(emitido a las 7.50 hs.)

EMILIANO COTELO:
Sorpresivamente, a media tarde de ayer se conoció que quedaba sin efecto el paro que tenían previsto realizar hoy y mañana los dueños de las estaciones de servicio agremiados en la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu).

Sólo el anuncio del paro había implicado desde el viernes un incremento de la demanda de combustibles de parte de muchos automovilistas, que procuraban evitar que sus vehículos quedaran desabastecidos.

¿Cómo se arregló esto en el último minuto? ¿Qué ocurrió? Vamos a conversar con Jorge Bonino, secretario de Unvenu.

ROMINA ANDRIOLI:
Recordemos brevemente los motivos por los cuales ustedes habían convocado al paro y qué reclamaban.

JORGE BONINO:
El paro era consecuencia de un poco más de cuatro años de reclamo de una serie de costos no contemplados en la paramétrica de Ancap, que si bien en concepto fueron los mismos a lo largo de esos cuatro años, se han ido incrementando y por ende la brecha fue cada vez mayor. Como consecuencia de no poder avanzar en las negociaciones que reiteradamente tratamos de llevar a cabo con Ancap, el 26 de marzo de este año en una asamblea se resolvió tomar una serie de medidas de protesta de manera de ir exteriorizando cada vez más la compleja situación en que estábamos las estaciones de servicio. Esas medidas -que tuvieron distintas características, como acercarnos a la prensa, distribuir volantes y demás- tenían uno de los puntos más fuertes con el paro de actividades. Tratamos por todos los medios de no llegar a él, pero seis meses después de tomada aquella decisión, cuando no había posibilidades de avance ninguno, se resolvió adoptarla.

RA – Antes de seguir con esas negociaciones que evitaron el paro, cuando hace referencia a los costos que no se contemplaban usted alude a costos en materia de mano de obra, en lo que tiene que ver con seguridad, con el uso de tarjetas de crédito…

JB – En realidad son como 14 puntos, pero los más importantes por el peso que tienen son los que menciona usted. La incidencia de los costos de mano de obra no está contemplada en un 100%. La seguridad, que prácticamente no está contemplada para nada, lo único incluido es la amortización de las cámaras de seguridad, que es una cantidad irrisoria. Y la incidencia de los costos financieros de tarjetas de crédito y débito, que ya eran muy altos y que se dispararon en agosto a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Financiera; estos están contemplados en una medida muy menor a lo que son en realidad.

RA – ¿Qué cambió este fin de semana para que ustedes decidieran revertir esta medida, que en principio parecía tajante? Se habían dado algunas instancias de negociación pero no habían prosperado.

JB – Exacto, nuestra voluntad siempre fue de diálogo y no queríamos llegar a esta medida, que no es buena en ninguna circunstancia. Si bien lo anunciamos con anticipación para que la gente tomara las correspondientes previsiones, podía causar alguna molestia al público y esa no era nuestra intención. Más de una vez reiteramos esta voluntad de diálogo y tratamos de tender puentes, la última había sido la semana pasada y no había llegado a buen término. Varios contactos mantenidos a lo largo del día de ayer con autoridades del Gobierno y Ancap finalmente permitieron destrabar la situación.

EC – ¿Pero de quién fue la iniciativa? ¿Jugó el Gobierno, jugaron ustedes, quién procuró ese diálogo sobre el filo del vencimiento de los plazos?

JB – Fuimos nosotros nuevamente, así como lo habíamos sido la semana anterior ante Ancap exclusivamente.

RA – Acordaron formar una comisión bipartita para analizar el tema de la incorporación de los costos.

JB – Exacto. Costos que están relevados por la propia Ancap, que hizo un trabajo en 52 estaciones, con una muestra que definió la propia Ancap y que le insumió cuatro meses recorriendo el país con un equipo técnico. Luego hubo una comisión bipartita en la cual se discutieron los ajustes de esos costos, los criterios a aplicar y demás, se hicieron actas, etcétera. Fue un proceso bastante engorroso y muy trabajoso, pero cuando estaba todo terminado y había algunas discrepancias, pero muchos puntos de acuerdo, Ancap hizo caso omiso a eso que se había hecho y aplicó lo que entendió pertinente. Entonces algunos costos los tuvo en cuenta, otros no, algunos los consideró pero solo de forma parcial, y desde ese momento es que estamos reclamando que se revierta esa situación.

RA – Más allá de esta comisión bipartita que se va a conformar, supongo que desde Ancap les habrán dado alguna señal de que están dispuestos a incorporar algunos de estos costos que ustedes reclaman en la paramétrica, ¿no?

JB – Ha habido una sensibilización en cuanto a nuestros reclamos, por ende están dispuestos a revisar las decisiones que tomaron a través del trabajo de esa comisión bipartita, que obviamente tiene que tener un plazo relativamente breve de funcionamiento.

RA – ¿Pero les dijeron qué costos podrían llegar a considerar, por ejemplo?

JB – No, básicamente nosotros quedamos en revisar todos los que estábamos reclamando y la prioridad, por la urgencia y la incidencia, son los tres a los que hacíamos referencia: costos financieros de tarjeta de crédito y débito, seguridad y masa salarial.

RA – ¿En qué plazos podría tomar una resolución esta comisión bipartita?

JB – Lo vamos a dejar definido esta misma semana, para nosotros 45 días es un plazo más que suficiente, Ancap pidió 60, tampoco va a ser un elemento decisorio esa diferencia de 15 días.

RA – ¿Y a qué se deben esas diferencias de plazos que manejan? Tengo la impresión de que si se contemplan sus planteos seguramente eso traiga aparejado una nueva suba del combustible. ¿Ancap ha hecho algún planteo desde ese punto de vista?

JB – No, Ancap no ha manejado el tema del aumento de combustibles y nosotros tampoco. Ancap es quien define cómo distribuye sus costos. Dentro del costo del combustible hay costos muy altos de impuestos y también con aquellos que tienen que ver con la propia producción de combustibles y demás. También hay economías que la propia Ancap podría hacer a través de mejorar eficiencia.

No somos nosotros los que vamos a definir cómo poder absorber esos costos, pero sí esos costos son una realidad, estamos en un mercado regulado donde Ancap marca no solo el precio de venta al público sino también el precio al que nos vende a nosotros, por lo tanto marca ese margen de ganancia. Como nosotros no podemos trasladar nuestros costos al precio final de venta al público, porque el margen es fijo, tienen que estar contemplados necesariamente en la paramétrica.

RA – ¿En qué quedó la demanda civil a Ancap que varias estaciones agremiadas en Unvenu presentaron por la modificación de la paramétrica?

JB – Eso está a nivel judicial. Hubo una primera instancia de conciliación en febrero, Ancap se presentó a la conciliación pero no quiso conciliar, y comenzó un proceso muy engorroso para la presentación de la demanda. El Poder Judicial no estaba preparado para recibir a las 228 estaciones que se presentaron (casi la mitad de las instaladas en el país), para atender demandas idénticas en forma conjunta. Normalmente el proceso es una audiencia por cada una, y obviamente en este caso era muy engorroso, con lo cual hasta tuvieron que modificar el sistema informático para poder realizar audiencias conjuntas y eso demoró el proceso en sí mismo. La demanda finalmente entró con fecha 5 de setiembre y por lo que nos dijeron Ancap aún no ha sido notificada del contenido de la demanda.

Esa es una de las bases con las cuales destrabamos este conflicto, porque en muestra de buena voluntad ofrecimos entregar una copia de todas esas actuaciones que hicimos ante la Justicia para que Ancap, antes de ser notificado formalmente, pueda tener conocimiento cabal de cuál es el contenido de la demanda.

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