(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
"Uruguay no cede, hará las fábricas que cuestiona Argentina". Ese es el título principal hoy en el diario La Nación, de Buenos Aires, que agrega en un colgado: "Se agudiza el diferendo diplomático". También añade que Tabaré Vázquez dijo que el proyecto sigue firme, mientras hay pesimismo en el canciller argentino, Rafael Bielsa.

Ese enfoque da la pauta de cómo se está manejando este tema del otro lado del río, un asunto sobre el cual hemos tenido esta mañana varios enfoques, primero el de la empresa Botnia, una de las dos compañías que impulsan la construcción de plantas de celulosa en el departamento de Río Negro –es más, se trata de la empresa que ya ha comenzado los trabajos–, y luego el diálogo era con el subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, Jaime Igorra.

Ahora nos interesa conocer el punto de vista de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, que son las que han liderado estas protestas y estas acciones que ahora se encuentran en el plano diplomático.

El diálogo es con el ingeniero Gabriel Moguilner, director de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de la provincia de Entre Ríos.

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Ingeniero Molguiner, concretamente ustedes en la provincia están manejando la posibilidad de entablar acciones contra el Estado uruguayo y contra las dos empresas, Botnia y el grupo Ence. ¿A qué instancias piensan recurrir?

GABRIEL MOGUILNER:
En principio la intención final de iniciar acciones es un último recurso. Usted sabe muy bien que nosotros propiciamos en diferentes oportunidades, en oportunidad de estar reunidos con el gobernador y el vicegobernador en Montevideo con el doctor Gonzalo Fernández, la necesidad de conformar estos grupos técnicos de trabajo con apertura hacia el mundo académico, hacia las universidades, incluso de invitar a la Universidad de la República –nosotros proponíamos a la Universidad Nacional del Litoral– a hacer un estudio de impacto compartido y una evaluación seria y científica, porque por lo menos en el caso de la empresa Botnia, Argentina no cuenta con un solo documento.

O sea que las instancias han devenido y concretamente ha jugado un papel preponderante la no provisión o la no entrega de este material que nosotros decíamos que en otras partes del mundo es totalmente público, como es el caso del criterio de diseño de estas plantas. Por lo tanto va quedando por ahí un camino sin salida, me parece que hay una responsabilidad de Uruguay de no querer concurrir, de no querer entablar un diálogo con la República Argentina.

EC - Usted sabe qué fue lo que provocó la ausencia de los representantes uruguayos en esa comisión técnica binacional: la carta del embajador argentino en Washington, José Octavio Bordón, dirigida al Banco Mundial (BM) para bloquear o intentar bloquear los créditos de la Corporación Financiera Internacional a Botnia argumentando el impacto ecológico negativo de ese emprendimiento.

Recién conversábamos con el subsecretario Igorra que decía: "Y sí, ¿cómo no nos va a caer mal esa decisión, si se presenta esa queja, se hace nada menos que el intento de bloquear un préstamo sin haber esperado que se entregara la información, sin intercambiar la información sobre esa inversión en particular?".

GM - Contemos toda la verdad y contemos toda la historia. Uruguay ha incumplido en forma sistemática concretamente el Tratado del Río Uruguay, porque estamos solicitando una información que debería haber sido entregada hace mucho tiempo. No sé si usted conoce en detalle lo que establece concretamente el Tratado del Río Uruguay, por el cual se debería haber entregado esta información a la República Argentina con 180 días para que se expidiera. Esto no fue así.

EC - ¿A qué información se refiere usted?

GM - Toda la información de las plantas.

EC - Se lo pregunto porque tanto el subsecretario Igorra recién como el canciller Gargano en el día de ayer han dicho que tenían en sus manos en el momento de formular las declaraciones la documentación que se entregó a finales del gobierno anterior en ese ámbito, tal cual lo requiere el Estatuto del Río Uruguay.

GM - Está bien, pero la cancillería recién lo tuvo en diciembre de 2004. Y no sé si usted sabe que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), dejó de sesionar casualmente porque el gobierno de Batlle retiró la delegación en octubre de 2003 y después se dio la aprobación o la autorización ambiental previa. Por lo tanto hasta marzo de 2004, cuando volvió a sesionar la CARU, no hubo ningún tipo de comunicación. Me parece que no ha habido intenciones de querer sentarse a discutir esto, y ni hablar de la empresa más grande que se va a instalar ahí, que es la empresa Botnia, que prácticamente es de dos a tres veces más grande que cualquier emprendimiento del grupo en Europa –hablamos de 1.100.000 toneladas de procesamiento de pasta de celulosa–; evidentemente eso no fue cumplido en ninguna etapa, incluso ya teniendo Botnia la autorización ambiental.

EC - Desde el gobierno uruguayo se responde que se están siguiendo todas las formalidades previstas, que a nivel del BM se están presentando los documentos que se exigen en el caso concreto de la empresa Botnia. Es decir, no se entiende el apresuramiento y el carácter drástico que están teniendo estos planteos de la República Argentina. Es más: off the record surgen en el gobierno de nuestro país las especulaciones de que acá lo que está de por medio es la campaña electoral rumbo a los comicios legislativos, que es a esos efectos que se está haciendo este tipo de declaraciones y planteos, para congraciarse con sectores de la opinión pública.

GM - No, no es así, esta documentación debió haber sido entregada mucho tiempo atrás, la medida de la República Argentina es una medida precautoria, estamos ejerciendo el principio de prevención. No se cumple el Estatuto del Río Uruguay ni lo que dice el acuerdo marco de los países del Mercosur. Hay una serie de convenios incumplidos y la cancillería ya viene con un antecedente porque el BM había solicitado la no objeción de la República Argentina para una garantía otorgada al proyecto Orion de la empresa Botnia, que fue contestada mucho tiempo atrás a este pedido del embajador Bordón diciendo que Argentina no prestaba la no objeción para la instalación de la planta. O sea que esto data de bastante antes del tema de la carta.

El tema de la carta es como una eclosión, un decir "hasta acá llegamos", vemos que no había intenciones, entonces evidentemente esto ahora se ha enrarecido. Lo que nosotros planteamos concretamente fue decir si existía o no esa documentación que debió haber existido –y Uruguay tendría obviamente que tener– para que nuestros técnicos empezaran a trabajar mucho tiempo antes y no llegar a esta instancia.

EC - Acá es donde ya resulta difícil sacar alguna conclusión porque uno no sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Desde el gobierno se dice: ¿por qué se presenta esa carta ante el BM, por qué se toma una medida tan dura cuando la comisión mixta de tipo técnico que tenía que ocuparse de intercambiar información, a la que el gobierno uruguayo iba a llevar información, no se había reunido? Ésa es una de las cuestiones fundamentales en estas horas: ¿por qué?

GM - Usted lo sabe muy bien, la provincia de Entre Ríos plantea la no instalación de esas plantas. No es un problema diplomático, de cancillería. Hay antecedentes, yo he viajado con uruguayos a las misiones de Botnia y a la misión de España para ver el funcionamiento de las plantas, estas plantas hoy en Europa contaminan, hay problemas de olores, hay problemas de calidad del agua. Esto no es oculto, no es oculto para Uruguay.

EC - Justamente, la respuesta del gobierno es que ustedes están simplificando, están manejando con brocha gorda el tema. Por ejemplo el subsecretario Igorra decía recién que estas plantas cumplen con las especificaciones más rigurosas de la propia Comunidad Europea, que la Comunidad Europea va a controlar, de acuerdo a sus estándares, qué tipo de planta se instala, porque también monitorea las inversiones que empresas europeas hacen fuera de Europa. ¿Por qué ustedes no tienen en cuenta ese tipo de factores?

GM - Los hemos tenido en cuenta y no creo que para nada estemos manejando esa cuestión –bastante irrespetuosa de decir– con brocha gorda. Esto me hace acordar a cuando Centurión decía que nosotros armamos todo este lío porque queríamos la planta para nosotros.

Yo leí las argumentaciones de Igorra, me parece que Igorra ha embarrado el tema, ha tirado un montón de cuestiones y que tampoco a los uruguayos se les está diciendo todo lo que va a pasar. Para nada se ha manejado con brocha gorda este tema, se ha manejado muy seriamente, me extraña que incluso gente que estuvo conmigo, que viajó y que vio todo esto de las plantas, que vio el problema de olores y se lo planteó a los finlandeses, hoy no esté diciendo absolutamente nada. Eso me parece que es cambiar el discurso.

EC - Hablando de cambiar el discurso o de doble discurso, uno de los grandes cuestionamientos a la posición argentina, y sobre todo a la posición de la provincia de Entre Ríos, está resumido en este par de mensajes que tengo aquí que recién llegaron por teléfono. Lo dicen estos dos oyentes, pero yo tenía previsto preguntárselo porque está en el debate.

José, de Parque de Solymar, dice: "Las plantas que están instaladas sobre el río Paraná, plantas argentinas de celulosa, ¿no contaminan? ¿No hay un gran impacto ambiental? Porque el Paraná va a desembocar en el Uruguay y también va a trasladar la contaminación al Río Uruguay".

Y dice Isabel, de Malvín: "Para mí el problema no tiene nada que ver con la contaminación, ellos tienen siete plantas sobre el río Paraná –que además desemboca en el Uruguay– que cuando se instalen las plantas en Uruguay van a quedar completamente obsoletas".

GM - Esto no es así. Primero no son siete plantas, hay cuatro plantas, una de ellas –para que sepamos– fue clausurada hace muy poco tiempo, la de Puerto Peraí en Misiones, y estimo y coincido con usted en que son plantas contaminantes. Están ubicadas sobre el Río Paraná, una concretamente muy cercana a la ciudad de Rosario, en Capitán Bermúdez. Son plantas que tienen una producción mucho menor, no llegan al río Uruguay, porque si no sabemos un poco de geografía, el Río Paraná desemboca en el Río de la Plata, no en el Río Uruguay. Y concretamente me parece muy bien que este planteo que está haciendo la provincia de Entre Ríos, las plantas no están en Entre Ríos, no hay ningún doble discurso –esto aventando el tema de que nosotros teníamos un decreto y demás–.

Se confunde una fábrica que existe en Concordia, que es Macisa, que trabaja sobre tablero en madera, no trabaja con ningún tipo de temas químicos ni de blanqueo de pasta de celulosa, no es una fábrica de pasta, se confunden estas cuestiones y la actitud de nuestro gobernador de mandar un proyecto al Poder Ejecutivo para declarar a Entre Ríos libre de celulosa, le estamos planteando a la República Argentina que controle sus propias plantas en su propio territorio. Pero acá estamos hablando de un río binacional compartido, de frontera, hay problemas transfronterizos. Nosotros no estamos en contra de ningún planteo de desarrollo uruguayo, pero sí de que se haga a costa de la calidad de vida y del medio ambiente de nuestra provincia, esto es lo que estamos defendiendo.

EC - Claro, pero la pregunta generalizada es ésa: ¿por qué tanta sensibilidad con proyectos de este lado del río Uruguay cuando no existe la misma para esas otras plantas de celulosa que recién mencionamos, que usted dice que no están en la provincia de Entre Ríos pero que son viejas, de tecnología muy antigua y por lo tanto muy contaminantes? ¿Y por qué no la misma sensibilidad con otros focos de contaminación que desde el lado argentino van a parar al Río Uruguay?

GM - Me parece correcto, le vuelvo a repetir, yo estoy hablando por la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos controles permanentes, tenemos una ley de control de efluentes industriales, estamos permanentemente controlando y monitoreando nuestras plantas. Para que usted sepa, la empresa Macisa, que trabaja en madera, trabaja con efluentes cero, o sea que directamente no tira ningún tipo de efluente líquido, pero ha tenido problemas con la gente y ha tenido que invertir entre 900.000 y 1.200.000 dólares en filtros en la zona de salida eso es la cuestión proactiva.

Coincido con usted en que Argentina deberá cuestionarse y plantearse efectivamente los controles y que se lo debe hacer en todo el ámbito para que estemos en igualdad de derecho. Pero, repito, yo hablo por la provincia de Entre Ríos, nuestro gobernador ha planteado todo esto en la provincia de Entre Ríos. Usted no desconoce que en la ciudad de Gualeguaychú ha habido una movilización de 40.000 personas, una de las más grandes movilizaciones en América Latina y en la historia de Argentina, por un tema ambiental, lo cual nuestro gobernador no puede desconocer. Al contrario, tiene que atender el reclamo de la comunidad.

EC - En definitiva, ¿cuánto tiempo están dando ustedes antes de recurrir a la Suprema Corte de Justicia? Porque ése es el primer paso, recurrir a la Suprema Corte de Justicia de Argentina, y eventualmente también a la Corte Internacional de La Haya.

GM - Le explico. Lo está definiendo concretamente la Fiscalía de Estado, se está estudiando cómo hacer la estrategia. Lo referente a la estrategia de la nación lo va definir el gobernador, pero obviamente la presentación a nivel internacional no la define la nación, la define cancillería. Nosotros, como planteó el gobernador, vamos a iniciar presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación, eso va a instalar el problema a nivel legal hablando del derecho precautorio y el derecho de prevención de nuestra ley marco, la ley general del ambiente, la 25.675, donde nosotros como estado federal le reclamamos a la nación que queremos ser atendidos y defendidos.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe