Luego del procesamiento de 26 funcionarios del Sirpa por autoría, coautoría y complicidad del delito de tortura, la huelga decretada por el sindicato en tres centros del sistema y el posterior decreto de esencialidad por parte del Poder Ejecutivo; el sindicato acordó con el Ministerio de Trabajo un manual de procedimiento temporal y trabajar en la definición de un protocolo definitivo.

Una comisión encargada del tema trabajó durante casi dos meses y ahora este preacuerdo alcanzado queda a la espera de una definición del funcionamiento cotidiano de cada uno de los centros y luego que se establezca eso, se va a ratificar el acuerdo final en el Ministerio de Trabajo.

El protocolo establecido en este preacuerdo establece tres momentos en el accionar de los funcionarios. Primero, la evaluación de la situación y decisión de intervenir en caso de incidentes, segundo establece que en el caso de aplicar una reducción, ésta tiene que ser mediante la inmovilización de la persona, poniéndola boca abajo, esposado y con grilletes en las piernas. El tercer momento establece una serie de comunicaciones e informes que se deben realizar que incluye a la Justicia y las autoridades del Sistema.

Carlos Salaberry, secretario general del sindicato, dijo a El Espectador que se trata de un manual de procedimiento en caso de incidentes o desacato, pero provisorio hasta que se defina uno más completo que establezca también cómo actuar en casos de incendio y evacuación de lesionados pero eso es a mediano plazo, según dijo Salaberry.

El secretario general del sindicato agregó que con esto se le da un marco y un respaldo administrativo a procedimientos que se venían desarrollando anteriormente.

En referencia a los incidentes por el que resultaron procesados 26 funcionarios, Salaberry sostuvo que con excepción de los puntapiés en el piso a uno de los internos, los funcionarios actuaron en el marco de este manual de procedimiento aprobado.

Por otro lado, el Sirpa realizó un convenio con la Junta Departamental de Canelones para ocupar vacantes de este organismo con menores internados en el sistema. El convenio fue aprobado en la junta solo con votos del Frente Amplio y desde la oposición se generaron algunas críticas.

Joselo Hernández, edil de Canelones por el Partido Nacional, dijo a 810 Vivo que no hay garantías para llevar adelante el convenio. Hernández dijo que si bien no están en contra, creen que el momento "no es el adecuado" por los incidentes que se han desarrollado en el sistema.

Hernández sostuvo que actualmente existe una tensión entre los menores y agregó que no se trata de una reinserción efectiva porque los menores van a trabajar con funcionarios que no están capacitados para rehabilitar.

Agregó que solo se pretende trabajar con menores del Sirpa y no se les están dando oportunidades a menores que tienen buena conducta, y aseguró que se está violando la ley de discapacidad respecto a ocupar vacantes con personas discapacitadas.  

La ley 18.651 establece que "el Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes".

Según Hernández, actualmente no hay ninguna persona discapacitada trabajando en la Junta de Canelones y aseguró que va a presentar la denuncia ante la Oficina de Servicio Civil por no controlar el cumplimiento de leyes que otorgan cupos para discapacitados y afro descendientes.

Hernández mencionó, además, que en la Junta Departamental de Montevideo se dieron algunas malas experiencias con intentos de fugas aunque las catalogó como no relevantes pero aseguró que la interna del Sirpa no es la misma que hace dos años, cuando se firmó el convenio con la de Montevideo.