(emitido a las 8.33 hs.)

EMILIANO COTELO:
El Sirpa (Sistema de Responsabilidad de Responsabilidad Penal Adolescente) tiene hoy casi 700 menores infractores recluidos. Es una cifra récord. Por eso, y por los problemas edilicios que se arrastran desde hace años, uno de sus principales desafíos es la reforma de los locales actuales y la construcción de otros nuevos.

Ayer se dio un nuevo paso en esa dirección cuando quedó inaugurado un nuevo centro de seguridad, ubicado sobre bulevar Artigas y Cufré, que promete ser una buena herramienta para la recuperación de los internos que allí se destinen.

La mejora de esos servicios es importante en sí misma. Pero cobra mayor relevancia teniendo en cuenta las denuncias de malos tratos que se acumularon en los últimos meses y, al mismo tiempo, la campaña electoral en curso, en la que uno de los temas de debate es si se baja o no la edad de imputabilidad penal a los 16 años.

Vale la pena, entonces, entrevistar al presidente de la comisión delegada del Sirpa, Ruben Villaverde.

¿A qué tipo de jóvenes reclusos está destinado el nuevo centro de seguridad que se inauguró ayer?

RUBEN VILLAVERDE:
Tenemos una cantidad muy alta de internos, llegamos a un máximo de 683. Todos tienen características diferentes, pero en grandes agrupamientos, hay una porción de estos muchachos que vienen con una trayectoria muy compleja en la calle y que requieren de unas medidas de seguridad mayores de las que en general se han desarrollado en el sistema.

Ese papel dentro de la institución lo ocupó históricamente el Centro Ser, que durante tanto tiempo ha estado en la picota en términos de opinión pública como un lugar muy inapropiado, con muchas denuncias de distintas organizaciones internacionales, incluso con alguna intervención de la justicia a partir del año 2008 en especial. Ese papel de algún modo va a ir asumiéndolo este centro nuevo que tiene medidas de seguridad.

EC - Por lo visto hay de por medio incluso un traslado desde el punto de vista geográfico. El Centro Ser está en la Colonia Berro, este está ubicado no digo en pleno centro, pero en bulevar Artigas, Cufré, Gral. Flores, acá mismo en Montevideo.

RV - Sí, en términos geográficos está muy en el centro de la ciudad. Eso fue motivo de muchas discusiones, pero creo que se logró un diseño muy amigable con el entorno, discreto en líneas generales. Necesitábamos transformar muchas cosas, no solo la infraestructura. La infraestructura del Centro Ser es en algún sentido inexplicable, con un diseño no pensado adecuadamente y que no ayudaba en nada a los procesos que se supone que tenemos que llevar adelante con los jóvenes que la justicia determina que tienen que estar con nosotros durante un tiempo.

EC - ¿De modo que la idea de este centro de alta seguridad aquí en Montevideo es que termine por sustituir al Ser?

RV - Sí, esa es la idea.

EC - ¿Hoy no lo logra todavía?

RV - Son 56 camas y capaz que tenemos alguno que otro más que debería estar en este lugar. Pero nosotros habíamos hecho una reforma importante en el Ser y tal vez entre esa reforma, con un módulo enteramente nuevo y un diseño distinto, y este centro de seguridad pasemos a tener un lugar mucho más apropiado y que cumple con lo que ha sido un eterno problema durante más de 30 años, que son las fugas y los motines. Creo que encontramos una forma de hacer el dibujo y la infraestructura mucho más amigables, con muy buena iluminación, espacios aireados, áreas verdes…

EC - Rosario está ahí. Vamos a escuchar su descripción de este centro que se inauguró ayer.

ROSARIO CASTELLANOS:
Si pasan por bulevar Artigas entre Cufré y Gral. Flores saliendo de Montevideo les queda a la derecha un enorme muro muy pintado de alegres colores y dos puertas, una de ellas un gran portón con el número 3224. Esa es la puerta de ingreso a esto que ya es un complejo de varios edificios. Yo ya estuve en uno –porque en este mismo predio funcionaba el Centro de Ingreso–, sobre Gral. Flores hay un viejo edificio donde está el centro de internación femenino, y este nuevo lugar, el centro de internación de jóvenes varones privados de libertad.

Apenas ingresamos tenemos a la izquierda el edificio donde están las oficinas y los comedores de los funcionarios, y una sala de monitoreo para el edificio de ingreso. Además hay todo un sistema de escáner para la revisión de los funcionarios, técnicos y docentes.

Inmediatamente pasado este lugar, entramos en una zona abierta, donde hay una cancha de fútbol de uso común. De fútbol por ahora, pero ha de ser polifuncional, y de uso común porque los tres centros que mencioné podrán utilizar este espacio de esparcimiento.

Todo aquí está cercado con altas cercas de alambre de siete metros de altura, los perimetrales de seguridad, que además están monitoreados con cámaras desde un centro con varias pantallas.

De ahí pasamos a un patio central con un anfiteatro, también allí hay mucho verde, y alrededor se distribuyen cuatro módulos de celdas, todas ellas monitoreadas, con sensores de humo, con apertura de puertas con tarjeta magnética, no con candado. Tres de estos módulos tienen cada uno ocho celdas con dos camas y un baño con inodoro antivandálico, con pileta y sistema de ducha, todos con losa radiante que se alimenta por paneles solares. Y a su vez cada una de estas siete celdas tiene alrededor un pequeño patio con mucha iluminación también natural. También hay un salón de uso múltiple con conexión para teléfono desde el patio. El cuarto módulo tiene celdas individuales. Y cada dos módulos aparecen las oficinas.

En todos los casos, en lugar de vidrios, que significarían un peligro, se ha usado policarbonato transparente e irrompible para asegurar el pasaje perfecto de la luz. A esto se agregan dos talleres, uno que funcionará como aula de primaria y secundaria, y otro para manualidades.

Luego completa el lado del patio un edificio en dos niveles donde están la cocina, la despensa, cocina con gas por cañería, un policlínico que incluye una sala de odontología con dos sillones, sala de espera, enfermería, un consultorio médico, dos salitas para internación con cuatro camas. Y en la planta alta del mismo cuerpo, oficinas, ocho consultorios, el comedor de funcionarios y la sala de monitoreo del complejo con cinco pantallas.

En la planta alta también están la sala de espera y la sala de visitas. Hay que bajar, porque curiosamente la sala de espera está a nivel de la calle Cufré. Las salas de visitas son dos, una para visita individual y otra para colectiva, y van a tener su propio ingreso por la calle Cufré. Hay una puertita por la cual la visita puede ingresar, monitoreada también, a esta salita. Cuando no se usen como salas de visita serán salas de lectura, porque también se ha anexado un espacio para biblioteca en estos lugares.

Luego aparecen en esta parte del complejo dos espacios amplios donde han de dictarse los talleres. Porque, como me repetían quienes me han acompañado en este paseo, Marina Guerrero y García, directora y subdirector del programa respectivamente, este es un programa que no solo tiene que ver con tener aquí con la mayor seguridad a estos jóvenes infractores, sino que tiene que trabajar en su rehabilitación y formación.

EC - ¿Cuál fue tu impresión en general?

RC - Por supuesto que las condiciones de internación son muy otras, porque yo también conozco la Colonia Berro y estamos hablando de lugares que por lo pronto tienen agua caliente, calefacción todo el año, luz natural, verde y espacios. Por mucha protección y perimetrales de seguridad que tengan, tienen también aire y luz, y creo que en esas condiciones la internación tiene aspectos mucho más saludables.

EC - Villaverde, ¿qué costo tuvo esta obra?

RV - El costo era de cerca de 130 millones de pesos, pero luego con los adicionales se debe haber ido a 170, 180 millones, no recuerdo exactamente la cifra.

EC - ¿Qué tipo de tratamiento tendrán los jóvenes que se alojen allí, aparte de estar custodiados en condiciones de alta seguridad y la fuga será algo prácticamente imposible? ¿Qué se hará con ellos?

RV - La idea es tener psicólogos disponibles en forma permanente. Precisamente, esos casos que son los más difíciles de sacar adelante son los que requieren más tratamiento, porque vienen fundamentalmente de historias familiares muy difíciles. Muchos de ellos fueron abandonados de niños por el padre, esto es casi una constante. Son muchachos que han tenido la desgracia de formar parte de un hogar en el que existió mucha violencia, violencia doméstica de la que fueron objeto ellos y muchas veces también su madre. Familiares que han estado en el entorno del delito en la generación anterior y tal vez también en la otra. Por lo tanto hay un trabajo bastante intenso para los psicólogos, se requiere una tarea más especializada, también asistentes sociales para su vinculación con la comunidad, el trabajo con la familia.

EC - ¿Y por el lado de la educación?

RV - Por el lado de la educación, se busca que retomen los estudios formales, eso lo que estamos haciendo con todos los muchachos, y también que los estudios no formales ocupen un papel muy importante.

EC - ¿A qué llama "estudios no formales"?

RV - Talleres de corta duración que les permitan una inserción laboral más rápida, en el caso de que lo deseen. Porque está todo muy bien con la educación formal y es bueno que retomen los estudios de liceo o terminen la escuela, pero si recomponés y das los exámenes de segundo de liceo en la privación de libertad, eso no te garantiza que cuando salgas a la calle, si querés empezar a vivir el mundo de las ocho horas, tengas alguna posibilidad. Entonces de repente con un curso de cocina o de construcción o con los cursos que estamos intentando tener de sanitaria, etcétera, si tenés la voluntad de salir adelante, tenés una mejor posibilidad en el mercado de trabajo y de alejarte del mundo en el que estabas participando.

***

EC - ¿Cuál es el cronograma de obras previsto?

RV - Primero, este centro nuevo va a estar operativo en su totalidad en unos 20 días, aproximadamente. Habíamos inaugurado una primera parte de Centro de Ingreso y Diagnóstico con 56 camas, esos se van a desplazar para esto que ayer presentamos en público, y a la primera parte le vamos a incorporar el sistema de cámaras y el cierre electrónico de puertas, que era lo que faltaba. Por lo tanto todo el centro queda con tecnología de punta.

En unos 30 días está proyectado que nos entreguen lo que era el Regimiento 9, atrás del Hipódromo de Maroñas. Allí van cuatro módulos para 27 muchachos cada uno, con un criterio de seguridad diferente. El perímetro está asegurado, es difícil salir de allí, hay un muro importante de contención, pero adentro hay mucha más apertura porque la idea en este caso es concentrar a los muchachos que vienen avanzando bien en los programas de estudio o que están directamente con salidas laborales o que están estudiando para optar por una salida laboral próximamente. Esa va a ser la gran característica de ese centro. También tendrá aulas y espacios para talleres, espacios para la práctica de deportes y recreación en general, espacios bastante generosos, y también ciertos cuidados en materia de control externo con algún aporte de tecnología.

EC - ¿Qué otras obras están previstas?

RV - Estamos en la etapa de un llamado a interesados para la construcción de tres centros regionales en Salto, Mercedes y Minas. Centros chicos, de unas 35 camas cada uno. Porque en los últimos tiempos hemos tenido un crecimiento importante en la cantidad de muchachos en el interior del país que son derivados a la internación. Estos muchachos vienen con trayectorias distintas, capaz que la ficha tiene un titular que dice "rapiña", pero la rapiña tiene un rango amplio de características, las hay mucho más graves y las hay bastante más leves. Observamos que del interior del país, en líneas generales, vienen con delitos más leves, aunque lleguen a la categoría de rapiña, muchas veces con hurtos reiterados, y da toda la impresión de que si hacemos un manejo un poco anticipado y alejado de las prácticas que se están observando en Montevideo y el área metropolitana podemos evitar que alguno se entusiasme con algunas hazañas que se dan en el sur del país.

EC - Se quiere evitar que la internación en Montevideo termine siendo "una escuela del crimen" para esos jóvenes.

RV - Exactamente. Sobre todo porque estamos observando que vienen muchachos que tienen familias vinculadas al mundo del trabajo, con otra apreciación sobre una serie de valores. Entonces uno puede pensar que tiene mucha mejor posibilidad de sacar adelante a ese chiquilín si está más cerca de su familia, de su medio. Va a estar menos vulnerable a entusiasmarse con cosas que no debería.

EC - ¿Cuándo van a estar prontos esos centros regionales?

RV - Con suerte, en febrero o marzo del próximo año.

EC - ¿Cuándo se logrará abatir el hacinamiento, que es uno de los problemas con los que carga el Sirpa?

RV - Me faltó La Tablada, que también entre febrero o marzo debería estar pronto. Ahí va a haber en total 120 camas más. Creo que en 30 días sacamos la cabeza de abajo del agua. Ya a esta altura está quedando poca diferencia entre la cantidad de camas y la cantidad de muchachos internados. En la última semana se ha producido una disminución importante en la cantidad de internos, habíamos llegado a fines del mes pasado a 683 muchachos internados y ayer estábamos en 622. Esto es por cumplimiento de medidas, no por ninguna otra razón.

En febrero del año pasado empezó el mínimo de un año para determinados delitos, eso engrosó mucho la cantidad de muchachos internados, y coincidía que a esta altura del año se iba a producir un recambio que iba a aliviar un poco la situación. Así que estamos con 622 internados, esperemos que esta cifra más o menos se mantenga, con crecimiento leve hacia fin de año, sobre todo por un par de cosas. Por un lado, observamos una notoria baja en la reincidencia, un dato alentador que empieza a hablar de la respuesta que se está logrando en el trabajo que se hace con muchos de estos jóvenes. Eso no quiere decir que no mantengamos un entorno de 30% de reincidencia, que es la cifra que estamos viendo al día de hoy, pero con una clara tendencia a la baja.

EC - Veía un dato a propósito de las obras que me llamaba la atención. Está claro que el Sirpa necesita construir, está claro que necesita mejorar las instalaciones existentes, y sin embargo el año pasado solo ejecutó el 57% del presupuesto que tenía disponible. Eso está escrito en la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Dice el planillado que el Sirpa dispuso de 1.302 millones de pesos y ejecutó 742 millones, o sea, el 57%. ¿Cómo se entiende eso?

RV - Se había previsto una incorporación importante de personal y por lo tanto había una dotación presupuestal para el máximo. En la Comisión Delegada hemos sido sumamente cuidadosos en la incorporación de personal, fuimos incorporando en la medida en que fue aumentando la cantidad de internos. La previsión presupuestal hay que hacerla, porque si de golpe la cantidad de internos aumenta una determinada cifra, hay que tener la respuesta de inmediato. En cambio si el crecimiento es sostenido pero pausado en el tiempo te permite ir incorporando el personal en la medida que lo vas necesitando.

La otra parte es que las obras tuvieron que cumplir con los plazos que tuvieron que cumplir. Esta que presentamos ayer es una licitación que arrancó en octubre de 2011. Muchas veces fue motivo de discusiones, alguna Tertulia en algún momento llegó a tratar el tema: "¿Qué pasa que no se hacen las obras? ¡Desde octubre de 2011 tienen la plata!". Sí, es absolutamente cierto. El problema es que el proceso licitatorio se llevó más de un año y la obra efectivamente empezó con el movimiento de tierra en marzo de 2013.

Entonces, sí, cuando vas a los porcentajes de ejecución, si alguien mira que tenés 300 millones de pesos en el banco y durante un año y medio no los tocaste, evidentemente puede criticar y mucho porque la plata estaba y la obra no empezó.

***

EC - Hablábamos de las "buenas" del Sirpa, por ejemplo de los avances en obras, la mejora de edificios ya existentes, la incorporación de personal, la mejora de los servicios. Pero ¿cómo está procesando la institución lo que ha sido una tormenta de denuncias que viene del año pasado y que generó una conmoción fuerte, porque se ha hablado de torturas, de malos tratos a menores internados y otras irregularidades en varios centros?

RV - Malos tratos es una cosa y tortura es otra. Pero hay gente que ha insistido en aplicar una terminología no adecuada.

Nosotros presentamos denuncia en setiembre del año pasado ante una probable situación de abuso de autoridad y malos tratos en particular en el Centro Ser, que fue lo que desencadenó que durante prácticamente un año hayamos estado discutiendo la existencia o no de situaciones irregulares en ese centro. Pero se refiere a un grupo de problemas ubicables en el entorno de fines de agosto y principios de setiembre del año pasado, con un empujón nuevo en el mes de febrero de este año que provocó otra denuncia que personalmente firmé y presenté ante la justicia de Pando, que nos ha tenido en el ojo de la tormenta. Más un conjunto de situaciones que como no aparecieron en la tapa de los diarios pasaron de largo.

EC - ¿Cuáles?

RV - Nosotros presentamos denuncia por algún funcionario que ingresaba droga, logramos demostrarlo y se produjo el procesamiento y destitución de ese funcionario. Detectamos otra situación en Montevideo de malos tratos de dos funcionarios hacia un chico, la justicia determinó procesamiento sin prisión. En el centro transitorio, no recuerdo si fue en marzo o abril de este año, hubo una situación que involucraba a un subdirector en una situación clara de malos tratos, presentamos la denuncia y está siendo procesada por la justicia. Y en las últimas semanas alguna que otra denuncia más.

EC - ¿Por qué remarca estos otros temas? ¿Por qué está agrandando el problema? Yo hablaba de un problema y usted le agregó otros componentes.

RV - ¿Para qué agrandarlo, no?

EC - ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿Que ustedes no han sido pasivos ante los inconvenientes, ante las irregularidades?

RV - Se ha hecho toda una campaña intentando demostrar que éramos pasivos ante este tipo de situaciones, pero ya en diciembre de 2011, cuando asumí la gerencia en forma interina, presenté una denuncia que terminó con un procesamiento con prisión. Y de ahí para acá nos encontramos con cerca de 50 investigaciones administrativas que derivaron en algunos casos en sumarios con separación de cargo, en algún otro caso con destitución y en algún otro caso con denuncia penal. Pero evidentemente hay una campaña destituyente y seguimos trabajando.

EC - A propósito de cómo trabajan y de las controversias que usted mantuvo en estos meses, uno de los tantos episodios que salieron a luz a raíz de las declaraciones que realizó la abogada que ha patrocinado varias de estas denuncias, la doctora Sandra Giménez, fue un encuentro que tuvieron en noviembre del año 2013. Allí usted aparentemente dijo: "Es muy difícil estar permanentemente negociando con el sindicato, dentro del sindicato la lista 10 es muy fuerte, y todas esas son prácticas difíciles de erradicar". Contó la abogada: "Villaverde me preguntó que si yo quería él me entregaba las llaves del centro ya y que yo lidiara con el sindicato".

RV - [Se ríe.] Hay cosas que duelen, hay otras que provocan risa, otras que provocan bronca y otras que provocan todo eso junto. Lo que acaba de relatar provoca todo eso junto.

EC - Pero ¿usted dijo algo de ese estilo?

RV - La única vez que intercambié con la doctora Giménez fue con el juez de Menores Denby y la fiscal Nancy Hagopián delante. En algún otro medio le ponen un poco más de color y directamente parece que yo habría manifestado que tenía que negociar esta situación de malos tratos con el sindicato. ¡Eso es una barbaridad! Tanto que cuando leo esa barbaridad en algún medio de comunicación –no recuerdo exactamente cuál; posiblemente haya sido La Diaria o El País– les pedí una entrevista al juez y a la fiscal: "¿Ustedes se acuerdan de la audiencia en la que estuvimos juntos con esta señora?". Ellos la recordaban perfectamente.

Fue un caso muy sonado: un secuestro y rapiña en una estación de servicio de Ancap que está a la entrada de Rocha, con un muchacho que había salido en régimen de semilibertad, al que había llegado porque antes había cometido otro secuestro con rapiña –creo que era un secuestro exprés–. En ese momento me convocaron para intercambiar acerca del funcionamiento del régimen de semilibertad. Había críticas a ese régimen y tuvimos un diálogo por momentos un poco tenso por las críticas de la abogada sobre el funcionamiento de ese centro (Centro Cimarrones), pero en ningún momento hablamos de eso. Puede llamar a la fiscal Nancy Hagopián o al juez Denby, que pueden certificar que nunca salió de mi boca una expresión de esa naturaleza.

También me atendieron en forma abundante en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos. Como que había recibido a una mamá y después a un chico lo maltrataron en forma reiterada, dando a entender que después de hablar conmigo continuaban y se profundizaban las situaciones de malos tratos. Como yo no tengo acceso a qué persona fue la que manifestó eso, sin comerla ni beberla tengo que ver cómo en los diarios aparece gente que te prende fuego de un modo absolutamente irresponsable.

Pero después ese mismo relato se traslada a la doctora Mónica Rodríguez, la asesora legal de la institución, a la socióloga Ivonne Martínez, al presidente del INAU, Javier Salsamendi. Ya al final no se sabía con quién era que habían tenido el diálogo. Conmigo no había sido, porque cada vez que yo atendí a alguna mamá por alguna sospecha de situaciones irregulares en materia de malos tratos, moví funcionarios o moví muchachos, traté de evitar una posible situación irregular en algunos centros. En algunos casos eso derivó en denuncias penales que llevamos adelante y en otros quedó por esa, porque a veces se presentan denuncias sin ningún fundamento, porque lo que se busca es un lugar más cercano para la visita. En lugar de tener que ir hasta Suárez, que me queda lejos, trato de ir a un centro en Montevideo que me queda cerca.

EC - Pero usted en estos meses en los que las denuncias estuvieron sobre el tapete tuvo polémicas públicas muy duras con las ONG que impulsaron esas denuncias y al mismo tiempo con la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que recogió en un informe varios de esos casos y además hizo sus propias recorridas por locales del Sirpa. ¿Cómo es hoy la relación entre el Sirpa y esas ONG, cómo es hoy la relación con la INDDHH? Vi que ayer la presidenta de la INDDHH, Mirtha Guianze, estuvo en el acto de inauguración de este centro de seguridad y aparentemente hubo un buen vínculo entre ustedes, hubo un diálogo cordial. ¿Cómo está esa situación?

RV - La verdad que mal no alcanzamos a llevarnos.

EC - Ella hizo declaraciones en las que comentó que ve que el panorama se ha ido ordenando. Que después, por ejemplo, de que ustedes resolvieran la intervención del Hogar Ser y otras medidas que se adoptaron, la cosa se ha ido calmando y ya no tienen la preocupación por casos nuevos.

RV - Con la INDDHH tenemos un trato muy correcto y tenemos bastante identificado en dónde tenemos un problema. Ellos creen que ante una denuncia de un interno hacia un funcionario nosotros tenemos que separar del cargo al funcionario. Y nuestros servicios jurídicos manifiestan que las autoridades, en este caso del Sirpa, se rigen por las disposiciones nacionales y está el decreto 500 que establece cómo se actúa ante denuncias de irregularidades. Hay que hacer una información de urgencia, una investigación administrativa, un sumario, puede llegar a sugerirse la separación del cargo, pero hay que cumplir con eso que los abogados llaman las reglas del debido proceso. Pero la INDDHH plantea que existen recomendaciones de carácter internacional de que ante la posibilidad de que exista una situación de esta naturaleza hay que separar del cargo al funcionario. Si nosotros hiciéramos eso acá, estaríamos violando disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico.

Esto ha llevado incluso a que en la última comparecencia en el Parlamento llegáramos a plantear que esto hay que dilucidarlo, de lo contrario siempre van a estar diciendo que no cumplimos con las normas internacionales pero si cumpliéramos con eso, el lío que armamos acá dentro sería incalculable. Imagínese –no hablemos de menores, hablemos de mayores– que hubiera que hacer lo mismo en las cárceles de mayores: los 10.000 señores que están privados de libertad dicen que los trató mal el operador penitenciario y hay que separar a todos los operadores penitenciarios ante la sola denuncia. Es un razonamiento por el absurdo.

EC - Por lo que dice, eso queda por resolver, todavía no está claro.

RV - Exactamente.

EC - No está claro qué corresponde hacer, dos bibliotecas.

RV - En principio, respetar el orden jurídico nacional.

EC - Ustedes se van a mantener en esa posición, salvo que alguien establezca otra norma.

RV - Es que si yo no hiciera eso el que termina preso soy yo, me encajarán abuso de funciones y termino en Piedra de los Indios en Colonia. [Se ríe.]

EC - Más allá de esa discrepancia, que por lo visto mantienen, con la INDDHH…

RV - Es que esta es la más importante.

EC - … ¿el relacionamiento se ha encauzado?

RV - Esta es la madre de todas las discrepancias, porque si hubiéramos hecho lo que recomienda la INDDHH, no habríamos tenido una polémica con ella. Ellos sanamente creen que eso es lo que hay que hacer, y yo estoy rodeado de abogados que me dicen "ni loco podés hacer eso, tenés que respetar lo que indica el decreto 500". Esto es la razón de que no hayamos movido antes la dirección del Centro Ser, teníamos que aguardar los pasos administrativos correspondientes. Entonces sí, es una situación sumamente incómoda para nosotros, o respetás una cosa o respetás la otra, y en el medio palo y palo y palo.

EC - ¿Siguen "a los palos"? ¿O el intercambio ha ido canalizándose de forma que pueda resultar productivo para todos, para el Uruguay, para empezar?

RV - La discrepancia era en los tiempos de ejecución. En todo momento señalamos que las obras iban a estar, y en la medida en que las obras estuvieran muchas de las cosas que planteaba la INDDHH iban a solucionarse. Porque muchas dificultades de funcionamiento tienen que ver con centros pensados para otra época y para una situación absolutamente distinta del país. En la medida en que ahora empiezan a aparecer las obras, empiezan a aparecer las soluciones que en todo momento dijimos que se iban a llevar adelante. Pero el diálogo es mucho mejor de lo que la gente se imagina.

***

EC - Los oyentes también participan. Por ejemplo, dice Alicia: "Yo firmé por la reforma para la baja de la edad de imputabilidad penal para esto mismo, para que en el gobierno se pusieran las pilas e hicieran esto que Villaverde está contando que están haciendo. Quizás ahora no sea necesario votarla".

¿Cómo relaciona la gestión que usted viene llevando a cabo con la campaña que está corriendo al mismo tiempo para la reforma constitucional que impulsa el Partido Colorado (PC) para bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, y que además incluye otras disposiciones, por ejemplo el énfasis en la rehabilitación de los menores infractores, la creación de un instituto especializado?

RV - Yo tengo un muy buen diálogo con todos los sectores políticos, con el líder del PC, Pedro Bordaberry inclusive. Hizo una visita hace un mes y poco a la Colonia Berro.

EC - Me llamó la atención esa visita, primero por el hecho de que ocurriera, y segundo porque por lo visto el tono fue muy cordial en el intercambio entre ustedes.

RV - Sí, nos tenemos mucho respeto y el trato es muy correcto. Mientras íbamos caminando para mostrarle lo que iba a ser la inminente apertura del Centro Granja –otra obra nueva que presentamos–, en determinado momento el candidato del PC me dice: "Indirectamente te ayudé, porque a vos te votaron más recursos para hacer obras". Yo no sé si se votaron más recursos porque existía una campaña. Creo que es bueno que la gente recuerde que mucho antes de largarse la campaña de firmas por iniciativa de un grupo de ciudadanos existía un acuerdo político de administrar el sistema de infractores en un órgano que estuviera como al costado del INAU, otorgándole una independencia, una autonomía progresiva.

EC - Sí, esto que hoy mencionamos como Sirpa es parte de una transición. Está prevista la conformación del Sirpa como un servicio descentralizado, lo que en teoría tiene que ocurrir antes del final de este período de gobierno.

RV - Falta poco. De hecho, INAU nos fue transfiriendo autonomía en forma creciente, estamos en medio de ese proceso. Nosotros no tenemos la facultad de decir "nos separamos y a partir de ahora somos un ente descentralizado", es una iniciativa que tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo y que el Parlamento tiene que votar.

Pero nunca trabajamos con el horizonte de si existía un plebiscito o no. Cuando se definió trabajar en esta modalidad ya había un acuerdo político, el Sirpa se crea con el voto unánime del Parlamento, se dota de recursos por voto unánime. Por lo tanto esto no estuvo vinculado a que existiera una campaña de firmas. Las obras aparecen ahora no en respuesta a la iniciativa de un conjunto de ciudadanos de llevar adelante un plebiscito, sino como respuesta a una situación que en el 2010 se discutió en el sistema político y a partir del 2011 se ejecuta votando la creación del Sirpa. Pero es medio largo de explicar todo esto y muchos pueden pensar: "Ah, ahora están haciendo obras o porque los criticó una ONG o porque los criticó no sé qué institución o porque hay un plebiscito".

EC - Dejando de lado las obras para pasar al factor humano, las denuncias sobre malos tratos exhiben una realidad: dentro del personal del INAU hay gente que por lo visto no está a tono con lo que la institución tiene que ser en materia de rehabilitación. ¿Qué se ha estado haciendo en esa materia?

RV - Hemos implementado unos cuantos cursos de formación, en particular para equipos de dirección. A mí me tocó ir a Bélgica ante una iniciativa de alguien conocido en el Uruguay, el gerente general de la empresa Katoen Natie, una empresa belga. Él quedó con la inquietud de colaborar con nuestro país, nos vinculó con el sistema penal juvenil belga y terminamos firmando unos acuerdos de cooperación más que interesantes con la región de Flander. Mandamos ya a un grupo importante de directores a formarse en las mejores prácticas que se están llevando adelante.

Junto con el Ministerio del Interior hemos recibido capacitaciones de los españoles, hemos hecho intercambio con los chilenos, hemos recibido gente de Estados Unidos, de Israel. Ha habido muchas jornadas de intercambio que han venido ayudando en este proceso de mejora constante que estamos llevando adelante. Con el Instituto Nacional de Rehabilitación tenemos prácticamente cerrado un acuerdo de un curso de 960 horas en total que va a arrancar muy probablemente el mes que viene y se va a desarrollar durante todo el próximo año. Por lo tanto, vendrán las autoridades que vendrán, el curso ya está largado. Lo que se busca es homogeneizar las mejores prácticas entre los operadores penitenciarios. Es algo que ya se venía haciendo con mayores, en particular se ha visto mucho en Punta de Rieles. Nosotros nos sumamos a ese proceso. El curso va a atender las características generales de esta tarea y las particulares del trabajo con adolescentes.

Se trabaja mucho, pero soy el capataz de una obra con 1.500 obreros y cada vez que uno hace algo que no corresponde al capataz le preguntan: "¿Qué es lo que pasa con los 1.500 obreros?". Tuve problema con uno, con dos o con cinco, porcentualmente los problemas que hemos tenido no llegan a afectar al 1% del total de funcionarios.

***

(espacio fuera de aire)

ROMINA ANDRIOLI:
Graciela, una oyente, plantea en un mensaje de texto: "Las normas reglamentarias referidas por el entrevistado prevén claramente la separación del cargo del funcionario cuando su permanencia en el mismo hace peligrar la investigación y la búsqueda de la verdad".

¿Qué responde a este comentario?

RV - En el caso más sonado que hemos tenido que administrar, al que refería anteriormente, de mediados de setiembre del año pasado, una vez que presentamos la denuncia penal correspondiente de inmediato licenciamos al funcionario, porque teníamos muchas dudas de qué era lo que había pasado allí, y en el avance de la investigación administrativa terminamos separándolo del cargo. Por lo tanto en el caso que más tiempo ha estado presente en términos de opinión pública, que nos ha traído más dolores de cabeza, desde setiembre del año pasado la persona no trabaja más para la institución, está siendo objeto de un sumario y mientras este se realiza está separada del cargo. Por lo tanto, en respuesta a la oyente, sí cumplimos con eso.

La discrepancia a la que hacía referencia en cómo se tratan estos temas con la INDDHH se refiere a otros casos que hemos tenido que administrar. Por un lado está esta visión de que hay recomendaciones internacionales que dicen que todos deben ser separados del cargo en la medida en que hay una denuncia y por otro está la consideración de los servicios jurídicos nuestros de que se debe respetar también el derecho de los funcionarios a tener una defensa justa.

RA - ¿Cómo hacen entonces para mantener ese equilibrio entre una y otra cosa en cada caso?

RV - Se llevan adelante las investigaciones correspondientes. Cuando hay una denuncia con cierta fuerza movemos al muchacho de un centro a otro o llevamos adelante la investigación y movemos al funcionario a otro centro. Buscamos que no se mantengan uno y otro juntos. Pero no necesariamente desplazando del cargo y reteniéndole los haberes al individuo en la medida en que no exista una prueba concreta que lo incrimine. Cuando tenemos indicios muy fuertes, ahí sí de inmediato hay un sumario con separación de cargo. Todo depende del grado de la falta y de la cantidad de pruebas que tú tengas para poder llevar eso adelante.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

***

Contenidos relacionados - Abogada Sandra Giménez: En el Hogar Ser los menores "están cumpliendo una pena, no es un centro de torturas"

Jorge Gago (Sirpa): "Se reciben muchísimas denuncias y muchas veces carecen absolutamente de fundamento"