(emitido 9.21 hs.)

EMILIANO COTELO:
Dejando a un lado los aspectos legales del caso, tan pronto se conoció el procesamiento con prisión del intendente de Colonia, Walter Zimmer, desde el punto de vista político todos los sectores respaldaron la integridad moral del jefe comunal blanco.

En particular, resultó significativo el apoyo que le dio públicamente el presidente José Mujica, que aseguró que Zimmer no se benefició por las acciones que se le imputan. También se destacó el gesto de los 12 intendentes nacionalistas que lo visitaron el sábado en la cárcel.

Pero ahora la atención se concentra en lo que hará orgánicamente el Partido Nacional (PN).

Es que Zimmer fue procesado por un delito de abuso de funciones, el mismo del que están acusados el exministro de Economía Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Calloia. La situación implica un desafío para los nacionalistas, que han cuestionado en forma reiterada y dura a los jerarcas involucrados en el "caso Pluna";.

Para conversar sobre este ángulo del asunto, estamos en línea con el senador Francisco Gallinal, quien, al igual que Walter Zimmer, respalda la precandidatura de Jorge Larrañaga.

¿Qué es lo que analizará hoy el directorio del partido?

FRANCISCO GALLINAL:
Parece ineludible para el directorio del PN, ante los hechos que sucedieron en el transcurso de estos últimos días, convocar al pleno a efectos de terminar de interiorizarnos del asunto, y creo que la decisión va a ser ratificar la confianza en el intendente. Porque además venimos haciendo un seguimiento del tema muy pormenorizado desde hace mucho tiempo. El intendente Zimmer en su momento y después los demás intendentes municipales nos han informado permanentemente sobre la existencia de esta causa penal, sobre los pasos que se fueron dando, y en conocimiento de causa teníamos el convencimiento pleno de que no daba para ningún tipo de sanción ni procesamiento y mucho menos con prisión, como se resolvió en este caso.

EC - Se habla, por ejemplo, de adulteración de documentos públicos: que se registraron en 2007 ingresos de vehículos que en realidad ocurrieron en el primer mes del 2008.

FG - Es buena la pregunta porque sirve para aclarar exactamente la situación. Desde ya le adelanto que a nuestro juicio es un tema exclusivamente de carácter administrativo, absolutamente ajeno a la esfera penal.

Un buen día hace algunos años comenzó la guerra de las patentes. ¿Qué significaba la guerra de las patentes? Las intendencias empezaban a otorgar beneficios importantes en el valor de la patente y eso significaba incorporación permanente de nuevos contribuyentes, porque las patentes tenían un valor diferencial en los distintos departamentos del país. Empezó con Maldonado, se sumó Flores, se sumó Durazno, se sumó San José… y en un momento se sumó Colonia, a tal punto que creo que todos los que viven en Montevideo en algún momento advirtieron que había circulando en este departamento, en la capital, un número importante de vehículos con matrícula del departamento de Colonia, con la letra L.

Los intendentes llegaron a un acuerdo para terminar la guerra de las patentes. Y era que a los autos que se empadronaran hasta el 31 de diciembre de 2007 no se les exigiría domicilio en la forma en que se iba a exigir posteriormente, ni las condiciones más severas, y que a partir del 1.° de enero de 2008 solamente se podrían empadronar de acuerdo a un conjunto de pautas que vincularan al contribuyente claramente con el departamento.

La Intendencia de Colonia, al igual que las demás intendencias, puso plazo hasta el 31 de diciembre del 2007 para reempadronar o empadronar en Colonia. Y el día 31 de diciembre a las 10 de la mañana, que era la hora en que cerraba la Intendencia de Colonia, se le avisa al intendente que había más de 1.000 contribuyentes que querían hacer el reempadronamiento, pero era 31 de diciembre, no se podía privar a los funcionarios de disfrutar de las fiestas, y tampoco alcanzaba la jornada para terminar de empadronar esos aproximadamente 1.000 vehículos.

EC - Ese es el quid de la cuestión. Ahí se desata el problema.

FG - Ahí está el problema. ¿Qué decide el intendente municipal? Los contribuyentes comparecieron en tiempo y forma, es verdad que los uruguayos generalmente dejamos para el final, pero comparecieron en tiempo y forma. Entonces se decidió convocar a esos contribuyentes para los primeros días del mes de enero de manera de respetar el derecho que habían ganado al comparecer el mismo 31 de diciembre. Y en el transcurso del mes de enero se fueron empadronando o reempadronando todos esos vehículos que al 31 de diciembre habían comparecido ante la Intendencia.

Se señala que hay allí una falsificación ideológica, porque a esos autos que se reempadronaron se les dio valor 31 de diciembre de 2007 cuando se los reempadronó en 2008. Pero en todos los documentos que se expidieron dice muy claramente la fecha en que se reempadronó, enero de 2008, y que por haber comparecido al 31 de diciembre de 2007 tienen los beneficios que correspondían hasta esa fecha. Ni siquiera en ese punto se falseó, el documento expresa claramente cuál es la realidad. Por eso consideramos que tampoco existe ningún tipo de falsificación, se hizo público y transparente el proceso. Y quizás si no se hubiera hecho eso se habría propiciado el reclamo de esos contribuyentes que habían ganado su derecho compareciendo en tiempo y forma el 31 de diciembre. Esa es la realidad.

EC - Pero lo cierto es que desde el punto de vista formal hay una objeción posible, y existe por otro lado el delito de abuso innominado de funciones, que el sistema político cuestiona pero no terminó derogando.

FG - Está bien, pero me pregunto: ¿cuál es el delito que se comete al reconocerles el derecho a los contribuyentes que comparecieron el 31 de diciembre de implementarlo en enero? Absolutamente ninguno, no hay una figura delictiva que se pueda aplicar. Es un tema exclusivamente administrativo. Como no hay una figura delictiva que se pueda aplicar, ahí aparece el delito del abuso innominado de funciones, que significa que el jerarca cometió un abuso contra la administración o contra un contribuyente. Contra la administración desde ya que no, porque a la administración la favorecía incorporar mayor cantidad de vehículos, mucho más si lo hacía en forma porque habían comparecido en la fecha correspondiente. Por eso estamos tan convencidos de este hecho.

EC - Pero también está en juego la imagen de la administración, y de eso habla la jueza, dice: "Uno de los pilares más importantes de la tarea de administrar y de gestionar documentación pública es el respeto a la certeza de la fecha de ocurrencia de los actos jurídicos. Sin esa confianza sería imposible funcionar, pues dudaríamos si el trámite ocurrió cuando dice haber sucedido";.

FG - Es que el respeto se dio. Si usted me dijera que en la fecha de reempadronamiento, que fue en enero, se ponía "31 de diciembre";, ahí sí estamos alterando la verdad de los hechos, pero se ponía la fecha de enero. Y se demoró unos cuantos días de enero, porque si cada reempadronamiento lleva aproximadamente 20 minutos y se trataba de 1000 y la Intendencia trabaja seis horas u ocho, desde luego que iba a llevar unos cuantos días, se postergó hasta el 20 y algo de enero ese trabajo. O sea que allí no hay ningún tipo de engaño ni de falsedad.

EC - Otro aspecto que cuestiona la jueza es que todo ocurrió a partir de órdenes verbales, que no hubo ninguna resolución escrita que formalizara esos criterios a aplicar y los fundamentara.

FG - Porque el contador municipal lo llama al intendente a las 10 de la mañana y le dice: "Tenemos que cerrar, estamos por cerrar y tenemos este problema. ¿Qué hacemos?";. "Démosles la posibilidad a esos contribuyentes de empadronar –dijo el intendente– en el transcurso de los próximos días. Yo no voy a obligar a los funcionarios a seguir trabajando de corrido hasta el 1.° de enero."; Creo que el que esas cosas que se resuelvan verbalmente tiene también su lógica ante la situación de urgencia que se estaba viviendo en ese momento.

EC - Lo que dice la jueza es que pudo haberse formalizado después.

FG - Pudo haberse hecho de otra manera, eso es verdad, con el diario del lunes es más fácil. Quizás sacar una resolución diciendo "reconócese el derecho de quienes comparecieron y autorízase a comparecer en el transcurso del mes de enero";, puede ser, pero sobre la marcha, cuando lo consultan, el intendente dice "protejamos el derecho de estos contribuyentes";. Además a la Intendencia le sirve tener 1000 automóviles más empadronados en el departamento.

EC - Dice una oyente, Susana: "Cuando se actúa por delegación de atribuciones, la responsabilidad es de quien delega. Está en la Constitución y toda la doctrina administrativista";.

FG - Sí, sí, está bien, es correcto, y el intendente de Colonia asume que él dio esa orden, dice que respeta el fallo judicial aunque discrepa y no lo comparte. Y a nosotros nos sucede lo mismo. Me parece muy claro que estamos frente a un hecho de carácter administrativo, no se puede aquí decir que haya algún tipo de parentesco o vinculación con la esfera penal porque no hubo ni enriquecimiento injusto, ni se perjudicó los intereses de absolutamente nadie, sino que se trabajó en la forma en que se tiene que trabajar.

Más aún, no creo que sea necesario derogar el delito de abuso de funciones para demostrar que Zimmer es inocente. Zimmer es inocente aun estando vigente el delito de abuso de funciones, porque ni siquiera el delito de abuso de funciones se le puede imputar por estos hechos de los que estamos hablando.

EC - La resolución de la jueza no se basa solo en este aspecto que hemos estado analizando con usted, en la denuncia original había otras presuntas irregularidades y la jueza las recoge, habla de ellas también. ¿Cómo examina esa parte de la cuestión, el hecho de que la conducta del intendente está en entredicho por otras resoluciones, por otras prácticas?

FG - Eso nos sorprende enormemente…

EC - Por ejemplo, habla de que "Zimmer pagaba sobresueldos a funcionarios municipales que gestionaban proyectos de cooperación internacional, incluida la pareja del señor intendente, con rendiciones de cuentas que no correspondían a las erogaciones efectuadas y cobros de saldos de cuentas cuando Zimmer se estaba retirando para iniciar la campaña por la reelección";.

FG - Es verdad, a eso hay referencia en la resolución, pero no tiene nada que ver con el fallo ni es fundamento del fallo y, lo que es más importante, ese tema ya había sido laudado por la justicia.

EC - ¿Cómo es eso?

FG - La Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) fue la que hizo el informe que sirvió de base a todo ese tema, y no encontró mérito contra el convenio –porque son convenios de cooperación internacional–, si bien se criticaron algunos procederes. A tal punto que se abrió un expediente penal específico sobre eso, se investigó y se archivó por falta de mérito. Ese expediente está archivado, no se encontró ningún mérito para establecer que allí se estuviera concretado ningún tipo de delito. No se entiende –nos lo decían ayer los abogados defensores– por qué la jueza trae a colación un tema que ya fue analizado y archivado. Parecería que quisiera reforzar la idea del abuso de funciones o actos arbitrarios, pero lo cierto es que eso no tiene nada que ver con el auto de procesamiento. Es una referencia que allí introduce la jueza olvidando tener especialmente presente –porque supongo que lo tiene presente– que ese asunto estaba archivado. O sea que no tiene absolutamente ningún sentido.

Después hay otro cuestionamiento porque Zimmer otorgaba un beneficio especial para los automóviles de alquiler sin chofer. Los automóviles de alquiler sin chofer tienen algunos su sede principal en Montevideo y otros tienen sedes en distintos departamentos del país. Todos los automóviles que tienen matrícula que termina en AL son de alquiler, y usted los ve circulando y son de distintos departamentos. La mayoría tienen su casa central en Montevideo, pero pueden perfectamente empadronar (en otros departamentos), y justamente, en Colonia, que es un departamento turístico, es muy frecuente el alquiler de vehículos.

O sea que me alegro de la llamada, de esta conversación, porque nos va a permitir, en el transcurso de los días, dando conocimiento de toda esta situación, dejar muy en claro que aquí no estamos ante ningún tipo de delito, no estamos ante la esfera penal, y como le decía al comienzo, no hay miembro del directorio, no hay legislador, no hay intendente que no conozca desde hace mucho tiempo esta situación, porque siempre estuvimos haciéndole un seguimiento, entre otras cosas porque nos sorprendía que hubiera dado mérito a un juicio penal.

EC - La iniciativa fue de un dirigente del propio partido, ¿no?

FG - Sí, eso es una cosa de la que tenemos que hacernos responsables. Lamentable y lastimosamente es así; no es el único caso, lamentablemente también. Son esas rencillas y rencores que no se explican, porque no se sabe separar lo importante de lo accesorio.

EC - Quedamos a la espera de lo que resuelva el directorio del PN esta mañana.

FG - Creo que el directorio va a ratificar su confianza. Hay un pedido del intendente Zimmer de que su tema pase a la Comisión de Ética. Nos parece bien, es importante que la Comisión de Ética exprese su opinión, porque su argumentación va a ayudar a continuar dando fundamento a las razones que creemos le asisten al intendente Zimmer.

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Transcripción: María Lila Ltaif