(Emitido a las 9.09)

EMILIANO COTELO:
La desaparición de María Claudia García de Gelman es uno de los dos casos emblemáticos que el gobierno de Tabaré Vázquez pretende aclarar este año como parte de su impulso a las investigaciones pendientes de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura.

En torno a este caso –el "caso Gelman", como se lo ha denominado para simplificar– ha venido produciéndose en estas últimas horas una cantidad de novedades.

Por un lado el viernes el diario El País informó que los restos de María Claudia aún estarían enterrados en un predio cercano al Regimiento 14, de Toledo. La versión fue aportada por un militar retirado que se dispone a aportar esos y otros elementos en la indagatoria interna que el ejército viene realizando.

Además por este caso –hoy se supo– ayer el juez encargado de la causa, doctor Gustavo Mirabal, interrogó al doctor Jorge Batlle durante dos horas. Y se confirma que el abogado de Juan Gelman, el doctor José Luis González, pretende que sea removido de este expediente el fiscal Enrique Möller, que es quien hoy por hoy figura como el responsable.

A propósito de todos estos nuevos datos, a propósito del escenario que se ha configurado en torno al caso Gelman, casualmente en un día que por otro lado es clave en materia de investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos porque hoy vence el plazo que el comandante del Ejército les ha dado a los oficiales retirados para que aporten información en la indagatoria interna, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor González.

***

Doctor González, antes que nada, ¿cómo tomó la familia Gelman el hecho de que el gobierno de Tabaré Vázquez haya colocado a este caso como emblemático en esta etapa en la que se intenta completar las investigaciones pendientes sobre desaparecidos?

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ:
En primer lugar con tranquilidad y en segundo lugar con mucha expectativa de que se lleve adelante la investigación, que se retome en realidad la investigación.

EC - ¿Ustedes aguardaban una decisión como ésta que el doctor Vázquez adoptó, que este caso ocupara el papel protagónico que está ocupando?

JLG - No, no aguardábamos que tuviera un papel protagónico. Lo que aguardábamos y lo que procuramos siempre era darle impulso a una investigación judicial. Que esa investigación fuera fruto de la propia administración de justicia o que viniera impulsada por el Poder Ejecutivo o por un Poder Ejecutivo nos era indiferente, lo que nos interesa es que se realice una investigación a los efectos de determinar el paradero y eventualmente los responsables. Sobre todo porque en este caso en particular siempre se puso de manifiesto que se trataba de un hecho fuera de todo contexto represivo y de toda implicancia política.

EC - Vamos a recordarles a los oyentes de qué estamos hablando, cómo ocurrieron las cosas según lo que se sabe hasta ahora. María Claudia García Iruretagoyena era esposa de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman. Los dos eran ciudadanos argentinos y fueron secuestrados en Buenos Aires en agosto de 1976. Marcelo apareció muerto pocas semanas después, en cambio María Claudia fue trasladada en forma clandestina a Montevideo; tenía entonces 19 años y estaba embarazada de siete meses. Después de dar a luz fue asesinada por sus captores y sus restos nunca se encontraron.

La hija de María Claudia y Marcelo Gelman fue entregada entonces a la familia de un policía uruguayo que la crió como propia. Esta joven que hoy tiene 28 años sólo vino a conocer su verdadera identidad hace cinco años, cuando su abuelo biológico la encontró después de una investigación muy prolongada.

El caso en la justicia penal está a cargo del juez Gustavo Mirabal. ¿Cómo venía hasta ahora, hasta el viernes pasado este trámite?

JLG - Venía disponiendo medidas judiciales, como por ejemplo el cierre de fronteras para los militares que van a ser citados. Es una medida cautelar.

EC - Una medida que solicitó usted.

JLG - No, es una medida que adoptó el juez, pero es una medida bastante común, una medida cautelar para evitar que se frustre el diligenciamiento de la prueba. Suponga que citen a los militares a declarar y le informen que ya se fueron del país, como ocurrió por ejemplo con Cordero y como puede ocurrir con cualquiera. Por eso se determinó el cierre de fronteras.

La otra medida que dispuso el juez fue solicitar información actualizada de los trabajos que se están realizando en el Batallón 13 por el equipo de Antropología, cosa que le está llegando ya al despacho.

En tercer lugar el juez dispuso una inspección ocular en el propio establecimiento del Batallón Nº 13, que realizó el viernes pasado y adonde lo acompañamos con el doctor Möller, el fiscal. Allí recibimos explicaciones sobre la forma como se está trabajando y se vieron los lugares donde se están realizando los trabajos.

Y este fin de semana comenzó con las citaciones, en este caso al doctor Jorge Batlle y en el correr de los días seguramente a los periodistas que informaron sobre los nuevos hechos que fueron motivo de la solicitud de reapertura.

Ahora posiblemente el expediente se paralice hasta tanto haya una resolución sobre si el fiscal, el doctor Möller, se va a mantener en el cargo –a raíz de un escrito de remoción que se va a presentar–, y de lo contrario se podrá designar otro fiscal.

EC - Se supone que van a completarse las citaciones a civiles y después se paralizará el caso.

JLG - Sí, es así. De lo contrario es posible que se paralice el caso hasta tanto no se resuelva qué fiscal va a continuar en la instancia y luego inmediatamente se comenzará con las citaciones.

EC - Se refiere a las citaciones a militares.

JLG - A militares y a civiles, porque lo que está pendiente es la citación a los periodistas o algunos de los periodistas –el juez lo va a decidir– que aportaron los datos nuevos que fueron motivo de la solicitud de reapertura de la causa. Son testigos; de la misma manera que los militares que van a ser citados.

EC - Usted dice que no está claro si se va a poder completar estas citaciones a civiles o si antes se va a resolver la impugnación que usted hace a la continuidad del doctor Möller como fiscal del caso.

JLG - Correcto. Me da la impresión de que lo que va a ocurrir es que se va a paralizar el caso, de que no va a haber más citaciones hasta tanto no se resuelva esta instancia.

EC - Que usted presentó a través de un escrito, ¿cuándo?, ¿el viernes?

JLG - No, en el día de hoy.

EC - ¿Por qué usted está impugnando al doctor Möller?

JLG - Básicamente por dos hechos. Porque a nuestro juicio el doctor Möller ha actuado fuera de lo que vendría a ser su ámbito específico de competencia funcional. Esto en dos sentidos. En primer lugar porque cuando se llevaron adelante las primeras indagaciones en el presumario, en la investigación, después de que declararon una serie de testigos el juez remitió el expediente –como lo hacen normalmente los jueces– a la fiscalía para que el fiscal considerara si entendía suficientemente instruida la causa hasta ese momento o si quería agregar algún nuevo tipo de prueba.

EC - ¿De qué año estamos hablando?

JLG - Estamos hablando de principios y durante 2003.

EC - O sea, estamos hablando del gobierno del doctor Jorge Batlle.

JLG - Correctísimo, es así, en la primera parte de la instrucción. Pero el fiscal Möller, lejos de pronunciarse sobre lo que el juez le estaba pidiendo, efectuó una interpretación de la Ley de Caducidad y consideró que el caso estaba incluido de la ley y por lo tanto pidió el archivo. Lo pidió él. Orgánicamente, funcionalmente quien tiene la atribución de solicitar el archivo y considerar si un caso está o no incluido dentro de la Ley de Caducidad es el Poder Ejecutivo, no un fiscal. Primer punto.

EC - Sí, el artículo tercero de la ley de caducidad dice: "A los efectos previstos en los artículos anteriores, el juez interviniente en las denuncias correspondientes requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente ley".

JLG - Precisamente, como usted bien dice es el Poder Ejecutivo el que tiene la función, la potestad, la atribución de hacerlo, no un fiscal. Tan es así que el juez de la causa no hizo lugar al pedido de archivo del fiscal en aquella oportunidad y lo remitió como corresponde al Poder Ejecutivo, que luego se expresó conforme a derecho y la opinión que entendía del caso.

EC - En aquella oportunidad, presidente el doctor Jorge Batlle, entendió que el caso estaba abarcado por la ley.

JLG - Correctísimo; fue así que el juez no tuvo más remedio que archivar las actuaciones. Esto fue en diciembre de 2003.

Con posterioridad al 1 de marzo de este año, cuando se solicita la reapertura de la causa –acá viene el otro hecho cuestionable respecto de la función–, el doctor Möller se expidió públicamente –concretamente a través del diario El Observador, con fecha 16 de junio– en cuanto a que iría a mantener el mismo criterio de archivo, con independencia de que el Poder Ejecutivo actual tenía otra postura y entendía que el caso ya no estaba comprendido dentro de la Ley de Caducidad.

Ese tipo de interpretaciones y afirmaciones, incluso ahora públicas, obedece a una suerte de prejuzgamiento. Digo "suerte de prejuzgamiento" y no "prejuzgamiento" porque en realidad los fiscales no prejuzgan, en todo caso el que puede prejuzgar es un juez, no un fiscal, pero para que se entienda. Uno podría leer: si estamos investigando un caso y un fiscal anuncia públicamente que lo va a archivar, ¿para qué lo estamos investigando?

Por otro lado hay una lógica o, al contrario, algo ilógico en que funcionarios del mismo Poder Ejecutivo, uno político como es el presidente, y otro técnico-jurídico como es el fiscal, estén dando versiones encontradas sobre un mismo caso.

EC - Por esas razones usted entiende que el fiscal Möller debe ser removido de este expediente. ¿Cómo se resuelve esto?

JLG - Esto se resuelve a través de la presentación en la Fiscalía de Corte; el fiscal de Corte, siendo su jerarca inmediato, seguramente le va a dar traslado a los efectos de que el doctor Möller responda como entienda, conforme a derecho, y luego el procurador, el Estado, decidirá si mantiene al fiscal en el cargo o no.

EC - Este episodio empieza a recorrerse en el día de hoy y no se sabe cuánto tiempo lleva.

JLG - No; pero muy poco, quizás hoy mismo o a más tardar mañana el expediente le llegue al doctor Möller para que se expida, y quizás esta misma semana haya una resolución.

EC - Hablando de impugnaciones, el Círculo Militar y el Centro Militar van a recurrir la interpretación que este Poder Ejecutivo dio a la Ley de Caducidad, por la cual se resolvió dejar fuera de su alcance el caso de María Claudia García. Usted ha dicho que esa impugnación no es pertinente; ¿por qué?

JLG - Porque es un acto de gobierno, la resolución del Poder Ejecutivo es una voluntad política expresada a través de un pronunciamiento y a nuestro juicio no es susceptible de un recurso de apelación.

Por otro lado este argumento fue el que nos dio a nosotros el Poder Ejecutivo del doctor Batlle cuando en su oportunidad presentamos un recurso de apelación contra la disposición que incluía el caso de María Claudia dentro de la Ley de Caducidad. El Poder Ejecutivo del doctor Batlle nos dijo que se trataba de un acto de gobierno y por lo tanto no era susceptible de ningún tipo de recurso. Este Poder Ejecutivo debería mantener la coherencia en ese sentido, por eso entiendo que no es factible la presentación de ese recurso.

EC - Yendo al fondo del recurso que impulsan el Círculo y el Centro Militar otra pregunta que cabe es: ¿un Poder Ejecutivo puede modificar el pronunciamiento de un Poder Ejecutivo anterior sobre si un caso está comprendido o no en la Ley de Caducidad?

JLG - En mi opinión sí, si partimos de la naturaleza del acto, de que es un acto de gobierno, entonces es posible que un acto posterior derogue un acto anterior. De la misma manera que también es posible que dentro de tres o cuatro meses el mismo Poder Ejecutivo cambie de opinión sobre esto como sobre cualquier otro punto sobre el que se haya pronunciado, con lo que de hecho estaría –técnicamente la palabra no es derogación, pero para que sea mejor entendido– derogando y dejando sin efecto un acto anterior. Yo creo que es absolutamente posible.

EC - El propio Poder Ejecutivo puede modificar una decisión como ésta, en cambio ésta no puede ser recurrida por ciudadanos, por integrantes del Círculo Militar o del Centro Militar.

JLG - Es así. Puede modificarla porque se trata de un acto de gobierno, pero no puede ser recurrida porque los actos de gobierno no son susceptibles de recursos.

EC - ¿De todos modos esto también va a entorpecer o dilatar la marcha del proceso?

JLG - No creo que entorpezca ni dilate en absoluto la marcha del proceso porque una cosa es el trámite que se realiza a nivel administrativo con la Presidencia de la República y otra cosa es el trámite a nivel judicial que se está realizando en un juzgado. La investigación va a seguir adelante.

***

EC - El doctor González subrayaba recién algo que quizás hasta ahora no habíamos destacado suficientemente: el caso de María Claudia García de Gelman está hoy tramitándose en dos ámbitos, por un lado el de la justicia penal, en la medida que el Poder Ejecutivo habilitó al juez Gustavo Mirabal a continuar las actuaciones que en su momento se habían suspendido, pero por otro lado también está siendo investigado en el ámbito administrativo por el propio Poder Ejecutivo y con colaboración del Ejército, lo que ha sido una de las novedades de estos últimos meses.

Si nos remitimos a este último ángulo, ¿cuál fue su reacción el viernes al conocer los trascendidos que publicó el diario El País? Según esa fuente, un militar retirado, el caso de María Claudia habría sido una acción autónoma de funcionarios policiales. El motivo: esta gente se habría enterado de que María Claudia iba a ser asesinada en su cautiverio en Buenos Aires y por ello decidió traerla a Uruguay sólo para quedarse con el bebé. Agregó esa fuente que los restos de María Claudia habrían sido enterrados en un predio próximo al Batallón 14, de Toledo, y que los restos seguirían allí todavía, ya que no habrían sido removidos a fines de la dictadura durante la llamada "operación zanahoria" porque el Ejército no tenía el caso registrado. ¿Cómo lo vio?

JLG - En primer lugar como confirmatorio de algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. En la propia presentación de la denuncia en el año 2002 ya se hacía referencia a que los hechos fueron así, como ahora se está confirmando. María Claudia fue traída desde Buenos Aires no por una cuestión ideológica ni por una represión política sino para esperar que tuviera familia y entregarle su hijo –su hija en definitiva– a la familia de un policía en Uruguay. Fue ese hecho lo que siempre se marcó que excluía el caso de la ley de caducidad porque no tenía nada que ver con la represión.

EC - Claro, pero desde el Ejército nunca se había reconocido este aspecto.

JLG - Por eso digo que uno lo toma con tranquilidad y como una confirmación de lo que se había hecho. Es buena cosa que actualmente se haya dicho eso, por más que oficialmente es un trascendido.

EC - Estamos hablando de un trascendido, no es información oficial del Ejército. Y los otros detalles que acabo de resumir, ¿todos eran conocidos?

JLG - Sí, eran conocidos. La posibilidad de que estuviera en el Batallón 14 también se manejó desde el momento de la investigación, a partir del año 2000 en adelante. Lo que ocurre es que como existían más elementos que apuntaban a que estuviera en el Batallón 13 se orientó, se estimuló la investigación para que se realizara por ese lado, pero nunca se descartó lo del 14. Hoy por hoy de todas maneras se sigue con la misma incertidumbre, porque por más que ahora comiencen a aparecer versiones de que efectivamente pudiera estar en el 14, nosotros no descartamos que pueda estar en el 13, se sigue adelante con la investigación; a partir de los trabajos de remoción que se realicen en el 13 se confirmará o se descartará, y si se descarta se orientará hacia el 14.

EC - Esta versión dice que los restos todavía están en el 14, que no fueron parte de la operación zanahoria.

JLG - Eso también es coherente con informaciones que hemos recibido de que la mayoría del Ejército no estaba enterada de esta situación y por lo tanto los restos quedaron allí.

EC - ¿Ustedes tenían efectivamente la expectativa de recuperar esos restos?

JLG - Sí, efectivamente, sin duda alguna.

EC - Porque según la versión de la operación zanahoria los restos de desaparecidos que fueron removidos en aquel momento, a finales de la dictadura, fueron cremados y luego lanzados al mar. ¿Ustedes tenían la expectativa de que en el caso de los restos de María Claudia no se hubiera pasado por ese procedimiento?

JLG - Correcto, teníamos esa expectativa, sin duda.

EC - Según versiones periodísticas publicadas la semana pasada existe una exhortación de los mandos del Ejército a los militares retirados que posean información sobre este caso. La exhortación es a que aporten esos datos en la comisión que el Ejército ha creado para investigar sobre desaparecidos. ¿Por qué? Porque si se logra localizar los restos de la nuera de Gelman, el caso que se investiga en la justicia penal dejará de ser una desaparición forzada para convertirse en un homicidio y por lo tanto sería mucho más probable que se lo pudiera declarar prescrito.

JLG - No tengo el honor de compartir esa interpretación, porque si bien es cierto que de encontrar los restos la carátula pasaría eventualmente a la de homicidio, si bien la prescripción de este delito está establecida en 20 años en caso del homicidio, tenemos en el Código Penal otra disposición que establece un plazo mayor en un tercio para la hipótesis de que exista un tipo de homicidio con determinadas características. Entonces al incrementar un tercio los veinte años pasaríamos a 26 años y seis meses, lo cual daría tiempo para el juzgamiento hasta setiembre de 2011.

EC - O sea que si por la vía de la investigación interna del Ejército y por parte de información como esta que tiene y dice que va a aportar este militar retirado que habló con el diario El País se termina localizando los restos de María Claudia, una parte de los objetivos que ustedes se han fijado se cumpliría pero igual entienden que podría seguir adelante la investigación en la justicia penal y por lo tanto la eventual condena de los culpables.

JLG - Tal cual, es como usted dice. Efectivamente, porque la ubicación de los restos es una meta, y si se determina que los restos aparecieron se debe seguir adelante con la investigación como se sigue cualquier investigación judicial. Entonces si alguien cometiera una rapiña y se llegaran a recuperar los objetos de la rapiña se daría por concluida la investigación, y no es así. Es posible que se recuperen los objetos robados y se entreguen a la víctima, pero luego se procesa la persona que rapiñó. Acá es igual, es posible que se encuentren los restos, pero luego, si de la investigación surgen elementos de prueba de quiénes fueron los que cometieron el delito, van a terminar siendo procesados independientemente de que brinden o no información.

EC - ¿Cómo observa en general la investigación que viene llevando adelante el Ejército?

JLG - Positivamente. Juzgo positivamente a todas las personas que de alguna forma están contribuyendo personal o institucionalmente para aclarar este tipo de hechos, además así debe ser. A veces da la impresión de que quien está reclamando justicia por este lado está cuestionando la actividad del Ejército o algo por el estilo, y no es así. Al contrario, el Ejército es una institución que merece honra y honores porque en definitiva actúa en defensa de todos nosotros. Se está pidiendo que colabore para expulsar de sus filas a aquellos que no son dignos de pertenecer al Ejército, como quienes cometen delitos de esta naturaleza.

EC - Si está de por medio la posibilidad de que vayan presos, como usted acaba de ratificar, ¿por qué habrían de colaborar quienes participaron en estos hechos o han estado cerca en la investigación interna del ejército?

JLG - Para que sea un atenuante al momento de fijar la sentencia.

EC - Ah, puede efectivamente haber algún beneficio por el hecho de haber testimoniado en la comisión interna del ejército.

JLG - No solamente por haber testimoniado en la comisión interna del Ejército, sino por aportar datos que ayuden al esclarecimiento del tema en la órbita judicial. Ellos teóricamente van a aportar datos en la comisión del Ejército, que seguramente se los dará a la Presidencia de la República, que seguramente los aportará al juzgado. El juzgado de todas formas citará a esos militares y tendrá en cuenta su aporte, lo va a tener en cuenta si llega a considerar que son efectivamente responsables de algún delito y dicta sentencia, va a aminorar la pena. Porque es un atenuante. Colaborar con la justicia se considera una circunstancia de atenuación.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe