(Emitido a las 8.10)

EMILIANO COTELO:
Tengo aquí un correo electrónico llegado muy temprano esta mañana que firma el Movimiento Agropecuario del Uruguay. Dice así:

"Comunicado: Suspensión de ejecuciones judiciales. Abril 6 de 2005.

En el día de hoy hemos instalado un campamento frente al Palacio Legislativo con el propósito de contribuir en la búsqueda de soluciones a la desesperante situación de los deudores de todos los sectores del país.

Las ejecuciones judiciales no han sido detenidas aún por el gobierno, como se prometió, los procedimientos para solucionar el endeudamiento interno provocado por las políticas económicas de los gobiernos anteriores se sabe que llevarán su tiempo; también se sabe que cada ejecución judicial produce daños irreversibles sobre personas y familias.

Es imperioso y urgente una ley de suspensión de ejecuciones para evitar la continuación de daños irreparables y abocarnos a la instrumentación de las soluciones del problema.

Convocamos a todos los compatriotas directamente e indirectamente afectados por el endeudamiento a participar activamente en la búsqueda de soluciones a este grave problema.

Por el Movimiento Agropecuario del Uruguay: Aramir Silva y Roberto Xavier".

Parece claro que el tema del endeudamiento en dólares, en particular el agropecuario, pero no sólo, también el de familias y micro y pequeñas empresas, ha vuelto a instalarse en el debate público uruguayo.

El proyecto del senador Jorge Saravia, presentado anteayer, fue de algún modo el disparador del nuevo capítulo de estas discusiones, con todo lo que generó además en la interna del propio Encuentro Progresista (EP) y en la interna del gobierno, con José Mujica aclarando que no lo avalaba –es más: que no lo conocía–, con Danilo Astori rechazándolo de plano y con posiciones distintas dentro de la bancada del oficialismo sobre cómo encarar la cuestión.

¿Es la solución una ley de suspensión de ejecuciones? ¿Hay que refinanciar por ley? ¿O hay que seguir el criterio original que se había fijado, que era el análisis caso por caso?

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Cuando todavía estamos por entender bien cómo se dieron los hechos dentro del EP, aparece otra novedad en el tablero político, que es la posición de la bancada de legisladores de Alianza Nacional (AN), el sector blanco que encabeza el doctor Jorge Larrañaga.

Este grupo está dispuesto a votar el proyecto presentado por el senador Jorge Saravia para suspender las ejecuciones bancarias, y si finalmente no lo presenta –es una de las posibilidades que el EP no lo convalide y no se lo presente en el Senado–, el grupo blanco que estoy mencionando presentará su propia iniciativa, dice hoy el diario El Observador.

Vamos a dialogar con el diputado Sergio Botana, economista, representante por Cerro Largo de AN.

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Diputado Botana, ¿cómo es esto? ¿Usted confirma estos trascendidos?

SERGIO BOTANA:
Más que confirmarlos, nuestro proyecto está presentado. En oportunidad del debate acerca de la sequía –con respecto a lo cual estamos esperando las medidas, estamos esperando que lleguen porque urgen, especialmente el vencimiento del Cupón Cero– nosotros hemos presentado una minuta de comunicación solicitando esta suspensión de ejecuciones que recién hoy se va a tratar en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, para ser dirigida al ministro. O sea que esto es ya materia solicitada por AN, de manera coherente con lo que ha sido la posición del sector desde hace mucho tiempo.

EC - Antes que nada, explíqueme qué es esa minuta de comunicaciones, porque capaz que los oyentes no conocen la jerga técnica del Poder Legislativo.

SB - Es una solicitud al señor ministro de Ganadería para que el Ejecutivo tome iniciativa en materia de suspender las ejecuciones judiciales por los daños que causan, como dice el Movimiento Agrario y es así, se están produciendo. Pero a este tema hay que darle más allá de eso, más allá de las ejecuciones.

EC - ¿Pero qué puede hacer el Ministerio de Ganadería en materia de suspensión de ejecuciones?

SB - El Poder Ejecutivo puede tomar la iniciativa de enviar un proyecto de ley suspendiendo las ejecuciones.

EC - Ustedes le están pidiendo al Ejecutivo...

SB - Le estamos solicitando que tome la iniciativa, eso es lo que hace el Parlamento de la República.

EC - ¿No lo convence la posibilidad de que el gobierno haga gestiones administrativas, como se las ha llamado, caso por caso?

SB - El caso a caso termina transformándose en amigo a amigo, y eso da lugar a la participación y la creación de toda una "rosqueta", en términos de algunos de los representantes de este gobierno.

EC - ¿"Rosqueta"?

SB - Sí, se arma una rosqueta de funcionarios, abogados, rematadores, etcétera, empresas de especulación financiera, que termina por distorsionarlo todo. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que el camino es la ley, que cualquier solución igual para todos es mejor que esta situación en la cual estamos actuando sin certezas. El aparato productivo necesita certezas para poder producir, para poder trabajar. El proyecto de ley que nosotros hemos presentado no es para nada un "perdona-tutti" ni nada que se le parezca, sino un proyecto absolutamente responsable que fija las reglas de juego y admite la posibilidad de que se fijen otras, pero por lo pronto da solución a muchos de los casos, no sólo de las deudas contraídas por el sector agropecuario sino también por otros sectores.

De cualquier modo es posición de nuestro sector presentar el proyecto, mantenerlo y sostenerlo, pero también la disposición a encontrar otros tipos de soluciones. Si se llegara a presentar el proyecto del senador Saravia estamos dispuestos a trabajar sobre él, si hubiera iniciativas de las gremiales estamos dispuestos a trabajar sobre ellas, pero tenemos que terminar con el discurso y el diagnóstico para empezar a darles certezas al aparato productivo y al trabajo nacional. Estamos jugando con muchísimas fuentes de empleo.

El proyecto tiene que ser, como es el caso del nuestro, responsable y que deje en alto el prestigio del manejo financiero del país.
 
EC - Desde el sistema financiero se reacciona siempre con preocupación cuando surgen proyectos de ley que suspenden ejecuciones y/o plantean refinanciaciones de deudas. Se sostiene que se afectan las reglas de juego, los contratos, que eso no es bueno para la imagen del país ante los inversores del exterior. A los organismos multilaterales tampoco les convence este tipo de soluciones.

SB - Estas cosas no se deben tomar como una receta de cocina. Nosotros estamos planteando un proyecto que maximiza las posibilidades de cobro del sistema financiero, porque este, especialmente el Banco de la República, por lo general termina cobrándole muchísimo al deudor pero recibiendo una cuota parte muy pequeña del crédito que otorgó. Lleva bienes a remate y después cobran abogados, rematadores, etcétera, hay toda una cadena de cobros previa al cobro del banco. El banco termina, después de pagar gastos judiciales, etcétera, de haber destrozado alguna empresa del país y dejado a muchos trabajadores en la calle, cobrando muy poquititito en el remate. Esta es la realidad que trae esta falta de certezas que tenemos en el país; cuando no trae antes gente que quiere proteger su capital y por lo tanto va poniendo propiedades a nombre de otros o desviando lo que saca como beneficio de la empresa hacia otro lado.

Hay que sentarse a hablar correctamente sobre los temas sin prejuicios y sin seguir la receta fondomonetarista de manera tan ortodoxa. Es más, creo que bien se puede apelar a la razonabilidad de los organismos multilaterales de crédito que perfectamente van a comprender la necesidad, incluso para el sistema financiero, de que a la economía del país le vaya bien y haya certezas para producir. Lo que está sucediendo hoy en Uruguay no es bueno para nadie, y el gobierno debe ser el primero que asuma, porque además llegó allí con la esperanza de muchísima gente de solucionar este tema y otros.

EC - El Partido Colorado (PC) está planteando otro tipo de objeciones: entiende que la instalación de una discusión a propósito de proyectos de ley de suspensión de ejecuciones promueve una retracción del pago, que quienes tienen deudas, quienes han tomado créditos, dejen de pagar o paguen menos, alentados por la posibilidad de que haya otro tipo de salidas. ¿Cómo ve esa parte del problema?

SB - Es un argumento absolutamente razonable, por lo tanto el país debe reaccionar y resolver con celeridad este tema. Se sabe que el problema es importante y el tratamiento implica esos dolores que bien señalan los integrantes del PC, pero lo que importa es darles la mejor solución a los temas del país. Repito: nuestra bancada está para darle este proceso de solución u otro; no creemos en el caso a caso porque ello habilita desigualdades en los casos, en los tratamientos, diferencias notorias y privilegios.

EC - ¿Pero la solución tiene que ser por ley?

SB - Por supuesto, los temas importantes del país no pueden ser dejados a funcionarios, tienen que ser materia de resolución legal.

EC - ¿Qué plazo para suspensión de ejecuciones se maneja en su proyecto?

SB - No se maneja un plazo, sencillamente los que no se acojan a los beneficios del proyecto que se presenta seguirán los trámites de ejecución.

EC - ¿Deudas con qué tipo de acreedores comprende el proyecto?

SB - Con el sistema financiero todo.

EC - Incluido el privado.

SB - Sí, sí.

EC - Con el sistema financiero estatal, el privado y los bancos en liquidación.

SB - Si ponemos el proyecto a consideración va a ver que los bancos no van a tener mejor recuperación de sus activos que la que tienen en este proyecto. Eliminamos toda esa rosqueta especulativa que se termina organizando a veces entre algunos funcionarios y siempre con abogados, rematadores, empresas dedicadas a la especulación. En el país tenemos que empezar a dedicar el capital a producir y trabajar, y tenemos que proteger el empleo, a darle certezas, reglas de juego claras. Eso es lo que precisamos, pero también necesitamos enfrentar los problemas cuando los tenemos; no es escapándonos de los temas que vamos a solucionar nada.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe