no estuvo muy de acuerdo con ese paso.

FG - Exacto, a pesar de que no fue una decisión del Ministerio del Interior, fue una decisión del Poder Ejecutivo, que es el único que puede derogar un decreto de estas características.

En la necesidad de legislar y llenar el vacío que existe estamos todos de acuerdo. El ministro expresó que en principio compartiría la filosofía del proyecto que presentamos.

EC - Hay dos proyectos, el suyo y el del doctor Sanguinetti. Por lo que veía, el ministro Bonomi entiende que no hay que apurarse a legislar, quiere dejar que transcurra el trabajo en el ámbito denominado Compromiso Nacional por el Empleo. Bonomi entiende que la ocupación de lugares de trabajo tiene que consensuarse como parte de uno de los capítulos del diálogo que tiene lugar en Compromiso Nacional, el que tiene que ver con prevención de conflictos.

FG - En eso también podemos estar de acuerdo. Yo reivindicaría, además, la acción del Parlamento, la potestad del Parlamento de legislar y hacerlo con consenso social. Por el Parlamento pasan las delegaciones de trabajadores, de empresarios, cualquiera sea el tema pasan los actores directamente involucrados. Ahí tenemos una diferencia en cuanto a los tiempos, mientras para el gobierno no es un problema que urge, no es una necesidad fundamental (y de hecho han pasado ya muchos meses desde que se presentaron las iniciativas y el gobierno tiene el problema planteado arriba de la mesa), nosotros consideramos que ese instrumento debe crearse cuanto antes porque para poder gobernar se precisan herramientas que permitan llevar adelante las decisiones.

EC - El ministro prefiere que el consenso se logre primero en ese ámbito donde están las gremiales de empresarios y los sindicatos. Sobre todo teniendo en cuenta que hubo algún roce con algunos de esos gremios cuando se produjo la aprobación parlamentaria de leyes sobre asuntos que teóricamente tenían que haber sido discutidos en aquella mesa.

FG - Ahí hay una irresponsabilidad del propio gobierno. Esas leyes con respecto a las cuales se plantean hoy discrepancias, por ejemplo la de tercerizaciones, pasaron por el Parlamento como por un tubo, se aprobaron en pleno receso parlamentario cuando nosotros ya veníamos haciendo los cuestionamientos que hoy son fuente de diferencias, tanto por las críticas que se presentan desde el punto de vista de los trabajadores como por las que se presentan desde el punto de vista de los empresarios. Advierto que el ministro no sólo pretende que se siga avanzando en el ámbito de Compromiso Nacional en la búsqueda de una posible solución a esta temática, sino que camina hacia una ley marco mucho más amplia, de convenios colectivos, con respecto a la cual las posibilidades de entendimiento van a ser más complicadas y va a demandar un tiempo mayor. El ministro también admitió ayer que el resultado de esas negociaciones a nivel de Compromiso Nacional muy probablemente no sea el que ellos esperan, que no haya un acuerdo, un entendimiento.

EC - Pero dice "de todos modos queremos intentarlo para que no se nos adjudique la intención de pasar por arriba de este ámbito".

FG - Está bien, pero ya lo han intentado bastante, sin suerte. El Poder Legislativo cuando legisla tiene la responsabilidad, y así lo hemos hecho siempre, de moverse en ámbitos de concertación, de escuchar a las partes y recibir sus opiniones.

Como consecuencia, parecería que lo que para nosotros es un problema serio, importante, que merece una resolución inmediata para que el país pueda seguir creciendo y aumentando los niveles de inversión, y por ende generando más fuentes de trabajo, para el gobierno no es un tema de decisión fundamental e inmediata, prefiere seguir este camino no sólo de negociación, también con la posibilidad de hacer un foro académico con participación de la OIT para seguir incorporando nuevos elementos o nuevas informaciones vinculadas con el Derecho Comparado.

EC - ¿Cómo se va a laudar esta diferencia de criterios? ¿Qué va a pasar con los dos proyectos que están en comisión?

FG - Obviamente, si esa es la posición del gobierno, la posición de la bancada oficialista va a ir por el mismo carril.

EC - Por lo tanto usted deduce que los proyectos no van a salir.

FG - Van a tratar de ganar tiempo. Y nosotros también, ¿por qué no? Podemos conceder esa posibilidad de un tiempo adicional, no me parece mal, tampoco es una diferencia extrema. Sí me parece que no es un problema vinculado estrictamente con el nivel de conflictividad (como dijo ayer el ministro en la comisión), que algo ha disminuido, por lo menos en materia de ocupaciones. Es un tema directamente vinculado con las garantías que el sistema tiene que dar para el ejercicio de los derechos, del derecho de libertad de trabajo, del derecho de huelga, del derecho de propiedad que, entre otros, son los que en principio pueden estar en conflicto en función de estas ocupaciones. Hay un avance en tanto se coincide en la posibilidad de trasladar al Poder Judicial la resolución de esta problemática.

EC - Usted alude a que el ministro dijo que de los dos proyectos de ley que están en comisión en todo caso se inclina por el suyo.

FG - Por el nuestro en tanto establece un procedimiento.

EC - ¿Cuál es ese procedimiento?

FG - El procedimiento del recurso de amparo, que es el recurso de más rápida resolución que existe hoy a nivel judicial, en muy pocos días se dicta la sentencia y con todas las garantías del caso.

EC - ¿Qué propone usted?

FG - Proponemos que sea el Poder Judicial, que dentro del Poder Judicial sea la justicia laboral, que exista un recurso que en cuanto a formas y plazos tenga las características del recurso de amparo y que el juez disponga de la posibilidad de tomar medidas cautelares, que cuando se plantee el conflicto disponga todo aquello que sea pertinente para la protección del lugar, de la maquinaria, de los bienes del trabajo, los derechos de las personas. Y que el Poder Judicial pueda entender en materia laboral, que hoy no puede, porque hoy la justicia laboral no entiende en conflictos de carácter colectivo, únicamente en conflictos de carácter individual.

Ese es el centro de nuestra propuesta, que está abierta a muchas otras consideraciones que puedan enriquecerla. Por algunos sondeos que hemos realizado a nivel de delegaciones de los trabajadores, de los gremios, de los propios sectores empresariales, habría una suerte de luz verde para recorrer un camino de este tipo. Y creemos que hay que recorrerlo rápidamente por esas garantías y por la necesidad de seguir creciendo a través de la inversión.

EC - ¿Qué tiene que suceder ahora?

FG - En poco tiempo el ministerio va a organizar, junto con la OIT y con los partidos de oposición (nosotros ya habíamos participado antes), un conjunto de foros o instancias académicas con participación de todos los sectores para nutrirnos de mayor información vinculada con el Derecho Comparado y de la filosofía con la que la OIT encara las problemáticas de estas características. Bienvenidos sean.

Paralelamente sigue el ámbito del Compromiso Nacional, donde van a participar representantes de las comisiones de Asuntos Laborales de ambas cámaras, o sea que nosotros vamos a participar. Y a su vez vamos a seguir tratando de acelerar para que rápidamente tengamos una normativa.

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EC - El proyecto del senador Francisco Gallinal deja el tema de las ocupaciones en manos del Poder Judicial. Pero hay otro proyecto, el presentado por el doctor Julio María Sanguinetti, que implica retomar, como el propio Sanguinetti ha señalado, por la vía de la ley, las normas del viejo decreto que reguló este tema durante años pacíficamente. Sanguinetti propone que el propietario de un establecimiento escolar, agropecuario o industrial que sea ocupado pueda dirigirse a la autoridad pública a los efectos de que proceda al desalojo y autorizar a esta a que proceda a hacerlo. Esto, según Sanguinetti, sin perjuicio del derecho de huelga ni de ningún derecho gremial, pero sí a favor del derecho de cada uno de disponer de su propiedad y del trabajador a trabajar.

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Edición: Mauricio Erramuspe