El secretario general de COFE y presidente del sindicato de INAU, cargos que mantendrá, dijo que entienden que el gobierno echó mano de los recursos a su alcance frente a la huelga, y que esperan que en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) la administración les diga qué se puede hacer y qué no en situaciones complejas como las que se registraron en los últimos días en los hogares del Sirpa, donde el sindicato denunciará supuestas nuevas agresiones en el Ceprili por parte de efectivos de la Guardia Republicana en la madrugada del domingo, está vez contra 19 menores privados de libertad.

"En este caso vamos a hacer la denuncia penal para que se investigue, no a los efectivos policiales que hicieron esos traslados y en definitiva lo que les mandaron, sino a los verdaderos responsables que hicieron que los jóvenes estuvieran casi 20 horas esposados y sin asistencia médica cuando estaban lesionados. Esto debe tener un tratamiento especial";, aseguró López. 

Procesados por torturas

El pasado viernes, uno de los jueces encargados del caso decidió enjuiciar y mantener bajo prisión preventiva a 17 de los 26 funcionarios del INAU, mientras que los otros nueve, entre los que se encuentra López, fueron procesados sin prisión.

A todos ellos se les imputa el delito de tortura a raíz de la investigación surgida tras la difusión de un video (sin audio) grabado en el Hogar Ceprili, en el que se ve cómo unos jóvenes que rompieron una baldosa del patio y causaron disturbios en el lugar son reducidos violentamente por unos 30 hombres y mujeres.

"Siento que estamos en un caso institucional muy grande. Que hay un operativo político tremendamente armado donde, no solo el Poder Ejecutivo, sino algunas organizaciones sociales, han trabajado para que esto fuera así. Estamos en un país donde la Justicia se ve sometida a determinado tipo de presiones que termina en situaciones como las que se generó a partir de este procesamiento", afirmó el dirigente sindical.

La sentencia señala que "los hechos de autos deben apreciarse, no como la mera suma de conductas individuales aisladas, sino como un solo hecho devenido resultado de una convergencia objetiva y subjetiva de varios agentes; una obra en común hacia la cual concurrieron las acciones singulares de los partícipes, las que no necesariamente se deben presentar como idénticas".

"Ello queda en evidencia a través de la filmación analizada, cuyas imágenes ponen de inmediato en relieve la irracionalidad, la desproporción y el exceso de violencia de todo el episodio registrado por las cámaras", concluye.

López no está de acuerdo con el fallo y aseguró que "en un país donde los verdaderos torturadores, que durante 11 años de dictadura torturaron, asesinaron y desaparecieron gente, muchos de ellos anden sueltos por la calle, que tengamos 26 compañeros procesados, 17 presos por una situación de una ley que está establecida para el genocidio y los crímenes de guerra, es muy injusto. No compartimos ese fallo e intentaremos cambiarlo en los ámbitos que corresponden".