(emitido a las  8.57 hs.)

EMILIANO COTELO:
El 26 de mayo de 2010, el abogado Óscar Lapalma, acreditado como representante de la Intendencia de Colonia, presentó una denuncia ante la justicia penal contra Walter Zimmer, que había renunciado al cargo de intendente tres meses antes, y contra José Ahunchaín, que había sido director de Hacienda con Zimmer. La denuncia se presentó siguiendo órdenes de Alfredo Martínez, que sustituía a Zimmer como jefe comunal, con quien se encontraba enfrentado políticamente.

En julio de 2005 Martínez había sido nombrado por Zimmer como secretario general de la Intendencia de Colonia. Pero un año después el propio Zimmer lo destituyó.

En febrero de 2010 Zimmer renunció a la comuna para presentarse a la reelección, que finalmente lograría en las elecciones de mayo. Pero como Martínez era el segundo en la línea de sucesión, pese al distanciamiento que existía entre ambos, se convirtió en el nuevo intendente. Pocos días después de asumir, Martínez ordenó una serie de investigaciones y sumarios acerca de supuestas irregularidades en la gestión de su antecesor, en dos grandes capítulos: el empadronamiento de vehículos y el manejo de fondos de cooperación internacional. Meses después, cuando conoció el resultado de esas indagatorias, Martínez entendió que debía presentar los antecedentes a la justicia penal. La denuncia, que se entregó en el juzgado cuando la reelección de Zimmer ya había sido confirmada, fue la que el viernes pasado, casi cuatro años después, desembocó en los procesamientos con prisión de Zimmer y Ahunchaín.

¿Qué razones lo llevaron a presentar aquella denuncia? ¿Cómo se procesaron las supuestas irregularidades? ¿Cómo se para ante este fallo de la justicia que conmueve al sistema político nacional?

Para conversar de esos temas estamos en comunicación con el licenciado Alfredo Martínez.

El viernes pasado la jueza Virginia Ginares procesó con prisión al intendente Zimmer y a Ahunchaín. A ambos les tipificó un delito continuado de abuso de funciones y a Ahunchaín, además, le agregó el delito de falsificación ideológica por funcionario público. Zimmer se convirtió así en el primer intendente en funciones que termina encarcelado por hechos vinculados con su gestión. ¿Qué sintió al enterarse de una resolución tan severa?

ALFREDO MARTINEZ:
Antes que nada, creo que conmoción, como sintieron todo el departamento y el partido. Sobre todo porque me preocupa mucho el departamento y su institucionalidad administrativa. Una crisis importante, de la cual hubo que tomarse un tiempo para madurarla y reflexionar…

EC - Usted no había hablado hasta ahora sobre estos hechos nuevos.

AM - Por eso, porque creía que era importante tomar un tiempo, porque lo principal es el departamento, el Partido Nacional (PN) y también el país. Esas tres cosas estuvieron también cuando estuve hace cuatro años en la encrucijada de tomar la decisión de cumplir con mi deber de funcionario público y al mismo tiempo cumplir con los valores de mi partido, el PN, esos valores y principios centrales que abracé desde joven, y tomé esa decisión. A esas mismas cosas apelé el viernes cuando me enteré de esta decisión y entendí que se debía dejar que las cosas se procesaran, que la Intendencia tuviera un nuevo intendente, que hoy tiene, y que volviera a rodar la administración y a trabajar. Lo demás son temas judiciales, para eso está la justicia.

EC - Son temas judiciales y también políticos. Zimmer solo ha sido procesado, no condenado, por lo tanto todavía es inocente. Sin embargo, está preso en la cárcel Piedra de los Indios y debió dejar el cargo cuando faltan dos meses para las elecciones internas. Es algo muy fuerte, y es muy curioso que un hecho político y judicial así, de esa magnitud, no se haya originado en una denuncia de la oposición sino en una denuncia de un correligionario de Zimmer, que además fue su socio electoral en los comicios de 2005 y era su suplente en aquel momento. ¿Qué dice sobre esa parte de la situación?

AM - Lo primero que hice cuando se terminaron de estudiar las denuncias que se presentaron –por las cuales empezó una investigación administrativa que luego derivó en un sumario, luego pedimos un informe a un catedrático a los efectos de analizar bien la situación y brindar todas las garantías– fue conversar con representantes del partido del tema, antes de tomar todas las decisiones, y decidimos cumplir con nuestro deber de funcionario público.

EC - ¿Entonces usted tuvo el aval de dirigentes del partido para dar el paso que dio en aquel momento, la denuncia judicial?

AM - Tomé todos los recaudos como jefe político departamental en ese momento. Que esto cayera en un año electoral era difícil de calcular hace cuatro años. Además por la gravedad de las irregularidades que tenía en mis manos y que no podía juzgar, sino que lo tenía que hacer el Poder Judicial, no podía evaluar o poner en consideración si estaba hablando… Primero lo que se denunció fueron hechos, y quienes eran los culpables de esos hechos todavía no están designados por la justicia, y si eso cabía en personas del PN no era lo que yo tenía que evaluar en ese momento como intendente de Colonia, sino que tenía que priorizar las irregularidades que se habían constatado.

EC - Sobre ese hecho de que la denuncia penal había sido presentada por un blanco contra una administración encabezada por otro blanco, este lunes le preguntamos al senador Francisco Gallinal, y él decía textualmente: "Eso es una cosa de la que tenemos que hacernos responsables. Lamentable y lastimosamente es así; no es el único caso. Son esas rencillas y rencores que no se explican, porque no se sabe separar lo importante de lo accesorio". ¿Cuáles son sus comentarios?

AM - Primero, el senador Gallinal me merece el mayor de los respetos, primero porque es nacionalista, segundo porque es senador de la República y tercero porque es director de mi partido. En la función pública tengo que diferenciar lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. He escuchado desde el 2010, desde que se hizo público –porque en el 2010 hicimos una conferencia de prensa como intendente cuando tomamos la decisión de vehiculizar esos expedientes hacia la justicia–, el tema de los problemas personales, de las diferencias personales.

Siempre tomé eso como una falta de respeto. Yo asumí con la mayor de las responsabilidades y con un gran orgullo el cargo que tuve que llevar 150 días y nunca puse sobre el tapete temas personales, ni para tomar la decisión de asumir el cargo ni para llevar adelante 150 días el gobierno de la Intendencia de Colonia. Me parece bastante pobre en temas tan importantes, y que se desenlacen de una forma o de otra forma, lo importante siempre es la verdad. Creo los ciudadanos no buscan partidos infalibles, sino partidos que tengan principios sólidos sobre los que se puedan construir proyectos y sueños de tener un mejor país y una mejor administración en todos los sentidos. Entonces involucrar temas personales con la administración pública no es de recibo para mí.

EC - Pero no es menor que usted fuera secretario general y Zimmer lo haya destituido. Según las averiguaciones que estuvimos haciendo para repasar antecedentes, esa ruptura empezó a gestarse en el año 2006 a raíz de algunas decisiones que usted tomó en el cargo de secretario general. Concretamente una situación que se planteó en la necesidad de atender lo que estaba ocurriendo en los balnearios Santa Ana y El Ensueño, donde montes de eucaliptos habían generado un peligro cierto de incendio. Zimmer pidió información sobre el proceso que había encabezado usted, concluyó que habían existido severas irregularidades en torno al talado de los árboles y en torno a la contratación de la empresa para hacerlo. No quedó conforme, en el 2007 se lo comunica, le dice que había perdido la confianza, lo destituye, e incluso elevó los antecedentes a la justicia, en un caso que creo que todavía no ha concluido.

AM - Nada de eso es la verdad de lo que pasó en aquel momento. Mi alejamiento de la Intendencia no tuvo nada que ver con esos episodios que pasaron después. Fue un tema que se resolvió entre dos personas que estaban trabajando juntas, me solicitó la renuncia por falta de apoyo político, yo no acepté renunciar porque también había sido elegido como suplente del intendente y entendía que no tenía motivos para renunciar.
    
Los hechos que pasan después, en los cuales tratan de involucrarme como secretario general en ese momento, pasaron por una comisión investigadora que se hizo en la Junta Departamental, en la cual participé en diferentes audiencias y los expedientes fueron archivados por falta de mérito.

EC - Pero la Intendencia también presentó una denuncia en la justicia. ¿Ese caso sigue abierto?

AM - No, no me consta que el ejecutivo comunal haya presentado una denuncia ante la justicia. Nunca me enteré, y tendría que haberme enterado. Sobre este tema hay mucho para conversar, ese sí fue un tema bastante complicado y político, hay un expediente en el juzgado que es público y se puede estudiar. Eso no tiene nada que ver con todo esto.
    
EC - Usted dice que hay un expediente en la justicia, entonces el caso fue a la justicia.

AM - Sí, pero fue una comisión investigadora de la Junta Departamental, a la que fuimos todos a declarar, por una presunta tala indiscriminada en un balneario. Yo no tuve participación en esa operativa, sí la tuvo el entonces intendente. Yo me entero además de todo eso cuando estaba fuera del país. De eso tendríamos que tener tiempo para conversar.

EC - Está bien, habría que dedicarle tiempo aparte, pero simplemente estoy citando estos hechos porque da la impresión de que menores no son, que algo dicen en todo este proceso.

AM - Con el mayor de los respetos, creo que no tienen ninguna vinculación con mi gestión de gobierno durante esos 150 días.

EC - Vayamos a la denuncia que usted presentó.

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EC - Continuamos conversando con Alfredo Martínez, licenciado en Relaciones Internacionales, técnico en Desarrollo Económico Empresarial, Desarrollo de Políticas Comerciales y Planificación Estratégica. Martínez fue docente en Relaciones Públicas y Comercio Exterior en la Universidad ORT, tiene 41 años, fue secretario general de la Intendencia de Colonia entre 2005 y 2006 y asumió como intendente en el final del período Zimmer entre febrero y julio del año 2010.

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EC - ¿Por qué decidió presentar aquella denuncia penal, casualmente después de que Zimmer ya había sido reelecto, unos días después de las elecciones departamentales del año 2010?

AM - Porque fue cuando se llegó a todas las conclusiones del proceso.

EC - ¿Qué tipo de irregularidades -o presuntas irregularidades- habían detectado?

AM - Le voy a repetir lo que en esa oportunidad en esa misma radio le dije a Alfredo Dante que me llamó y hablamos, siendo intendente, de lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento suspendí el trabajo de gestorías privadas en Montevideo que estaban haciendo reempadronamiento de vehículos. Cuando asumo, la encargada de la Dirección de Recaudación de la Intendencia presenta un documento en el que deslinda responsabilidades con irregularidades en empadronamientos de vehículos que no tenían todos los papeles en condiciones para ser empadronados, tratos diferenciales para gestores que hacían trámites de empadronamiento en la capital del país, exoneraciones de cobro de tasas, falta de lineamientos a la ley municipal, que es el presupuesto quinquenal. Y ahí se inicia una investigación a pedido de los funcionarios, se inicia el expediente de todo esto.

Luego llegan privados con representantes legales que intiman a la Intendencia porque tienen problemas para comercializar vehículos que reempadronaron, porque tienen fecha de empadronamiento en días en que ellos ni habían comprado el auto. Por ejemplo hubo un caso de un auto que estaba en la vidriera de una automotora, sus chapas eran de la Intendencia de Montevideo y estaban depositadas en la Intendencia de Montevideo. Todo eso se agregó a ese expediente. Cuando se estudió cuántos autos estaban en esa situación, nos encontramos con que eran más de 2.500 que habían sido empadronados el 31 de diciembre, un día en el que se había trabajado cuatro horas, y todos con un mismo domicilio, que era Gral. Flores sin número de Colonia del Sacramento, que no existe. Eso sigue todo un proceso, declaran todos los involucrados y se abre un sumario con todas las garantías que ofrece la administración pública.

En medio de eso recibimos la comunicación del Tribunal de Cuentas de la República que nos exige que remitamos copia certificada por escribano público de la rendición de cuentas de todos los proyectos de cooperación. Cuando recibo eso, llamo a la escribana, pido que hagan fotocopia, que la certifiquen y que me traigan un juego para leer porque quería saber de qué se trataba, por qué me estaba pidiendo eso el Tribunal de Cuentas.

Cuando hacemos una revisión encontramos también algunas irregularidades en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. También tomando todas las precauciones, nos reunimos con la delegación de la Comunidad Europea de Montevideo, evaluamos juntos y encontramos irregularidades importantes que al mismo tiempo estaba estudiando –o por lo menos entendimos que para eso nos había pedido las copias– el Tribunal de Cuentas de la República. Sin saber qué iba a pasar antes de que terminara mi mandato y considerando que estaba viendo algo ante lo cual no podía ser omiso, integramos esas irregularidades para esclarecimiento al expediente que iba a la justicia penal.

Luego de todo ese trabajo, de las diferentes conversaciones, de evaluar la situación, se hace una conferencia de prensa antes de presentar el expediente y se presenta el expediente en la justicia penal. Era de público conocimiento en 2010 lo que se estaba haciendo. A partir de ahí uno deja de ser parte y empieza a actuar el Ministerio Público.

EC - Después de la pausa vamos a ver algunos de los puntos que motivaron los procesamientos que resolvió la jueza para tener la visión de quien se encontró con esa realidad cuando tomó el control de la Intendencia a finales de la primera administración Zimmer.

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EC - Por ejemplo, vamos a detenernos en los vehículos que aparecían empadronados el 31 de diciembre de 2007 cuando en realidad el trámite correspondiente se había ido efectuando en distintos días de enero de 2008, cuál era la gravedad de una cosa así. Me gustaría tener su visión, teniendo en cuenta los argumentos que ya manejó esta semana aquí en En Perspectiva el abogado Gustavo Bordes, defensor del doctor Zimmer, y también los argumentos que manejó el senador Francisco Gallinal.

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EC - Ingresamos en la última parte de esta entrevista con Alfredo Martínez, que sustituyó a Walter Zimmer al final de su primer período como intendente de Colonia y en esos meses presentó la denuncia ante la justicia que terminó ahora con los procesamientos con prisión de Zimmer y su director de Hacienda, José Ahunchaín. Martínez es dirigente político local, hoy por ejemplo es precandidato a la Intendencia de Colonia por la lista 32.

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EC - Uno de los puntos de los que se ha conversado más de lo que usted presentó a la justicia son las denuncias de funcionarios a propósito de que la administración Zimmer había empadronado vehículos en Colonia en enero de 2008 haciendo figurar en los papeles que el ingreso había ocurrido el 31 de diciembre de 2007. La diferencia de fechas es significativa porque había un acuerdo del Congreso de Intendentes que establecía que a partir del 1.° de enero de 2008 los autos solo podían empadronarse o reempadronarse en los departamentos donde sus titulares tuvieran sus domicilios debidamente probados.

La explicación que da la administración Zimmer es que el 31 de diciembre de 2007, el último día del plazo con las condiciones anteriores, con las condiciones más flexibles, la Intendencia y las juntas locales habían vivido una avalancha de personas con sus vehículos interesadas en empadronar o reempadronar. No había forma de atenderlas, además ese era un día de media jornada porque se venía fin de año, entonces encontró una alternativa, un mecanismo que permitió que esas personas, que se habían presentado en tiempo y forma, accedieran a los "beneficios" de empadronar antes de fin de año. Fue eso lo que se hizo, "es lo más lógico del mundo –decía, por ejemplo, el senador Francisco Gallinal–, se ha hecho cantidad de veces en distintos organismos a propósito de plazos como los que estaban en juego en esa ocasión". ¿Qué responde?

AM - Estoy de acuerdo, ese tema es una de las cosas que forman parte de todo el expediente, investigación y sumario. Nosotros no podíamos juzgar eso, en ese momento enfrentamos la intimación de privados que se presentaron de forma legal, por escrito y con sus abogados solicitándonos una solución a ese tema. Tratamos de hacerlo, en ese momento en la Intendencia de Montevideo estaba Hyara Rodríguez de intendenta, la cual tampoco podía darnos una solución para esos ciudadanos…

EC - ¿Cuál era el problema que tenían esos ciudadanos?

AM - Que no podían comercializar sus vehículos, que tenían deuda en dos intendencias al mismo tiempo y pedían una solución. Eso fue parte del expediente, yo no pude ni puedo identificar qué es lo más grave de todo esto, ni si hay algo grave y quiénes son los responsables. Eso lo tiene que hacer la justicia, yo no puedo expedirme, no lo hice ni en aquel momento ni durante estos cuatro años.

EC - Pero para usted, ¿cuando se presentó la denuncia había efectivamente una falsificación ideológica por funcionario público?

AM - No, no, yo no puedo tipificar eso para nada, no me corresponde. Por eso fue a la justicia.

EC - ¿Y cuál era la apariencia delictiva que habían notado? Por algo presentaron la denuncia.

AM - No solucionarles los problemas a los privados, la falta a lo que ordena el presupuesto quinquenal, porque había exoneraciones de tributos que no correspondían…

EC - Pero en el tema de los autos empadronados con fechas no reales, ¿dónde estaba la apariencia delictiva?

AM - Nosotros no denunciamos una apariencia delictiva con respecto a eso. Elevamos a la justicia el resultado y las conclusiones de una investigación administrativa, de un sumario en que había reclamos, denuncias, declaraciones de funcionarios públicos, de privados, resultancias de auditorías económicas de las cuentas municipales que no se correspondían con el manejo del presupuesto. Y eso fue lo que hicimos.

EC - Ese es otro capítulo, exoneraciones tributarias que no correspondían. ¿A qué se refiere?

AM - Había gente que no pagaba tasa de empadronamiento…

EC - ¿Está hablando del caso de las arrendadoras de autos?

AM - No, no recuerdo cuáles eran los casos, si eran por las arrendadoras o por los gestores. Sé que hay un informe que marcaba eso, fue uno de los indicios de la denuncia que nos hacen los funcionarios de recaudación, que se estaban contemplando descuentos de pago contado a personas que pagaban en forma diferida a través de redes de cobranza, y que era un trato desigual para los contribuyentes normales que venían a la oficina a hacer el trámite.

Toda esa parte del expediente llegó a una cantidad de conclusiones que se evaluaron en ese momento, pero que no podíamos tipificar, no nos corresponde, eso es un tema que tiene que hacer la justicia. Tampoco podíamos decir quiénes eran los responsables de estas cosas, eso también lo tiene que hacer la justicia. Y la justicia no lo ha hecho, recién empieza un proceso de enjuiciamiento.

EC - Un comentario que se ha escuchado mucho en estos días es que los intendentes y otros funcionarios de gobierno están expuestos a situaciones de este tipo, que con frecuencia hay que resolver casos complejos, se toman decisiones y con este delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley todavía vigente pueden terminar, por ejemplo, como terminó ahora Zimmer, procesados por la justicia y eventualmente hasta presos. ¿Qué dice usted sobre esa advertencia?

AM - En toda actividad que uno haga tiene responsabilidades y tiene que actuar en consecuencia. Yo no soy legislador ni jurista, no soy abogado, pero sí he escuchado más de una vez que se ha estado y se está estudiando reformar la ley para sacar este delito de abuso de funciones que es tan amplio que puede llegar a tocar una cantidad de acciones que no implican dolo o que son involuntarias. Es un tema que tiene que resolver el legislador. Sin lugar a dudas la función de gobierno implica una cantidad de responsabilidades y no es sencillo; está en cada uno poner lo mejor de sí para tratar de hacerlo en el marco de la ley.

EC - Por lo que veo, usted prefiere no profundizar demasiado en los asuntos que han sido causa del procesamiento del doctor Walter Zimmer. Se limita a decir: "Nosotros hicimos una investigación, llegamos a una serie de conclusiones sobre presuntas irregularidades y nos limitamos a llevar el expediente a la justicia". "No me pronuncio –dice– sobre responsabilidades, no me pronuncio sobre Fulano, Mengano o Zutano, ni sobre el tipo de sanciones que tiene que haber." Pero lo cierto es que aquel paso que usted dio generó todo lo que vino ahora después. ¿Cómo ha sido su relación con Zimmer, por ejemplo, en los últimos tiempos?

AM - No tenemos relación.

EC - ¿Y hoy con la dirigencia del PN cuál ha sido su contacto después que pasaron las cosas que pasaron?

AM - El mismo que venía teniendo en los últimos tiempos, con los mismos integrantes del partido he venido conversando temas de campaña, hemos estado conversando estas cosas. Por eso tengo el mayor de los respetos a lo que mi partido pronuncie y diga con respecto a estas cosas. Creo que no ha hecho una declaración formal, que está estudiando el caso. Yo soy nacionalista y abrazo los principios generales de mi partido. El órgano que dirige mi partido es el directorio del PN, al cual respeto y basado en los valores que el partido me ha trasmitido actúo.

EC - Pero por ejemplo, usted hoy en lo nacional respalda a Luis Lacalle Pou, y Walter Zimmer apoya a Jorge Larrañaga. Entonces, desde la corriente que usted integra, ¿cómo se ve este hecho político judicial que algún impacto puede tener en la campaña electoral? ¿Qué le dijeron los dirigentes nacionales de su corriente?

AM - No me dijeron nada, no hablamos del tema, porque además ya era un tema conocido, ya se había discutido. No recibí ningún comentario ni me ha llamado el directorio para preguntarme absolutamente nada de esto.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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