(Emitido a las 8.50)

EMILIANO COTELO:
El viernes pasado a las 9 de la mañana volvimos a ocuparnos En Perspectiva del debate que ha quedado planteado en Punta del Este a propósito de 12 grandes proyectos inmobiliarios a los que la Intendencia Municipal de Maldonado (IMM) les ha otorgado en principio excepciones en las normas de Ordenamiento Territorial.

Esos proyectos y concretamente las resoluciones municipales, han sido impugnados ante el Parlamento, donde se han presentado recursos por un lado de organizaciones de vecinos de Punta del Este y por otro de ediles departamentales.

Mientras esos recursos corren su trámite a nivel del Poder Legislativo, mientras van pasando los días y se aguardan los pronunciamientos correspondientes, los empresarios que impulsaron esos proyectos han decidido conformar una asociación.

Una asociación que, según decía el viernes uno de los integrantes del grupo, Álvaro Butureira, tiene como principal preocupación el mantenimiento de la seguridad jurídica.

(Audio)

"ÁLVARO BUTUREIRA:
El desarrollo y la exigencia de las garantías jurídicas para poder invertir en Uruguay, y que el perder o ganar no dependa de las políticas de los gobiernos, sino únicamente de los factores endógenos a las estrategias de comercialización y del posicionamiento en los mercados que marquemos como objetivo. Que ganar o perder no dependa del cambio en las reglas de juego. Queremos reglas claras, iguales para todos, queremos un país en serio, porque eso es lo que se merece Uruguay."

(Fin.)

A raíz de esa entrevista recibimos la llamada telefónica de algunos de los vecinos de Maldonado que están organizados en la posición contraria, los que han promovido la recolección de firmas y han llevado adelante la impugnación ante el Parlamento.

Uno de ellos, el doctor José Luis Sciandro, está en línea telefónica en este momento.

***

Doctor Sciandro, ustedes nos han remitido una carta con una serie de puntualizaciones que lleva como título "Punta del Este: inversión responsable". ¿A qué apuntan concretamente cuando reaccionan por dichos como los de Butureira del viernes?

JOSÉ LUIS SCIANDRO:
No es reacción, porque no estamos polemizando con nadie ni queremos transformar esto en un debate. Estamos en la misma posición que los señores en el sentido de preservar las normas jurídicas de este país, entendemos que el ordenamiento territorial es la base fundamental para la convivencia de una ciudad, de un departamento, y que nosotros estamos proponiendo todo lo contrario de lo que proponen los que están de alguna manera...

[Se interrumpe la llamada.]

***

EC - ¿Qué es lo que sostienen ustedes a propósito del debate sobre seguridad jurídica?

JLS - Sostenemos que estamos en la misma línea que los inversores, estamos propiciando que el verdadero inversor en el departamento de Maldonado sea preservado en sus condiciones de seguridad jurídica, que es lo que vemos afectado a través de este tipo de excepciones que dan privilegios exagerados a determinados inversores que tienen nombre y apellido. Hoy en día esas excepciones no se justifican porque no se dan los elementos que las habilitaron.

EC - Vamos por partes. Si entiendo bien, ustedes ponen el énfasis en quienes invirtieron en Punta del Este de aquí para atrás, en quienes ya invirtieron en el pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento?

JLS - El razonamiento es muy sencillo: usted invirtió en Punta del Este en base a una normativa que establecía parámetros de altura, determinados condicionamientos en el ordenamiento territorial. Eso implica derechos adquiridos, usted tiene un derecho adquirido a determinada altura, a determinada vista, a determinadas condiciones de paisaje; si esas condiciones se ven alteradas por una excepción se están violando mis derechos adquiridos. Ése es el razonamiento básico del planteo.

EC - En Punta del Este siempre se han votado excepciones a las normas de ordenamiento territorial, casi podría sostenerse que el balneario avanzó al impulso de algunos grandes proyectos que en distintos momentos se fueron dando y que requirieron que se habilitaran excepciones.

JLS - Excepciones siempre se dieron, están previstas en el artículo 21 de la ordenanza de construcción, pero refieren a la adaptación de la norma territorial a la realidad. Es muy difícil prever todas las situaciones geográficas de un lugar a través de una norma de ordenamiento territorial, por eso todas las normas urbanísticas tienen elementos para generar adaptaciones a la realidad específica de que se trate. Son excepciones que se aplican con pequeñas adaptaciones –así está previsto en la normativa– del ordenamiento territorial a la realidad a través de un mecanismo de discrecionalidad que las habilita. Pero eso se ha usado históricamente en Maldonado con ciertos criterios que entendemos que en estos casos se han superado ampliamente. Transformar un suelo urbano que admite cuatro pisos en uno que admite 23, no es una excepción; estamos hablando de una transformación radical del uso del suelo.

EC - Estos empresarios sostienen que hubo el análisis correspondiente a nivel de la IMM, que luego el tema pasó por la Junta Departamental, o sea que se cumplió con las formalidades, con los procedimientos establecidos, que se les confirieron esas excepciones en función de las cuales pusieron en marcha sus inversiones, y ahora se encuentran con que el panorama les cambia y pasa a ser incierto.

JLS - El tema es que el ordenamiento territorial de una ciudad no puede quedar en manos de la discrecionalidad de un grupo tan reducido de personas. No estamos hablando de temas baladíes, estamos hablando del futuro de un departamento cuyo único sustento económico es en definitiva la actividad turística. Esa actividad turística se basa principalmente en una oferta de sol, playa y calidad de vida. Esa calidad de vida y esos sol y playa se ven amenazados por la aplicación indiscriminada de excepciones que violan la normativa que regula toda la ciudad, eso no puede quedar en manos de un pequeño comité, de un "petit comité" que lo estudie en base a la discrecionalidad de técnicos que dependen exclusivamente del intendente de Maldonado, y de un grupo de ediles que no tienen por qué representar todos la opinión pública de una ciudad en un tema que obviamente trasciende la política partidaria y nuestra perspectiva inmediata de vecinos del lugar.

EC - ¿En definitiva qué es lo que ustedes están proponiendo en este momento?

JLS - Estamos proponiendo que el tema se encare con seriedad y que se estudie con independencia técnica y con la participación de todos aquellos que de alguna manera tienen interés y derecho a opinar en la cuestión.

EC - Hoy están planteados los recursos ante la Cámara de Diputados, por un lado, y por otro se aguarda la actitud del gobierno electo cuando asuma. Aparentemente el ministro de Economía designado, Danilo Astori, ha dado algunas señales en cuanto a que sería desde su ámbito que se terminaría resolviendo esta cuestión.

JLS - Puede ser, es un tema que nosotros no manejamos. Lo que esperamos es que se tenga en cuenta al inversor responsable, al inversor que ha optado por Maldonado, por Punta del Este, como lugar para pasar su descanso o para vivir su retiro –cosa que está pasando mucho en estos últimos tiempos–. Es el inversor que paga los impuestos todo el año, el que paga el jardinero, pinta su casa, el que en definitiva le da sustentabilidad al balneario. Si no somos capaces de preservar los intereses de ese inversor que entendemos que es el que le ha dado vida y sustento al balneario, estamos poniendo en riesgo la seguridad jurídica y el futuro económico de todo el departamento, no sólo de un grupo indeterminado de personas.

EC - Pero concretamente en este caso, y a partir de estos permisos que están en debate, ¿qué mecanismo están sugiriendo? ¿Que se genere qué tipo de ámbito para evaluarlos?

JLS - Estamos propiciando la discusión de esto a nivel político en la Cámara de Representantes a través del recurso que hemos interpuesto. Después nos parece que la discusión de estos temas en un ámbito de absoluta transparencia, de participación, donde los directamente afectados puedan dar su opinión y confrontarla con la de los inversores que están detrás de estos proyectos, sería un camino adecuado y deseable, que debió ocurrir antes de otorgar las excepciones y que en definitiva fue lo que nos motivó a hacer este tipo de cuestionamientos.

Notas asociadas:
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe