(Emitido a las 9.06)

EMILIANO COTELO:
Facilitar las libertades provisionales de los procesados sin condena, facilitar las libertades anticipadas de los presos que ya la tienen. Son sólo algunas de las medidas que han trascendido de un proyecto de ley destinado a descongestionar las cárceles que el Ministerio del Interior (MI) está preparando para remitir en los próximos días al Parlamento.

Un proyecto que ha generado polémica con la oposición. Por ejemplo, el diputado colorado Alberto Scavarelli ha dicho que estas noticias provocan "alarma social" porque crean en la gente el temor a un aumento de la inseguridad en las calles a partir de la puesta en libertad de 1.000 a 1.500 reclusos.

Por su parte el diputado blanco Luis Lacalle Pou –con quien conversamos hoy más temprano– anuncia que quiere citar al ministro José Díaz a comisión de la Cámara de Representantes para plantearle las interrogantes y las inquietudes que las versiones de prensa le han generado.

Después de todos estos días de trascendidos y opiniones encontradas nos parece bueno conversar con el propio ministro, doctor José Díaz.

***

Doctor Díaz, estamos hablando de un proyecto que tiene como preocupación central el hacinamiento en las cárceles. ¿Es así?

JOSÉ DÍAZ:
En primer lugar un MI tiene como centro de su preocupación generar las mejores condiciones de seguridad ciudadana, de orden público en todo el país. De forma que cuando tomamos cualquier iniciativa o trabajamos en torno a iniciativas que en este caso no solamente apuntan al tema carcelario, estamos pensando en la seguridad de la gente, en nuestra seguridad, la de todos los ciudadanos.

EC - Es interesante que usted remarque eso, porque justamente es lo que se teme no ocurra con estas medidas. Vamos a conocer bien los fundamentos.

JD - Eso en primerísimo lugar, ese fue el tono de mi comparecencia el lunes ante los medios, donde este tema de la ley de urgencia que vamos a presentar era una parte de toda una propuesta de medidas que justamente apuntaban a preservar la seguridad ciudadana, como el tema relacionado con el golpe brutal que le dimos a la pasta base en un operativo de la Dirección Nacional de Drogas, o las medidas fuertes que llevaron tranquilidad a un barrio entero que vivía en la zozobra de fines de semana durante meses sin que nadie tomara ningún tipo de medida.

EC - Usted se refiere a los hechos de la Aguada.

JD - Sí. Trabajamos siempre pensando que un eje fundamental de nuestra misión es la seguridad pública. Entonces esta ley de urgencia, que se presenta como una ley que va a generar alarma social y que genera lógicas inquietudes en los parlamentarios, que vamos a satisfacer con mucho gusto yendo al Parlamento, es una ley que contiene muchas cosas. Anuncié esto porque estamos en una situación de grave violación de los Derechos Humanos que nos determinó declarar la emergencia humanitaria en el sistema penitenciario nacional. Del cúmulo de normas muy diversas que va a contener esta ley se ha hecho hincapié en aquella cuyo alcance todavía no hemos determinado porque nos faltan datos importantes y opiniones fundamentales, entre otras las de los distintos sectores del país, porque quisiéramos sacar, como en 1985, una ley de amplio consenso, y no es cuestión de pedir consensos en 1985 con una situación carcelaria mucho menos grave que la que tenemos ahora, y ahora politizar y partidizar este tema.

Lo que dije –y ése es el espíritu de la ley de 1985– es que ante una situación de centenares y centenares de personas que ya estarían en condiciones de ser excarceladas provisionalmente –los procesados– o merecerían la libertad anticipada –los penados que ya han cumplido buena parte de la pena–, ante esa situación de atasco de centenares y centenares de compatriotas que ya tendrían que tener el derecho a salir en libertad, íbamos a procurar en la ley –ahora vamos a decir con qué alcance– medidas que, justamente, facilitaran lo que el sistema procesal penal les está quitando a esas ciudadanas y esos ciudadanos privados de libertad.

¿Por qué estamos haciendo hincapié en esta norma cuyo alcance el gobierno aún no tiene bien determinado? (Y no lo ha hecho) porque tenemos que saber –información que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) parcialmente ya nos dio– qué capacidad va a tener el Patronato de Liberados y Procesados de encauzar estas liberaciones provisionales o anticipadas que incluye el proyecto de ley, cuyo alcance no puedo determinar porque nos faltan los datos que lo van a determinar.

EC - ¿Por qué pone el acento en el Patronato?

JD - Ahora lo explico. Esto era una señal ante la situación de grave intranquilidad que teníamos en los 7.500 reclusos que hay en todo el país. Nosotros tenemos el deber de evitar que se generen situaciones graves, motines y demás que les han estallado a otras administraciones. En esa conferencia de prensa alentamos la idea pero no le podemos informar a ningún periodista cuál va a ser el alcance porque nos faltan los datos que nos va a proporcionar la SCJ y conocer la capacidad del Patronato.

Ahora te contesto. Esta ley inspirada en la de 1985, (será) de carácter excepcionalísimo porque es excepcional la situación de crisis humanitaria que tenemos. Hemos heredado un Estado transgresor de los Derechos Humanos y si un Estado es consciente de que está él mismo transgrediendo los Derechos Humanos tiene que tomar medidas. Queremos que sea el Patronato de Liberados y Encarcelados el que se encargue de continentar esta salida del grupo de gente que se va a beneficiar con las liberaciones provisionales o anticipadas.

EC - ¿Qué quiere decir continentar?

JD - Aquí tengo unos párrafos de un artículo de la doctora Adela Reta que explicaba que al tener el Patronato esa responsabilidad de atender a la gente liberada en forma excepcional, la reincidencia de ese sector –que algunos creen que va a generar alarma pública– bajó del 16 al 8 por ciento y lo atribuía con toda razón a la eficacia del trabajo loable de una comisión honoraria del Patronato que es un lujo del país. Un día la sociedad uruguaya les tendrá que reconocer a sus integrantes, como don Óscar Ravecca y la doctora Jacinta Balbela, todo el esfuerzo que hacen en una institución penitenciaria tan inhumanitaria como la nuestra, donde ellos son un lujo, la cara social, humana que tiene todo este sistema.

EC - Entonces usted tiene una esperanza fuerte, una expectativa importante puesta en el papel que juegue el Patronato con esos presos que puedan recuperar la libertad con esta ley. Pero el Patronato viene muy debilitado, padece escasez de recursos, como lo destacaba hace pocos días el inspector Enrique Navas cuando conversábamos con él a propósito de estas cosas.

JD - Sí señor, así es.

EC - Entonces, ¿qué es lo que concretamente espera usted que haga el Patronato? No sé si todo el mundo sabe de qué se ocupa el Patronato. ¿Con qué medios va a contar?

JD - El Patronato se ocupa normalmente de atender la situación de procesados y liberados.

EC - Usted hablaba de continentar.

JD - Atiende la situación del privado de libertad, de su entorno familiar, de la problemática que tiene, e incide en la solución de ello para que el liberado tenga al salir las mejores condiciones para reinsertarse primero en su entorno familiar y luego en la propia sociedad. No olvide que ahora tenemos a favor –cosa que no ocurría en 1985– esta situación del comienzo de ejecución del Plan de Emergencia que seguramente va a tener elementos institucionales de voluntariado social que van a ayudar a esta gente que está en la marginación, en la exclusión social, a reinsertarse útilmente en la sociedad.

Respecto del Patronato, desde el primer día, conscientes de sus carencias, empezamos a adoptar medidas para fortalecerlo en sus recursos humanos y estamos dispuestos a utilizar los resultados de los abatimientos de gastos del MI para resolver necesidades imperiosas que tiene el Patronato para cumplir bien esta función. El alcance de la ley también va a estar medido por la capacidad del Patronato de cumplir con la misión que se le va a otorgar de ser el organismo de vigilancia de que estas libertades anticipadas o provisionales sean debidamente atendidas por el sistema social y humanitario.

EC - Usted mencionó al pasar una relación entre estos planes con el Plan de Emergencia Social. ¿Quiénes serían contemplados o apoyados por el Plan de Emergencia Social? ¿Los presos que recuperaran su libertad o los que continúen recluidos?

JD - Ambas situaciones a la vez. Pensamos que va a beneficiar a los reclusos y a sus familiares que están en un porcentaje muy alto en la franja de indigencia y pobreza que contempla. No vamos a generar ninguna conmoción social ni mucho menos, sino que justamente queremos superar la emergencia humanitaria, tratar de que no se violenten los derechos humanos, y ese es el camino para evitar las alarmas sociales que con justicia todos los ciudadanos reclamamos de cualquier gobierno.

EC - Usted ha escuchado las objeciones que han surgido desde la oposición. Por ejemplo el diputado Alberto Scavarelli, del Partido Colorado (PC), a quien usted conoce bien porque es un hombre que ha estado muy vinculado a los temas de la seguridad ciudadana y a las comisiones de Derechos Humanos, tiene la misma preocupación que el MI por la situación que se está viviendo en las cárceles, pero dice: "Me parece de mala técnica de política criminal que se parta del presupuesto de que porque no hay más lugar en las cárceles haya que modificar el sistema de punición".

JD - No; no, no.

EC - Este es un punto crítico de toda esta polémica, de todo este debate. Me gustaría que usted se detuviera en él.

JD - No es así. Nosotros heredamos esta situación de crisis humanitaria y la estamos enfrentando de múltiples maneras, no solamente con este mecanismo que fue ideado por el gobierno del partido del diputado Scavarelli. Me extraña la poca coherencia que hay allí.

EC - ¿Por qué dice que fue ideado por el gobierno...?

JD - Porque esto de lo que estamos hablando está prácticamente copiado de la ley de 1985 que promovió el gobierno del doctor Sanguinetti y que todos los sectores comprendimos en una situación mucho menos grave que la que nosotros heredamos de un gobierno del PC. Mucho menos grave. Pero nos dimos cuenta de que esas libertades provisionales y anticipadas estaban atascadas por culpa del proceso penal, por culpa del Estado, entonces el Estado tenía que corregir esa falencia a través de una ley excepcional. No estamos ofreciendo un régimen general de libertades provisionales y anticipadas, sino un régimen especial que va a beneficiar a un sector de la población reclusa que es víctima de la ineficacia, de la ineficiencia del sistema estatal procesal penal. Se trata de eso.

EC - Pero el diputado Scavarelli, también del PC, entendió que no corresponde la comparación con el año 1985 porque hubo en el ínterin veinte años de democracia plena y todas las personas que están en condiciones de ser amnistiadas han sido juzgadas por un Poder Judicial independiente, cosa que no había pasado en los años anteriores a 1985.

JD - El diputado Scavarelli se equivoca, es mucho más grave la situación que este gobierno heredó que la que heredó la democracia en la situación anterior. Valgan los números, en aquel momento la capacidad de los establecimientos carcelarios no estaba tan colmada, tan excedida como actualmente. Se trata de razonar de otra forma, porque esta gente a la que por esta ley tratamos de mejorarle las posibilidades de excarcelación de acuerdo al sistema penal uruguayo ya tendría que haber sido excarcelada y es por las demoras del sistema, del procedimiento procesal penal, que no se está beneficiando con libertades anticipadas y excarcelaciones provisionales a las que tienen derecho. Entonces lo que queremos es superar por la vía de la ley esa falencia del Estado en el proceso penal.

EC - ¿Por qué no nos explica en pocas palabras los conceptos que han estado sobrevolando esta charla hasta ahora, libertades provisionales y libertades anticipadas? Porque usted recién estaba diciendo que en definitiva buena parte de estos presos ya tiene derecho a estas liberaciones. ¿En función de qué se resuelve una cosa o la otra?

JD - En materia de excarcelaciones provisionales hay tiempos de cumplimiento de la preventiva que de acuerdo a las normas internacionales que rigen en Uruguay ya estarían ameritando la libertad provisional que no se concede. Y respecto de los penados, la normativa vigente establece que cumplida la mitad de la pena o las dos terceras partes el beneficio de la libertad anticipada corresponde. ¿Qué pasa? El sistema procesal penal está trancando esa posibilidad, está trancando que ese beneficio pueda ocurrir. Y justamente, la ley de 1985, en la que nos inspiramos, trata de sacar esa tranca del sistema y generar excarcelaciones provisionales y libertades anticipadas por una sola vez, para los procesados y penados al 1 de marzo. Ése es el criterio. El alcance, cuántos van a salir...

EC - Se ha hablado de 1.500.

JD - Eso es totalmente aventurado, no le puedo dar la respuesta porque estamos esperando los datos que nos faltan de la SCJ a fin de poder, entre todos, tratando de buscar un amplio consenso nacional en el propio Parlamento, determinar el alcance de esta norma excepcional.

Estamos hablando de dos o tres artículos de una ley que tiene veinte, cuyo alcance todavía no está determinado, y no estamos hablando de otras cosas que sí están en la ley sin ninguna duda, que tenemos en el borrador prácticamente como inamovibles, que hacen justamente a una concepción de seguridad pública, de seguridad ciudadana que tiene el ministerio. Estamos poniendo el acento en cosas que todavía no tenemos perfectamente perfiladas y no hablamos de las cosas que sí tenemos perfiladas. Entonces no estamos haciendo una información objetiva a la ciudadanía.

EC – Lo que sucede, ministro, es que la información ha trascendido de manera muy desordenada. Usted lo sabe. El proyecto o el anteproyecto no está circulando.

JD – Yo entregué en la conferencia de prensa del lunes un repartido a todos los periodistas con las características de la ley de la que estábamos hablando. Ahí se habla por ejemplo de la creación de un patronato para la atención de las víctimas del delito y de generar una relación virtuosa entre el Patronato de Liberados y Excarcelados y el patronato de atención de las víctimas; hablamos de la redención de la pena que procura estimular que el recluso estudie, se prepare y trabaje, cosa que también le hará bien a la seguridad pública. Un recluso reeducado y rehabilitado no es el delincuente que sale en libertad en las condiciones carcelarias inhumanas que hoy sufre. En esa ley que irá al Parlamento hay también medidas que van a generar un Estado mejor en el sistema penitenciario, y si mejoramos y humanizamos el sistema penitenciario vamos a mejorar la seguridad pública, porque esa situación de cárceles hacinadas, procesados y penados mal atendidos, no ha mejorado la seguridad pública sino que la ha empeorado.

Tenemos que encarar la seguridad ciudadana con amplitud de miras, sin partidizarla, creyendo que los valores de los Derechos Humanos son para todos y no para una parte de la sociedad. Por ese camino es que vamos a encontrar la tranquilidad pública que todos queremos y que está en el eje y en el centro de las preocupaciones de este ministerio. De eso hablamos en la conferencia de prensa, donde este tema y estos dos artículos eran una gota en torno a una serie de informaciones que apuntaban a demostrar que en los primeros veinte días de gestión habíamos dado pasos importantes, no definitorios ni mucho menos pero sí importantes, señales fuertes de que este ministerio va a trabajar en lo que a la ciudadanía más le preocupa y a nosotros como parte de la misma, que es tener un país cada vez más seguro, más tranquilo, donde la convivencia y la tolerancia entre los compatriotas sean el eje del desarrollo y la profundización de nuestra democracia.

EC - Entiendo lo que usted dice en cuanto a que el paquete es más completo y más complejo que las normas que van a tener que ver con las libertades provisionales y las libertades anticipadas, pero ocurre que ese fue el aspecto más sensible en la reacción de la gente, se vio, se notó y siguen llegando los mensajes en ese sentido.

Por ejemplo, dice Nené, de Malvín: "Creo que cuando toman una medida así no están pensando en la gente. En mi barrio hasta hace un tiempo no pasaba nada y ahora todas las noches hay problemas de drogas, de robos. ¿No sería mejor darles trabajo, darles educación dentro del establecimiento penitenciario, en lugar de largarlos a la calle?".

JD - Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que el sistema penitenciario que se creó –y hay responsabilidades de todas las administraciones anteriores– generó esta situación que hace prácticamente imposible que cárceles hacinadas puedan brindar esos beneficios de formación, reeducación y trabajo en el propio sistema. Un sistema hacinado, desbordado, cuya población en algunos casos multiplica por tres la capacidad de alojamiento de los establecimientos, no está en condiciones de ofrecerle al recluso la posibilidad de estudiar y trabajar y por esa vía rehabilitarse. Eso es lo que queremos, sabemos que ese es el camino, pero no creemos un sistema –como lo crearon las administraciones anteriores– donde esa obligación, que además es constitucional del Estado, no se pueda cumplir. Tenemos que ver la realidad que heredamos para empezar a tomar medidas sensatas, cuidadosas, que no generen alarma social, sino que, como en 1985, estas excarcelaciones, lejos de provocar aumento de la reincidencia, o sea la comisión de nuevos delitos, achiquen ese porcentaje que sigue siendo alto en las actuales circunstancias.

EC - Para seguir despejando las dudas que se han generado entre la población elijo otro mensaje de la audiencia. Julio, del Prado, dice: "Los presos que tienen derecho a libertad anticipada y que no están libres se encuentran en esa situación porque los jueces consideran que no están en condiciones de obtener ese beneficio. No es culpa del sistema".

JD - No es así, es culpa del sistema, el sistema procesal penal también está colapsado y buena parte de las excarcelaciones de carácter provisional o de las libertades anticipadas que no ocurren es fruto de carencias del propio sistema. Como ocurría también en 1985, cuando se había acumulado una serie de excarcelaciones y libertades que por ineficiencia del sistema no se estaban procesando. Justamente, con esta ley inspirada en la de 1985, tratamos de desatascar lo que está atascado por el propio sistema procesal penal.

EC - Usted decía "inspirándonos en la solución que se encontró para los presos comunes en 1985", pero no hay que confundirla con la amnistía que hubo para presos políticos, ¿verdad?

JD - Ni que hablar.

EC - Estamos hablando de la ley que benefició a presos comunes; ¿fue una ley de amnistía?

JD - No, no fue una ley de amnistía, como tampoco lo es este borrador de ley que aún no hemos terminado en esta parte de la que estamos hablando. En las otras partes están elaboradas correctamente las normas, tenemos pequeñas dudas en algún caso, pero en esta parte sí que tenemos dudas en cuanto al alcance que va a tener en función de los datos que aún no tenemos en forma completa; como no tenemos una respuesta adecuada, porque recién la estamos procesando, acerca de la capacidad del Patronato para vigilar estas excarcelaciones. Ya no va a ser la mera vigilancia policial, sino que de acuerdo a este proyecto de ley el Patronato va a intervenir como eje fundamental de estas libertades, dándonos una garantía de seguimiento y eficiencia muy superiores a los del sistema normal de carácter policial, a anotarse en la seccional donde vive la persona liberada y presentarse periódicamente.

Aquí hay una atención del Patronato que va a ser completada por la atención del propio Plan de Emergencia que va a ayudar y mucho a que estas excarcelaciones sirvan para reinsertar, para convertir a los reclusos en ciudadanos libres, socialmente útiles al país.

EC - Yo decía que usted compara con la ley de 1985, entre otras cosas en cuanto a que procura que tenga un amplio consenso. A esos efectos se va a trabajar con los partidos de la oposición en el Parlamento, lo indicó hace unos minutos. ¿Cuánto tiempo estima que va a llevar el trámite del proyecto? Es una ley de urgente consideración.

JD - Con todos los elementos que tenemos ninguna ley puede demorar mucho tiempo en el Parlamento si se parte de la base de que vivimos una crisis humanitaria tremenda heredada del gobierno de las administraciones anteriores.

EC - ¿Qué tiempos está manejando usted como razonables?

JD - Los tiempos razonables que nos permitan en cada una de las cámaras escuchar las opiniones correspondientes de la academia, de las organizaciones humanitarias, también las de los familiares de reclusos y demás, y luego articular el proyecto definitivo, que espero que sea de amplio consenso, ojalá sea con un solo informe en mayoría en ambas cámaras. Para eso vamos a trabajar, para eso vamos a ser sensibles a las opiniones de todos, salvo a la de aquellos que consideren que está muy bien que el país tenga 4.000 encarcelados más de lo que permite el propio sistema, si partimos de la base de que el depósito de seres humanos que hoy son nuestras cárceles, de que la violación de los derechos humanos cometida por el Estado, están bien. Con esos no nos vamos a entender. Pero si actuamos con un criterio razonable de considerar que realmente tenemos una crisis humanitaria que incluso conspira contra la seguridad ciudadana, si partimos de estos principios generales, de esta interpretación general, creo que vamos a entendernos.

Podemos ser unos más ambiciosos que otros, más audaces que otros, pero trataremos de buscar el equilibrio adecuado para que todos los sectores se sientan bien interpretados por las normas de la ley. Además, como esta ley contiene otras cosas que son indiscutibles, en un clima de ese tipo hay que ser optimistas en cuanto a que el trámite parlamentario va a ser relativamente rápido, porque no se trata de hechos absolutamente novedosos sino de cosas que hace mucho que sabemos, de medidas que lamentablemente habría que haber tomado hace mucho tiempo y no se tomaron y que hoy nos corresponde a nosotros asumir la responsabilidad de adoptar.

EC - Usted dijo al pasar que en el sistema carcelario uruguayo sobran unos 4.000 presos.

JD - Sí, y no vamos a poder resolver...

EC - Y con estas medidas con suerte saldrían 1.000-1.500, según números que usted mismo ha manejado.

JD - Ese número me parece bastante exagerado, no porque no estén en condiciones legales de solicitar las excarcelaciones y la libertad anticipada, sino porque tenemos que graduar las salidas de forma que el propio sistema de atención a los reclusos que salgan en libertad nos permita contenerlos razonablemente en una reinserción virtuosa y no en una reinserción perversa.

EC - Entonces mucho más aun va la pregunta que tengo para el final: el congestionamiento de las cárceles no se solucionaría, quedarían 3.000 presos de más, por decir algo.

JD - Estamos tomando otras medidas para afrontar esa realidad. Estamos trabajando, ya tenemos la comisión que va a iniciar la visita de locales públicos en desuso para ampliar la capacidad, estamos pensando en tomar medidas de mejoramiento –ya se han tomado– alimentario, de mejoramiento de la atención de la salud de los reclusos, estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para recrear un hospital penitenciario que hoy el país no tiene, lo cual genera una situación de grave dificultad para brindar atención hospitalaria a los reclusos y a los policías que los cuidan que están en situaciones de salud bastante comprometidas.

Es un paquete de medidas de corto y medio plazo que apunta a que al fin del quinquenio podamos tener un Instituto Nacional de Rehabilitación como en las democracias avanzadas del mundo, con un directorio de carácter descentralizado, fuera del aparato policial, que se haga cargo del gobierno y la administración de establecimientos en mejores condiciones, con mecanismos de atención diferentes, no una reclusión inhumanitaria como la que hoy se brinda sino un sistema penitenciario que realmente reeduque y rehabilite, por eso el nombre de Instituto Nacional de Rehabilitación que le da el proyecto del ex diputado Daniel Díaz Maynard, que es el eje, la meta, el objetivo de todo nuestro trabajo de largo aliento en torno a este grave problema de un sistema penitenciario en crisis humanitaria desde hace bastante tiempo.

Un mensaje final: hoy mismo estamos reuniendo a todos los sectores involucrados en el problema de conmoción barrial de la Aguada para ver si entre todos, vecinos, comerciantes, trabajadores, y naturalmente las instancias públicas –MI, Jefatura de Montevideo, INAU, Intendencia Municipal de Montevideo– nos sentamos a una mesa a buscar la manera de rehabilitar la situación pero con garantías de tranquilidad en el barrio. Esperamos dar buenas noticias en el futuro inmediato a ese barrio y por consiguiente a los demás barrios de Montevideo.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe