La Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay (Afju) expresó su rechazo absoluto al proyecto de ley aprobado el pasado martes por el Senado, que plantea un aumento de un 8% en su salario, frente a la subida del 26 % que ellos demandan.

"Yo creo que hemos ido demasiado lejos. Estoy pidiendo por favor, por la necesidad de la gente, un compás de recapacitación. Estoy pidiendo un poco de prudencia y pidiéndole a la cabeza de la justicia cordura. No se puede incurrir en lastimar a tanta gente que está necesitando las decisiones de la justicia", señaló Mujica en su audición.

La sanción de este proyecto de ley se produjo en medio de una inédita huelga que enfrenta a los funcionarios del Poder Judicial con el Gobierno, por la que han declarado paro total en sus actividades hasta el 24 de diciembre.

"Entiendo que se pueden esgrimir multitud de razones y se van a esgrimir, pero moralmente se puede perjudicar a tanta gente por una causa económica. Gente que no está pasando hambre, que gana bien y vive bien, que no tiene urgencias para comer esta noche o mañana", destacó el mandatario.

El origen del problema se remonta a 2010, cuando la Administración de Mujica aprobó un incremento de salarios para los ministros y de esa forma equipararlos con los sueldos de los senadores.

Sin embargo, para la Afju, no se tuvo en cuenta que por la legislación vigente, los salarios del poder judicial están "relacionados directamente" con los de los ministros de gobierno.

Por ello, los jueces, actuarios, defensores de oficio y funcionarios judiciales también tendrían derecho a ese aumento.

Para el gobierno, estos pagos extra suponen un gasto de 60 millones de dólares anuales y no hay presupuesto para ellos.

"¿Quiénes son los funcionarios de este país, que son capaces de decidir por sí mismos los aumentos que les corresponden? ¿Es posible dejar de funcionar, nada menos que un poder del Estado, dejarlo desde el punto de vista práctico inoperante? ¿Es posible insultar con grosería al Parlamento?", se preguntó el Presidente.

Mujica se refiere a las protestas que diferentes representantes de los gremios judiciales llevaron a cabo en una barra del Senado durante el debate del proyecto de Ley, por lo que fueron desalojados.

"No podemos atropellar así al cuerpo legislativo. Tenemos que darnos cuenta todos. Poder Ejecutivo y poder Judicial, que en definitiva, la convivencia significa mutuo respeto", añadió.

A través de un comunicado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay criticó también la propuesta del proyecto de ley porque "obliga al Poder Judicial al pago con sus fondos presupuestares de las condenas, laudos arbitrales o transacciones que se le impongan".

"¿Qué tenemos que pensar? ¿que se está forzando la legalidad para imponer un aumento de sueldo? ¿Tenemos que pensar que es posible ser juez y parte en una cuestión sustantiva? ¿En nombre de la legalidad tenemos que pensar que esto es ético?", señaló el gobernante en su intervención radiofónica.

Tras expresar que "cualquier cosa puede ser discutible, pero que sea en los términos corrientes", Mujica afirmó que los funcionarios de la justicia cuentan con "espléndidos ingresos, en relación a los que gana la masa del pueblo uruguayo".

"¿Será posible que por un ingreso que se considera legalmente necesario se pueda llegar a tomar medidas de este tipo de paralizar un poder del estado?", culminó.