Argentina parece haber dinamitado toda la relación bilateral con Uruguay. Eso es lo que se desprende de las declaraciones de altos jerarcas del Gobierno de Cristina Fernández, luego que desde Montevideo se autorizara a UPM un nuevo aumento en la producción anual de celulosa en su planta de Fray Bentos. 

Para el canciller argentino Héctor Timerman la resolución uruguaya "es una clara violación de los acuerdos fronterizos". En un comunicado difundido el viernes, pocas horas después de que se difundiera que Uruguay había otorgado el nuevo permiso a UPM para llegar a una producción anual de un millón trescientas mil toneladas, Timerman anunció que su país volvería a recurrir al Tribunal Internacional de Justicia y también adelantó que su gobierno haría "un análisis de la relación ministerio por ministerio";.

En este contexto En Perspectiva entrevistó al doctor Didier Opertti, excanciller de la República, el cual expresó que observa los hechos con "preocupación, sin alegría". Preocupación "por esta escalada de decisiones de Argentina que no contribuyen a crear el espíritu de cooperación que debe reinar".

Acto seguido el exministro de Relaciones Exteriores quiso hacer algunas precisiones sobre "varios hechos relevantes, algunos que están en curso y deben ser conocidos". En primer lugar mencionó como necesario "señalar que el Comité Científico creado por ambas partes tienen acuerdos que vienen funcionando normalmente, lo que no se han difundido son los resultados".

El comité con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) "ha hecho 36 visitas a la planta y por el lado de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se hicieron 15 inspecciones de agua. La CARU ha tenido que adquirir elementos técnicos necesarios para hacerlo y lo ha hecho", añadió.

En segundo lugar, Uruguay "no ha adelantado o diligenciado el pedido de aumento de producción sin conocimiento ni información a Argentina. La situación es esta, cuando en 2011 UPM presentó su pedido de ampliación de producción Uruguay arrancó a desarrollar el procedimiento de información a la parte vecina, fue en 2012 el segundo pedido, el argentino. En 2011 la solicitud la hizo UPM".

Para Opertti este "es un procedimiento que ha llevado un largo tiempo y Uruguay ha ido entregando a la parte argentina toda la información atinente al tema y lo hizo con arreglo a las reglas técnicas y científicas". Cuando se habla de "efectos nocivos" éstos "no son un concepto literario sino científico, definido en el digesto de la CARU".

Por eso "cuando Hécor Timerman hace el anuncio de volver a La Haya se pone de espalda a lo que el digesto del río establece, de que para que haya contaminación debe producirse lo que dice el digesto, no es una afirmación unilateral la que alcance para decir que existe contaminación".

El excanciller del Gobierno de Jorge Batlle expresó que la postura uruguaya "ha sido la correcta" pero aclaro que "lo preocupante es el momento en que se produce. Todos sabemos que una causa internacional sigue siendo importante para cualquier país cuando se busca unificación, la soberanía es un tema muy sensible que une a gente de diversas filiaciones", explicó.

En este diferendo, Opertti explicó que "hay que pararse en tres terrenos: el científico, el del derecho internacional y el diplomático". En el primero "Argentina no tiene argumentos para acreditar la reclamación". En el segundo "ninguna disposición de carácter obligatorio de las dos partes ha fijado límite a la producción de UPM, el único límite es que no altere la calidad de las aguas, si eso no pasa Argentina carece de legitimadas para tomar las medidas que dice que va a tomar".

En el tercer aspecto, Opertti opinó que Argentina "no tiene fundamentos jurídicos que la asistan porque ha violado los acuerdos de trasporte del Mercosur, los tratados del Río de la Plata, el de bienes y servicios, el Tratado de Asunción, etc.". El vecino país "se ha caracterizado por una violación contumaz y sistemática de los acuerdos internacionales con Uruguay" y por tanto "no está acreditado su legitimación para invocar el Derecho cuando no lo ha cumplido".

Al cierre de sus declaraciones, y "a raíz de los antecedes y de la jurisprudencia", Opertti afirmó: "No descarto nuevas represalias. Espero que esta escalada tenga, previsto por los tratados, algún medio de canalizarse diplomáticamente" porque "es ahora cuando la diplomacia debe permanecer fuertemente instalada".

Todo este proceso "le hace daño a los dos países y da la imagen de una disolución interna del Mercosur, en momentos en que se quiere negociar con la Unión Europea, y hasta algunos socios piensan en la Alianza del Pacífico, eso le resta fuerza al bloque y eso, en el plano internacional, se paga", concluyó.

Mientras tanto del otro lado del charco está todo listo para empezar a cobrar peaje a los camiones y ómnibus que ingresan por Salto Grande desde el lado uruguayo.

Por año, entre 70 mil y 80 mil camiones cruzan de un lado a otro de la frontera aprovechando que éste es el único puente binacional donde no se cobran tasas al transporte de carga. Sin embargo, esto estaría a punto de cambiar.

El presidente de la delegación argentina que integra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Juan Carlos Cresto, dijo el viernes a los medios de la ciudad de Concordia que en la margen argentina se han estado instalando cabinas y oficinas para poner en marcha el cobro de peajes.

El objetivo, dijo Cresto, es hacer frente a la "competencia desleal"; que se da en los hechos con otros puentes fronterizos. En los otros dos pasos binacionales el ingreso a Argentina tiene un costo de 150 dólares por camión.

Si bien el cobro de peaje en Salto Grande se concretaría en los "próximos días";, lo que podría interpretarse como una primera represalia por el aumento de la producción de UPM, se trata de una medida que ha estado en discusión desde mediados del año pasado.

La crisis bilateral entre Argentina y Uruguay no tuvo lugar en el marco de la Cumbre del G-77 + China.
A horas del inicio del plenario, la presidenta argentina buscó bajar la tensión entre ambos países. Cuando ingresaba a su hotel, el sábado por la noche, Clarín la consultó sobre si dialogaría en la cumbre con su par de Uruguay. "Claro que hablo, con Mujica hablo siempre";, dijo.

Por su parte la abogada de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Ana Angelini, afirmó hoy que a la Argentina no le queda otro camino que recurrir al tribunal internacional de La Haya.

"Con este nuevo aumento (de la producción), no hay otro camino desde lo legal que recurrir a La Haya. Argentina no puede hacer otra cosa", admitió la abogada.

Angelini expresó su confianza en que "este planteo ante la Corte va a prosperar, porque Uruguay no sólo viola el estatuto del Río Uruguay, sino que también viola la propia orden de la Corte Internacional cuando dice que los países deben abstenerse de agravar la situación".

"Y el Uruguay, lo único que ha hecho es agravar esa situación", observó la ambientalista. Insistió en que el vecino país "se sigue burlando continuamente de nosotros y se ríe de
Argentina priorizando las relaciones con Finlandia".

En el mismo sentido se pronunció el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo (FpV), quien reconoció que "lamentablemente, Uruguay actuó de mala fe, y se agotaron todas las instancias diplomáticas de diálogo por culpa de posiciones cerradas, obtusas, que no dejan otra alternativa que la de ir a la Justicia".

La transcripción de esta entrevista está disponible aquí.