(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
Este 2008 será un año difícil en materia laboral.

En ese pronóstico han coincidido empresarios, sindicalistas y gobierno, que miran con inquietud la nueva instancia de consejos de salarios, la última de esta administración, que se celebrará en junio.

La semana pasada nos ocupábamos de este asunto consultando a dos de los actores principales de las negociaciones. Primero entrevistamos al ingeniero Diego Balestra, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), que trazaba un panorama sombrío para este año

(Audio)

"DIEGO BALESTRA:
Esto viene desde el comienzo de esta administración, que ha llevado adelante una política laboral que no ha contado con el apoyo empresarial porque los reclamos que ha hecho el sector no han sido tenidos en cuenta. Eso ha generado una suerte de relacionamiento no bueno, determinados sectores de los sindicatos han tomado posiciones que a veces van en contra de los propios trabajadores y de las propias empresas. Eso unido a que este va a ser el último año en el que va a haber consejos de salarios antes de las elecciones. Eso hace que se espere una conflictividad mayor a la de 2007, que no fue baja, por cierto."

(Fin.)

EC - Luego hablamos con Juan Castillo, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, quien coincidía en que este año sería difícil.
 
(Audio)

"JUAN CASTILLO:
Primero, estamos en el año anterior a las elecciones nacionales, que nadie se haga el distraído, todo el mundo sabe que habrá seis o siete meses de actividad normal y luego se largará –a mí me parece que se largó incluso en el verano– toda la campaña electoral, los precandidatos, las candidaturas, van a empezar los perfilismos políticos, los perfilismos partidarios y va a ser muy difícil llevar adelante algunas cuestiones concretas en cuanto a leyes, en cuanto a legislación, en cuanto a demandas. Segundo, están convocados, por última vez durante este período de gobierno, para julio todos los grupos de los consejos de salarios."

(Fin.)

EC - Hoy En Perspectiva nos interesa completar el panorama y saber qué tiene para decir el gobierno sobre este asunto. Estamos en diálogo con el doctor Jorge Bruni, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social.

***

EC - ¿Usted coincide en que este año será complicado en cuanto a relaciones laborales?

JORGE BRUNI:
En términos generales, sí, lo hemos dicho públicamente. A los factores que mencionaban tanto el señor Balestra como Juan Castillo, yo agregaría que la propia discusión en sí, indexación sí, indexación no, la discusión sobre si la inflación está controlada o no, también va a hacer que sea un año conflictivo. Y a esto agrego otro elemento: prácticamente se va a estar negociando en todas las actividades, por lo tanto eso puede originar mayores complejidades.

EC - Desde el sector empresarial se cree que la conflictividad será alta y que sus causas no tienen que ver con las pautas salariales que disponga el gobierno, sino más bien con la relación entre las tres partes de la ecuación laboral. Hablando en el semanario Crónicas a comienzos de enero, Balestra decía que el escenario está dado para una mayor conflictividad "cuando permanentemente" se ignoran en el gobierno "las posiciones del sector empleador". Según Balestra, en una relación tripartita el gobierno "debería actuar solamente como fiel de la balanza, tratando de mantener un equilibrio", pero lo que ocurre es que "ese fiel está totalmente desplazado".

¿Cómo ve ese enfoque?

JB - Voy a decir algo que quizás sorprenda. Reiteradamente se ha acusado al Poder Ejecutivo, desde 2005 en adelante, casi en términos textuales, de haber puesto el dedo en la balanza a favor de los trabajadores. Y yo voy a contestar que sí, que es cierto. Si hacemos memoria de lo que pasaba desde la década de los noventa en adelante, el dedo estaba del otro lado. A todos los que pasamos no solamente por el gobierno, sino por la Universidad, desde el pique nos enseñaron que el origen del derecho laboral tiene que ver con tratar de equilibrar algo que, como consecuencia de la actividad económica, genera más poder en el sector empresario que en el sector trabajador. El propio nacimiento de los sindicatos tiene mucho que ver con ese tema. Eso sería lo natural, y de ahí todas las herramientas que el mundo ha dispuesto a lo largo de toda su historia.

Había que poner el dedo para equilibrar lo que venía desequilibrado, por lo menos desde la década de los noventa. A la salida de la dictadura el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti convocó a los consejos de salarios y ahí se originó un fuerte crecimiento del salario real, que luego disminuyó en la década de los noventa, donde además se juntaban despidos antisindicales, no se negociaba colectivamente, no se convocaban los consejos de salarios. El Poder Ejecutivo actual trató de equilibrar. Eso como primera respuesta.

EC - Es un reconocimiento que supongo tiene sus repercusiones, genera su polvareda. El gobierno no lo había dicho expresamente, de esta manera.

JB - Yo lo había dicho varias veces, sí, en la prensa, y lo he fundamentado de la misma manera: había que equilibrar lo que venía desequilibrado. Basta con mirar las cifras.

EC - Pero suponiendo que eso hubiese sido lo que había que hacer, el planteo que hace el presidente de la CIU habla de un absoluto exceso en esa actitud del gobierno a favor de posiciones del movimiento sindical. Cuando lo entrevistamos aquí En Perspectiva la semana pasada Balestra dio una larga lista de ejemplos de cómo el Poder Ejecutivo directamente no tiene en cuenta los reclamos de la parte empresarial.

(Audio)

"DB - En el Consejo Superior Tripartito –uno de los varios ámbitos que el gobierno ha creado para dar una imagen de situación equitativa, que no es tal– solo se ha legislado sobre temas como fueros sindicales, licencia sindical, pero nada se ha dicho sobre el derecho de propiedad, sobre la propiedad de los medios de producción, sobre la protección de los bienes de la empresa. Tampoco se ha hablado de la libertad de comercio e industria que permite la creación de empresas, la organización, la dirección por los empleadores. Tampoco se ha hablado de temas como negociación libre y voluntaria, derecho a tomar medidas de autotutela, medidas que no configuran derechos de huelga. Tampoco sobre los derechos de consulta tripartita. Ni tampoco sobre aspectos específicos que el sector empresario ha planteado, como que se legisle sobre la cantidad de representantes sindicales por empresa, sobre personería jurídica y sobre los estatutos por los que se deben regir las organizaciones. Tampoco sobre derechos y obligaciones de las organizaciones, ni sobre la responsabilidad de las organizaciones o sus representantes."

(Fin.)

EC - Y continuaba: "Tampoco se han dictado normas respecto de elección de autoridades por voto secreto, ni sobre un sistema de adopción de decisiones de conflicto por voto secreto, ni nada de lo que tiene que ver con la confidencialidad y responsabilidad patrimonial cuando hay no cumplimiento de una de las partes. Nada se habló sobre los derechos de paz o preavisos para la toma de medidas de corte gremial. Tampoco sobre temas como la reglamentación del derecho de huelga, que está en el artículo 57 de la Constitución", etcétera.

¿La lista no es demasiado larga?

JB - Sin duda, el asunto es si obedece o no a la realidad. El señor Balestra dice que se han tomado medidas que para nada tienen que ver con los empresarios, entonces le voy a dar cuatro o cinco ejemplos y después en forma muy sintética algunos más, para reflejar mi idea.

La ley de ocho horas en este país tiene más de 90 años y todavía no se aplica a todos los sectores. Este gobierno, en consulta con las organizaciones, presentó un proyecto al Parlamento para que las ocho horas también rigieran en la actividad rural.

Los fueros sindicales y la libertad sindical en este país tienen 74 años de existencia. Nunca se había legislado sobre fuero sindical, hasta 2006.

La negociación colectiva tiene en este país larga data, es por lo menos de 1936, fue ratificada en 1966, y a partir de ahí nunca se había legislado en la materia. Pasaron 40 años sin que hubiera un movimiento.

Los consejos de salarios tienen 64 años y nunca se había convocado a la actividad rural ni al sector doméstico. También eso se concretó.

Los cuatro proyectos que envió el Poder Ejecutivo de leyes o sistemas de relaciones laborales para lo público y lo privado, la ley de ocho horas y las tercerizaciones son todo un tema y también recogen algo que nunca se había recogido, que es la prevención de conflictos. Que originó problemas con el PIT-CNT, no solamente con los empresarios, al PIT-CNT no le gustan demasiado la reglamentación ni la prevención de conflictos. El artículo 57 de la Constitución, que mencionó el señor Balestra, debe ser reglamentado para asegurar su efectividad.

El derecho de propiedad nunca estuvo en cuestión.

EC - La alusión tiene que ver con el tema de las ocupaciones.

JB - Que reiteradamente hemos aclarado y nunca se recoge que no es una extensión del derecho de huelga. Cuando usted habla de extender algo es porque lo está haciendo como un chicle, lo está estirando. Pero no, es una modalidad del derecho de huelga, como otras formas de protesta reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo.

EC - Ese es todo un tema polémico.

JB - Es todo un tema polémico, pero ha habido casos específicos. Si faltaba algo para demostrarlo, está la última sentencia en el caso de Divino. En el caso de Divino se desalojó a quienes no habían ocupado en forma legítima porque no respetaron los mecanismos de prevención y comunicación ni los pasos previos. Eso nos está diciendo, indirectamente, que si se hubieran respetado los mecanismos y la prevención la ocupación no habría sido cuestionable. Es una sentencia muy clara que demuestra cómo a veces las cosas no son como se expresan reiteradamente.

EC - Luego de esa larga enumeración de asuntos de interés para el sector empresarial que no han sido tenidos en cuenta Balestra dice: "Es una realidad, se ha legislado para uno de los dos sectores. Llegaron al poder con determinada cantidad de promesas, con determinados votos y compromisos con el sistema sindical y ahora están cumpliendo. Eso es el derecho, pero no hay derecho a insistir y decir –como dicen las autoridades– que se tiene en cuenta la situación de los empleadores. Eso no ocurre".

JB - El señor Balestra tiene razón, el actual gobierno llegó para cumplir promesas. Pero se equivoca en el destinatario de las promesas, el gobierno actual no llegó con promesas en ancas del sindicalismo, sino que llegó con promesas para mejorar el sistema de relaciones laborales. Ya le ejemplifiqué con seis o siete casos que nunca se había negociado colectivamente en la Administración Pública en forma centralizada, se negociaba parcialmente y este gobierno acaba de mandar un proyecto en tal sentido.

Quiero referirme concretamente al tema que motivó el retiro de los empresarios de las negociaciones, que fue la famosa ley de tercerizaciones. Cuando se dice que no se contempló ningún aspecto de los que planteaban los empresarios, lisa y llanamente no es cierto.

EC - Balestra se refirió a este tema en la entrevista de la semana pasada, en estos términos.

(Audio)

"DB - Podríamos tomar como ejemplo la ley de tercerizaciones, se dice hasta el cansancio que se tuvo en cuenta la posición de los empleadores. O como se llegó a decir en algún momento, que los empresarios criticábamos las situaciones y por atrás brindábamos. Ese tipo de adjetivación es querer tapar el sol con un dedo. No es esa la situación, los empresarios no estamos de acuerdo con las medidas que se toman ni con la situación de que no se consideren sus derechos."

(Fin.)

EC - ¿Qué dice usted?

JB - Primero una aclaración: las adjetivaciones y suposiciones no vinieron de los integrantes del Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Si hubo adjetivaciones –voy a rescatar dos–, una fue la que catalogó a este gobierno de cívico-sindical, que no vino precisamente del gobierno ni de los sindicatos.

EC - Usted alude a comentarios de Horacio Castells, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio.

JB - Quien también dijo que el gobierno no tenía problemas porque era un abogado del PIT-CNT quien redactaba las leyes, refiriéndose a mi persona. Eso corre por cuenta de los empresarios que lo dijeron, no entro porque sería achicar la discusión.

En cuanto a la ley de tercerizaciones, le voy a enumerar cuatro planteos de los empresarios que fueron recogidos. Para el Poder Ejecutivo habría sido mucho más fácil, ante el retiro de los empresarios de las negociaciones, quedarse con la ley tal cual estaba. Porque las modificaciones que mandó el Poder Ejecutivo y que fueron sancionadas no contaban con el apoyo del PIT-CNT, si hubiera sido como se nos acusa, habría sido más cómodo dejar todo como estaba, sin embargo estábamos convencidos de que las propuestas que nos habían hecho los empresarios eran correctas y por nuestra iniciativa modificamos la ley. Le voy a enumerar tres o cuatro casos.

Limitamos la responsabilidad a la actividad principal o lateral e incluimos solamente los servicios de limpieza y seguridad, no incluimos los servicios ocasionales, como la computación u otros. Ese fue un planteo netamente empresarial.

Excluimos los servicios ocasionales pero no los zafrales, para no dejar fuera actividades turísticas, rurales, etcétera.

Diferenciamos buenos y malos empresarios. La ley que modificamos, sancionada el año pasado, establecía la responsabilidad subsidiaria en casi todos los casos, pero a partir de las modificaciones rige una diferencia entre los buenos y los malos empresarios. Si un buen empresario le exige al subcontratista información, documentación o le retiene el pago para hacerse cargo de pagar cuando el subcontratista no pague al Banco de Seguros o al Banco de Previsión Social (BPS), la responsabilidad solidaria se transforma automáticamente en subsidiaria, como ha sido desde hace más de 60 años según la ley de consejos de salarios. Es de sustancial importancia premiar a los buenos y castigar a los malos, y se premia a los buenos estableciendo o dejando las cosas como están. Esto significa responsabilidad subsidiaria, no solidaria.

Nos pidieron que las obligaciones por las cuales podían ser responsables aquellos que provenían de contratos, convenios colectivos registrados, convenios internacionales y nada más. Si yo empresario hacía un contrato con un trabajador para que ganara más y no lo registraba, ese no entraba, solamente los que tenían una fecha cierta a través de un registro en el Ministerio de Trabajo (MTSS) o de una ratificación de un convenio internacional. También lo recogimos.

Y por último, las obligaciones se limitaron a lo estrictamente laboral y deudas con el BPS, no abarcan las sanciones ni las multas. Y podríamos seguir.

Entonces no podemos admitir que se nos diga que en la ley de tercerizaciones no se recogió nada, porque cuatro de los siete planteos de los empresarios fueron recogidos totalmente.

***

EC - Después de escuchar sus explicaciones y sus respuestas a las críticas y el malestar que exteriorizó la semana pasada el presidente de la CIU, Diego Balestra, aquí En Perspectiva, después de conocer los argumentos que ustedes tienen, por ejemplo para sostener que se han atendido algunos reclamos del sector empleador, lo que me surge es que de todos modos, pese a esa explicación, el vínculo Poder Ejecutivo-cámaras patronales está afectado. Usted citaba al pasar que esas gremiales se retiraron de determinados ámbitos de diálogo, y ahora las cámaras empresariales evalúan denunciar al gobierno ante la OIT a raíz de la ley de negociación colectiva. Entonces, ¿cómo están encarando este problema?

JB - Es indudable que existe una cierta tensión, fundamentalmente con el sector empresarial. Una precisión: en los últimos meses no ha habido un buen relacionamiento –lo dice el señor Balestra–, pero rescato que ha sido un tema de absoluto respeto, lo puedo certificar totalmente, he participado en la mayor parte de las negociaciones y de las reuniones, que no condice con esas expresiones de gobierno cívico-sindical.

EC - Pero parece lógico pensar que conviene restablecer el diálogo, restablecer la calidad del diálogo entre el Poder Ejecutivo y las cámaras empresariales.

JB - Sin duda. Recuerde que las cámaras empresariales se retiraron del ámbito de la Comisión de Legislación Laboral, no de las negociaciones salariales ni del ámbito del Compromiso Nacional, donde hay otras visiones. Este año el Compromiso Nacional va a ser revitalizado, ya hay síntomas desde el año pasado, lo que está pasando en el sector de la construcción, lo que está pasando en la industria naval, lo que está pasando en el ámbito de la reforma del Estado. En la última reunión de diciembre en el ámbito del Compromiso Nacional, que me tocó coordinar, hubo reconocimiento a los avances que había habido a partir del segundo semestre. Podemos dar cifras, que ya son conocidas, de la creación de puestos, Compromiso Nacional se proyectó para crear 35.000 nuevos puestos de trabajo y las cifras de 2007 andaban en los 42.000, y este año va a seguir. No se han retirado y a veces hay visiones diferentes de las que expresan otras voces.

Este año vamos a encarar eso. Si tuviéramos una visión limitada y nos quedáramos con las cifras de empleo, del desempleo, de la tasa de actividad, de la creación de nuevos puestos de trabajo, del aumento de las inversiones, nos tendríamos que dar por satisfechos. Yo no soy muy afecto a usar los números fríos porque detrás de los porcentajes hay personas que viven, que sufren, pero reconozcamos que las cifras son favorables, lo dice el propio señor Balestra en su entrevista.

Pero es precisamente en épocas de prosperidad o –saco el término prosperidad, para hacerlo más cauto y más discreto– de cierta estabilidad y crecimiento cuando los que gobiernan, pero también los actores sociales, tienen que pensar en el futuro. Porque es mucho más fácil predecir en estos ciclos, que a veces son buenos y a veces son malos, tenemos que prever el futuro cuando las cosas están relativamente bien en crecimiento. Además en crecimiento sostenido, porque esto viene desde el año 2005. Si no fuera así, si nos limitáramos a que las cifras nos favorecen y no previéramos futuro, cuando viniera el ciclo malo nos transformaríamos en apagadores de incendios, en bomberos. Entonces hay una responsabilidad de toda la sociedad, obviamente liderada por el gobierno, porque no son lo mismo gobierno, cogobierno y tripartismo.

EC - ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué pasos puede dar?

JB - Todos los ámbitos de negociación que existen, todos los ámbitos que se están reuniendo, de la construcción, de la industria naval y de las negociaciones salariales, donde no hay esa tensión con el sector empresarial, son elementos que parcializan esa tensión que existe en el ámbito de la legislación laboral.

EC - ¿Puede haber algún gesto del gobierno en ese ámbito en particular, donde las cosas son más candentes, donde está concentrada la tensión?

JB - La discusión está en el Parlamento, el gobierno advirtió claramente, ante el retiro del sector empresarial, que si no había voluntad de que rigiera el tripartismo sobre esos cuatro proyectos la discusión se trasladaría al Parlamento. Los cuatro proyectos están en el Parlamento, por lo tanto ese será el ámbito de discusión y el gobierno demostrará la firmeza o la flexibilidad que entienda conveniente. Contra lo que se dice, si en algo se demostró flexibilidad fue en la ley de tercerizaciones. No tenemos tiempo de desarrollar esto, pero veamos la legislación chilena, la argentina, la española, es muy interesante ver que esta ley que se aprobó en Uruguay es bastante más equilibrada que las que rigen en el ámbito regional.

***

EC - Si miramos hacia el otro lado en busca de factores delicados que hacen a este año en materia de relaciones laborales, si vemos el lado sindical, hay declaraciones, por ejemplo del director nacional de Trabajo, Julio Baráibar, que muestran preocupación por la forma como algunos gremios se movilizan y reclaman sus derechos.

"En las últimas ocupaciones se utilizó la ocupación como único recurso", decía Baráibar en una entrevista en el semanario Búsqueda el 10 de enero. Y citaba luego el caso de Divino, "lo de Divino fue una situación muy desagradable, porque ahí los trabajadores denuncian que la empresa despide y cierra una sección donde se habían organizado unas 30 personas. Yo no puedo poner las manos en el fuego que sea así, pero si es así es una clara injerencia en la libertad sindical y un atropello a las garantías que otorga la ley de fueros sindicales. Ahora, ante esa injusticia los trabajadores reaccionan mal y ocupan, en lugar de ir al Ministerio de Trabajo y hacer una reclamación por esa situación, cometen un gran error, porque tenemos un decreto de prevención de conflictos que dice que primero se negocia y si no hay acuerdo recién se justifica una medida de ocupación y ni el juez puede sacarlos".

¿Qué hace el Poder Ejecutivo con este tipo de comportamiento sindical?

JB - En primer lugar, comparto totalmente lo que dice el director de Trabajo, Julio Baráibar. Este decreto que rige la prohibición de conflictos se les dio en consulta a trabajadores y empresarios y tampoco quisieron negociar ese aspecto, fue por eso que mandó. Primero se habían mandado pautas legales, no se quiso expresar opinión, entonces decidimos enviar un decreto mientras se discutía, porque había que prever el tema. Tampoco se quiso eso. Entonces enviamos los proyectos de ley al Parlamento, para legalizar todo lo que tiene que ver con prevención de conflictos. Digamos de paso que el sector sindical no está muy contento con eso, no tiene un decidido apoyo para la materia de prevención de conflictos, por los argumentos atendibles o no que puedan tener, fundamentalmente con lo que dice el artículo 57 de la Constitución.

Así está cristalizada la situación. Y es cierto, tiene que ver con la eclosión sindical que hubo de 2005 en adelante, porque veníamos de 20 años de no negociación, de no convocatoria a consejos de salarios. Se produjo una afiliación casi masiva al sindicalismo y de la mano vinieron la inexperiencia y el apresuramiento en las medidas.

El Poder Ejecutivo, cuando la justicia decide lo que decide no puede hacer otra cosa que respetar, y el caso de Divino es emblemático, por el motivo por el cual se dictó la sentencia y como mensaje de que si se cumplen determinados requisitos las ocupaciones son legitimadas, no en el concepto de extensión sino de modalidad, que son cosas bastante diferentes. Esa es la actitud del Poder Ejecutivo.

Si usted le pregunta a la población qué es el MTSS seguramente le va a decir dos cosas: es el conflicto, es la Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA) o son las inspecciones ante determinados accidentes o para prevenir accidentes. Si hay algo que se ha destacado en este período es la incansable labor que ha desempeñado la DINATRA tratando de arreglar cuanto conflicto se presenta producto de un desacostumbramiento a la negociación y al diálogo después de 20 años de ausencia en ese sentido.

El Poder Ejecutivo mandó los proyectos de negociación colectiva en materia privada y pública, legisla y trata de arreglar algo en la actividad rural, sobre todo el tema de las ocho horas, y este año pretendemos –lo estamos estudiando con la Universidad de la República y la Suprema Corte de Justicia– analizar el tema del proceso laboral. No es lo mismo un juicio que dure cuatro años por una disputa de comercio o de otro tipo que para un trabajador que reclama un salario. Ahí existe un gran déficit del MTSS, las audiencias de reivindicación, que son el paso previo a ir a la justicia, se están dilatando cada vez más. Estamos trabajando activamente en ese tema y en que se implementen los proyectos que se mandaron al Parlamento –el de tercerizaciones ya está aprobado–.

También estamos trabajando en que, por fin, después de 40 años, el Poder Ejecutivo, a través del MTSS, tenga injerencia en las políticas de seguridad social. Se trata de cumplir con la responsabilidad constitucional del MTSS en implementar políticas, controlarlas y evaluarlas, que nunca se había cumplido, lo que ha dado lugar a equívocos sin sentido. No significa cortarle las facultades a nadie, simplemente es llevar a la práctica eso, para lo cual se crea la Dirección Nacional de Seguridad Social.

Y estamos trabajando activamente en la modificación de la normativa del seguro de paro.

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Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Marcela Dobal