(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
La jueza Fanny Canessa procesó con prisión al ex director de los Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa, como autor y coautor de delitos de conjunción del interés personal y público, fraude y concusión.

La doctora Canessa aceptó el pedido de procesamiento planteado el pasado lunes por la fiscal Olga Carballo y envió a prisión a Bengoa, sus dos asesores, Orestes González y José Luis Antúnez, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario de la Intendencia de Montevideo (IMM) Gustavo Dalmonte.

"La jueza encontró elementos de prueba para emitir su juicio y rechazó los careos y otras diligencias exigidas por la defensa", dice hoy Últimas Noticias. Afirmó, por otra parte, que las gestiones que planteó la defensa no son idóneas para desvanecer los elementos de convicción suficiente.

La jueza Fanny Canessa no realiza declaraciones en estas horas, por lo menos ese ha sido el resultado de las gestiones que En Perspectiva desarrolló entre ayer y hoy, por eso nuestra consulta apunta esta mañana a quien fue la fiscal en este caso, la doctora Olga Carballo, fiscal en lo penal de tercer turno.

***

Doctora Carballo, ¿cuáles son los elementos que, prima facie, han quedado probados y permiten procesar a Bengoa? ¿Podemos ver en cada uno de los delitos qué fue lo que usted, cuando hizo la solicitud correspondiente, encontró como contundente, como suficientemente fuerte?

OLGA CARBALLO:
Cómo no. En primer término le quiero decir que esto ha sido un trabajo sumamente arduo, con una cantidad importantísima de documentación para analizar, desentrañar toda una operativa con relaciones muy intrincadas y con pocos elementos. A nadie escapa las condiciones en las cuales trabaja el Poder Judicial, con escasos medios a su disposición, mucho menos tiene la Fiscalía, que está aún más acotada por unas normas procesales penales bastante antiguas, que consagran un régimen prácticamente único en América Latina, un sistema inquisitivo. De modo que la dificultad de la instrucción es un hecho incuestionable.

EC - ¿Por qué hace esas aclaraciones?

OC - Hago esas aclaraciones porque quiero hacer especial hincapié en la labor que tuvimos que desempeñar, que fue de prácticamente un año de trabajo, de análisis de la documentación que nos daba la Intendencia, que en muchos casos no fue completa, nos faltó mucho material, y además que encontrábamos bastantes sombras y bastantes elementos cerrados para llegar a desentrañar la realidad. Esa línea argumental que yo expreso en el requerimiento, que fue la que me llevó a solicitar el procesamiento.

EC - Vayamos primero al delito de fraude.

OC - El fraude es el equivalente a la estafa en el funcionario público. La estafa significa la inducción en error, un tercero se ve involucrado en un error que lo obliga a hacer determinadas contraprestaciones que normalmente, si no hubiera sido por ese error, no habría hecho.

En el caso concreto del delito de fraude, ese funcionario público que directamente o a través de otra persona procede con engaño en los actos o contratos que deben de rendir por razón de su cargo.

EC - También tiene que cumplirse que dañe a la Administración Pública en beneficio propio o ajeno.

OC - Exactamente, en daño a la Administración en beneficio propio o ajeno. Tenemos que recordar que cuando yo pido el procesamiento, estamos haciendo la apertura del juicio penal, se entabla el contradictorio entre los imputados y el Ministerio Público. Esto no significa ni la condena ni la terminación del juicio, simplemente digo: para mí hay prueba de esto, hay una prueba que aunque pueda ser no completa es suficiente como para iniciar un juicio penal contra estas personas. Y durante todo ese trámite del juicio penal es que vamos a ver si se confirma lo que la Fiscalía sostiene desde el inicio o en su defecto se materializa la presunción de inocencia que acompaña a todos los justiciables desde el comienzo del juicio hasta la sentencia.

Los elementos de convicción que tuve en cuenta fueron: lo que surge de las declaraciones de todas las personas que declararon en la causa, de las declaraciones de los propios involucrados, de las declaraciones de algunos funcionarios que se vertieron en la causa, del análisis de las documentaciones y de los avances de las pericias que se están practicando en las empresas.

EC - ¿Pero concretamente dónde habría estado el fraude?

OC - El fraude está en que cuando el contador Bengoa asume esta gestión había un régimen que él resuelve modificar e invoca razones que en definitiva no eran las que él pone para cambiar el sistema. Ahí comienza el fraude. Él se ampara en razones de exclusividad, de representación y de urgencia.

EC - Usted se refiere al cambio de régimen que llevó a que se pasara a contratar directamente a las empresas proveedoras de slots.

OC - Exactamente. Dice: "Contratamos directamente con estas empresas que son las exclusivas, las representantes de las marcas internacionales y que a su vez hay razones de urgencia para hacer esto". Y sobre esa base se empiezan a hacer los contratos, se firman contratos. Y yo he encontrado que existen cosas que no son exactas dentro de la argumentación de Bengoa. Y he encontrado que en definitiva hubo un perjuicio, que esta administración, esta nueva forma de contratación era rentable únicamente para los empresarios.

EC - Por ahí estaría el daño a la Administración Pública en beneficio propio o ajeno.

OC - El daño todavía lo estamos evaluando, porque las versiones indican que hay un déficit de 16 o de 14 millones de dólares, como se ha manejado reiteradamente en la Junta y en los ámbitos, en la auditoría interna y demás. Los empresarios todos manifiestan que es un negocio rentable, cada máquina les estaba dejando una ganancia que oscilaba, en función de los juegos o de la atracción que representara, entre los 50 y los 100 dólares diarios, y la Intendencia pierde 16 millones. Estamos instrumentando un sistema que no es en beneficio de la Intendencia, como sugiere el contador Bengoa, es todo lo contrario, es un sistema altamente perjudicial para la administración municipal.

EC - Pero ¿dónde estuvo el engaño?

OC - El engaño estuvo en la argumentación, y estuvo en todo el mecanismo que se observó para llegar a la contratación.

EC - ¿Podría mencionar algún ejemplo?

OC - Por ejemplo, lo que le acabo de explicar en cuanto a la representación de las marcas en el exterior. Él informa que estuvo en contacto con los representantes de todas las principales máquinas proveedoras de slots en el exterior. En realidad ninguno de los empresarios que terminan contratando con la Intendencia tiene representación de ninguna marca. No es lo mismo contratar con un representante de la marca que con un importador. Si no eran representantes, ¿por qué dice que eran los representantes? Los representantes tenían una fuerza de convicción especial, si yo no estoy contratando con un intermediario, estoy contratando realmente con el dueño de la marca. No estaba contratando con el dueño de la marca.

EC - Pasemos al delito de conjunción del interés personal y del público.

OC - Acá tiene una hipótesis de coautoría. Existe un relacionamiento de larga data entre el contador y sus secretarios o asesores –a él no le gusta que los llame asesores, dice que son secretarios–. Hay toda una relación de parentesco entre varios empresarios. Los empresarios en realidad no, con empleados de los empresarios. Él conforma una comisión de adjudicaciones para las máquinas de slots y en esa comisión coloca a sus dos secretarios, a González y a Antúnez. Los parientes de Antúnez y de González estaban trabajando en las empresas que estaban arrendando máquinas slots a la Intendencia. Eso no podía escapar al conocimiento del contador, aunque él sostiene que no, yo entiendo que una relación tan estrecha, que toda la operativa dicen los empresarios no era monitoreada pero sí vigilada muy estrechamente por el contador Bengoa, obviamente tenía que saber que había parientes o en su defecto debió haber adoptado algún tipo de recaudo al respecto.

EC - ¿Para usted influyó también el hecho de que después de que Bengoa salió de la Dirección de Casinos Municipales y pasó a la Dirección General de Casinos una de estas empresas, Folway, contrató a Javier Dibitonto, hermano de la compañera de Bengoa?

OC - Eso fue posterior.

EC - Es uno de los elementos que se ha manejado con insistencia en la prensa.

OC - Pero lo de la prensa no siempre se condice con las emergencias del expediente. Yo analicé el período en el cual Bengoa estuvo al frente de los Casinos Municipales, y eso ocurrió en forma posterior. De todas formas, vemos que son las mismas personas que van circulando de un lado y de otro. Están siempre todos como entrelazados en la operativa. Personas que tienen relaciones desde hace tiempo, no olvidemos que Bengoa y González trabajaron juntos, también Antúnez, con Antúnez estuvieron juntos en la parte de Antra.

EC - ¿Dónde?

OC - En una empresa Antra, vinculada con Rodolfo Medeiro o algo por el estilo. Había todo un relacionamiento entre ellos. Y este plan perfilado tuvo un desarrollo importante, no es una cosa improvisada que se sacó de un día para el otro, es una cosa que se pergeñó muy bien. De hecho no fue sencillo sacar a luz todo esto que yo pongo en el dictamen, fue una cosa bastante trabajosa en la cual participé en toda la instrucción porque es mi costumbre en este tipo de casos estar presente en todas las audiencias, lo cual conlleva una carga de dedicación muy especial, es un expediente que trasciende el horario que nos mantiene en una oficina para incorporarlo a la tarea domiciliaria. Me llevó muchísimo tiempo.

EC - Le pregunto por el tercer delito que se le ha imputado a Bengoa, que es el de concusión, lo que en términos corrientes se suele denominar coima.

OC - No, la coima sería el cohecho. La concusión viene a ser algo así como la extorsión, el constreñimiento que hace el funcionario público: "Si usted no hace tal cosa, vamos a tomar tal medida", como deja a la parte contratante en una inferioridad de condición tan grande que necesariamente tiene que hacer lo que le están pidiendo. Cuando se hizo este sistema de contratación dijeron "ahora hay que arreglar la sala del casino", y la sala del casino se arregló en condiciones muy particulares, los empresarios entregaron el dinero, el señor Raúl Cohn entregó 100.000 dólares, y no se hizo ningún control del destino de ese dinero. El señor Raúl Cohn no controló un solo recibo.

EC - Por lo que se ha sabido, la refacción de la sala de juego del Parque Hotel se hizo con estas empresas proveedoras de slots poniendo 25.000 dólares cada una.

OC - Claro, y Cohn representa a varias empresas. Él concretamente dice que puso por cuatro empresas, puso 25.000 dólares por cada una de ellas. Hay que interpretar esa actitud que después no se controla nada. Normalmente si uno coloca 100.000 dólares en algo pide que se le haga una liquidación de en qué se está gastando el dinero.

EC - Se hizo una especie de colecta entre las empresas.

OC - Se hizo una colectiva, pero no quedó muy claro en qué manera se hizo, porque las obras empiezan y las facturas aparecen al final del período, no se facturó de entrada, iban entregando la plata a medida que se iba necesitando. La documentación que respalda la obra tiene muchísimas carencias, son recibos comerciales, no hay facturas, no se condicen con los gastos, hay estimativos en una hoja que me parece que fue sacada de apuro a último momento para justificar. Todo eso lo vamos a ventilar durante todo el juicio, porque esto es el comienzo.

EC - Se supone que fue una contribución que las empresas hicieron para mejorar las condiciones de la operativa de la sala de juego. No fue algo realizado formalmente por los procedimientos habituales de la Intendencia de Montevideo.

OC - Para nada.

EC - ¿Dónde estuvo la concusión, entonces?

OC - La concusión estuvo, me parece, en el constreñimiento que en alguna medida tuvieron los empresarios, concretamente en el caso de la cooperativa Mozlui.

EC - La cooperativa Mozlui era la concesionaria de la cafetería.

OC - Son muy ilustrativas las declaraciones de los involucrados, de las personas integrantes de la cooperativa, ver de qué forma fueron arrinconados para que contribuyeran, bajo unas argumentaciones bastante severas.

EC - Ellos dicen que si no ponían 10.000 dólares se les quitaban la concesión.

OC - Sí, que iban a llamar a licitación y que iban a perder el puesto. Es una cooperativa integrada por diversos trabajadores, que no tenían la solvencia económica que tuvieron los empresarios. Los empresarios creo que tampoco habrían puesto de buen grado, ellos dicen que pusieron porque querían mejorar la sala, pero cuando el contador Bengoa planea esto, cuando eleva la primera nota y pone en conocimiento de sus superiores la necesidad de renovar el parque de máquinas porque algunas estaban obsoletas, otras estaban por debajo del rendimiento, ya habla de la idea de remodelar la sala del casino. Y luego, cuando los contratos son firmados, ahí es donde surge esta idea de la colecta.

***

EC - Hay muchas preguntas, pero vamos a hacer dos o tres por hoy. Primero, ¿por qué se resolvieron estos procesamientos que determinan que estas personas pasen Navidad en prisión, y no se esperó a realizar antes algunas diligencias que según la defensa son relevantes, por ejemplo, algunos careos, con el ex intendente Arana, con la ex secretaria general María Julia Muñoz, con el ex director de Desarrollo Económico Alberto Rosselli, incluso con algunos de los propios ex asesores de Bengoa?

OC - Porque el momento procesal oportuno para el diligenciamiento de las pruebas y las contrapruebas que realiza la defensa y las eventuales nuevas pruebas que va a pedir la Fiscalía es en otra etapa del procedimiento. Ese es mi parecer, a lo mejor la doctora Canessa tuvo otras razones para hacerlo de esa manera. Yo entiendo que la prueba y la contraprueba se tienen que diligenciar en la etapa de manifiesto, que es lo que viene después de esto.

EC - El doctor Tornaría decía ayer que "en los careos hay que despejar dudas. Le pongo el más grueso, pido careo con el señor Antúnez porque Antúnez afirma que mi defendido, el contador Bengoa, estaba al tanto de que su hija trabajaba en determinada empresa. Mi defendido niega completamente dicho conocimiento".

OC - Por cierto, estoy de acuerdo con eso y vamos a hacerlo, lo vamos a hacer en los momentos procesales oportunos. Yo voy a adherir especialmente a la solicitud del doctor Tornaría y que se hagan todas estas pruebas, porque este es el mecanismo del proceso penal uruguayo.

EC - El implícito que había detrás de esta queja del doctor Tornaría es que parecía haber un cierto apuro en la justicia por actuar, llegar a los procesamientos con prisión ahora, ya, antes de fin de año.

OC - Lo del apuro de la justicia, que siempre está tachada por su lentitud, que se diga que está apurada... no estoy de acuerdo con eso, no me parece que sea la razón por la cual se dispusieron los procesamientos. Pienso que atrás de todos los juicios penales hay situaciones humanas y es buena cosa que las situaciones se resuelvan, que tengan su encuadre jurídico adecuado y que las cosas se resuelvan en un tiempo. No podemos seguir con presumarios eternos, que no conducen a ningún lado. Hay elementos de convicción para iniciar el juicio penal, hay que iniciarlo.

EC - ¿Qué análisis hizo usted de la responsabilidad que le puede caber a Arana, a María Julia Muñoz y a Rosselli?

OC - Ese juicio de responsabilidad está en curso, sobre ese punto prefiero no hacer ninguna declaración porque es un punto sobre el cual todavía no hemos adoptado resolución. La investigación no paró acá, la investigación va a continuar.

EC - ¿Hacia qué otros lados va a continuar? ¿Qué otras responsabilidades?

OC - Usted menciona responsabilidades hacia arriba, de los superiores; se van a volver a analizar, ellos ya declararon en primer término, pero todos han manifestado su disposición a volver a comparecer ante la justicia y seguir esclareciendo. Y además necesitamos el aporte que todavía no tenemos en medio camino de la auditoría y de las pericias contables que está realizando el Instituto Técnico Forense. Los contadores del Instituto Técnico Forense, que están realizando una investigación exhaustiva de toda la documentación de las empresas que contrataron con la Intendencia, estamos viendo la rentabilidad que tenían las empresas, estamos viendo el lapso en el que amortizaban las máquinas, estamos viendo el tipo de negociación que se hacía, la justicia o injusticia del precio que cobraban, y necesitamos el aporte de las cifras de la Intendencia, porque hasta ahora nos han llegado datos absolutamente incompletos y poco confiables, que supongo que debe ser un involuntario error humano que van a superar a la brevedad.

EC - Usted decía que por un lado se van a analizar responsabilidades hacia arriba de Bengoa en cuanto a las jerarquías de la intendencia de la época. ¿Qué otras responsabilidades?

OC - Habría que ver las responsabilidades que podrían tener algunos empresarios en función de lo que nos diga la Dirección General Impositiva sobre la base de lo que surge de la documentación aportada. De la documentación de las empresas que nos ha costado un triunfo conseguir, hemos peregrinado para que las empresas nos faciliten su documentación.

EC - ¿No tienen obligación de suministrarla?

OC - Sí, pero ha sido un trámite engorrosísimo y muy lento. La documentación venía a cuentagotas y con mala disposición.

EC - En la investigación que viene ahora, después de la feria, ¿también pueden surgir nuevos delitos para quienes ya han sido procesados? Desde la audiencia, Roberto, de El Pinar, le pregunta, por qué no se tipificó asociación para delinquir.

OC - La asociación para delinquir es un delito en el que tengo que establecer exactamente la intención de la gente para asociarse y cometer delitos. Requiere un dolo vinculante entre todos los agentes, hacemos una reunión y persistimos como grupo independientemente de los delitos que vayamos a cometer. No sé si esto no fue una reunión ocasional, hay tiempo para evaluar si en realidad corresponde imputar la asociación para delinquir o queda en el ámbito de la coparticipación como hicimos hasta ahora, que pusimos autor y coautor. Esa es la opción a la asociación para delinquir.

Notas relacionadas:
Arana: seguramente conocíamos menos de lo que hubiéramos podido. Entrevista con Mariano Arana
"Arana miente", sostiene edil colorado. Entrevista con edil César García
"Bengoa no era el intendente", afirma su defensa. Entrevista con el abogado Martín Tornaría

-------------
Edición: Mauricio Erramuspe