(Emitido a las 8.47)

EMILIANO COTELO:
Esta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno ha puesto el tema de la migración sobre el tapete, con enfoques muy diversos. Recién repasábamos esta problemática en el informe de Elisa Lieber y ayer el tema estuvo sobre la mesa en el seminario que la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados está desarrollando en nuestra capital.

Les proponemos analizar el fenómeno migratorio desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista jurídico, y sobre todo desde la óptica de España, un país que es un receptor muy fuerte de inmigración latinoamericana.

¿Cuáles son las reglas con las que deben jugar los inmigrantes que ingresan a España? ¿Cuál es la situación actual de los uruguayos residentes en España?

Vamos a conversar sobre estos temas con el doctor Luis Martí Mingarro, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UICAA).

Un detalle: Luis Martí Mingarro también presidió el Tribunal Arbitral del Mercosur que laudó sobre la denuncia de Uruguay por los cortes en los puentes, así que con él vamos a tener otros asuntos para conversar en esta charla.

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Doctor Martí Mingarro, en los últimos días se ha generado una situación particular, casi de rispidez, entre Uruguay y España en torno a este tema de las migraciones. Me refiero a la decisión del Tribunal Supremo que definió que los inmigrantes uruguayos no tendrán condiciones especiales de residencia en España; condiciones especiales que según el gobierno de nuestro país les corresponde a los uruguayos debido al Tratado Paz y Amistad de 1870, que establece que los ciudadanos de ambos países podrán "ejercer libremente sus oficios y posesiones en los mismos términos que usaren los de la nación más favorecida".

El Tribunal Supremo consideró que ese acuerdo es "incompatible" con otro tratado aprobado en 1992 entre Uruguay y España. El Tribunal Supremo dice que "ahora son las facilidades para el ejercicio de las actividades y no el derecho a ejercer". Por eso los uruguayos "ni quedan equiparados con los ciudadanos de la Unión Europea, ni dejan de estar sujetos" a la ley de extranjería. ¿Cómo observa usted esta resolución?

LUIS MARTÍ MINGARRO:
Como es natural, con preocupación. Debemos evitar entre todos que surjan episodios en los que se genere algún tipo de tensión. Nuestro Tribunal Supremo ha adoptado una resolución de unificación de doctrina y que nos pone ante la obligación a todos, pero muy especialmente a los poderes públicos de nuestros dos países, de afrontar una regulación modernizada, clara y que no obligue a litigar en la búsqueda de la disposición aplicable y cuál sea el tratamiento que debe darse al inmigrante.

Todos los abogados de la UICAA llevamos muchos años trabajando en esto, y el Colegio de Abogados de Madrid muchísimos más, hace 15 años que creamos un aula de inmigración para el tratamiento de todos estos problemas. Y el enfoque es, desde nuestro punto de partida, el siguiente. El hecho de que la tragedia o la presión económica obligue a alguien a abandonar sus raíces y su entorno vital e irse a buscar la fortuna de un trabajo –un trabajo es una fortuna hoy día– en otro sitio no le hace perder el blindaje de su dignidad, los derechos fundamentales de las personas están ahí para cubrir cualquier emergencia. Luego nuestros tribunales todos prácticamente han dicho que el derecho de entrar en un país es de configuración legal, el legislador tiene derecho a darle forma, construir requisitos, por así decirlo, en el fondo son restricciones, no nos engañemos. Y eso tiene que funcionar sin tocar los derechos básicos de la persona.

Los temas migratorios deberían tratarse ya globalmente, esta cumbre debería –y en nuestras conclusiones lo brindamos como un documento sujeto a toda las revisiones que sean necesarias– acordar que si queremos hablar de una Comunidad Iberoamericana tenemos que estar hablando de la libre circulación de nuestros ciudadanos, naturalmente sujetos a las restricciones que marque la lógica para que no exportemos ni unos ni otros inquietud, ruptura de la paz, marginalidad, que quienes tenemos trabajo para dar lo demos a quienes lo precisan y lo necesitan.

EC - Entonces por un lado está el camino de las soluciones políticas, que es al que usted parece estar aludiendo. Pero en el plano de lo jurídico, una última consulta sobre el fallo del Tribunal Supremo español. El gobierno uruguayo discrepó con esta resolución y en una conferencia de prensa el jueves pasado el canciller Reinaldo Gargano fijó la posición del Poder Ejecutivo hablando de esta manera.

(Audio)

"REINALDO GARNAO:
Discrepa totalmente con el fallo que ha sido adoptado y ha sostenido que está en vigencia el tratado de 1870, que iguala a los uruguayos a los españoles en el tratamiento en materia de residencia, trabajo y seguridad social. El gobierno uruguayo no ha decidido qué actitud va a adoptar frente a eso, porque no hay posibilidades de acciones jurídicas contra eso.

Periodista - ¿Ninguna?

RG - No, porque es un recurso de casación, la última instancia.

Periodista - ¿Y entonces qué se puede hacer? ¿Nada?

RG - Vamos a hacer lo que estamos haciendo hasta ahora: defender a nuestros residentes en España."

(Fin.)

EC - ¿No hay otras instancias a nivel jurídico?

LMM - No las hay, éste es un recurso extraordinario de unificación de doctrina. Las autoridades españolas quisieron conducir hacia el Tribunal Supremo el que les dijera de una vez cuál era la escala de aplicación entre el acuerdo de paz y amistad de 1870, y el acuerdo posterior de los años noventa, que tiene una graduación en el tiempo. El Tribunal Supremo dice que el tiempo ha transcurrido de tal manera que la interpretación conjunta de los dos hace que una norma de 1870 sea ya incompatible con una norma del tratado de los años noventa.

El tema es jurídicamente muy complejo y creo que el señor canciller ha expresado el natural disgusto que esto ha tenido que producir en la colectividad a la que representa el gobierno uruguayo y ha dejado abierta la puerta de lo que hay que hacer, que es afrontar el tema para que no dependamos de interpretaciones sofisticadas.

El mundo del derecho tiene que ayudar a paliar la tragedia de las migraciones, la tensión del emigrante que llega a un país –porque por más amistosa que sea la recepción, la llegada es durísima–, no a reactivar tensiones. En eso estamos desde hace muchos años, el Colegio de Abogados de Madrid tiene un servicio de asistencia al inmigrante en el aeropuerto de Barajas, incluso en ese que parece una catedral del futuro. Estamos ahí desde hace 14 años con equipos de asistencia jurídica al inmigrante. Y de los recursos hechos en interés de los inmigrantes por esos servicios han salido cosas muy importantes, como que las resoluciones de rechazo en frontera tengan que ser motivadas y razonablemente motivadas, así que hay mucho trabajo para todos, que tenemos que hacer en cooperación.

En la UICAA trabajamos en cooperación, los abogados sabemos muy bien lo que le pasa a la gente, estamos a pie de obra y queremos ayudar con nuestra profesionalidad, decirles a los legisladores de todos los países dónde están tropezando las leyes, dónde está tropezando la economía, dónde está tropezando la hipocresía del mundo occidental –que también existe–, a ver si entre todos lo hacemos mejor, porque el resultado es que el emigrante se ve abocado a la tragedia de empezar una nueva vida y hacerlo en unas condiciones de presión casi de clandestinidad, que no es más que el camino hacia la senda del mal. Y eso no puede ser.

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EC - El doctor Luis Martí Mingarro además presidió el Tribunal Arbitral del Mercosur que laudó sobre la demanda uruguaya contra el gobierno argentino por los cortes de ruta. Entonces me gustaría consultarlo a propósito de la situación que se está dando en estos días y que probablemente termine apareciendo en la cumbre de presidentes.

Recordemos, antes que nada, cuál fue la resolución del tribunal que usted encabezó. En primer lugar estableció que "la ausencia de las debidas diligencias que Argentina debió haber adoptado para prevenir, ordenar o, en su caso, corregir los cortes de las rutas realizados por los vecinos de Gualeguaychú, no es compatible con el compromiso asumido por los Estados Partes en el tratado fundacional del Mercosur de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus respectivos países".

En segundo lugar que "desestimando parcialmente la pretensión uruguaya, no resulta procedente que este Tribunal adopte o promueva determinaciones sobre conductas futuras del gobierno argentino".

Estamos ante una nueva situación de corte de ruta que los vecinos de Gualeguaychú impulsan este fin de semana para que coincida con la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que va a estar teniendo lugar en Montevideo. ¿Qué puede hacerse ante este fenómeno, ante este nuevo corte, teniendo en cuenta este fallo que ya se produjo?

LMM - Vamos a ver. Como abogado que soy esencialmente he pasado mi vida pensando que no era bueno que hubiera jueces estrella, ni tampoco que haya árbitros estrella, de manera que la función de impartir justicia es una función difícil, que debe hacerse con ponderación, con cuidado y con discreción. Nuestro trabajo terminó entonces y terminó de manera que fue asumido y acatado como una fórmula que marcaba bien la valoración jurídica de lo que había pasado y daba la oportunidad de afrontar bien el futuro.

EC - ¿De qué manera se le puede exigir al gobierno argentino que tome medidas para que ese bloqueo no se concrete?

LMM - Usted me tiene que permitir que yo no incurra en lo que sería descortesía –si no desfachatez–, el decirle a nadie lo que hay que hacer, decirle a un gobierno. Tengo la convicción de que el marco jurídico está marcado, está señalado, y si la dificultad de aquel tiempo persiste hay que cohonestar derechos que tenemos reconocidos todos y que nos han costado a todos nuestros países mucha sangre recuperar, derechos de libre expresión, de libre manifestación, que deben ser canalizados. Ningún derecho es absoluto y esa canalización le corresponde al Estado en el que se producen esas tensiones.

EC - Pero uno se pregunta para qué sirve la existencia de ese fallo del Tribunal del Mercosur si después los cortes vuelven a producirse y el gobierno argentino vuelve a adoptar la misma actitud.

LMM - No sé si el gobierno argentino vuelve a adoptar o no la misma actitud. Sí sé para qué sirve: se cumplió el objetivo que se marcó Mercosur al crear sus tribunales arbitrales, que es que un organismo imparcial llamado Tribunal Arbitral enjuicie la cuestión concreta que allí se le somete. Ese enjuiciamiento da un resultado y ese resultado tiene por un lado el efecto que debe tener toda resolución jurisdiccional, sea o no arbitral, que es pacificar un conflicto tal como esté planteado en ese momento, y debe contribuir también a buscar los caminos de la paz para el futuro. Están ahí dentro, en esas líneas están también los caminos porque los derechos de manifestación de los ciudadanos de expresar su disconformidad con una situación tienen sus canales en todos nuestros países y tienen sus límites, no hay derechos ilimitados. Eso requiere muy buena mano, que creo que no le faltará a quien tiene que usarla para que el derecho quede a salvo.

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Edición: Mauricio Erramuspe