(emitido a las 7.52 hs.)

EMILIANO COTELO:
Julio César Riva y Soledad Cobas, padres de Martín Riva Cobas, uno de los pilotos que falleciera en el accidente ocurrido en el año 2012 mientras trabajaban para la empresa Air Class, dirigieron una carta a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), en la que cuestionan desde diversos ángulos el accionar de ese organismo.

En Perspectiva accedió a esa carta, fechada en San José, 17 de marzo del año 2014. Empieza así:

"Señor director de la DINACIA,

Brigadier Gral. Antonio Alarcón
Presente

No es necesario que nos presentemos, usted ya nos conoce, somos Julio César Riva y Soledad Cobas, padres del difunto Martín Riva Cobas, piloto que falleciera junto a Walter Rigo mientras trabajaban para la empresa AIR CLASS.

Han pasado ya casi dos largos años y seguimos sin respuestas serias. Usted, como aviador, como suegro de un piloto, o como padre, seguro puede entendernos.

No le estamos escribiendo para hablar de los 44 días de desesperación que vivimos sin ningún tipo de apoyo de la autoridad aeronáutica, apoyo que suele ser habitual y acorde a los protocolos internacionales en otros países. Tampoco hablamos de cuando la OIPAIA [NdeR: Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes de Aviación] se rehusó a analizar nuestro testimonio por el simple hecho de que no aceptamos ser grabados sin la presencia de nuestro abogado (sabemos que ya no lo es, pero en su momento usted sí fue la máxima autoridad de la OIPAIA). Tampoco hablamos del reconocimiento que le dieron hace pocos meses al gerente de AIR CLASS y ex Director General de Aviación Civil, Cnel Jorge Álvarez, persona que, si usted pregunta en la OIPAIA, mintió falazmente sobre hechos cruciales para la investigación del accidente, incluida la hora de llegada al aeropuerto de mi hijo. Parece que sujetos como este, que obstaculizan una investigación y atentan contra el honor de colegas fallecidos, sí merecen reconocimientos, aún mientras simultáneamente son investigados.

Tampoco escribimos recriminando que la OIPAIA en reiteradas ocasiones durante el año 2012 le pidió a usted que investigara de urgencia la empresa AIR CLASS por haberse constatado irregularidades en su operativa. La investigación se abrió recién medio año después, perdiéndose seis meses cruciales cuyas consecuencias hoy estamos pagando", dicen Julio César Riva y Soledad Cobas en la carta.

Después de esa introducción, llegan al nudo de su planteamiento. "Por lo que sí estamos escribiendo es porque estamos impactados. Hace pocos días una resolución con su firma concluyó que 'las faltas imputadas a la empresa AIR CLASS... revelan graves apartamientos a la seguridad operacional (...)'. Fue en ese marco que se le suspendió por 60 días y se le obligó a recertificar. Sin embargo, la empresa sigue volando con total normalidad bajo pleno conocimiento de la DINACIA".

Para profundizar en los párrafos siguientes de la carta estamos en diálogo con el doctor Francisco Cobas, abogado de la familia Riva.

Yo leía el comienzo de la carta, que tiene un tono de algún modo irónico, porque dice que no escriben por esos temas que van anotando, aunque esos puntos, por lo visto, también son graves, según la familia Riva.

FRANCISCO COBAS:
Sí, naturalmente, se trata de una carta personal dirigida al director de la Dinacia que hace referencia a hechos que han ocurrido y que no son normales en ninguna investigación de un accidente de una empresa aérea. Ellos destacan el hecho de haberse iniciado la investigación administrativa luego de transcurridos más de seis meses, lo que nos parece ya de por sí alarmante. Que esa investigación culmine con la confirmación de elementos que nosotros decíamos que estaban ocurriendo nos parece adecuado, pero que luego no se lleve adelante la sanción no parece muy razonable.

EC – O sea, el punto central del cuestionamiento es el hecho de que la empresa Air Class siga volando, pese a todas las irregularidades e incumplimientos que la propia Dinacia detectó. Estamos hablando de que sigue volando pese a que en la resolución del 19 de febrero se establecía una suspensión por 60 días.

FC – Correcto, la información que tenemos es que la empresa continúa operando o sea que no está siendo efectiva la sanción impuesta y la empresa, aparentemente, interpuso recursos administrativos contra la sanción pero aún así no está siendo efectiva.

EC – Esa era una de mis dudas, en este mes que transcurrió, ¿no estamos dentro de los plazos durante los cuales la medida puede ser impugnada, discutida y eventualmente tiene que existir una ratificación o rectificación?

FC – No, hasta hace poco no había culminado el proceso administrativo y había una sugerencia de sancionar a la empresa, ahí había trabajado el área jurídica de la Dinacia y se sugería sancionar a esta empresa. Efectivamente se la sancionó y se le notificó con una resolución de febrero.

EC – Sí, el segundo punto de la resolución del 19 de febrero dice textualmente: "Aplíquese a la empresa Aerovip Limitada, Air Class Líneas Aéreas, una sanción consistente en una suspensión de 60 días con anotación en el legajo de la Dirección de Transporte Aéreo Comercial, y obligación de recertificación previa a volver a operar".

FC – Correcto. Ahí la empresa tendría diez días corridos para recurrir esta sanción. Ahora bien, en Uruguay los recursos administrativos no tienen efecto suspensivo, esto quiere decir que no pueden posponer la aplicación de la sanción, salvo en casos muy excepcionales que no son los que uno ve habitualmente. No sabemos en este caso qué sucedió, si la Dinacia pospuso la aplicación de la sanción o decidió darle un efecto suspensivo a la aplicación de la sanción.

Cualquiera sea el camino nos parece sorprendente en tanto estamos ante un tema delicado. Se detectaron elementos violatorios a la normativa importantes, serios, que entendemos que en ningún caso pueden facultar al organismo de contralor, que en todo caso ha sido engañado, a no aplicar una sanción.

EC – Ustedes destacan en la carta que, curiosamente, la sanción ya ha sido aplicada para otros de sus destinatarios. Recordemos: la resolución de la Dinacia no solamente se refería a la propia empresa Air Class, sino que por ejemplo en su punto tres también incluía penalizaciones a algunos pilotos, los señores Eugenio Viera, Daniel Calixto, José Roldán, Antonio Bentancurt, Walter Silva, Álvaro Gestido, Daniel Hernández, Fernando Zuluaga y Marcelo Lambruschini. En ese caso una multa de 16.000 Unidades Indexadas "con anotación en sus legajos del Departamento de Personal Aeronáutico, por 'omitir los deberes de Comandante de una aeronave al no anotar fallas y discrepancias en los RTV y no firmar los mismos'". ¿Que tiene que ver esta sanción con el procedimiento reglamentario que estos pilotos en su momento no cumplieron, sí se efectivizó, estas personas ya pagaron las multas?

FC – Exacto, el procedimiento culminó con sanciones a pilotos. A nosotros nos consta que a instancias de denuncias que realizaron algunos de estos pilotos fue que se formalizó el expediente administrativo. No fue tanto el accidente aéreo ocurrido en 2012 sino más que nada estas denuncias. Sí, los pilotos denunciantes cumplieron la sanción.

EC – El paso que estaban dando esos pilotos era delicado, porque ellos denunciaban irregularidades en el funcionamiento de la empresa pero de algún modo habían contribuido a que esas irregularidades no fueran detectadas.

FC – En realidad, yo ahí discrepo con la resolución de la Dinacia en tanto no hay que perder de vista que se trata, en la mayoría de los nombrados, de trabajadores dependientes de la empresa. Cumplen órdenes, están sujetos a la subordinación, tanto económica como jurídica, o sea que su libre voluntad está un poco en cuestión. Sobre todo en esta área de actividad, la aeronáutica, donde volar es necesario, si un piloto no vuela pierde su licencia. Y cumplir órdenes de la empresa que en realidad están contrariando la normativa nacional en la materia sí se hacía pero con una causa, que era la orden de no completar los registros obligatorios, no solo la orden, sino la imposibilidad física de hacerlo, porque no estaban en los aviones los libros necesarios para poder hacerlo. De ahí la discrepancia, en ese trámite, con la resolución final.

EC – Lo cierto es que estos pilotos fueron sancionados y ustedes señalan que por lo menos dos de ellos pagaron ya la multa mientras que la empresa en sí no ha suspendido sus actividades como teóricamente tenía que hacer. En su momento, cuando se dio a conocer esta resolución, con este tipo de castigo para la empresa, algunos comentarios en la prensa señalaron que la sanción era tan grave que de hecho iba a implicar el cierre de Air Class, que suspender la actividad por 60 días e iniciar todo el proceso recertificación volvía inviable a la empresa. ¿Ustedes tienen esa misma impresión, puede ser eso lo que está de por medio?

FC – Yo creo que la recertificación es que nuevamente la Dinacia controle que esa empresa está en condiciones de volar, me parece algo elemental en tanto se trata de una empresa que no ha cumplido con los controles adecuadamente y en definitiva la Dinacia no conoce fehacientemente el estado de su operativa. El tema del cierre temporal termina siendo económico, es un cierre por 60 días, la Dinacia no ha resuelto el cierre definitivo de la empresa, o sea que todo se termina planteando en términos económicos, si para la empresa puede o no estar 60 días sin operar o no. Naturalmente se trata de una sanción, eso obviamente tiene impactos en diversos aspectos, y la respuesta es no, el organismo de contralor no ha resuelto el cierre de la empresa, que sus dueños estén amenazando con cerrarla por el perjuicio económico que le podría causar, eso es otra cosa, es una presión. Considero que se ha puesto a los trabajadores de rehenes en esa situación, se ha acudido al Parlamento tratando de presionar para que no se aplique la sanción, se ha jugado un partido que no me parece el adecuado.

Uruguay debe respetar las normas nacionales e internacionales y debe aplicarse un principio de igualdad, todos somos iguales y si hemos cometido alguna infracción hay un procedimiento administrativo que aquí se ha cumplido, hay garantías, pero cuando hay sanciones que aplicar hay que aplicarlas, porque además son un ejemplo para el resto de la ciudadanía.

EC – Lo último, ustedes cuestionan a la Dinacia porque no está siendo efectiva la suspensión por 60 días de Air Class, pero además la cuestionan, en otro de los párrafos de la carta, por su omisión en todos estos años en lo que debió haber sido una de sus funciones: controlar y detectar a tiempo todos estos problemas que ahora saltaron después del accidente.

FC – Correcto, nosotros obviamente no vamos a saber si todo este tiempo la Dinacia estuvo al tanto o no de lo que estaba pasando, seguramente no, quizás fue engañada en sus potestades de contralor y no sabía lo que estaba sucediendo. Pero una vez detectadas esas irregularidades debe proceder como marca la ley y la reglamentación.

Por eso sí, es cierto, no ha habido conformidad por las demoras en el inicio de la investigación y tampoco la hay ahora en tanto hay una sanción que, como hemos escuchado por ahí, ha sido más que nada para la tribuna pero la empresa sigue operando. Hay un sentimiento en la familia de que sigue impune. Contra eso es que se realizó la carta.

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