(emitido a las 7.44 hs.)

ROMINA ANDRIOLI:
A esta hora varios liceos de Montevideo y el interior del país están siendo ocupados por los sindicatos de Secundaria. La medida es impulsada por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que también ha convocado a los docentes a un paro nacional de 24 horas.

A la paralización de los profesores se suma la de los funcionarios administrativos, agrupados en la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES), que acompañan la plataforma reivindicativa que incluye varios puntos.

Entre ellos uno de los que llama la atención es que se denuncia lo que denomina "política autoritaria y punitiva", que sería promovida desde el Consejo de Secundaria, sobre los docentes a través de los inspectores, forzándolos a "maquillar" estadísticas de educación.

Para hablar de este tema y conocer qué puede pasar luego de esta jornada estamos en comunicación con el secretario general de la Fenapes, José Olivera.

¿En qué consisten exactamente estas presiones que ustedes están denunciando y que dicen que los lleva a "maquillar" estadísticas?
 
JOSÉ OLIVERA:
Estamos denunciando desde principio de año la injerencia que está teniendo buena parte del equipo inspectivo en algunos centros del país, cerca de 30, en los que se ha coartado la libertad de propuesta y de iniciativa de los propios centros de estudio, se han apoderado los espacios de trabajo colectivo, como son las coordinaciones, y se plantea que hay una única manera de hacer las cosas y un único objetivo: aumentar la cantidad de alumnos con nota suficiente durante el transcurso del año lectivo. Se ha visto y denunciado la presencia de tres o cuatro inspectores en un mismo salón de clases, muchas veces inspectores que no pertenecen ni siquiera la disciplina del docente que están invadiendo la hora de clase, y que luego de esta actitud intimidatoria hay una serie de devoluciones donde el planteo es que no es correcto que haya tantos alumnos insuficientes, si es el caso, y que hay promover una mayor cantidad de alumnos.

Esto es claramente tiene la intención de mejorar exclusivamente los resultados, sin importar la calidad del aprendizaje de los alumnos. Con esta modificación de resultados se va a estar incidiendo en las estadísticas que se elaboran a fin de año. Lo que es peor es que muchas veces este planteo se hace de forma individual exponiendo al docente a la presencia de tres o cuatro mandos medios como son los inspectores, e incluso llegando a amenazas. Hemos tenido denuncias concretas de amenazas de que no proceder de la forma que ellos indican podría tener un impacto negativo hasta en la evaluación del docente.

RA – ¿Pero esto lo ven como algo nuevo? Usted decía que lo vienen denunciando desde principio de año, ¿es concretamente de este año?

JO – Bueno, en realidad las exigencias en la educación secundaria sobre la promoción y repetición se han venido flexibilizando desde hace muchísimo tiempo, particularmente a través del régimen de evaluación y pasaje de grado. Presiones siempre han existido, particularmente hacia los docentes más jóvenes, pero lo que vemos este año es que ya no estamos hablando de un planteo que parte de la impronta personal de los inspectores, sino de un planteo sistemático que no es casual que arrancara en marzo de este año.

RA – ¿A qué lo atribuye justamente?

JO – Creo que en el marco de una campaña electoral, de desafíos que tiene el sistema educativo, y particularmente sus autoridades actuales, por ahí hasta por las perspectivas de continuidad en ese tipo de cargos ante la eventualidad de un nuevo Gobierno, hay un interés desmedido por mostrar resultados sin que se puedan obtener a partir de la modificación, por ejemplo, de las condiciones concretas en las cuales se realiza el hecho educativo. Creo que hay una desmedida pretensión de modificar esos resultados con esta presión sistemática, y no es casual que se hayan escogido algunos centros educativos y no otros.

RA – ¿Por qué dice que no es casual?

JO – Particularmente porque se apunta al ciclo básico. No olvidemos que durante 2010 y 2012 hubo sendos acuerdos multipartidarios en los que se planteaba reducir equis por ciento la cantidad de alumnos que promovían de año y que desertaban del sistema educativo. Realmente es muy difícil poder llegar a esos guarismos si no se modifican las condiciones de aprendizaje y de trabajo.

RA – Ustedes habían anunciado esta medida de paro hace varios días. Cuando se conoció esta iniciativa, nosotros habíamos entrevistado a la directora general del Consejo de Secundaria, Celsa Puente, y ella recalcaba no haber recibido denuncias formales sobre cualquier tipo de presión para elevar las calificaciones. Pedía que, si las tienen, que se las comuniquen para dar inicio a una investigación. ¿Qué dice usted concretamente?

JO – La directora general de Secundaria parece no entender cuál es el estado de situación, parece no querer reconocer que hay una realidad más allá de la que describen los inspectores detrás de un escritorio en un papel de media carilla. Hemos dicho claramente que no vamos a exponer a los compañeros individualmente al poder disciplinario de la administración, no vamos a hacer denuncias administrativas porque la administración, entre otros problemas de gestión que tiene, no da garantías en el proceso de su División Jurídica.

RA РO sea que ustedes hacen el planteo de forma gen̩rica pero no sobre casos particulares, por ejemplo, estos tres o cuatro inspectores que mencionaba.

JO – No, nosotros no hacemos el juego que pretende la administración de que cada docente individualmente por escrito haga una denuncia administrativa. No lo hacemos porque la División Jurídica de Secundaria tiene un proceder falto de claridad que actúa en función del cargo que ocupa el denunciante y por lo tanto no están dadas las garantías. Eso también lo sabe el Consejo de Educación Secundaria.

Hemos puesto arriba de la mesa colectivamente -como organización sindical-, políticamente, nombres y apellidos concretos de inspectores, situaciones concretas de centros educativos en los que se está procediendo de esta manera. Si la administración no quiere reconocer que esto es así y no quiere actuar, particularmente la directora general Celsa Puente, que forma parte de este cuerpo inspectivo (no olvidemos que viene de allí), es un problema político de la administración. Lo que no pueden decir es que no hemos dado casos concretos.

Yo puedo citar un caso concreto donde hemos estado en más de una oportunidad: el liceo de Delta del Tigre, en el departamento de San José, y allí el Consejo sabe de qué inspectores estamos hablando, lo hemos puesto arriba de la mesa.

RA – ¿Y qué respuesta han obtenido ante ese planteo?

JO – Esta respuesta sigue siendo la misma: al Consejo no le consta que esto sea así porque en los informes que dan los inspectores, única verdad revelada y válida para la administración, no consta que haya presión de los inspectores. O sea, es un razonamiento que tiene hasta falta de cierta lógica, la administración pretende que esta situación que el sindicato está denunciando con ejemplos concretos sea admitida y denunciada por los propios inspectores, es una cosa media fantasiosa.

RA – ¿En qué medida pueden terminar incidiendo estas presiones que ustedes están denunciando? ¿Ya se ve en algún tipo de estadística de estos liceos en los que ustedes indican que esta situación se está dando? ¿Cómo actúa el docente ante estas presiones?

JO – Lo que está pasando es que se está generando una fuerte rebeldía, una fuerte oposición en alguna medida por parte de los equipos directivos inclusive, y de la mayoría del cuerpo docente en general. Veremos cómo se resuelve esto, porque uno de los aspectos que más preocupa en la administración pública, pero particularmente en el sector educativo, las formas de persecución son muy sutiles. Básicamente uno está viendo año tras año cómo por ejemplo la evaluación docente, que hacen el equipo directivo o el inspectivo, es utilizada como un instrumento de presión bajando los puntajes asignados en cada año a su desempeño, con el impacto negativo que esto puede tener en el futuro laboral y profesional del propio docente.

RA – ¿Por qué la medida de paro como tal? Obviamente termina afectando a los estudiantes porque no tienen clase ¿Por qué nuevamente se acude a este método? ¿No hay otro mecanismo para hacer estas reivindicaciones?

JO – Acá hay dos problemas muy claros: no vamos a ser cómplices de un pretendido discurso de la administración de que hay voluntad de diálogo con todos, cuando en realidad debe negociar colectivamente con los trabajadores estos temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Allí hay que ser muy claro: este tipo de denuncias, como las asociadas a los problemas de gestión que veníamos planteando, las venimos haciendo desde marzo, recién comenzado el año lectivo. Sin embargo estamos en setiembre y no hay elementos sobre la mesa que permitan decir que ese diálogo dio frutos o llevó a que la administración modificara situaciones que son irregulares. Por lo tanto, el paro llega como una de las últimas medidas a desarrollar.

El segundo aspecto: esto pasó tanto con el Consejo de Educación Secundaria como con el Codicen, o sea que en ese sentido el organismo rector es responsable de no haber puesto sobre la mesa respuestas concretas a las denuncias que estábamos formulando.

Sabemos que la medida de paro no es la más simpática para el conjunto de la sociedad, nos preocupan todos los estudiantes, mejorar las condiciones de aprendizaje y las de trabajo, y algo que es fundamental, que es la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos. No se trata de promover administrativamente a los alumnos, porque esto objetivamente es una gran estafa a la sociedad y al propio alumno, porque en algún momento de su proceso formativo estas carencias que se pueden estar generando a partir de una promoción falta de responsabilidad y ética le va a estar pasando factura.

RA – Me está llegando un mensaje de un oyente, pero hay varios que se repiten por ese lado, que dice: "Según Fenapes en el Liceo 2 en Durazno habría presiones, sin embargo el propio sindicato las niega públicamente". Hay otro que dice justamente que firmaron el rechazo a las declaraciones de Fenapes. ¿Ustedes lo tienen como uno de los liceos donde efectivamente se estaba dando esa presión?

JO – Estamos hablando de una treintena de liceos en todo el país, un listado que nunca se hizo público, que tuvimos dificultades hasta para acceder al listado de centros en los cuales se produciría este supuesto acompañamiento, que es la definición que da la administración, no fue nunca publicitado y como sindicato tuvimos dificultades para acceder a la información.

RA – ¿Pero ustedes están denunciando presiones en el Liceo 2 de Durazno?

JO – En el caso del Liceo 2 de Durazno no hemos recibido ninguna denuncia por parte del núcleo sindical ni de la filial. Todas las denuncias que hemos hecho es a partir de las denuncias concretas que hacen los núcleos sindicales que están insertos en esas instituciones o la propia filial que los representa.

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