(emitido a las 7:49 Hs.)

Una nueva denuncia se suma a la polémica por el Plan de Vivienda del PIT-CNT. Hablando con En Perspectiva, un empresario  de Treinta y Tres reveló que le ofrecieron un negocio de 12.000.000 de dólares a cambio de una "comisión" de 300.000 dólares. El constructor debía aportar los terrenos para las viviendas, a las que los "gestores" le pondrían un sobreprecio para quedarse con la diferencia. Asegura que estas personas "en todo momento" dijeron representar a la central sindical.

El miércoles pasado la Mesa Representativa del PIT-CNT aprobó el primer informe de la comisión interna formada para investigar las denuncias sobre irregularidades en el Programa de Vivienda Sindical (PVS) que la central viene impulsando.

La creación de la comisión interna se decidió la semana pasada luego de un pedido de aclaraciones formulado por Richard Read, dirigente de la FOEB, y de que una empresaria denunciara en el diario El País que había sido estafada por dos gestores que le habían ofrecido participar en el PVS. (Luego se conocería una segunda denuncia de otra empresa que se presentó en el propio PIT-CNT)

El comunicado emitido el miércoles por la Mesa Representativa dice que aprueba "el informe que establece claramente hasta el día de hoy, que no ha existido dolo ni corrupción de ningún tipo por parte de ningún miembro de la comisión de Vivienda" del PIT CNT. La dirección de la central agregó que las denuncias responden a una "campaña mediática".

48 horas antes, el lunes, aquí En Perspectiva entrevistamos a Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del PIT-CNT y máximo referente de la UNTMRA, el sindicato metalúrgico, que tuvo la iniciativa del PVS y, de hecho, llevaba su control dentro la central de trabajadores. A raíz de esa entrevista, un empresario del sector de la construcción se comunicó con nuestro programa y se ofreció a aportar su propio testimonio: en síntesis, sostuvo que él también había sido víctima de un intento de estafa a partir de un ofrecimiento de participar en el plan.

Su nombre es Jorge Verdía, es el director de la empresa Natelur SA, una empresa constructora con sede en el departamento de Treinta y Tres especializada en el montaje y mantenimiento de plantas industriales, por ejemplo silos metálicos, galpones, etc. La sociedad anónima lleva por nombre Afagold SA. Verdía relató que hace algunos meses recibió la visita de dos personas que decían representar al PIT-CNT en las gestiones para poner en marcha el PVS. Se llamaban Milton Díaz y Roberto Charlo.

El empresario asegura que le propusieron un contrato por la construcción de 1000 viviendas. A cambio, pedían 300.000 dólares. A diferencia de los anteriores caso denunciados, esta suma de dinero no iba a ser destinada a la "compra de terrenos" para el plan, sino que directamente se mencionó la palabra "comisión".

Asegura que en el contrato que le mostraron y que insistieron que firmara aparecía el logo y el nombre del PIT-CNT  figuraba varias veces, aunque no se mencionaba nunca a ningún dirigente de la central.

Verdía debió entregarles un presupuesto para la construcción de las viviendas, que debió modificar varias veces. El costo inicial que él pasó fue de 1200 dólares el metro cuadrado. A los gestores les pareció excesivo y por eso le pidieron que lo ajustara a la mitad, porque, según le dijeron, "son para trabajadores, que no pueden pagar más". Al señalar que por 600 dólares el metro cuadrado, los materiales iban a ser de mala calidad, los gestores le restaron importancia a ese detalle. Eso sí, insistieron varias veces en  que primero, debían abonarse los 300.000 dólares de adelanto para lograr un negocio calculado en 12.000.000

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"Cuando teníamos todo, salió esto que teníamos que aportar estos 300.000 dólares. Le dijimos ‘Nosotros no tenemos’. Nos dijeron: ‘Tenemos una persona que nos presta los cheques, pero los tenés que endosar vos’. Le contesté que "yo no voy a endosar cheque ninguno. Si pago, pago de lo que salga del trabajo. Yo no voy a sacar plata para trabajar. ¿Dónde se vió?’. Después, todo se esfumó porque le dijimos que no íbamos a firmar nada. De un momento a otro nadie atendió el teléfono ni nada. Empezamos a ver que era una joda y que habíamos ligado. Porque estuvimos a un pasito de quedar endeudados por nada. Si yo hubiera endosado esos cheques por los 300.000 dólares porque el negocio parecía bueno, hoy estaría preso capaz. Por que dónde iba a sacar 300.000 dólares si no había trabajo?"

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Verdía asegura que estas personas en todo momento decían actuar en representación de la central de trabajadores. Como dijo, le ofrecieron contactarlo con un tercero que le "prestaría los cheques". Agregó además que parecían "bastante desesperados" por hacerse "con el dinero".

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"Milton Díaz se presentó como representante del PIT CNT, que él era la persona del PIT CNT. Un amigo descubrió el negocio, nosotros como toda empresa andábamos buscando y sabíamos que estaba de moda el tema este, y que el Gobierno había hablado de la construcción de viviendas sindicales. No sabíamos cuántas eran, pero nos hicieron un verso de que el Gobierno pretendía hacer 60.000 viviendas y que iban a adjudicar de a lotes de a mil dependiendo de la plata y cosas así. Tenían el circo bien armado".

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Aunque ya a esa altura sospechaba de la honestidad del planteo, Verdía hizo un último intento: ofreció que el negocio se hiciera con la constructora Stiler, con la cual él trabajaba, ya que esa empresa podría estar en condiciones de hacer la entrega inicial que se les estaba solicitando. Los gestores se negaron argumentando que "este es un plan sindical" y ellos estaban "apuntando a constructoras chicas". También rechazaron otra idea del empresario, cuando éste se ofreció a hacer gestiones ante la Intendencia de Treinta y Tres para obtener los terrenos.

Es que, en el plan que le ofrecieron, Verdía debía aportar los terrenos para la construcción de las viviendas. Según le aseguraron, el PIT-CNT le pagaría a él el costo de los terrenos, y ellos ganarían también una comisión por eso.

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"Que ahí te ganabas una plata. Porque vos les vendías el terreno… el terreno costaba 10, ellos te lo iban a hacer valer 15, vos cobrabas tus 10 y ellos cobraban 5. Así estaba planteado".

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Las sospechas de Verdía se terminaron de confirmar cuando días atrás El País publicó el caso de une empresaria que denunció ante la Justicia Penal haber sido estafada por gestores que en representación del PIT-CNT le pidieron una "donación" de 300.000 dólares a cuenta de la construcción de 1.000 viviendas.

Al leer esa información intentó comunicarse una vez más con las personas que lo habían contactado, pero tampoco tuvo éxito esa vez.

Consultado por En Perspectiva sobre si tenía previsto presentar una denuncia penal, Verdía respondió que no, porque la estafa no llegó a consumarse. De todos modos, agregó, decidió comunicarse con El Espectador porque todavía está indignado por el accionar de los dos gestores, a quienes calificó de sinvergüenzas, y porque le molestó la forma evasiva con la que entiende que  Marcelo Abdala respondió a las preguntas en la entrevista con En Perspectiva.

(A propósito de este informe, En Perspectiva consultó a Fernando Pereira del PIT-CNT para que diera sus impresiones al respecto)

EMILIANO COTELO:
Fernando Pereira es otro de los coordinadores en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, integra esta comisión política que se ha formado para seguir la evolución del Plan de Vivienda Sindical a partir de los últimos hechos. Con él estamos en contacto en este momento.

Usted escuchaba el testimonio de este empresario que se comunicó con nuestro programa, Jorge Verdía, ¿cuáles son sus primeras consideraciones?

FERNANDO PEREIRA:
Yo estoy el doble de indignado que él. Mi nombre institucional, por el que uno ha dado la mayor parte de su vida, ha sido utilizado en mala forma. No solo en este caso, que es idéntico al que me presentaron a mí en el PIT-CNT; no voy a dar el nombre porque creo en las palabras de las personas, y él me pidió que protegiera su identidad, así que no lo he dado ni siquiera en la comisión. Esta persona presentó la totalidad de los documentos que había firmado y ninguno de ellos está membretado en hojas del PIT-CNT, ni tienen la firma de los coordinadores ni fueron avalados por la dirección de la central sindical. Sin embargo, utilizaron nuestro nombre y yo creo que también nuestra credibilidad, porque hubo empresarios dispuestos a entregar 300.000 dólares de adelanto en función de un Plan de Vivienda Sindical y de posible compra de terrenos. Empresarios la mayoría pequeños o medianos, esta es una característica que he ido viendo; este señor que habló conmigo es un pequeño productor, tenía un pequeño campo con forestación, reinvirtió para este tema y en parte fue perjudicado porque la operación no se llegó a completar en su totalidad.

Nosotros les hemos planteado a los dos casos lo mismo: la Justicia uruguaya es la que tiene que investigar un negocio que es entre privados, porque ninguna de estas dos personas -yo no las conozco, nunca los vi- se contactaron con el Plan de Vivienda Sindical a partir de traer a un inversor español para la construcción de modelos alternativos de viviendas para trabajadores. Esos españoles no volvieron y ellos vinieron para poner la firma para la construcción de miles de viviendas. Ahí nosotros tuvimos ingenuidad, no más que la que han tenido los empresarios cuando han hecho este tipo de acuerdos.

EC – Usted habla de un choque de ingenuidades.

FP – Es evidente que ningún empresario ha podido, y nosotros hemos sido crudos en esto de preguntar a cada uno de los que ha venido, los que se han sentido perjudicados y los que no, porque hay gente que nunca trató con estos dos empresarios, yo supongo que los nombrarán con las iniciales por algún tema jurídico, sino yo los nombraría porque sus nombres ya los tenemos.

EC – Sí, los nombres son Milton Díaz y Roberto Charlo ¿verdad?

FP – Exacto. Ahí hay una búsqueda de un sistema constructivo que Marcelo [Abdala] explicó bien el otro día.

EC – Pero la pregunta es: ¿usted ya recibió una denuncia similar en ese caso de un empresario del departamento de Tacuarembó?

FP – Sí y se hizo público en el diario El País, además planteamos que no íbamos a dar el nombre no por un problema nuestro sino del señor, que no quiere que se conozca su identidad. Al mismo tiempo el señor nos ha planteado con toda honestidad que él quisiera seguir trabajando en el Plan de Vivienda Sindical porque le interesa. Siente que ha sido engañado, pero no por el PIT-CNT sino por un empresario que ha tenido una conducta ilícita en apariencia, porque insisto, esto lo tiene que laudar la Justicia. Pero al mismo tiempo hemos dicho esto: cualquier empresario del Uruguay que tenga una denuncia concreta contra cualquier miembro del departamento de vivienda sindical o de la comisión o cualquier miembro del PIT-CNT, lo puede hacer en el PIT-CNT, yo lo atiendo a la hora que sea.

EC – O sea, el planteo que usted hace es: en la medida de lo posible que se recurra a la Justicia y que se plantee la denuncia en ese ámbito, pero al mismo tiempo usted y otros integrantes de la comisión política están dispuestos a recibir directamente a estas personas.

FP – Si hay denuncias concretas contra miembros del PIT-CNT, nosotros no vamos a poder laudar si los empresarios se sienten estafados por otros empresarios. Lo que sí podríamos laudar es si alguien se sintió estafado por algún miembro del PIT-CNT. Está claro que usando un contrato para la construcción de viviendas del PIT-CNT un par de empresarios -los que usted acaba de mencionar- han hecho negocios con otros empresarios que se han visto afectados notoriamente. Así lo han manifestado en su testimonio y así lo ha manifestado casi en forma idéntica quien habló. El caso que se difundió en el diario El País es casi idéntico, salvo por el objetivo que tenía el dinero. Nosotros somos conscientes de que puede haber dos o tres o más, no sabemos cuántos.

EC – Entonces, ¿qué piensa hacer el PIT-CNT? ¿Ustedes no deberían también presentar una denuncia penal?

FP – Lo están analizando los juristas porque nosotros tenemos esta dificultad: no hemos sido damnificados económicamente, igual que este empresario, se utilizó nuestro nombre de mala manera. Lo que estamos viendo si eso amerita alguna denuncia penal o alguna otra acción judicial, pero lo estamos analizando con los juristas, porque nosotros no tenemos esa especialización. Al mismo tiempo la decisión que hemos tomado es rescindir el contrato con estos empresarios porque nuestro objetivo era que se construyeran miles de viviendas para un sector de trabajadores que acceden a ellas por la Agencia Nacional de Vivienda, y en realidad han hecho una maniobra que la Justicia deberá laudar si es lícita o ilícita. Lo cierto es que ha dañado la imagen del Plan de Vivienda Sindical y particularmente al PIT-CNT, lo que nos tiene un poco más molestos que al empresario.

EC – ¿Cómo sigue esta investigación del PIT-CNT?

FP – En primer lugar vamos a rescindir el contrato con estas dos personas, a quien yo particularmente no conozco (tampoco demás miembros de la comisión), y vamos a procesar cuál es el camino jurídico. Por otro lado hasta ahora, así lo dice la propia resolución, no hemos encontrado ni una sola denuncia que involucre a miembros de la comisión de vivienda del PIT-CNT en irregularidades, ya sea legales o cualquier otras.

EC – ¿Pero no hay en el accionar del Plan de Vivienda Sindical descuidos de parte de quienes estaban a cargo?

FP – Sí, claramente. Pero hay que despejar el tema, una cosa es que alguien gestionando un plan que tiene 16.500 usuarios cometa errores y otra cosa es que haya corrupción. En el movimiento sindical los errores se perdonan, la corrupción no, ¿me entiende cuál es la diferencia? Luego de descartada la corrupción, después de 15 días consecutivos de decir que hagan las denuncias dentro del PIT-CNT y no habiendo recibido ninguna, vamos a funcionar una semana más. Si se descartara este tema pasamos al segundo: ¿cuáles son las políticas correctivas para que cosas como estas no nos sucedan nunca más?, ¿qué fortalezas debemos darle a ese departamento para que efectivamente las políticas que lleve adelante no tengan ningún flanco débil?

EC – ¿Pero pueden tomarse medidas con Eduardo Burgos por ejemplo, responsable del Plan de Vivienda Sindical?

FP – En el sentido de observar políticas que han sido erráticas. Una cosa que el movimiento sindical debe saber, y la gente externa también, es que la dirección es la que firma los contratos del PIT-CNT con cualquier otra entidad, y la dirección es representada por su secretariado ejecutivo (y en cada caso por los coordinadores). En este caso es la firma de Burgos con la empresa, entonces no se ha cumplido con el paso correcto.

EC – ¿Entonces?

FP – Segundo: que cada contrato debe tener un aval jurídico, pasar por nuestra sala de abogados a los efectos de que no tenga huecos legales. De todas maneras el informe de los abogados, incluso el de un abogado externo, ha sido que el PIT-CNT no tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica en este tema.

EC – Pero Burgos por lo visto sí porque no procedió de acuerdo a las normas de la central.

FP – Por eso le digo, hay una diferencia entre los errores de procedimiento, que ya se le han sido manifestados por varios miembros de la dirección y en particular por mí, que hay que enmendarlos y ver cómo se fortalece ese departamento para que no los cometan; otra cosa sería si hubiera horrores, me refiero a políticas para beneficio propio o de cualquier cuestión. En ese caso nosotros seríamos tajantes, no dudaríamos ni un segundo en quitarlo del lugar. Si el tema es un error, porque hacemos política y tenemos la posibilidad de equivocarnos, hay que reparar esos errores exponiendo en la dirección sindical o a algún miembro del ejecutivo la principal responsabilidad.

Pero insisto con esto: cualquier persona que tenga una denuncia concreta contra un miembro de la comisión la puede presentar en el PIT-CNT, nosotros queremos mantener este espacio abierto para que cualquiera lo pueda hacer, de lo contrario el espacio correcto es el del Poder Judicial porque hay una empresa que ha perjudicado a otra.

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