(Emitido a las 8.55)

EMILIANO COTELO:

Si ustedes se paran hoy frente a un kiosco y miran las portadas de los diarios se encuentran con un título que atrapa en la portada del diario El País: "Darán poder a la Policía de allanar sin orden judicial". La nota dice que la Policía "tendrá facultades para llevar a cabo allanamientos y registros en domicilios sin autorización judicial, hasta en horas de la noche, en los casos en que resulte necesario al haber ocurrido muertes, para evitar daños a la integridad física de las personas o cuando exista un flagrante delito".

Así lo propone el gobierno en un proyecto de ley de Código de Procedimiento Policial que presentará a consideración del Parlamento. El Consejo de Ministros lo va a analizar el próximo lunes.

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EC - Estamos en diálogo con el doctor Juan Faroppa, subsecretario del Interior.

¿Puede explicar cómo se incluye en este Código de Procedimiento Policial esta autorización de la que habla el adelanto de prensa esta mañana?

JUAN FAROPPA:
Cómo no. Simplemente me gustaría señalar que se está haciendo énfasis en uno de los aspectos de esta ley de procedimientos policiales, que es mucho más amplia. Aquí no hay nada raro, nada de que asombrarse. De ninguna manera se está vulnerando con esta legislación el ordenamiento constitucional vigente.

EC - Está claro que se busca responder -con esta y otras medidas- a las inquietudes en materia de delincuencia que tiene la población. Pero el artículo 11 de la Constitución dice: "El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día sólo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley".

CP del C - Ahí está. Si tiene el artículo 7 ahí y lo puede leer...

EC - El artículo 7 dice: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general".

CP del C - Ahí está. En primer lugar, la norma no es una ley de vía blanca para que la Policía ingrese a cualquier domicilio a cualquier hora con una patada en la puerta. Simplemente se está dando un marco de respaldo legal en este caso a procedimientos que la Policía hoy realiza razonablemente, racionalmente, sin ningún tipo de respaldo; lo que muchas veces le genera dudas sobre si intervenir o no.

Le pongo un ejemplo: si en una vivienda, a cualquier hora del día, están asesinando a una persona, le están dando una brutal paliza a un niño, están violando a una mujer, hay una situación de violencia doméstica que puede terminar con la vida de una persona. La Policía ingresa y conculca. Hace cesar esa situación de riesgo e inmediatamente le da noticia al juez. Si se le está incendiando a usted la cocina de su casa, los bomberos no piden orden judicial para ingresar. Ingresan, y en ningún artículo de la Constitución se exceptúa al Cuerpo de Bomberos de poder ingresar.

Se trata de establecer con racionalidad, con equilibrio, con ponderación un marco jurídico que le dé al funcionario policial una mayor certeza, una mayor seguridad cuando realiza sus intervenciones, dentro del estricto cumplimiento del marco constitucional. Y a la vez estableciendo los controles jurisdiccionales que puedan garantizar que no se va a utilizar ninguna de estas normas en forma abusiva, vulnerando ni alterando los derechos de nadie. En una sociedad democrática las instituciones del Estado tienen que tener las potestades que la sociedad les demanda para poder cumplir con sus obligaciones en forma equilibrada, con los controles, con la transparencia necesaria para que la propia ciudadanía pueda llevar debida cuenta de la forma como se cumplen los servicios.

EC - Yo no tengo el proyecto de ley, pero según lo que adelanta El País otro de los aspectos es que el proyecto fija el deber de las personas de identificarse cuando la Policía lo requiera. Y ante una repuesta negativa, la persona podrá ser conducida a una dependencia policial con el propósito de confirmar su identidad. ¿Cómo es esto?

JF - Simplemente se recoge lo que está establecido en el Código Penal actualmente, que está vigente. Existe una falta que sanciona la violación al deber de identificarse. Si un funcionario policial le pide a usted que se identifique, usted no tiene ningún problema en hacerlo, le puede requerir un documento...No es obligatorio exhibir la cédula de identidad, puede ser la credencial, la libreta de conducir, cualquier documento idóneo para tal fin. Pero si el funcionario tiene fundadas razones o indicios de que la identidad que usted le está manifestando no es la que corresponde , puede conducirlo a la dependencia policial, dando cuenta de inmediato al juez competente para informarle sobre la situación. Esto busca darle más herramientas a la Policía para poder enfrentar situaciones en las que cualquier habitante del país pueda tener una razón para no querer identificarse adecuadamente. Aquellos que no tengan ningún tipo de problema, no van a tener ninguna dificultad. Esto no es el decreto 690/80. No se trata de una detención administrativa sin orden judicial por 24 horas. No se trata de una razzia.

EC - El decreto 690 fue derogado cuando asumió este gobierno.

JF - Claro, por ser notoriamente inconstitucional. Aquí no se está privando de la libertad a nadie. Se está conduciendo a sede policial a los efectos de confirmar la identidad. Y el funcionario policial tiene la obligación de justificar ante el juez por qué ha realizado esa conducción. Como en cualquier sociedad democrática moderna: las potestades de la Policía están en permanente equilibrio con sus obligaciones. Es decir, lo que le estamos ofreciendo al cuerpo policial –y por supuesto a la ciudadanía– es una norma que le dé las debidas garantías para poder realizar su trabajo en forma más adecuada.

Por otro lado, fue un compromiso que asumimos al presentar nuestro programa de gobierno en las últimas elecciones: aprobar una ley de procedimientos policiales; ya que la misma institución policial hacía muchos años que estaba reclamando esta normativa (que por razones que desconozco en administraciones anteriores nunca se había tratado).

EC - Se lleva también el lunes al Consejo de Ministros el proyecto que incluye modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.

JF - Exactamente. Hay un pequeñísimo error de información. Se habla también de la Ley Orgánica Policial, pero esa ley todavía se está trabajando.

EC - Así que no son tres proyectos, sino dos.

JF - Son dos proyectos. La ley de procedimientos policiales y los ajustes al Código de la Niñez y la Adolescencia, que buscan que el espíritu del Código (ese muy buen Código que aprobó el Parlamento nacional por unanimidad en la última legislatura) se pueda hacer efectivo. Es decir, garantizar estrictamente los derechos de todas las personas menores de 18 años de edad. Y al mismo tiempo, en ese marco de garantías y respeto a los derechos de todos, contribuir a que aquellas personas menores de 18 años que vulneran derechos de terceros se hagan efectivamente responsables de los mismos, que asuman que se trata de una conducta que no es valiosa para la sociedad y que el Estado pueda contribuir en un proceso educativo a evitar que este tipo de situaciones se repitan.

EC - Modificaciones altamente reclamadas, por ejemplo desde la oposición, desde hace varios meses.

JF - Sí, estamos realmente muy satisfechos de comprobar que coincidimos en algunos aspectos con la oposición. No se trata de rebajar la edad de imputabilidad. Entendemos que esa no es la solución. Y coincidimos con la oposición en incorporar algunas conductas que hoy no están sancionadas, como por ejemplo la tentativa de hurto. Incluso el proyecto del Poder Ejecutivo va un poco más allá. Quiero reiterar que tanto en este tema del Código de la Niñez y la Adolescencia como fundamentalmente en la ley de procedimientos policiales la voluntad del gobierno fue someter la norma al escrutinio legislativo. No vamos a estar estableciendo normas de actuación policial por decreto. Queremos que se haga por ley. Por dos razones: en primer lugar para que la sociedad uruguaya, a través de sus representantes, pueda opinar sobre qué tipo de seguridad quiere, qué tipo de Policía quiere, hasta dónde está dispuesta a otorgarle potestades y controles a la Policía. Y por otro lado para que el funcionario policial, cuando deba actuar, tenga la tranquilidad, la serenidad, el equilibrio de saber que está actuando con una ley que lo está protegiendo y le está dando garantías para no cometer ningún tipo de error.

EC - ¿Cuánto influye en esta decisión del gobierno de enviar ahora al Parlamento estos proyectos de ley la campaña que está lanzando el Partido Nacional de recolección de firmas en apoyo a varios proyectos de ley vinculados con la seguridad pública, algunos de ellos con el Código de la Niñez y la Adolescencia, que estos días está en curso?

JF - Son circunstancias que han coincidido. Se sabe muy bien que trabajamos durante todo el año pasado recogiendo opiniones. Han funcionado varios equipos de trabajo integrados por técnicos, por funcionarios policiales, por asesores ministeriales en la redacción de la ley de procedimientos policiales...

Con respecto al Código de la Niñez y la Adolescencia, apenas asumimos el año pasado convocamos a un grupo de trabajo integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, el INAU. Incluso el Ministerio de Salud Pública –porque también hay responsabilidades en el examen médico a los menores detenidos. Los tiempos en Uruguay se dilatan, pero nos parece muy bueno que el tiempo se ocupe en generar los mayores niveles de acuerdo, en pulir una norma. En el Parlamento seguramente los legisladores van a mejorar y dar el manto de consenso democrático necesario a una norma que es fundamental para un objetivo estratégico que debe asumir Uruguay definitivamente: tenemos que tener condiciones de seguridad que nos den un diferencial en la región y nos hagan vivir más tranquilos, más seguros y en definitiva nos permitan tener una vida más adecuada, sin ningún tipo de amenazas.

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Lea el documento donde se reglamentan las facultades en los procedimientos administrativos de averiguaciones de delitos

Lea el documento sobre el proyecto de ley de procedimientos policiales

Lea el documento del proyecto de ley que modifica disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia