(emitido a las 09.00 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En mayo de 2006 Argentina denunció a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya acusando a nuestro país de haber violado el Estatuto del Río Uruguay al aprobar unilateralmente la instalación de la planta de Botnia sobre el río Uruguay.

Si miramos hacia atrás, en estos cuatro años han pasado muchas cosas: puentes cortados, diálogos truncos, mediaciones internacionales que no prosperaron, acusaciones cruzadas, millones de dólares perdidos en materia económica... Mientras tanto, en Fray Bentos la planta de celulosa se puso en marcha, funciona a pleno y todo indica que seguirá así por mucho tiempo.

El próximo martes, finalmente, la Corte de la Haya se expedirá en este litigio. Y a partir de ese momento la relación entre los dos países entrará en una nueva etapa, pautada por un lado por lo que diga el veredicto internacional, pero también por la buena relación que existe entre el presidente José Mujica y el matrimonio Kirchner.

Sobre cómo fue el comienzo del conflicto y lo que se viene de ahora en adelante, vamos a conversar con alguien que lo vivió muy de cerca. Me refiero al doctor Didier Opertti, quien era canciller cuando se autorizó la instalación de la planta de Botnia.

***

EC - ¿Qué reflexión general hace ahora de lo que fue aquella autorización que el gobierno uruguayo dio a la instalación de la planta de Botnia el 15 de febrero de 2005, es decir, casi al final del gobierno del doctor Jorge Batlle?

DIDIER OPERTTI:
Le doy la misma interpretación que les he dado siempre a las decisiones y acciones de Uruguay a partir del año 2002 con relación a las plantas tanto de ENCE como de Botnia.

Básicamente la idea se resume en una afirmación, que a la vez contiene una negativa: afirmo que Uruguay no violó ni el Estatuto del Río Uruguay (artículo 7 y siguientes, que son los que conciernen específicamente a la realización de obras) ni el derecho internacional. Y esto es importante decirlo ahora, antes de que recaiga el fallo, porque dicho luego sería algo así como una especie de reiteración o podría sonar también a una suerte de comentario tardío. Este comentario es oportuno hacerlo en este momento para esclarecer cuál ha sido la posición de Uruguay desde el comienzo.

EC - Casualmente, desde hace varias semanas se escuchan declaraciones y especulaciones en las que está la presunción de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de algún modo va a apercibir a Uruguay.

DO - Lo he escuchado y lo he examinado, leído con el cuidado del caso. Yo preferiría en esta nota con usted no entrar a hacer especulaciones demasiado abstractas que no tienen como base ningún caso concreto, a menos que asumamos que ha habido filtraciones de la Corte, cosa en la que en principio, y por respeto incluso a este órgano judicial máximo internacional, prefiero no ingresar.

Desde 2002 Uruguay comenzó a informar, en julio de 2002 la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) recibió información en su seno de los representantes de la empresa que proyectaba realizar la implantación de ENCE.

EC - Está bien la precisión, usted ubica el origen de todo esto en el año 2002 y en ENCE, porque el primer proyecto que se presentó fue el de ENCE, que después quedó por el camino.

DO - Después se añadió el de Botnia y el de ENCE quedó por el camino. Vale decir que desde julio de 2002, momento en que la CARU recibió a los representantes de ENCE y recibió de estos una serie de informaciones relativas a la planta, pasaron 15 meses hasta que Uruguay autorizara la planta, en octubre del 2003.

El 21 de julio de 2003 hubo una audiencia pública en Fray Bentos sobre la planta. Uruguay había divulgado oficialmente en forma previa a esa reunión una serie de informaciones, y varios miembros de la CARU estuvieron presentes en esa audiencia pública. Esos miembros –y esto también es importante subrayarlo– prepararon un informe a propósito de esa reunión abierta con la población de Fray Bentos, el 10 de octubre de 2003, y en ese momento la CARU aprobó el control y el estudio de la obra. En esa misma fecha Uruguay, tras los trámites internos respectivos del ministerio competente, que era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le dio la autorización provisional ambiental a Botnia, no la autorización para funcionar sino la autorización ambiental. Es decir, dio por removidos los temas o problemas que pudiere haber para el funcionamiento de la planta.

EC - ¿De qué fecha estamos hablando?

DO - Estamos hablando del 10 de octubre de 2003. El 27 de octubre, también de 2003, se le envió a la CARU copia de la resolución del ministerio, así como el informe técnico de impacto ambiental junto con un informe ambiental, una serie de informaciones. Y se instruyó –yo mismo instruí– a la delegación de Uruguay en la CARU, presidida por el arquitecto Walter Belvisi, para que proveyera esa información que le estábamos suministrando, pero que se estableciera con claridad que no estábamos efectuando la consulta a través de la CARU.

EC - El gobierno uruguayo estaba informando.

DO - Estaba informando. Nosotros hemos distinguido siempre tres niveles: el nivel de la información, el nivel de la consulta y el nivel de la autorización. Uruguay suministró en tiempo y forma la información necesaria, no consultó porque entendía que la obra se realizaba en el territorio uruguayo y solo eventualmente podría afectar la calidad de las aguas, y obviamente no pidió autorización.

Uruguay interpretó el artículo 7 del Estatuto que dice que la parte que se proponga realizar obras significativas que puedan afectar la navegación, el régimen del río y la calidad de las aguas deberá comunicarlo. Nosotros no hicimos una comunicación formal porque entendimos que eso era presumir que la obra proyectada afectaba la calidad de las aguas, y nuestra documentación interna no decía eso, decía que la tecnología de punta utilizada por la obra proyectada y todo lo que a esta concernía no afectarían la calidad de las aguas. De ahí la decisión de Uruguay de no movilizar el mecanismo del artículo 7.

EC - El artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay establece que "la parte que proyecte la construcción de nuevos canales, así como la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas deberá comunicarlo a la Comisión".

DO - Lo hicimos. Tanto lo hicimos que incluso le enviamos, con nota verbal dirigida al gobierno argentino, siendo yo canciller, la fotocopia del expediente de autorización de la obra que tenía más de 2.000 fojas. Le elevamos todo el expediente a la parte argentina para que esta conociera los alcances de la obra. No hubo ausencia de comunicación, no hubo ausencia de información, lo que sí hubo, por una decisión adoptada tras el análisis del caso, indicación expresa de que no estábamos movilizando el mecanismo de consulta. La consulta se expone al veto, la consulta habría expuesto la obra al veto de la República Argentina.

EC - ¿Y por qué no se consultaba?

DO - Porque se entendía que en la hipótesis de consulta teníamos que haber manejado como base el riesgo de que la planta efectivamente alterara la calidad de las aguas, y esta situación había sido expresamente descartada por los exámenes técnicos –no políticos, no diplomáticos– del ministerio competente del Uruguay, en cuyo territorio –cabe recordar una vez más– se instalaría la planta.

Otra cosa muy importante: cuando se produjo la primera reunión de los presidentes Kirchner y Batlle, ya en ese momento, recién electo el presidente Kirchner, se aclaró que se examinaría la cuestión y que en su caso sería llevada a la CARU.

EC - Agrego algunos datos más. En esa fecha que usted recién manejaba, 10 de octubre de 2003, hicimos aquí en En perspectiva una entrevista con la ingeniera agrónoma Rosario Pou, de ENCE, a raíz de la novedad de que se había otorgado la autorización ambiental previa para ese proyecto. Y al comienzo de la entrevista yo decía: "Esta es la noticia más reciente a propósito de este proyecto de planta de celulosa, que ha dado mucho que hablar en los últimos meses, y sobre todo en los últimos días, a partir de las protestas que tuvieron lugar el sábado pasado en la cabecera del lado argentino del puente Fray Bentos-Puerto Unzué protagonizadas por organizaciones ambientalistas y autoridades locales de la provincia de Entre Ríos, preocupadas por las consecuencias que una planta de estas características pudiera tener sobre el río y eventualmente sobre las costas de su país".

Ya en octubre de 2003 había protestas, había movilizaciones.

DO - Había una movilización.

EC - Y la protesta llevó a que gobernantes de la administración Kirchner trasladaran la inquietud a la cancillería uruguaya, que se propusiera conformar una comisión binacional para estudiar el impacto de ese emprendimiento y que el tema fuera tratado por el presidente Kirchner y el presidente Batlle en la reunión que tuvieron en la estancia presidencial de Anchorena. El ambiente ya estaba caldeado, pese a que Uruguay estaba informando.

DO - Se iba creando una situación en virtud de la evolución de la situación política de la provincia. El gobernador Busti estaba indudablemente sensibilizado por este asunto, yo tengo fotocopia de la nota que el gobernador Busti le envió a la cancillería argentina en la que le pedía que interviniera. Entonces viene el verano de 2004, ahí hay una suerte de impasse en enero y febrero, la comisión no se reúne, y el 2 de marzo, ante el pedido que me hace Bielsa de hacer una suerte de balance y encontrar algunos mecanismos que permitieran sortear esa situación en la que él también se veía presionado, viajé a Buenos Aires, me reuní con él e hicimos un entendimiento político diplomático que se trasuntó en las instrucciones que les dimos a las respectivas delegaciones en la CARU, que reunidas el 5 de mayo aprobaron un acta de más de 30 páginas que tenía un capítulo que se llamaba "Coincidencias generales". De su lectura resulta muy claro que cada parte tenía una mirada técnica con diferencias, pero que ambas coincidían en que había una obra proyectada y que esta debía reunir todos los elementos propios en cuanto a garantías. Garantías que yo le había ofrecido al canciller Bielsa, le había propuesto tres cosas concretas: conocimiento del proyecto, conocimiento de la realización del proyecto y conocimiento o monitoreo, que es más que conocimiento, del funcionamiento.

Eso dio lugar a que hiciéramos una pequeña conferencia de prensa finalizada la reunión, informamos a la prensa argentina –la reunión se había desarrollado en el Palacio San Martín–, y el día 3 de marzo, en la edición del día siguiente, el diario La Nación publicó una suerte de resumen del encuentro en el que daba cuenta de estos compromisos uruguayos.

Eso fue el 2 de marzo de 2004. Ese acuerdo determinó que Bielsa informara en su momento al Parlamento y que luego el presidente hiciere suyo ese informe, enviándolo en su informe a la Nación en 2004 diciendo que ambas plantas estaban involucradas en el acuerdo del conflicto con Uruguay. Incluso la parte uruguaya en La Haya en inglés dice "both usines".

EC - Tengo aquí el texto que quedó plasmado en el acta 0104 del 15 de mayo de 2004 de la CARU. En el numeral 2 se recuerda: "En fecha 2 de marzo de 2004 los cancilleres de Argentina y Uruguay llegaron a un entendimiento con relación al curso de acción que se dará al tema, esto es, facilitar por parte del gobierno uruguayo la información relativa a la construcción de la planta, y en relación a la fase operativa, proceder a realizar el monitoreo por parte de CARU de la calidad de las aguas conforme a su Estatuto".

Ese entendimiento, que fue formalizado por los ministros, luego fue recogido por el presidente Néstor Kirchner en su Memoria al Congreso, que allí expresó: "Ambos países firmaron un acuerdo bilateral poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. El acuerdo respeta, por un lado, el carácter nacional uruguayo de la obra, que nunca estuvo en entredicho, y por otro respeta la normativa vigente que regula las aguas del río Uruguay a través de la CARU".

DO - Exactamente.

EC - ¿Qué pasó después? Porque todo iba bastante bien hasta ese momento a nivel de los gobiernos, pero la protesta popular crecía.

DO - A nivel de opinión pública seguía movilizada la población ribereña y por lo tanto el tema en la realidad no estaba resuelto de un modo definitivo. A partir de ese lapso, la CARU movilizó su Comité Especial de Aguas, al que le encomendó la preparación de un plan de monitoreo que debía hacerse para cumplir con lo acordado el 2 de marzo. La CARU trabajó a través de sus servicios técnicos y con intervención específica de este comité al que alude el artículo 7 del Estatuto, el comité trabajó, se reunió regularmente, y en noviembre de 2004 aprobó el plan de monitoreo. Le llevó varios meses elaborar ese plan, pero en noviembre de 2004 ya estaba formalizado.

Lamentablemente en ese momento el tema tuvo una serie de connotaciones políticas. En abril de 2004 algunos representantes de la empresa fueron a la CARU y le presentaron información, el 15 de junio del mismo año la CARU convocó una segunda reunión –se había reunido en mayo– con los representantes de Botnia, en agosto de 2004 una delegación de la CARU viajó a Finlandia para conocer las plantas de Botnia, elemento muy importante este porque marca claramente que el entendimiento a esa altura de los dos estados, de los dos gobiernos, no se refería solo a ENCE, sino a "las plantas". Porque en el medio de todo este proceso también la empresa finlandesa había presentado su proyecto tras la firma del respectivo acuerdo de inversiones aprobado por el Parlamento mediante un tratado bilateral.

El 2004 no fue inocuo, a lo largo de ese año hubo reuniones incluso en Finlandia, y en setiembre miembros de la delegación argentina se reunieron con técnicos de la provincia de Entre Ríos –el tema ya se estaba localizando o regionalizando–, y en octubre la CARU organizó una reunión con la empresa Botnia para discutir cuestiones relativas al proyecto. El 12 de octubre de 2004 la CARU aprobó el plan de monitoreo y lo despachó en noviembre. Este hecho es muy importante, porque el plan de monitoreo fue lo que generó la percepción del gobierno argentino de que ya había un mecanismo capaz de resolver, de prevenir el conflicto, que todavía no estaba planteado, porque, como usted dijo al principio, la demanda argentina ante La Haya se entabló recién en mayo de 2006.

Entonces tanto el informe del canciller Bielsa a la Cámara de Diputados en su momento diciendo incluso que los controles que se le exigían a Uruguay eran mayores que los controles que Argentina les exigía a sus propias plantas sobre el río Paraná, la creciente politización del tema, la movilización, etcétera, fueron contaminando –valga la expresión– el ambiente bilateral de diálogo y afectando esa condición.

EC - El proceso se deterioró en ese verano 2004-2005.

DO - Se deterioró a lo largo de todo este proceso de 2004 a 2005 inclusive. El 15 de febrero nuestro gobierno, todavía con el presidente Batlle a la cabeza y yo actuando como canciller, autorizó la planta de Botnia. Ya muy próximo a la salida, pero era el resultado natural de un expediente que venía procesado y que tenía informes técnicos. No tenía ningún sentido trasladarle al gobierno entrante el 1º de marzo una resolución que debíamos tomar nosotros. Se le dio autorización ambiental a Botnia.

En los primeros días de mayo de 2005 el presidente doctor Vázquez fue a la Argentina, se reunió en Buenos Aires con el presidente Kirchner y acordó formar un grupo de trabajo de alto nivel integrado por delegados de Uruguay y de Argentina. Sacaron el asunto del ámbito de la CARU, hubo una decisión bilateral –insisto en la palabra bilateral porque se ha hablado con mucha insistencia de la unilateralidad de las decisiones de Uruguay–, bilateralmente ambos gobiernos resolvieron, en las personas de sus respectivos presidentes, crear ese grupo. El grupo comenzó a reunirse, mantuvo una serie de reuniones de trabajo y culminó como el señor Cotelo y sus oyentes, que son muchos, saben: no se pusieron de acuerdo, no acordaron criterios como se habían acordado en la etapa previa, en el 2004, porque el tema político ya estaba presionando de un modo muy fuerte sobre la situación. Y eso determinó que, como una especie de salida ya dramática, se entablaran por parte de Argentina ante La Haya el reclamo y el pedido de medida preparatoria o cautelar de suspensión de las obras. A lo que no hizo lugar la Corte de La Haya.

***

EC - El 15 de febrero de 2005, después de todo ese proceso que usted estaba historiando, cuando Uruguay le dio la autorización ambiental a la planta de Botnia, ¿Argentina reaccionó pacíficamente? No, ya hubo un rechazo.

DO - Hubo un rechazo y una situación compleja que determinó que el presidente Vázquez en su visita en los primeros días de mayo de 2005 acordara la constitución de ese grupo con la finalidad de tratar el tema y llegar a algún entendimiento.

EC - ¿Cómo se entiende eso? Usted venía haciendo un relato en el que Uruguay estaba, en la lectura del gobierno uruguayo, cumpliendo fielmente con el estatuto, y por lo visto Argentina convalidando, en la medida en que se habían puesto en marcha esos mecanismos de monitoreo conjunto, etcétera.

DO - Mezclar datos jurídicos con datos políticos a veces configura un cóctel un tanto peligroso. Efectivamente a esa altura el camino puntual, institucional, jurídico con arreglo a derecho y a derecho internacional del Estatuto del Río Uruguay dejó de ser el camino natural en el entendimiento de ambos presidentes y se generó un nuevo camino, este grupo especial de alto nivel. Fueron las dos partes las que lo resolvieron; y podían hacerlo, estaba dentro de sus facultades hacerlo, yo se lo expliqué claramente al abogado norteamericano que ha intervenido en el proceso. Y los ministerios dependen del presidente, y a su vez las delegaciones respectivas en la CARU dependen de los ministros del área concernida, que en este caso era Relaciones Exteriores. Se les dice a los mandatarios que estaban por debajo de los presidentes "quédense a la espera de lo que este grupo de alto nivel resuelva".

Puede haber habido motivaciones que no quisiera colocar en el terreno de la apreciación política, no porque no pueda hacerlo ni porque no tenga la percepción de que ello sea así, pero me parece que mi testimonio en este caso tiene valor de tal en tanto yo pueda referir con la mayor precisión posible cómo fueron los hechos, cómo fueron las circunstancias. Es notorio que en el nacimiento del gobierno del presidente Vázquez este tenía una muy buena relación con el presidente Kirchner, que había un diálogo muy fluido, y que la reunión de mayo de 2005 se enmarcó  en ese clima de aproximación y diálogo. De ahí la creación de ese grupo.

EC - ¿Para usted fue una decisión apropiada?

DO - Si me pide mi opinión personal, creo que no, creo que el tema debió seguir en la CARU, que ya había aprobado formalmente el plan de monitoreo. Era innecesario crear ese grupo. Fue más bien un gesto que el sentido final de lo que allí se pudiera acordar, con ello se marcaba un gesto político, decir "olvidemos el pasado, abramos una cuenta nueva, pongámonos a fojas cero y empecemos a examinar de nuevo el tema de las plantas".

Mucho se ha hablado y se ha dicho "Opertti no firmó con Bielsa ningún acuerdo". Los acuerdos políticos diplomáticos suelen no firmarse, se instrumentan. Lo importante es lo que usted leyó hace unos minutos, ese acuerdo del 2 de marzo fue la base sobre la cual la CARU funcionó y acordó lo que acordó en su reunión de mayo.

EC - Usted hacía una salvedad, decía que en principio no considera necesario recurrir a esa comisión binacional de alto nivel.

DO - Podría haberse seguido en la CARU.

EC - Y en general, si ahora mira globalmente el período de la presidencia del doctor Tabaré Vázquez y su manejo del litigio con Argentina, ¿cuál es su balance?

DO - No podemos mirar el tema solo con una observación sobre lo actuado por el presidente Vázquez, tenemos que ver también lo actuado por el presidente Kirchner, y sobre todo lo actuado en cuanto a la movilización. No olvide que el tema de los puentes ya estaba amenazado, los puentes llevan aproximadamente cuatro años de cierre, en junio se cumplen cuatro años. No olvidemos que en su momento fue convocado el tribunal ad hoc del Mercosur y este declaró ilegítimo el cierre de las carreteras de acceso. El tema ha tenido escenarios distintos, un escenario jurídico regional, local, que fue la CARU, el escenario de las cancillerías, el escenario de los presidentes, el escenario del Tribunal Arbitral del Mercosur y ahora el escenario de La Haya. Son diferentes escenarios para una situación que fue cambiando su naturaleza, que comenzó siendo un tema jurídico, institucional y formal, y terminó convirtiéndose luego en una controversia de índole más compleja.

EC - En aquellos momentos iniciales, 2002, 2003, 2004, cuando el tema se tramitaba a nivel de la CARU en la relación bilateral, ¿usted se imaginó que esto podía llegar a derivar en esto que ha terminado siendo, un conflicto tan largo y tan difícil de saldar?

DO - No, de ninguna manera, y ¿sabe sobre todo por qué? Porque el acta del mes de mayo de 2004, hecha por la CARU en cumplimiento de lo acordado por los cancilleres Bielsa y Opertti, era suficientemente explícita en cuanto a concentrar la atención de los dos países en el tema técnico. Por lo tanto si ese era el carril, nos manejábamos en ese andarivel y no nos salíamos de él, como luego sucedió, eso nos aseguraba un destino determinado, que era llegar a un tipo de monitoreo conjunto, de acuerdo con lo que oportunamente yo mismo le ofrecí al doctor Bielsa, le dije: "Tú tienes un problema interno, nosotros tenemos un problema interno, y ambos tenemos un problema bilateral; resolvamos el que podemos resolver, que es el bilateral; yo te ofrezco el conocimiento del proyecto, el conocimiento de la construcción y el monitoreo del funcionamiento cuando se produzca". Es decir, había un canal formalmente adoptado por ambos gobiernos, nosotros teníamos la razonable presunción de que ese canal iba a funcionar adecuadamente, por eso lo convinimos, pero luego el tema se fue complicando y fue cambiando su naturaleza.

EC - Me queda como duda: ¿la autorización ambiental que se le concedió a la planta de Botnia el 15 de febrero de 2005 fue consensuada con el presidente Vázquez, que estaba por asumir? ¿Fue una decisión que se procesó en el marco de la transición, o fue un gato arriba de la mesa que terminó recibiendo el nuevo presidente?

DO - No, no fue el endoso de un problema. Entiendo muy bien su pregunta y el objetivo. De ninguna manera, el tema venía siendo informado. Si bien el Frente Amplio en su momento, fuerza política del presidente, se había opuesto al acuerdo bilateral de inversiones con el gobierno de Finlandia, era evidente que la obra como tal, el proyecto como tal suscitaba una particular atención –yo diría positiva– en el gobierno entrante. De ninguna manera había una entrega ciega de una situación, un fait accompli con el cual el nuevo gobierno tuviera que lidiar. Tanto es así que cuando en su momento usted entrevistó aquí al doctor Gros Espiell, hace pocos meses fallecido, que era el jefe de la delegación, el agente principal de la delegación de Uruguay en la Corte de La Haya, este declaró con absoluta claridad y contundencia que Uruguay había obrado de buena fe –elemento fundamental–, que había dado cumplimiento al derecho internacional y que por lo tanto no había incurrido en ningún género de responsabilidad.

Lo mismo dijo en su momento entrevistado también por usted el embajador Volonté, que era nuestro activo embajador en Buenos Aires. Y lo mismo dijo en páginas escritas y en entrevistas el ex presidente Sanguinetti. Y La Nación acaba de publicar, hace tres días, un artículo en su página editorial que se titula "El Uruguay en el banquillo", en el cual evoca estos hechos y aboga por una solución a partir del fallo de La Haya.

EC - Por último, ¿qué enseñanzas debe sacar Uruguay de este conflicto? Por ejemplo, el embajador Francisco Bustillo decía en una entrevista con Búsqueda este verano: "Del conflicto por Botnia queda una enseñanza para el futuro. Habrá que tener presente que muchas de las acciones que Uruguay legítimamente realice en procura de lograr su desarrollo seguirán colisionando con intereses argentinos, que, con paciencia e inteligencia, deberemos sortear".

DO - Sí, eso tiene una interpretación, y yo quisiera poner sobre la mesa dos o tres valores. Hay un valor que es la decisión autónoma de un gobierno en su política de recepción de inversiones, de realización de infraestructura, de construcción de puentes, de construcción de puertos, y de manejo responsable de sus propios recursos. Esa es una decisión que Uruguay debe preservar, no se trata de preservar solo el guiño de complacencia o de aprobación de la otra parte, también se trata de ver en qué medida nuestra política representa el interés nacional.

En segundo lugar, este tipo de declaración es un tanto admonitoria, el embajador Bustillo las ha reiterado en estos últimos días en declaraciones públicas señalando lo que significaría para el Uruguay un fallo negativo, etcétera, un poco augurando ese tipo de resolución. Yo prefiero ser más cauto, prefiero situarme en este terreno de descripción en el que me he situado. Cada uno sacará sus conclusiones, independientemente de que la Corte comparta o no los criterios que acabamos de exponer.

EC - El embajador Bustillo decía que teniendo en cuenta que en varios de los proyectos que Uruguay puede querer desarrollar hay de por medio colisión con intereses argentinos hay que ser muy cuidadoso en cómo se maneja en los casos en que sea necesario el intercambio.

Decía Bustillo cuando lo entrevistamos aquí en enero: "El gobierno anterior, el gobierno del doctor Jorge Batlle, trabajó sobre las bases ciertas de legitimidad y legalidad en el tratamiento de la relación con Argentina y puntualmente con respecto a Botnia. Así que en ese sentido nada tendría que objetar a quienes trabajaron en su momento los distintos temas que hacen a la relación, y particularmente el tema de Botnia. Sin perjuicio de lo cual, creo que si estatutariamente necesitábamos darle 10 páginas de información a la República Argentina, la enseñanza que nos queda es que tenemos que darle 10, y 10 más y 10 más, si fuera necesario, y no agotar nunca la instancia de diálogo, seguir insistentemente proveyendo información, aunque podamos incurrir en caminos de hartazgo".

DO - Sí, comparto; pero no le dimos más de 10, le dimos más de 2.000, el expediente completo, yo se lo pedí al ministro de Medio Ambiente, que me lo proveyó, le sacamos las fotocopias en la cancillería y se lo mandamos con nota verbal. Yo comparto eso, pero detengámonos un instante: si para llevar adelante mis intereses nacionales en planes de desarrollo del país yo tengo que negociar con los intereses de la República Argentina... Usted puede convocar a otra audición para hablar de cuáles son los límites del interés nacional y de la soberanía del Estado y cuáles son los límites de la buena vecindad, porque me parece que en esa conciliación de intereses el más pequeño seguramente no llevará la mejor parte.

***

EC - Dejamos esta conversación en puntos suspensivos. El martes se conocerá el fallo y sería muy bueno contar con usted ese día en la emisión de En perspectiva para desarrollar los primeros análisis de la resolución.

DO - Hay que esperar, no hacer especulaciones. Está claro que es importante precisar por qué se actuó, con qué fundamento; nada fue arbitrario, nada fue discrecional, sino ajustado a derecho.

***

Transcripción: María Lila Ltaif


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