"Tenemos serias expectativas de que, una vez revisado (por los exprisioneros) el documento que les presentó, pueda ser aceptado y, en algunos casos, modificado levemente, pero con la mejor intención de darle solución a los problemas que tienen", afirmó Nin Novoa.

En cuanto a las condiciones del acuerdo para la inserción y aceptación de estos refugiados en Uruguay, el canciller no quiso entrar en detalles debido al carácter confidencial del documento hasta que no sea aceptado por ambas partes, pero indicó que sería un convenio de "un año con posibilidad de dos".

Entre los puntos abordados en el documento y que han trascendido a la prensa figuran asuntos como el de la manutención, vivienda, acogida de las familias de los exprisioneros y la obligación del aprendizaje del español por parte de los refugiados para su inclusión en el mercado laboral uruguayo.

En declaraciones a la revista estadounidense Vice, los refugiados habían asegurado que si ni Uruguay ni Estados Unidos pueden mejorar sus condiciones de vida, deberían regresarlos a sus países o a la misma prisión.

"Si no podemos traer a nuestras familias o tener una casa, es mejor que nos manden de vuelta a Guantánamo, Siria o cualquier otra parte", aseguró entonces Abd al Hadi Omar Faraj, declaraciones recogidas por la prensa local e internacional.

El abogado que los representa, Mauricio Pígola, dijo a El Espectador que sus defendidos no han expresado la intención de irse. 

Según consigna Montevideo Portal, una organización británica logró crear un fondo con donaciones que reunió ya 20.000 dólares para los refugiados, a fin de que hagan frente al desafío económico de traer a sus familias.

Según dijo Mauricio Pígola, en estos días definirán los nombres de los familiares que luego Cruz Roja se encargará de contactar y coordinar su llegada. 

Estados Unidos, a través de la vocera del Departamento de Estado Marie Harf, aseguró que su país no tiene obligación alguna de suministrar ayuda económica a los detenidos.

Un informe publicado en las últimas horas por The Wall Street Journal, que envío a dos periodistas a Montevideo señala que Ian Moss, el portavoz del Enviado Especial del Departamento de Estado para el Cierre de Guantánamo, que llegaron tras "una conversación específica y detallada con el país que lo recibirá sobre la amenaza potencial que pueda representar y las medidas que el país receptor adoptará a fin de mitigar suficientemente esa amenaza".

Los sirios Ali Husein Shaaban, Abd al Hadi Omar Mahmoud Faraj y Ahmed Adnan Ahjam y el tunecino Abdul Bin Mohammed Ourgy están acampados desde el pasado 24 de abril frente a la embajada de Estados Unidos en Montevideo para pedir a ese país "lo necesario para llevar una vida normal como seres humanos" tras haber estado 13 años presos sin cargos en Guantánamo.

Tanto ellos como el sirio Jihad Ahmad Diyab decidieron no firmar un documento que les entregó el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Sedhu), organización adscrita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), por contener cosas "que no están claras", según señaló la pasada semana a Efe el tunecino Abdul.

El sexto expresidiario, de origen palestino, ya firmó el acuerdo.