(Emitido a las 8.56)

EMILIANO COTELO:
El Partido Nacional (PN) resolvió adelantarse a la discusión parlamentaria y ya fijó su posición: una vez que el oficialismo apruebe el proyecto de ley de educación, juntará firmas para convocar a un referendo con el objetivo de dejarla sin efecto.

El anuncio fue formulado el sábado por el titular del Directorio blanco, Jorge Larrañaga, al cerrar el Encuentro Nacional de Educación, en el que 150 especialistas nacionalistas analizaron críticamente la situación de la enseñanza y en especial el proyecto de ley que ingresó esta semana al Parlamento.

La semana pasada entrevistamos aquí En Perspectiva al director de Educación, el maestro Luis Garibaldi, que explicaba algunos de los puntos contenidos en los 141 artículos de la iniciativa. Hoy nos interesa conocer el enfoque del PN.

Estamos con el profesor Daniel Corbo, quien es licenciado en Historia, tiene 53 años, fue diputado, integró el Codicen y fue presidente del Consejo de Educación Secundaria.

¿Qué se discutió durante el encuentro nacional del sábado pasado?

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DANIEL CORBO:
El encuentro estuvo inspirado en la necesidad de debatir sobre un aspecto central del destino nacional, como es la educación. Pero hacerlo, no como ha acontecido últimamente, discutiendo solamente sobre los temas del poder en la educación –quién se queda con qué cuota de poder en ella–, sino tener la discusión que todos nos debemos, que es qué futuro educativo queremos, qué educación queremos para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, qué desafíos tenemos en el campo educativo. Es decir las cuestiones de fondo, que lamentablemente son las únicas que el país no discute.

EC - En ese contexto, obviamente la ley estuvo en el examen.

DC - Se discutieron en talleres, durante todo el día, siete puntos que estaban propuestos, que hacen al fondo de este tema, y después hubo un informe sobre el tema educativo. Y en cada uno de los puntos apareció la ley de educación: cómo toca ese tema, si lo roza o no, qué tipo de solución le da, etcétera.

Estuvo presente durante toda la jornada, pero el enfoque que queríamos darle iba mucho más allá, trascendía el tema de la iniciativa del Poder Ejecutivo, para discutir los temas que hacen a la equidad, a la calidad, a la educación en valores, a la importancia del centro educativo como eje de la mejora educativa, los temas de la autonomía pedagógica. Los temas que se discutieron fueron variados, estuvo presente la ley, pero no fue lo único.

EC - Pero cuando uno lee la declaración que el PN emitió el sábado se encuentra con un primer capítulo con tres puntos de preocupación por la situación actual de la enseñanza, y luego una serie de referencias al proyecto de ley, que comienzan con esta advertencia: "El Encuentro Nacional de Educación expresa su alarma frente al proyecto de ley de educación del Poder Ejecutivo, concebido con criterio orgánico, vacío de metas nacionales y de innovaciones pedagógicas hacia el siglo XXI".

¿Por qué "alarma"?

DC - Porque creemos que este proyecto le va a hacer daño a la educación, una educación que viene con graves problemas. Creemos que va a multiplicar sus dificultades, porque genera un conjunto muy amplio de organismos nuevos, con una integración muy diversa y masificada, que plantea en cada ámbito un participacionismo muy grande. Y todo ello desdibuja absolutamente las líneas de autoridad en la educación, y va a generar ineficacia, tal vez una suerte de anomia en la gestión institucional, y eso va a agravar la realidad educativa. Quienes han concebido esta ley tal vez no tengan una buena idea de cómo funciona el sistema educativo. Es una ley muy mala en ese sentido.

EC - Vamos a repasar los distintos puntos que se incluyen en la declaración como objeciones al proyecto de ley. Por ejemplo, para ustedes el proyecto "vulnera la autonomía de la enseñanza, admitiendo la injerencia del Poder Ejecutivo y de otros organismos en la especialidad orgánica de la ANEP".

¿Por qué?, ¿En qué notan esto?

DC - Lo notamos en los artículos 41, 84, 85, 87 y en las letras D y E de las disposiciones transitorias. Esto consiste en que aspectos de especialidad técnica del órgano ANEP son sacados de su órbita y adjudicados a una Comisión Coordinadora del Sistema Público, que es presidida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con intervención en todos los casos de la Universidad de la República y en muchos casos de algunos otros organismos, como el INAU, etcétera. Entonces, hay una desviación constitucional, porque es especialidad técnica de la ANEP y se les adjudica a organismos ajenos la definición de esta materia.

Incluso con la Universidad se da un hecho muy singular, porque la Universidad por la vía de estos artículos puede realizar una intromisión en decisiones sobre planes y proyectos de la ANEP, pero no se da la recíproca, ya que no hay ningún artículo que le permita a la ANEP tener alguna injerencia en los asuntos de la Universidad. Hay un desequilibrio entre los dos centros, porque la Universidad pasa a ejercer una especie de paternidad o de tutela sobre la ANEP.

EC - Es interesante esta crítica, porque hasta ahora se había escuchado la demanda de mayor autonomía por parte de gremios de docentes y de algunos sectores del propio Frente Amplio. Se ha reclamado que los organismos de la enseñanza tuvieran mayor autonomía que la que tienen hoy, se ha hablado de la posibilidad de que fueran directamente cogobernados.

Pero para ustedes el problema se da para el otro lado, para el lado de quitarles a esos organismos grados de autonomía que hoy tienen.

DC - Efectivamente, como lo establece la Constitución, esa autonomía implica que un ente autónomo tiene una especialidad técnica y que el Poder Ejecutivo u organismos ajenos no pueden tener injerencia sobre esa especialidad, no pueden intervenir, no pueden definir. En eso tiene sustancia la autonomía.

Lo que están pensando los sindicatos cuando hacen el reclamo que usted mencionaba, es solo un aspecto, es el tema del poder, o sea quién se queda con cuotas de poder, cuando aquí lo importante es que el organismo autónomo no sea intervenido en aquellas cosas en las que –se supone– es el que tiene la especialidad técnica y orgánica.

Esto me recuerda una nueva versión del Cosupen, un famoso proyecto de la época pachequista, con una primera versión de 1968 y una segunda de 1969, que por encima de los entes autónomos –que en aquellas épocas eran Primaria, Secundaria y UTU– colocaba un Consejo Coordinador Superior de la Educación Pública, con la presidencia del ministro de Educación y Cultura. Esto implicaba una injerencia del Ministerio y del Poder Ejecutivo, del gobierno, en una serie de asuntos de la especialidad técnica de estos órganos. Esta es una nueva versión del Cosupen pachequista.

EC - Sin necesariamente defender aquel antecedente y para terminar de entender el planteo de ustedes, ¿no es razonable que el gobierno de turno marque su huella en el rumbo que va a seguir la educación en ese período?

DC - Una cosa es un rumbo político en materia de política educativa, que debería plasmar la ley, y eso no nos parece mal. Otra cosa es la injerencia en aspectos técnicos y operativos de la institución autónoma, porque, entonces, ¿para qué la autonomía? Si el Poder Ejecutivo va a intervenir en la reglamentación de los procedimientos de validación de los conocimientos y de las capacidades obtenidas fuera de la educación formal, como si hubieran sido cumplidas dentro de la educación formal, o si a la hora de validar los títulos docentes de la ANEP el gobierno va a intervenir y decir cuáles son las condiciones técnicas para validar un título, de la autonomía no queda nada.

EC - Ustedes también están preocupados por el tema del poder, por la forma como se define la integración de los consejos.

DC - Antes estamos preocupados por el tema de la laicidad.

EC - Es verdad, aparece antes.

DC - La laicidad es un principio muy central, como lo señalaba Varela en el momento fundacional de la educación pública uruguaya; la laicidad estaba orientada a preservar la conciencia individual de las personas, su autonomía, su libertad futura. Decía Varela: "Sin resguardar esto, no hay democracia posible".

EC - En la declaración sostienen que el proyecto "afecta el principio de laicidad, admitiendo que los docentes manifiesten sus posturas, y no protege la conciencia moral y cívica de los alumnos". ¿Dónde detectan este riesgo de afectación de la laicidad?

DC - Porque a la hora de definir la laicidad el proyecto del gobierno quita la imparcialidad como un concepto que el docente tiene que preservar a la hora de exponer los temas.

EC - El artículo 20 se refiere específicamente a la laicidad y la reafirma, dice: "El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizarán la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias".

DC - Voy a decir lo que falta. Cuando habla de una exposición integral y crítica, falta el concepto de imparcialidad, admite que el profesor dé con parcialidad, tomando postura, con un criterio particularista temas sometidos a controversia. Omite la referencia, que sí hace la ley actual, a que en las aulas no se puede hacer proselitismo de especie alguna y la referencia a que se debe respetar integralmente la conciencia autónoma, cívica y moral de los alumnos. Esto abre la puerta a que, en el debate de los temas en una clase, el profesor haga proselitismo, plantee su postura propia, no tenga que respetar la conciencia individual.

La ley sí tiene que admitir la pluralidad de opiniones, pero en el marco de una asimetría en la relación pedagógica, porque está claro que el docente tiene un poder, tiene una autoridad y un saber que no tiene el alumno. No es una conversación entre iguales. En la enseñanza primaria y en el liceo, es evidente que el que tiene el poder, el que luego pone la nota y califica, el que pasa o no al alumno, el que tiene el poder institucional y el que está reconocido como el que sabe, es el profesor. Por lo tanto, a la hora de tocar temas controvertidos –ideológicos, filosóficos, religiosos–, obviamente no están en paridad de condiciones para hacer esa discusión democrática que señala la norma; están en desigual posición de poder, de autoridad y de saber.

Cuando uno compara el texto actual con el que se propone, ve qué le falta al texto que se propone y por dónde va la intencionalidad.

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EC - Vamos al punto que tiene que ver con la distribución del poder. Dice la declaración que el proyecto "define un sistema mixto para la designación de las autoridades de la enseñanza concebido para perpetuar el dominio de la coalición de izquierda en la conducción de la enseñanza, cualquiera sea el partido que gane las elecciones nacionales".

¿Cómo es esto?

DC - Hay que hacer una operación matemática simple. Se propone un sistema mixto en el cual el Codicen está integrado por cinco miembros (tres designados por el poder político y dos por los docentes), y cada uno de los consejos de la educación está integrado por tres personas (dos son designadas por el Codicen y una por el cuerpo docente). Partimos de una hipótesis muy sustentable, porque lo hemos visto en la Universidad: desde el año 58, cuando se promulgó la ley orgánica de la Universidad, esta ha sido gobernada siempre por la izquierda. No ha habido un solo período universitario que no haya sido regido por la izquierda, que tiene la mayoría en los cuerpos docentes. Lo mismo pasa en la educación.

EC - Pero en las facultades ha habido decanos no pertenecientes a la izquierda.

DC - En alguna facultad, pero en el conjunto de la Universidad no ha habido un solo caso –desde el 58 a la fecha, en 50 años- en que el gobierno no haya sido de izquierda. Y eso se podría reproducir aquí.

Una hipótesis: gana el Frente Amplio [las elecciones nacionales], entonces de los tres en el Codicen nombrados por el poder político va a tener dos, más dos elegidos por el gremio docente; va a haber cuatro personas de izquierda y una sola que no va a ser de izquierda. Esos cuatro, a su vez, pueden designar a todos los miembros de los consejos. Si se requieren cuatro votos para nombrar a los consejos de Primaria, Secundaria Básica, Secundaria Superior y Enseñanza Técnica, estarían en condiciones de nombrar a absolutamente todos los miembros de los consejos con gente que pertenezca a las posiciones de izquierda.

Hagamos otra hipótesis: no gana la izquierda, gana el PN. ¿Qué ocurriría? El PN también podrá nombrar dos de los tres miembros políticos en el Codicen y uno será de izquierda, por la representación que la izquierda tiene. En ese caso va a haber un miembro político de la izquierda, más dos gremiales, van a ser tres en cinco, van a tener mayoría en el Codicen. Entonces el gobierno tampoco va a poder nombrar libremente a quienes estén en los consejos de enseñanza, porque se requieren cuatro votos y la izquierda tiene tres; el gobierno tendría solamente dos para nombrar.

Hay una forma de escapar a este corsé.

EC - Esta crítica ya se había conocido, por lo tanto cuando hicimos la entrevista con el director de Educación, Luis Garibaldi, lo consultamos sobre ella. Y su respuesta fue:

"Es una lectura que parte del presupuesto de que todo en las discusiones se resuelve definiendo qué es de izquierda y qué es de derecha. Lo hay, pero no se resuelve exclusivamente en eso, entre otras cosas, porque en la propia izquierda también tenemos discusiones y en la derecha también.

El segundo presupuesto equivocado es pensar que la distribución de los cargos se hace de manera directa por mayorías o minorías. Desde el año 90 en adelante ningún gobierno blanco o colorado incorporó o propuso a ningún miembro del Frente Amplio. Hubo una frenteamplista en alguna integración del Consejo Directivo Central, pero a título personal y no a título institucional. Por lo tanto, es partir de la base de que todo se va a hacer con un criterio preestablecido.

Y en cuanto a quiénes elijan los docentes, me parece un poco arriesgado decir que los dos docentes van a ser de izquierda y además se van a poner de acuerdo con los otros dos o tres que vengan también del partido de gobierno".

¿Qué dice sobre esa respuesta?

DC - Primero, que yo no hago la dicotomía derecha-izquierda, porque no me siento de derecha. Estoy hablando de la coalición de izquierda como una coalición política y señalo que hay un posicionamiento de esa coalición desde un punto de vista programático, político, lo cual no implica que no haya diferencias internas, también las hay dentro del PN, del Partido Colorado y seguramente dentro de todos los partidos, ya que es muy difícil tener unanimidad en partidos de masas. Eso no quiere decir que no compartan una cosmovisión, que en este caso, es la que intenta gobernar la cultura del país.

EC - Garibaldi destacaba que tres miembros del Codicen van a tener una designación política con origen en acuerdos o mayorías y que "eso es lo relevante".

DC - Lo relevante es que algunos de esos designados políticamente que se sienten en el Codicen van a encontrar afinidad ideológica, cosmovisional, con aquellos que van a ser elegidos por el gremio docente. Y Garibaldi podrá argumentar que "es arriesgado" sostener que los designados por el gremio docente van a ser de izquierda, pero no podemos hacernos trampas al solitario, vemos la realidad política y sabemos que la izquierda ha hecho un esfuerzo desde hace décadas por la construcción de una hegemonía dentro del campo de la cultura. Basta ver la Universidad, 50 años ininterrumpidos de gobierno de la izquierda en la Universidad. Y lo vemos en otros campos de la cultura.

Entonces decimos que esta forma de reflejar el poder en la educación puede no reflejar las mayorías electorales del país. Y afirmamos la necesidad de que la educación responda a la representación política que emana de los organismos públicos votados por el pueblo en las elecciones.

EC - ¿Cuál es el correctivo que ustedes proponen?

DC - Proponemos que la designación de las autoridades emane de los poderes representativos de la nación, de aquellos poderes que fueron elegidos por el voto popular, es decir el Senado de la República, a través de la venia, y el Poder Ejecutivo.

EC - Mantener un sistema como el actual.

DC - Un sistema como el actual o un sistema que dé alguna participación pero que no desnaturalice las mayorías que surgen de la voluntad popular. En definitiva, hacemos elecciones nacionales y creemos que esas elecciones tienen que dar al gobierno la oportunidad de marcar un horizonte de política educativa. Eso no puede desnaturalizarse por una sumatoria de componentes emanados del poder político, más componentes gremiales, y constituir siempre una mayoría de izquierda, que es lo que va a ocurrir.

EC - ¿Ustedes admiten alguna participación de representantes de los docentes en los organismos de la enseñanza?

DC - No hemos terminado de discutir el tema, pero podría ser admitirse una presencia, siempre y cuando eso no quite la oportunidad a las mayorías elegidas por la voluntad ciudadana de orientar la política del país.

EC - ¿Podría ser uno en cinco, por ejemplo?

DC - Uno en siete, por ejemplo.

EC - Tendría que ampliarse el consejo.

DC - Esta es una opinión mía, para dar una idea de que es posible admitir una participación de control, para llevar la voz de los docentes, pero que no desvirtúe las cuotas de poder que emanan de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

De todas maneras, siempre señalamos que hay una diferencia de naturaleza entre la administración o la gestión de un servicio como el sistema educativo y la función técnico-pedagógica del docente. El docente tiene una capacidad reconocida en los aspectos técnico-pedagógicos, pero no necesariamente tiene una capacidad reconocida para la gestión de un servicio de la complejidad de la ANEP, que depende de una capacidad planificadora, de gestión, etcétera, para la que no se forman los docentes.

También señalamos que es fundamental que prime la voluntad nacional, y la voluntad de los docentes es la voluntad de un sector particular, legítimo, pero que no puede suplantar a la voluntad nacional que la ciudadanía expresa en las urnas.

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EC - Hemos recorrido varias de las críticas que ustedes hacen a los artículos de la ley de educación –que no son las únicas, hay un par más–. Por otro lado, ¿ven aspectos positivos en el texto? ¿No hay nada rescatable en la iniciativa del Poder Ejecutivo?

DC - Sí, en las últimas versiones ha aparecido el Instituto de Evaluación, que nos parece algo positivo porque está vinculado con el aspecto de cómo asegurar la calidad en la educación.

EC - El maestro Garibaldi anunció que este Instituto Nacional de Evaluación, que va a monitorear la calidad de la enseñanza, va a presentar un informe a la sociedad cada dos años.

DC - Sí, pero con ciertas cortapisas. Es una muy buena idea, la apoyamos, pero está mal concebida. Primero, por el estatus jurídico que se le otorga, porque para cumplir esa función adecuadamente requiere autonomía técnica.  El texto dice que quiere darle autonomía técnica, pero a la hora de definir qué es el instituto, dice que es una unidad ejecutora del MEC, una unidad subordinada al ministro directamente. En una versión anterior, la del 11 de abril –porque ha habido varias versiones de este proyecto de ley–, se definía el estatus jurídico en términos de una persona pública no estatal, lo que le daba mayor autonomía.

Y hay otro problema, el Consejo Directivo es designado por los propios organismos que tiene que controlar, por la Universidad, por la ANEP. Los organismos que van a ser controlados designan a las autoridades del instituto, lo cual nos parece inconveniente.

Tercero, va a haber un informe sobre el estado de la educación en Uruguay cada dos años, lo cual nos parece positivo. Pero no nos parece positivo que tenga que ser aprobado por el ministro, como dice el proyecto de ley. Esto no estaba en la versión anterior, donde se decía que el instituto emitiría cada dos años un informe que comunicaría a todos los interesados.

Y cuarto, este instituto evaluaría Primaria y enseñanza media, ¿qué pasa con la Universidad? Allí es donde más se requiere un control de calidad. En general en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países de América Latina y en el propio Mercosur, hay agencias de acreditación de calidad. Aquí no aparece que este Instituto de Evaluación pueda acreditar la calidad universitaria, que es una cosa básica, central y estratégica para lograr niveles de calidad en los títulos universitarios.

EC - Otros aspectos de la ley, como por ejemplo el aumento de la cantidad de horas de enseñanza, que se fija en 900 por año, cuando hoy en Primaria hay un máximo teórico de 720; la extensión del período obligatorio de enseñanza hasta los 18 años de edad, que abarcaría desde educación inicial hasta el bachillerato; la creación del Instituto de Formación Docente en el ámbito universitario, algo que el PN en más de una ocasión había reclamado.

¿Estos puntos no son saludados por ustedes al examinar el contenido de la ley?

DC - Sí, son positivos. La extensión del tiempo pedagógico, del calendario escolar, es una medida imprescindible. Pero el texto tiene que ser acompañado de esfuerzos de inversión que en este período no se han hecho, prácticamente no ha habido construcción. Entonces queda en una posición programática, declarativa.

También nos parece positivo que se hable de obligatoriedad desde los cuatro años, pero estamos con una cobertura del 70% y no ha habido crecimiento de la matrícula de cuatro años, sino que en este período, entre los años 2006 y 2008, ha habido una reducción del número de alumnos en cuatro años. En ese sentido, la propuesta es buena, pero se torna declarativa si no hay una acción sobre eso.
 
Hay otros elementos positivos, como la obligatoriedad de la enseñanza media superior, pero eso ya está en la Constitución, que establece que "será obligatoria la enseñanza primaria y media". Media es toda, pero que esté en la Constitución no quiere decir que la hayamos alcanzado. Al contrario, cuando uno analiza la situación de cobertura de la enseñanza media superior en América Latina, estamos en un lugar muy rezagado, en el penúltimo lugar. Uruguay tiene problemas graves en este sentido. Entonces está muy bien la inclusión de este tema en la ley, pero necesariamente se requiere un plan estratégico para alcanzar la meta.

Esos son los puntos que más nos interesa discutir sobre este proyecto de ley. El país tiene un enorme déficit para discutir los temas de fondo, y tiene un grave problema en educación, que es que cada administración que llega deshace las cosas que hizo la anterior, muchas veces sin evaluar, sin sopesar si es bueno o malo lo hecho. Estamos como la tela de Penélope: unos tejen y vienen otros y destejen, uno teje lo suyo y viene el siguiente y desteje.

EC - ¿Hay autocrítica incluida en ese análisis? Porque los blancos también gobernaron.

DC - Sí, pero no hicimos eso, tuvimos una continuidad con el Codicen presidido por el profesor Pivel. Pero sí ha sido una constante desde 1995 en adelante y nos preocupa como una cuestión que debe ser analizada.

La educación requiere una política sostenida en el tiempo, una política de Estado, un acuerdo nacional de las fuerzas políticas del país, para refundar las bases del sistema educativo. Es en ese punto, más importante que la ley, es que las fuerzas políticas se sienten a discutir y digan: en la educación le va el destino al país, les van las oportunidades a nuestras generaciones jóvenes. Si queremos hacer algo en esta materia, ¿no habrá alguna cosa en la que nos podamos poner de acuerdo y, ganes tú, gane yo o gane un tercero, podamos seguir el esfuerzo con constancia, en la misma dirección?

EC - ¿Ustedes proponen a ese debate para este mismo período de gobierno?

DC – Ahora. Creemos que más que debatir la ley, que no soluciona nada... Incluso, cabría preguntar si alguien cree que una ley confrontada como esta, que ha sido criticada por todos los sectores de opinión del país, va a solucionar los graves problemas de la educación. Creemos que no. La única forma de solucionar los problemas de fondo de la educación del país es acordar una serie de puntos de política de Estado en los que todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo.

EC - ¿Cómo se entiende la posición tan dura que lanzó el presidente del Directorio del PN en cuanto a que si esta ley es aprobada en el Parlamento los blancos van a juntar firmas para derogarla en un referendo?

DC - Esta ley va a perpetuar el dominio de la izquierda en la educación, gane quien gane, además de afectar la autonomía, la laicidad, valores fundamentales. No hay una sola mención a la educación en valores, tan fundamental en el país, cuando aparece una serie de emergentes de violencia, de conflictividad, de pérdida de convivencia. El gobierno se desentiende absolutamente de educar en valores en las aulas, se desentiende de lo que ha sido una tradición del país, la formación integral de la persona y el ciudadano.

EC - ¿No hay margen para negociar el contenido de esta ley? ¿Ya lo dan por perdido el posible diálogo, el posible intercambio?

DC - Esta ley tiene una naturaleza muy negativa, hemos mencionado –y podríamos seguir– el conjunto de críticas que nos merece, y nos parece que el problema de la educación no es tema de una ley, sino que tenemos que ponernos de acuerdo en una serie de puntos fundamentales relacionados con la equidad, con la calidad educativa, con el restablecimiento de una educación en valores, buscando fortalecer el sentido de las instituciones educativas, volver a una cultura institucional y devolverles a las instituciones la capacidad para continentar, para orientar y para hacer crecer a los jóvenes que concurren a los centros educativos, cosa que hoy no ocurre.

Esas son las cosas fundamentales, no es la norma legal, no es quién va a gobernar la enseñanza; no son esos los problemas que acucian al ciudadano, al hombre de familia, a la madre de familia o a los jóvenes que buscan una oportunidad. Tenemos que discutir el problema de fondo. El presidente del Directorio del PN dice no a esta ley, pero sí a discutir los temas de fondo del país en educación.

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Lea el análisis del proyecto de ley de educación que impulsa el Poder Ejecutivo, redactado por el Lic. Daniel Corbo