(emitido a las 8.38 hs.)

EMILIANO COTELO:
El Poder Ejecutivo enfrenta por estas horas una situación muy compleja. Debe definir en pocos días cómo sale de un problema serio que se generó con su ley de presupuesto, la que está vigente desde 2011.

Aquella ley subió el salario de los ministros de Estado hasta equipararlo con el de los senadores. Pero no tuvo en cuenta que, debido a otra ley, los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estaban "atados" a ese incremento, y, por otras normas, detrás de ellos también estaban enganchados varios sectores de funcionarios vinculados al Poder Judicial y al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Varios de esos gremios están hoy en conflicto. Y los magistrados en particular están dispuestos a desatar la primera huelga de jueces en la historia del país si el gobierno no les da una respuesta concreta sobre cómo y cuándo saldará la deuda, sobre todo la acumulada desde agosto de este año.

Ayer analizamos el tema con el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Ricardo Míguez, y con uno de los ministros de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique.

Hoy nos interesa escuchar la otra campana. Vamos a conversar con el secretario de la Presidencia de la República, doctor Homero Guerrero.

¿Cómo está manejando el gobierno esta crisis?

HOMERO GUERRERO:
El gobierno la está manejando con cautela, con mucho respeto, está estudiando. El presidente Mujica está involucrado directamente en el tema y mandató a quien habla para tener reuniones con los diferentes colectivos. Día a día estamos actualizando y viendo la situación.

Particularmente, formamos un pequeño grupo, que está integrado por la Presidencia de la República, la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Economía y Finanzas y el MEC, que está evaluando todo este tipo de normas y la cuantía de ello. Estamos día a día trabajando en esto.

EC - ¿El Poder Ejecutivo ha asumido que debe pagar todos estos aumentos en cascada que se le están reclamando? ¿O todavía mantiene dudas?

HG - El Poder Ejecutivo va a cumplir con la ley y con eventuales sentencias. Tenemos dudas en algunos aspectos.

En el presupuesto 2010, que empezaba a regir en el 2011, el Poder Ejecutivo envió una norma, que originalmente era el artículo 75, que después quedó en el artículo 64 de la ley de presupuesto (ley 18719).

Durante la administración pasada y anteriores administraciones se había entendido correcto, justo, por una cantidad de motivos, políticos, económicos, jurídicos, que los ministros de Estado ganaran una dotación acorde con un senador de la República. En la administración del doctor Vázquez, sobre fines del gobierno se mandó una ley al Parlamento para esta equiparación. Después fue de esos temas que pasan al Parlamento y campaña electoral mediante quedó sin efecto. Y este Poder Ejecutivo nuevo estaba convencido de que era justo que un ministro de Estado tuviera la misma retribución que un senador de la República.

EC - Se había dado más de una vez la situación de que un senador era nombrado ministro y se encontraba con que a partir de ese momento su sueldo bajaba. Eso llevó a que en más de una ocasión se arreglaban las cosas para que siguiera ganando el sueldo de senador.

HG - Por ahí viene la cosa. El ministro es un ordenador de gastos, un tipo que está solo en su ministerio, entendíamos que tenía una responsabilidad –no digo que no la tenga el legislador– importante y que era bastante adecuado que tuviera la misma remuneración. Había ocurrido en muchos períodos anteriores que muchos legisladores eran ministros, y como tenían la posibilidad de cobrar el salario como legisladores, lo cobraban, lo que era un subsidio del Poder Legislativo al Ejecutivo. Una cosa que no tenía sentido. Entonces cuando se envía la ley de presupuesto del período quinquenal del presidente Mujica, se pone ese artículo.

Usted decía al comienzo de la nota que cuando el Ejecutivo manda el artículo no tiene en cuenta esas otras leyes que iban enganchadas. No es así. El Poder Ejecutivo las tuvo en cuenta y las estudió. Tanto es así que seguimos sosteniendo que en el artículo 64, más allá de la interpretación que se le pueda dar, es claro que el aumento de los salarios de los ministros despegaba el aumento del de los otros colectivos que venían. Por algo el artículo original de esa norma dice que el resto de los salarios que se ajustan por estos cargos –que se nombraban taxativamente– se tienen en cuenta a enero del 2010.

La intención del Poder Ejecutivo era clarita, era que los sueldos de los ministros se equipararan 100% con el de senador, el del subsecretario el 85%, y después otros cargos jerárquicos para abajo, pero no se seguía con el enganche. Esa fue la historia y la voluntad del Poder Ejecutivo, que no solo fue expresada en las comisiones parlamentarias, sino que fue expresada en la prensa.

EC - Usted puntualiza que se quiso efectivizar el desenganche de esos aumentos de sueldo de los ministros de todo lo otro que podía ocurrir. Por lo visto no se lo logró, la fórmula no fue efectiva.

HG - Sí.

EC - Esto se discutió en el Parlamento, no es ahora que se descubre o no se descubrió después. Durante el debate en el año 2010 hubo advertencias de legisladores de la oposición sobre lo que iba a suceder. Uno de los planteos fue realizado por el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, que ayer, hablando con En Perspectiva, lo recordaba de esta forma:

(Audio José Carlos Cardoso.)

"El aumento a los sueldos de los ministros, así como lo estaban planteando, iba a provocar un aumento en cascada en el Poder Judicial. Iba a terminar aumentando los sueldos hasta a los abogados de oficio. Cosa que es lo que está pasando, exactamente es lo que pasó. Tenían otra interpretación jurídica –Guerrero era el que la defendía–, que se limitaba al incremento del sueldo de los ministros de Estado, y que no iba a impactar en el resto de la cadena. Si miras el debate parlamentario te diviertes, porque era tan claro el error, tan claro lo que hicieron, cuando la ves venir así entera que se va a dar…".

(Fin.)

EC - ¿Por qué no se atendieron estas advertencias?

HG - Recuerdo que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda este artículo fue votado afirmativamente por 12 de 15 presentes. Sí hubo debate, recuerdo que el diputado Gandini fue de los que se interesaron por este tema, pero la voluntad del Poder Ejecutivo era esta.

EC - Se sabía que estaba corriendo un riesgo.

HG - Sinceramente, todo lo que es jurídico es opinable… La otra solución era algo que parece un poco más desprolijo, que es darles a los ministros de Estado un gasto de representación, una partida de perfeccionamiento o una partida de vivienda, como tienen algunos miembros del Poder Judicial hoy. Pero entendíamos que lo mejor era subir el salario. Entonces el Poder Ejecutivo siguió adelante y esto quedó en manos del Parlamento, que después lo aprobó.

Ahora bien, el Poder Judicial envía su presupuesto al Ejecutivo y el Ejecutivo lo envía al Poder Legislativo. Cuando se envían los presupuestos y después los vota el Legislativo, ahí están previstos los salarios de los integrantes del Poder Judicial.

Cuando esa ley entra en vigencia, en enero de 2011, la SCJ entiende que en virtud del artículo 85 de la Ley de Organización de los Tribunales, la dotación de los ministros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) no puede ser inferior a la de un ministro de Estado (ley 15750, artículo 85), y de ahí para abajo sigue el enganche.

Porque la SCJ entendió también que el artículo 64 de la ley de presupuesto no tenía preeminencia sobre el artículo 85 de esa ley 15750. Por tanto empezaron a pagarles a los magistrados y a los defensores de oficio el mismo aumento proporcional (21,6%) que a los ministros de Estado.

EC - Empiezan a pagar el aumento con recursos propios, pero llega un momento en que se les termina esa partida.

HG - Hubo conversaciones con el doctor Brescia –que era el secretario de la Presidencia en ese momento–, le advirtieron que iban a pagar, pero se les iba a terminar el dinero. Recuerdo que decían "en setiembre, octubre se nos termina el dinero, pero entendemos que se va a pagar". Ahí empieza el tema con el Poder Judicial. Se empiezan a pagar con aumento los salarios de todos los magistrados del Poder Judicial y de los defensores de oficio.

En abril de 2011 el Poder Ejecutivo envía al Parlamento una ley interpretativa del artículo 64 de la ley de presupuesto. Esa ley tenía dos artículos, uno que derogaba el artículo 68, que llevaba a cierta confusión, y otro interpretativo del artículo 64, en el que se dice más claramente que "los cargos serán taxativamente solamente…", etcétera.

Cuando el Poder Ejecutivo manda esa norma, la SCJ deja de pagar el aumento. Lo pagó tres o cuatro meses y después deja de pagarlo.

EC - Pero esa norma, una vez que se aprueba, es recurrida y finalmente es declarada inconstitucional por la SCJ.

HG - Esa norma es recurrida no solo por magistrados, es recurrida por otros colectivos implicados. Más adelante, la SCJ, integrada con ministros de apelaciones –porque la SCJ "titular" se excusó de intervenir en esos recursos de inconstitucionalidad–, declara la inconstitucionalidad. Del total de alrededor de 500 ministros de apelaciones unos 400 habían firmado la demanda de inconstitucionalidad; algunos de los magistrados que no habían firmado integraron esa SCJ para decidir el recurso de inconstitucionalidad.

El Poder Ejecutivo pidió la recusación de los ministros de apelaciones en el entendido de que ellos tampoco tenían objetividad para juzgar estos casos porque sus salarios estaban en juego. Pero eso fue rechazado por los tribunales.

Cuando usted hace un recurso, un incidente de recusación de un magistrado, si el magistrado no se excusa pasa a un tribunal superior que decide si puede ser imparcial. Pero como en este caso son ministros de apelaciones pero ya integrando la Corte, no hay ningún órgano arriba que pueda decir sí o no.

EC - El doctor Pérez Manrique ayer cuando le preguntábamos por este asunto, si en definitiva quienes habían resuelto sobre el recurso de inconstitucionalidad no eran magistrados que de algún modo estaban involucrados en los efectos de esa resolución, porque sus retribuciones estaban en juego, decía: "Sí, se puede hacer ese cuestionamiento, pero lo cierto es que en el ordenamiento legal uruguayo no hay otras posibilidades de manejar estas situaciones. Ya habíamos hecho lo primero, los ministros de la SCJ habían dado un paso al costado, se había armado una corte ad hoc para resolver esto integrada por ministros de tribunales de apelaciones". No existe otro mecanismo.

HG - Aparentemente no. Algunos juristas, basados en una ley de 1904, dicen que en estos casos habría que integrarla con jueces… Pero no existe. Entonces esa ley es declarada inconstitucional por la SCJ. Para algunos, ya con esa declaración de inconstitucionalidad el artículo 64 original volvía a la vida y había que pagar el aumento. Para otros no.

Posteriormente, en el presupuesto de 2012, el Poder Legislativo envía una norma al Parlamento que aclara aún más la situación.

EC - Hay un segundo intento por desenganchar el aumento que se había dispuesto para los ministros del aumento de todos esos otros funcionarios que teóricamente también debían recibir ese incremento.

HG - Un intento de naturaleza legal. Es la ley de la Rendición de Cuentas de 2012 para ingresar a 2013, que se vota a final de 2012. Esa ley tenía tres artículos (14, 15, 16) que derogaban la ley anterior que había sido declara inconstitucional. Porque cuando una ley es declarada inconstitucional, esta no sale del espacio jurídico, no es derogada; no se aplica para los casos concretos de quienes recurrieron.

Pero se derogó esa ley, se modificó el artículo 64 original de la ley de presupuesto con otra redacción que es todavía más clara. Porque uno de los argumentos para afirmar que el artículo 85 (el que enganchaba a todos los jueces) prevalía y tenía prevalencia sobre la ley de presupuesto (su artículo 64) era que una ley general no podía ser derogada por una ley particular, no era preeminente. Entonces en esa nueva ley (la de Rendición de Cuentas) se pone expresamente otra vez cuáles son los cargos taxativos y se expresa que esta ley tiene preeminencia sobre cualquier ley general o particular.

EC - Pero el segundo intento tampoco prosperó…

HG - También fue recurrido.

EC - … Esa disposición de esa ley de Rendición de Cuentas de 2012 también es recurrida y también termina siendo declarada inconstitucional por la SCJ.

HG - Es importante destacar que la primera ley (la de abril de 2011) que es declarada inconstitucional lo es por razón de forma, no se entra en el fondo. Los ministros de los tribunales que integran la corporación dicen solo una ley de rendición de cuentas o de presupuesto podría estar en contra de otra ley de presupuesto.

Y la segunda norma, de finales de 2012, también es atacada en su constitucionalidad por razones de forma, en el entendido de que el artículo fue introducido en el Parlamento por un legislador y no fue iniciativa del Ejecutivo, como dice la sentencia. Las dos normas quedan declaradas inconstitucionales y ahí llegamos al conflicto.

EC - Mientras tanto siguen sin pagarse los aumentos, salvo aquellos que el Poder Judicial pagó durante tres meses del año 2011.

HG - Eso fue lo único que se pagó. Después, a partir del artículo 85, que es de junio del año 85, se aprobaron otras normas "de enganche" que enganchan a otros colectivos muy grandes. Muchos de ellos también recurrieron la constitucionalidad y algunos iniciaron el "cobro de pesos". Están los fiscales, los funcionarios de las fiscalías, los registrales, los ministros del Tribunal de Cuentas, son una cantidad; hasta el presidente del LATU quedó enganchado

EC - Según los especialistas que consulté, las repercusiones del aumento de sueldo de los ministros abarcan a unos 6.000 funcionarios de distintas reparticiones, porque los ministros de la SCJ están enganchados con los ministros de Estado, a su vez dentro del Poder Judicial los magistrados están enganchados a los ministros de la SCJ y los funcionarios del Poder Judicial están enganchados con los magistrados. Por otro lado, los sueldos de los fiscales, que dependen del MEC, están enganchados con los de los jueces, y los funcionarios de las fiscalías, la Procuraduría del Estado, la Dirección General de Registros y el Registro Civil están enganchados con los funcionarios del Poder Judicial. Son unos 6.000 funcionarios en total, por lo tanto el gasto extra que se estaría agregando por año sería de unos 60 millones de dólares. ¿Ustedes coinciden con ese número?

HG - A priori sí, en grandes números sí. Lo que ocurre –lo digo con muchísimo respeto– es que cuando uno está en un problema que se debe dirimir en la órbita judicial, el organismo que lo define está integrado por los magistrados y está involucrado el salario de los magistrados, es muy difícil discutirlo jurídicamente. Por eso no podemos discutirlo jurídicamente, en otra situación habría más argumentos para discutir jurídicamente. Es decir, esto se arregla solo conversando.

EC - ¿Cómo es eso?

HG - Cuando estamos en una discusión jurídica para resolver un litigio, en cualquier país del mundo y en Uruguay más, se recurre a los tribunales. Pero cuando tú estás litigando contra personas que –más allá de los derechos que tengan, con todo el respeto que me merecen– están juzgando algo que repercute sobre sus salarios, es muy difícil discutir con argumentos jurídicos.

EC - ¿Para ustedes hay un problema ético de por medio?

HG - No no, no es de ética. Es así, lo que digo es objetivo. Hay tres poderes del Estado que son independientes y se controlan entre sí, eso debe ser así. Hay un Poder Ejecutivo que tuvo una voluntad y una iniciativa, un Poder Legislativo que votó una norma y un Poder Judicial que es el que decide los litigios. Pero en este caso no podemos entrar en la discusión jurídica, esa discusión jurídica puede ser por intermedio de la prensa, por intermedio de reuniones, pero en definitiva cuando vas a los tribunales es muy difícil cuando el tema es el salario de los magistrados. No estoy acusando a nadie, lo digo con respeto, pero es así. Entonces la vuelta viene por otro lado, viene por la negociación.

EC - Y esa negociación hace meses que está corriendo.

HG - La negociación hace meses que está corriendo, en el último tiempo hemos tenido conversaciones más avanzadas. Yo particularmente me he reunido con varios gremios, y hace más de una semana miembros del Ejecutivo nos reunimos con los ministros de la SCJ.

EC - Ayer el doctor Ricardo Pérez Manrique, uno de los ministros de la SCJ, que además participó en esa reunión en la Torre Ejecutiva, dijo textualmente: "Yo salí de ese encuentro con la convicción de que a futuro no había nada claro".

HG - El Poder Ejecutivo tiene voluntad de pagar, no tiene voluntad de seguir con un litigio en forma indeterminada. Además sabemos que después de los recursos de inconstitucionalidad viene lo que se llama "cobro de pesos", que en la mayoría de los casos de los magistrados y funcionarios, pero sobre todo de los magistrados, es contra la SCJ. Se imagina el escenario: el cobro de pesos de los magistrados contra la SCJ, la SCJ sabiendo que va a perder y que tiene que pagar el Estado, y tampoco va a apelar si pierde la SCJ, porque un juicio contra el Estado tiene la primera instancia, la segunda y la eventual casación. Acá no va a haber.

EC - La SCJ no va a apelar, pero al mismo tiempo no tiene plata, dice "en nuestro presupuesto no contamos con los recursos para pagar esos aumentos".

HG - Por eso le digo, desde el punto de vista jurídico no vamos a resolver litigando contra nadie, entonces tenemos que resolverlo hablando. Tenemos la voluntad de salir, por eso hablamos con los ministros de la Corte.

Pero a toda esta historia de leyes se agrega que en la penúltima rendición de cuentas los legisladores introducen una norma que… nos complica un poco la vida. La ley 19149 del 24 de octubre de 2013 en su artículo 383, como ya se sabía que se venía este problema, dispuso lo siguiente:

"El Poder Ejecutivo, en ocasión de la formulación del Presupuesto Nacional de Gastos e Inversiones correspondientes al período comprendido entre 2015 y 2020, procurará remitir disposiciones tendientes a adecuar remuneraciones que habiendo estado referidas a las remuneraciones de los ministros de Estado no fueron expresamente previstas en el artículo 16 de la ley 18996 de 7 de noviembre de 2012".

Parece decir que el propio legislador –hay que tener en cuenta su voluntad– está diciendo "en el próximo presupuesto arreglamos esto".

EC - La disposición dice "procurará", no lo ordena.

HG - Es programática, pero es una norma que hay que tener en cuenta.

EC - ¿Por qué lo destaca? ¿Qué es lo que hay que concluir? ¿Que se está pasando la pelota para el próximo período de gobierno?

HG - No. Lo estamos estudiando, hicimos un equipo para ver cuáles son las personas a las que les correspondería el enganche para ver el tema financiero. Tenemos dos problemas, uno claramente financiero, que el monto de esto es muy importante, y un tema jurídico.

Hay quienes sostienen que, por todo ese devenir de las normas que le he contado, los recursos y los juicios, habría entrado en vigencia el artículo original de la ley de presupuesto y hay que empezar a pagar no solo la deuda que se contrajo sino un ajuste de acá en adelante y a todos del orden del 21,6%, que es la diferencia de porcentaje entre los ministros de Estado y los ministros de la SCJ.
    
EC - Esa es una lectura; usted decía que hay dos.

HG - La más simplista, hay otras mucho más complicadas. La más complicada es que no pueden aumentarse salarios o determinar salarios un año antes de las elecciones. Lo que estamos estudiando –y eso fue de las cosas que conversamos con los señores ministros de la SCJ– es que posiblemente se precise una norma habilitante en el caso de que el Poder Ejecutivo diga "vamos a empezar a pagar el aumento, pero precisamos una norma habilitante".

EC - Pero el año electoral como tal terminará ahora el 30 de noviembre con la segunda vuelta.

HG - Sí, el año electoral finaliza ahora.

EC - Después del 30 de noviembre se podría.

HG - Es lo que estamos estudiando, se podría hacer una norma. Pero más allá de algún adelanto o de que lo vayamos arreglando por ahora y se disponga, creo que esto hay que arreglarlo definitivamente en el próximo presupuesto nacional.

***

EC - El doctor Homero Guerrero es secretario de la Presidencia de la República desde el año 2012. Antes, en 2010, había sido coordinador general de Planeamiento y Presupuesto, en 2012 fue nombrado primero titular de la Oficina Nacional del Servicio Civil y en octubre de ese año pasó al cargo actual.

***

EC - Volviendo al hoy, y más allá de lo que se pueda hacer en el próximo período de gobierno, en esa decisión política que usted remarcaba que existe de cumplir con la ley, ¿se les abonará a todos los empleados que reclaman o solo a quienes hicieron las demandas correspondientes por la vía judicial?

HG - Es uno de los temas por los que de repente precisamos una norma habilitante. Son varios colectivos que han recurrido, unos recurrieron la primera ley, otros la segunda, otros han iniciado cobro de pesos y otros no. Es más, cuando una ley cae por inconstitucional es para el caso particular, entonces a los magistrados que no hicieron acción de inconstitucionalidad contra las primeras normas no les correspondería. Pero no es la voluntad del Poder Ejecutivo discriminar y pagarles solo a los que recurrieron. Ese es otro de los motivos por los que pienso que se precisaría una norma habilitante.

EC - ¿Y cuándo se dará una respuesta concreta, sobre todo en el caso de los jueces? La AMU ha puesto un plazo, lunes de la semana que viene, bajo la amenaza de comenzar a tomar medidas gremiales cada vez más graves, e incluso está dispuesta a llegar a la huelga.

HG - Estamos trabajando muy intensamente. El Ejecutivo ha dispuesto involucrar al Poder Legislativo, ya lo hemos involucrado, porque esto hay que hablarlo con el Legislativo para el caso de que haya que hacer una norma, no digo de urgente consideración, pero sí una norma que haya que hacer en forma urgente. Aparte en definitiva fueron los legisladores quienes votaron para hacer un equiparamiento del Estado.

En cuanto al tema de los plazos que nos ponen, somos muy respetuosos de las instituciones gremiales, pero no podemos fijarnos plazos. Sería hasta injusto, porque si los jueces nos ponen un plazo hasta el lunes si no pagamos, por qué los funcionarios no nos ponen plazos y los actuarios tampoco y los fiscales tampoco. Estamos trabajando con mucha premura, pero por la misma naturaleza que tiene esto con los señores magistrados, tiene que ser una cosa de acuerdo, sin presiones y con mucho respeto.

EC - Por lo que explicaba ayer el presidente de la AMU, Ricardo Míguez, el reclamo inmediato que ellos están formulando no es el pago de todo lo que se les adeuda desde 2011. El reclamo es que el Poder Ejecutivo le remita al Poder Judicial la partida necesaria para pagar los aumentos de sueldo pendientes desde agosto de este año. ¿Cómo ven esa posibilidad concreta?

HG - Evidentemente es la posibilidad más cierta. Pero aparte hay otro tema, hay algún grupo de funcionarios de organismos a quienes según los estudios que hemos hecho no les corresponde el 21,6% sino otro porcentaje, por un problema de escalas difícil de explicar. Entonces no sería una cosa al barrer, esto lleva un período de estudio. El hecho de pagar solamente a un colectivo desencadenaría un problema, y no estamos dispuestos a decir "a los magistrados les pagamos y después con los otros vemos". Se lo hemos dicho a todos los funcionarios, si esto se arregla, lo vamos a arreglar para todos. Y sí, tienen sus temas, sus presiones gremiales.

EC - ¿Cómo analizan la posibilidad de que haya un paro de jueces?

HG - El devenir del gobierno siempre lleva a que uno esté alerta a algún paro. Ahora me decían que una resolución de la asamblea de los actuarios dispuso no intervenir más expedientes en los que el actor fuera el Estado. Estas cosas hay que prevenirlas, hay que aguantarlas.

EC - La Asociación de Fiscales anunció ayer que va a coordinar acciones gremiales con la Asociación de Jueces.

HG - Sí.

EC - Entonces, por ejemplo, ¿están dispuestos a decretar la esencialidad de los servicios del Poder Judicial si se llega a ese extremo?

HG - Yo no me adelantaría, me gusta dialogar y ver. Aparte hay que ver, si bien no ha habido ni paro ni huelga de los magistrados en el país, sí ha habido del Poder Judicial. Y a veces es más dañoso para la sociedad que sean los jueces mismos los que paren; aunque parezca que no, a veces es preferible que paren todos y no que el servicio esté a medias o que trabajen a reglamento. Son cosas que vamos a conversar. Es muy difícil, es una cosa muy sui géneris, es complicado que los señores magistrados no vayan a los lugares de trabajo, es uno de los servicios esenciales del Estado. Pero no quiero adelantarme, prefiero seguir el diálogo. En definitiva, tenemos voluntad de seguir dialogando, de cumplir con esto. Y como le decía, tenemos dos problemas, uno financiero y otro jurídico.

EC - A propósito del financiero llegan algunas de las preguntas de los oyentes que quiero trasladarle. El último mensaje que llegó dice: "Por favor, ¿pueden explicar de dónde van a sacar los fondos para pagar lo que se debe?". Y aparece el temor de que se aumenten impuestos. Porque estamos hablando de 60 millones de dólares anuales de 2011 en adelante, por lo tanto ya hay una deuda acumulada de más de 200 millones de dólares, y después hay que prever esa cifra en los próximos presupuestos. ¿De dónde sale el dinero?

HG - Ese es otro de los temas. Cuando uno planea los presupuestos las partidas están fijadas. Sin perjuicio de que quedan algunas sumas para algunos casos eventuales, para excepcionalidades, pero no es la suma que hay.

La deuda que usted dice que se juntó ahora –y es cierto, creo que estamos en ciento y pico de millones de dólares– le corresponde a este gobierno. Pero después esos 60 millones de dólares que estimamos condicionan al gobierno que viene, hay que preverlos en el presupuesto que viene. De dónde va a salir, se hará lo que se pueda, pero es complicado desde el punto de vista financiero. No es poco dinero, condiciona.

EC - Por eso, entonces aparece el temor de un asunto que está en la campaña electoral en estos días: la posibilidad de nuevos impuestos o un aumento de impuestos.

HG - Este gobierno no va a aumentar los impuestos, no puede hacerlo. Y si gana la fórmula Vázquez-Sendic, ellos ya han dicho que no habrá aumento de impuestos. Para poner un ejemplo, este dinero es más o menos la mitad de lo que saldría un plan de cuidados en el período que viene. Es una suma muy importante.

EC - No tiene respuesta, entonces.

HG - No, de dónde van a sacar, sinceramente no. Yo soy abogado, no soy economista.

EC - Ligado con esto, también preguntan varios oyentes: "¿Y nadie asume la responsabilidad por este descuido o esta desatención a las advertencias que se hicieron?".

HG - Cuando uno está ejerciendo el gobierno las responsabilidades las tenemos todos. Como le explicaba, el Poder Ejecutivo no es que no advirtió esta norma de enganche. El Poder Ejecutivo entendió que con esa ley se solucionaba el problema; tanto es así que después trató de arreglarla dos veces. Ahora estamos en un brete jurídico en el sentido de que estamos en un litigio contra los magistrados, que son los que deciden. Entonces tenemos que arreglarlo.

EC - ¿Está atribuyendo una parte importante del fracaso del Poder Ejecutivo en esta materia a que quien está del otro lado del mostrador son los jueces?

HG - Estas normas las hicieron técnicos competentes y creo que el Poder Ejecutivo tenía razón. Ahora no estoy dispuesto a discutirlo jurídicamente, porque los jueces son los que juzgan no solo la inconstitucionalidad, sino el eventual cobro de pesos también. Entonces no tiene sentido. No estoy atribuyendo malas intenciones, sí digo que es muy difícil ser objetivo cuando está el salario de los muchos magistrados en esto.



***

Transcripción: María Lila Ltaif

***

Contenidos relacionados: Interprétase el art. 64 de la Ley 18.719 y derógase el art. 68 de la referida Ley.

Demanda – Acción de Inconstitucionalidad de la Ley N° 18.738 contra el Estado

Comunicado de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay