(Emitido a las 09.05)

EMILIANO COTELO:
¿Tendremos una tercera empresa operando en el mercado de telefonía celular? Hasta ayer parecía que sí, estaba todo pronto para la subasta programada para el jueves, convocada por el Poder Ejecutivo para adjudicar nuevos permisos, y ya habían precalificado dos compañías interesadas: América Móvil, la operadora de telefonía celular del magnate mexicano Carlos Slim, y Telefónica Móviles Uruguay SA, empresa que está en trámite para comprar parte del paquete accionario de Movicom en Uruguay.

Pero ayer el escenario cambió súbitamente cuando el Frente Amplio (FA), a través de su Mesa Política Nacional y por unanimidad, apoyó una acción de amparo para detener este procedimiento. En el comunicado consideró a la subasta como algo ilegal y advirtió que si Tabaré Vázquez llega al gobierno desconocerá el resultado de este remate.

Esta objeción recoge la posición que desde hace varias semanas venía agitando el sindicato de funcionarios de Antel, Sutel, y coincide con las críticas que realizó Oscar González Álvarez, director de Antel en representación del Partido Nacional.

¿Qué va a pasar entonces? Sobre todo, ¿cuál es el análisis que de todas esas objeciones se realiza desde el órgano asesor del Poder Ejecutivo en esta materia, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Ursec?

Vamos a saberlo en diálogo con el doctor Fernando Pérez Tabó, su presidente. La decisión de abrir espacio para una mayor competencia en telefonía celular a través de esta subasta de nuevas bandas es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, ¿verdad?

FERNANDO PÉREZ TABÓ:
Sí, es una potestad del Poder Ejecutivo.

EC - ¿Y qué rol juega concretamente la Ursec entonces?

FPT - La Unidad Reguladora, como asesora en materia de comunicaciones, brinda precisamente eso: asesoramiento en cuanto a las condiciones en que ese llamado puede llevarse a cabo.

EC - Concretamente, y en términos más o menos sencillos, ¿qué es lo que está previsto subastar este jueves?

FPT - Son los derechos de uso de seis lotes de frecuencias en las bandas de 1.800 y 1.900 megahercios, lo cual traducido más fácilmente implica la utilización de espectros para la prestación de servicios de comunicaciones móviles, es decir de telefonía móvil. Está claro que lo que se otorga es el derecho al uso, no se vende el espectro radioeléctrico.

EC - En el año 2002 hubo un par de intentos en esta misma dirección que fracasaron por la ausencia de firmas interesadas; ¿qué cambió para esta subasta?

FPT - Eso es parcialmente cierto. Hubo un primer intento en el cual es cierto que no hubo interesados, pero hubo un segundo intento en el cual sí lo hubo: fue la firma Movicom, a la que se le otorgaron derechos de uso y hoy es un operador independiente, por lo menos en cierta parte del espectro. En la segunda subasta, que se hizo a fines de 2002, hubo un oferente, hubo una adjudicación y como consecuencia de la misma hay un operador que tiene un contrato de interconexión con Antel y opera en un régimen de absoluta competencia.

EC - Justamente, ¿uno de los objetivos de esta subasta es terminar de pasar en limpio la situación de Movicom?

FPT - El pliego establece la posibilidad, si hay oferentes que utilizan frecuencias, de que transfieran la autorización que podrían adquirir en este proceso a las frecuencias que hoy utilizan. Esa es en parte la situación de Movicom, pero no se descarta que pueda haber alguna otra empresa que esté en la misma condición.

EC - Porque el origen de las actividades de Movicom fue un poco particular; usted lo decía indirectamente recién, no era un operador independiente.

FPT - La relación entre Abiatar y Antel nace en el 1989, con un marco legal distinto del actual y, sin perjuicio de que siempre se pudo cuestionar si la telefonía móvil estaba o no dentro de la exclusividad que tiene Antel, el gobierno de la época optó por un contrato de arrendamiento por el cual Abiatar le arrienda a Antel un servicio de telefonía móvil terrestre. Esa fue la situación en el origen. Con la Ley de Empresas Públicas esa situación cambió, después el panorama legislativo quedó bastante más complicado con la ley de presupuesto, la derogación, la sustitución, en fin; pero hay un antecedente, que es precisamente el de la empresa Abiatar, con la que se siguió un procedimiento exactamente igual a éste, hubo una adjudicación y hay un contrato de interconexión firmado con la propia Antel.

EC - Usted remarca que Movicom ya brinda una parte de sus servicios como operador independiente.

FPT - Exactamente. La posición que tiene Movicom como consecuencia de la subasta del año 2002 es exactamente igual a la que podrá tener el tercer operador entrante, si es que la subasta se lleva a cabo a la luz de los hechos que usted refería.

EC - Hasta ahora habíamos escuchado las objeciones que venían del sindicato de trabajadores de Antel, desde el FA y sectores del PN, pero no con la contundencia de lo que ahora establece esta declaración aprobada por la Mesa Política Nacional del FA:

"Nuestra fuerza política asume el compromiso de respetar en todo su alcance el pronunciamiento ciudadano en el referéndum de diciembre de 1992 y las consecuencias de la derogación de los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto del año 2001, antecedida de multitudinarias movilizaciones populares en la recolección de firmas.

"Que respalda las acciones que nuestra bancada legislativa, así como el sindicato de trabajadores de la empresa pública emprendan en el sentido de interponer un recurso de amparo.

"Que en consecuencia, considerará no válidos los actos que el gobierno realice en contradicción con los pronunciamientos, y en caso de ser gobierno operará en consecuencia".

¿Cómo observa usted el impacto de este planteo?

FPT - Si la acción de amparo que se anuncia se promueve y el Poder Judicial adopta una resolución en el sentido de suspender el procedimiento o alguna medida de esas características, desde ya que eso va a ser 100 por ciento acatado por el Poder Ejecutivo y la propia Unidad Reguladora.

EC - Eso si hay un fallo de la Justicia acogiendo la acción de amparo.

FPT - Eso está fuera de discusión. Si eso no sucede, para nosotros, la situación se mantiene absolutamente incambiada: hay dos oferentes que compraron sus pliegos de condiciones, hicieron sus depósitos de garantía, compraron los puntos de legibilidad en función de lo que el procedimiento establece y si no pasa como lo que acabamos de decir, el procedimiento se va a llevar a cabo el jueves a las 10 de la mañana.

EC - Usted que preside la Ursec, pero que además es abogado, ¿cómo observa los cuestionamientos de tipo jurídico que se están haciendo, tanto desde Sutel como desde el FA al paso que se está por dar, a la subasta?

FPT - Yo no soy experto en derecho administrativo, pero por lo que hemos estudiado en mi profesión como usted dice, con los propios servicios de la Unidad y la asesoría letrada, no sólo de la Ursec sino del Ministerio de Defensa Nacional y la propia Presidencia de la República, no tenemos la mínima duda en cuanto a que el servicio de telefonía móvil no está dentro de la exclusividad de Antel. Es más, en tren de doctrina y de opiniones dadas en relación a cuál es la exclusividad de Antel hoy, hay quienes sostienen -autores prestigiosos por cierto- que con todo este mecanismo que se ha ido dando a lo largo de los años, desde la ley de creación hasta el famoso artículo 613, Antel no tendría hoy exclusividad prácticamente en ningún servicio de telecomunicaciones. Son opiniones jurídicas, hay quienes sostienen esto que acabo de decir y hay quienes sostienen lo que sería el fundamento de la resolución del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA).

EC - Lo que señalaba más temprano el senador Gargano era que de haber mantenido vigencia los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto, se habría habilitado efectivamente la competencia para Antel; pero eso no ocurrió y por lo tanto se retrocedió a la situación anterior. Por lo tanto -dice el EP-FA y también son palabras del sindicato de trabajadores- se está cometiendo una grosera ilegalidad. Porque usted hablaba recién de exclusividad, pero en otros enfoques se habla de monopolio, de cuáles son los terrenos de las telecomunicaciones en los cuales Antel conserva o no el monopolio.

FPT - En el plano estrictamente técnico quienes son expertos en derecho administrativo distinguen entre monopolio y exclusividad; en el lenguaje coloquial son lo mismo. La gama en cuanto a la interpretación de cuál es el alcance de la exclusividad o el monopolio de Antel es la que le acabo de referir: hay quienes sostienen que no existe, a la luz de lo que ha pasado con las distintas sanciones y derogaciones de normas y referéndum, concretamente de la Ley de Empresas Públicas de 1992, y hay quienes sostienen que Antel tiene el monopolio absolutamente en todas las telecomunicaciones -con lo cual desde mi punto de vista y con todo el respeto que me merecen esas opiniones, podría llegar a la conclusión de que la radiodifusión, la televisión para abonados, todos los servicios de telecomunicaciones (porque telecomunicaciones no es sólo telefonía, es muchas más cosas), podrían estar comprendidos dentro de ese monopolio-. Sin embargo en una postura jurídicamente correcta, aunque sin perjuicio de reiterar una vez más que hay opiniones discrepantes, hemos entendido que la telefonía móvil nunca estuvo en el monopolio de Antel, quizás porque en el año de creación de Antel era un servicio que no se había desarrollado, no se conocía, pero desde la Ley de Empresas Públicas en adelante hay servicios que no están dentro de la exclusividad, y ésta quedaría restringida a lo que se denominaba telefonía básica, entendiendo por tal la telefonía alámbrica, tanto urbana como de larga distancia nacional o internacional. Esa sería la situación actual.

EC - A la luz de esa interpretación, por ejemplo en materia de telefonía internacional, ¿no podría concederse más permisos de los concedidos mientras estaban vigentes los artículos 612 y 613?

FPT - Eso es correcto, esa ha sido la actitud del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos entendido y así hemos asesorado al Poder ejecutivo, a pesar de que hubo algunas solicitudes en ese sentido fundándose en que la exclusividad de Antel hoy no tiene un marco jurídico que la regule, que eso no corresponde o está dentro de la exclusividad con posterioridad a la derogación del artículo 613.

EC - El senador Gargano citaba el planteamiento que el propio FA hizo después de que el gobierno derogara los artículos 612 y 613, en cuanto a que había que cancelar los permisos de telefonía internacional otorgados. Decía que la respuesta que se le dio desde el Poder Ejecutivo fue que esos permisos se otorgaron mientras los artículos estaban vigentes. O sea que en aquel momento se podía y por lo tanto van a quedar firmes, con lo que implícitamente se estaba diciendo que de ahora en adelante no se pueden otorgar más. Y Gargano trasladaba esa misma lectura, ese mismo precedente, al caso de la telefonía celular; ahí es que usted discrepa.

FPT - Sí; discrepo porque la telefonía de larga distancia internacional es telefonía alámbrica, es telefonía básica en un sentido más común, que no es la situación de la telefonía móvil. La telefonía móvil es un nuevo servicio de telecomunicaciones, si uno lee la Ley de Empresas Públicas -no los artículos que fueron objeto de ese referéndum, sino los que están vigentes- verá que es potestad del Poder Ejecutivo autorizar los nuevos servicios, e incluso otorga algunas facultades a Antel en cuanto a su opinión con relación a esos nuevos servicios. Por lo tanto desde nuestro punto de vista es claro que la telefonía móvil no está dentro de la exclusividad de Antel.

EC - De todos modos, ¿cómo observa el hecho de que, desde una fuerza política que tiene probabilidades de llegar al gobierno en las próximas elecciones en la medida que las encuestas la muestran como ampliamente favorita, se anuncie que, en función de la ilegalidad de esta subasta según su lectura, en caso de triunfar y llegar al gobierno operará en consecuencia, lo que en términos prácticos quiere decir "Haremos pesar nuestra interpretación y consideraremos que la subasta fue nula" y por lo tanto esto es un riesgo que tiene que correr quien compita el jueves y eventualmente gane?

FPT - Sí, es una lectura que deberán hacer quienes se manifestaron interesados en participar del procedimiento. Eso puede llegar a significar, si las dos empresas interesadas entienden que es un riesgo que prefieren no asumir, que el jueves no habrá subasta por falta de interesados. En caso contrario, si mañana el EP-FA accede al gobierno y entiende que esto es un acto contrario a la ley, como afirma, adoptará, supongo, las soluciones que estime del caso y quienes se sientan afectados por las mismas accionarán en consecuencia.

EC - ¿No le parece conveniente postergar la subasta hasta laudar esta cuestión con el FA, para darle mayor estabilidad, mayor previsibilidad al escenario de estos inversores?

FPT - Esa resolución en todo caso corresponde al Poder Ejecutivo, no a la Unidad Reguladora.

Sin perjuicio de eso, personalmente entiendo que no, por dos razones: una porque este proceso no comenzó con esta subasta, sino hace más de dos años, pero lamentablemente cuestiones que afectaron a la región impidieron el ingreso de un tercer operador celular. Entonces creo que el período del gobierno actual lo es hasta el 1 de marzo del año que viene y este anhelo de generar mayor competencia en un servicio tan difundido como lo es la telefonía móvil va a generar beneficios para los usuarios.

EC - Esa podría ser la pregunta siguiente: ¿por qué una subasta en este momento?, ¿por qué agregar nuevos operadores? El director González Álvarez sostenía ayer, palabras más palabras menos, que éste es un procedimiento disparado con nombre y apellido, por el interés de América Móvil en llegar a operar aquí.

FPT - No, eso -en mi opinión y con todo el respeto que me merece el doctor González Álvarez- es una verdad a medias. Quiero reiterar, a riesgo de ser pesado, que esta no es la primera subasta que se realiza tendente a ese fin: es la tercera. La primera resultó frustrada y la segunda permitió la generación de un operador celular absolutamente independiente, como lo es Movicom en ese tramo de espectro que opera. En ese momento la empresa América Móvil había manifestado su interés, pero esos momentos bastante particulares en la región y en el país la hicieron desistir de ese interés. En esta circunstancia América Móvil expresó su interés concreto en ingresar al mercado uruguayo y creo que la respuesta del Poder Ejecutivo fue la correcta, no hubo ningún tipo de adjudicación directa, no hubo absolutamente nada que pudiera tildarse como un otorgamiento con nombre y apellido.

EC - Pero de hecho va a ser la única que se presente, aparte de Movicom, que tiene que completar la regularización de su situación.

FPT - Va a ser la única, quizás porque el mercado uruguayo no soporta más de tres empresas o por razones que desconozco, pero el hecho de que sea el único oferente no quiere decir que no sea un procedimiento absolutamente abierto para todo aquel que quiera presentarse. No hay una adjudicación a América Móvil: hay un procedimiento competitivo, público, transparente, con las mayores garantías para todos aquellos que estén interesados. Personalmente lamento que haya un oferente, hubiera preferido que hubiera cinco, pero eso está fuera de nuestro alcance.

EC - La última pregunta, también citando al director de Antel Oscar González Álvarez: "No es oportuno ni conveniente adjudicar una nueva banda de telefonía celular sin haber definido ni proyectado la política de Estado en telecomunicaciones y el rol y el marco jurídico de las empresas públicas". ¿Qué responde?

FPT - La política en materia de telecomunicaciones está definida en la ley de presupuesto; a tal punto está definida que fue lo que de alguna manera fundamentó la creación de nuestra propia Unidad Reguladora. La creación de las unidades reguladoras -o de nuestra Unidad Reguladora, para no ampliar mi comentario- refleja una política de Estado; el Estado resolvió separar los roles de sí mismo en cuanto regulador, controlador y operador. Antel es una empresa pública y hay una unidad reguladora que controla y regula ese mercado; la Administración Nacional de Correos es una empresa pública y hay una unidad reguladora tiene esa finalidad. La propia ley dice que nuestra unidad reguladora debe fomentar la competencia en todos aquellos servicios en los que no exista exclusividad, propender al servicio universal, fomentar la inversión y defender los derechos de usuarios y consumidores. Eso demuestra cuál es la política de Estado en la materia.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón