(emitido a las 9.00 hs.)

EMILIANO COTELO:
El proyecto de Aratirí ha despertado preocupaciones por el impacto ambiental de la minería de gran porte. Pero también dejó al descubierto otros frentes de debate. Por ejemplo, la tensión que existe entre las competencias del Gobierno nacional y las competencias de los Gobiernos departamentales.

Este lunes, la Junta Departamental de San José aprobó una medida cautelar que suspende las autorizaciones para actividad minera metalífera en el departamento. La resolución, que se adoptó a partir de una iniciativa del propio intendente maragato, José Luis Falero, fue apoyada por los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado y no tuvo votos de la bancada frenteamplista.

Con este paso, San José se suma a Tacuarembó y Lavalleja, cuyas juntas departamentales ya rechazaron en su momento esta actividad de diversas formas.

¿Por qué ahora San José decide ir por este camino? ¿Qué diferencias tiene su caso con el de los otros tres departamentos? ¿Qué potestades tiene el Gobierno local para ir contra decisiones del Gobierno nacional?

Vamos a conversarlo con el intendente de San José, José Luis Falero.

El decreto aprobado por la Junta Departamental de San José dice textualmente en la parte medular:

"… quedan suspendidas, con carácter de medida cautelar, las autorizaciones de usos, vinculados o conexos a la actividad minera metalífera, así como a la concesión de los derechos de prospección, exploración y explotación de los yacimientos clases II y III de acuerdo a la clasificación realizada por el Código de Minería en los suelos categoría rural productivo y rural natural en todo el departamento relacionadas con las actividades extractivas metalíferas que no cuenten a la fecha de este decreto con la autorización firme del Gobierno departamental".

¿Por qué la Intendencia puso este tema arriba de la mesa?

JOSÉ LUIS FALERO:
Para una respuesta más precisa sobre el tema debo trasmitir lo que ha sido el proceso de planificación del territorio de nuestro departamento que hemos realizado en nuestra administración como consecuencia de las facultades que nos otorga la ley de Ordenamiento Territorial, que nos confiere la responsabilidad de ejercer las potestades de policía territorial, siendo de nuestro cargo la autorización del ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en general en toda modificación predial mediante el otorgamiento de los permisos y autorizaciones correspondientes.

Desde el comienzo de nuestra administración hemos trabajado en ese sentido, nombramos un equipo técnico para planificar el territorio departamental en su totalidad. Como dice bien la resolución, más allá del ordenamiento territorial en las zonas urbanas, suburbanas, tenemos también la categorización de suelo rural productivo de acuerdo con las directrices departamentales, aprobadas en enero del pasado año, en las que especificamos claramente la importancia de los suelos productivos para nuestro departamento. Importancia convalidada no solamente por la propia directriz, sino por la realidad de la que ha sido la matriz productiva tradicional en San José, que hoy nos permite tener arraigada en el medio rural a más de un 15% de nuestra población.

EC - En ese contexto, ¿qué estaba pasando con la posibilidad de que se destinaran tierras de este tipo, de categoría rural, a proyectos vinculados con minería metalífera?

JLF - Lo mismo que sucedió cuando surgió la posibilidad de una producción forestal agresiva en nuestras tierras, en esa oportunidad tomamos una medida similar a esta.

EC - Es bueno incorporar ese antecedente, porque entonces esta decisión que estamos comentando se basa en la misma filosofía.

JLF - Exactamente. Entendemos que el territorio del departamento de San José tiene un fuerte arraigo productivo tradicional, agropecuario, lechero, lo que nos lleva a pensar que cualquier tipo de producción diferente que se quiera instalar en el departamento debe ser analizada y estudiada en forma específica. No es decir "no", tomamos medidas de suspensión para tener la posibilidad, dentro de las facultades que nos confiere la ley, de analizar el impacto, negativo o positivo, antes de la decisión específica que pueda tomar el Gobierno nacional sin tener presente claramente y en forma precisa la realidad del departamento. Nosotros tenemos forma de analizar, comparar y ver los pros y contras que puede tener cualquier instalación de este tipo.

EC - ¿Cuál es la situación en San José hoy con respecto a la prospección minera?

JLF - Casi la mitad del territorio está siendo denunciada como con posibilidad de instalación minera. No quiere decir que se vayan a dar esas situaciones en forma inmediata.

EC - ¿Casi la mitad del territorio?

JLF - Sí, y sobre todo en la cuenca lechera. La zona de cuenca lechera está denunciada como con posibilidades de minería. Eso nos ha llevado a preocuparnos. El país en su momento tendrá que analizar si es necesaria y conveniente una explotación de ese tipo, habrá que analizarlo en profundidad en todos sus aspectos, desde lo local y no solo desde los lineamientos nacionales. Esa fue nuestra premisa y por eso empezamos a trabajar.

EC - ¿Qué trabajo desarrollaron para llegar a este documento que ahora se aprueba?

JLF - Justamente, se ha trabajado desde el comienzo, desde las directrices, se han categorizado suelos con distintas características, suelos que tienen que ver con lo productivo, suelos con áreas protegidas, que también tenemos que defender. Tenemos un territorio bastante diverso y lamentablemente hay antecedentes de autorizaciones otorgadas por Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) sin analizar en profundidad lo que se está produciendo en el momento de conceder algunos permisos.
    
No se trata de ir contra la realidad que puede tener el país en el futuro, contra lo cual no podemos ir, pero sí de tener la posibilidad de participar activamente en la decisión y autorización en caso de que se plantee en forma definitiva alguna explotación puntual.

EC - La Intendencia no trabajó sola en la redacción del texto. Hubo una comisión interdisciplinaria que abarcó a distintas organizaciones.

JLF - Sí, trabajamos con las gremiales de productores, con técnicos que estuvieron trabajando en su momento en la ley de Ordenamiento Territorial, que fueron los mismos que trabajaron en las directrices departamentales, venimos trabajando desde el comienzo. Es un paso más en la planificación territorial de nuestro departamento en toda su extensión.

EC - En esa comisión también participó el periodista Víctor Bacchetta, coordinador del Movimiento Uruguay Libre, que impulsa una recolección de firmas proplebiscito para prohibir este tipo de prácticas extractivas en el territorio nacional. ¿La presencia de Bacchetta en el grupo no está indicando que lo que hay es un rechazo a la minería metalífera?

JLF - No. Tuvimos una reunión en la que él estuvo presente aportando su visión al respecto, pero este proyecto fue elaborado por nuestros propios técnicos en el marco de la planificación de nuestro territorio. Obviamente, ese aporte nos hizo pensar y elaborar esta propuesta que, repito, no es un rechazo, es simplemente decir que en caso de aparecer en San José una propuesta concreta de inversión en explotación de minería metalífera vamos a querer participar y analizar en qué situación se va a llevar adelante el emprendimiento, qué afectación tendrá, qué rentabilidad tiene en ese momento ese suelo, cómo va a quedar después del trabajo que se realice allí, qué impacto puede generar en el entorno. Hay una serie de situaciones que nos llevan a pensar que tenemos la obligación y la responsabilidad de tener una injerencia. Y la única forma de tener una injerencia o una posibilidad de aprobar o no un proyecto es tomar, dentro de las facultades que nos da la ley de Ordenamiento, iniciativas como esta, medidas cautelares que nos permitan en primera instancia la suspensión para el análisis y el estudio del Gobierno departamental y su equipo técnico.

EC - ¿Qué diferencias tiene una medida como la que se votó esta semana en San José con las que adoptaron en su momento Lavalleja y Tacuarembó?

JLF - La fundamentación de nuestra resolución está enmarcada en las facultades que nos da la ley de Ordenamiento, sin querer ejercer una presión desmedida ni tampoco imponer un rechazo total al tema. Estamos dispuestos a analizarlo, no hay peor cosa para un gobernante que decir que no y nada más. Acá estamos diciendo que si existe la posibilidad de que la minería sea una alternativa productiva mejor en nuestro departamento, analicémosla, veamos los impactos, analicemos su competencia con la matriz productiva tradicional, analicemos también la duración de la explotación y en qué condiciones queda el suelo luego de ella. Tenemos que profundizar en el momento en que aparezca esa instancia.

EC - En esos otros departamentos había referencias a la "megaminería a cielo abierto"; ustedes utilizan otro término, "actividades extractivas metalíferas". No es exactamente lo mismo, ¿o sí?

JLF - Nosotros entendemos que sí, quizás la redacción no sea la misma. También tengo entendido que en los demás departamentos hubo una decisión más drástica en el sentido de decir "acá no se permite". No he leído en profundidad las resoluciones de los demás departamentos, acá decimos que no vamos a aprobar nada sin un estudio previo. Puede existir algún punto del territorio del departamento que no sea el más adecuado para la producción tradicional, que tenemos que defender, porque ha quedado más que claro que en los momentos más duros, más críticos, el motor de la economía ha sido siempre el sector productivo, fue el que empujó la salida de la crisis. Por tanto en caso de pasar de un tipo de producción a otra tenemos que conocer con certeza el contexto en general.
    
EC - De ahora en adelante los trámites vinculados a este tipo de campos requeridos para prospección de actividades mineras metalíferas deben pasar por la Intendencia, que evaluará si otorga o no los permisos. ¿La Intendencia como tal tiene un departamento capaz de resolver técnicamente si determinada actividad es o no apta, puede o no tener consecuencias para el ambiente?

JLF - Sí, tenemos, y si tenemos que contratar, contrataremos, es una obligación y una responsabilidad. Ya lo hemos hecho para la forestación.

EC - Se lo pregunto porque parte de la discusión en los últimos años ha estado centrada en si la propia Dinama (Dirección nacional de Medio Ambiente) tiene el tamaño, los medios, el personal necesario para hacer frente a las demandas productivas que se están presentando.

JLF - No tenga duda de que si San José no tiene un equipo técnico en el Gobierno departamental lo va a contratar, hemos contratado técnicos idóneos en algunas áreas específicas para trabajar en esto. Es nuestra responsabilidad, estamos arriesgando el futuro del departamento si no hacemos un análisis en profundidad. Y no es solamente el impacto inmediato, también tenemos que analizar el impacto posterior. En ese aspecto no es nada complejo trabajar cuando se trata de un lugar específico. No le puedo decir que vamos a analizar todo el territorio en general, lo que uno percibe en primera instancia es que existe la posibilidad de extracción en algunos lugares y otros no. Entonces hasta no tener identificado claramente dónde se piensa instalar un emprendimiento no puedo profundizar, tengo que detener la autorización para participar en ese análisis. Si tenemos que recurrir a Dinama lo haremos con todo gusto, creo que tenemos que hacer un trabajo compartido, la Intendencia no puede estar ajena de ninguna manera.

EC - ¿Cuántos trámites de hecho quedan congelados a partir de este decreto?

JLF - Hasta el momento ninguno, porque lo que hay son simplemente denuncias de exploración, no hay trámites concretos de una posible explotación. Pero si estamos planificando el territorio y hemos tomado decisiones en distintos rubros de la producción, no podemos dejar de lado, ante la situación que se está dando en algún punto del país, este tema.

EC - Parte de la discusión está centrada en si los Gobiernos departamentales tienen la competencia para ir por sobre una decisión política del Gobierno nacional de desarrollar en este caso la minería en el país. ¿Ustedes se sienten amparados legalmente para tomar esta resolución?

JLF - Sí, absolutamente; lo mismo que cuando hicimos lo de la forestación. En aquella oportunidad al principio algunas autoridades nacionales mostraron cierta duda, pero luego de asesorarse bien en lo que tiene que ver con las facultades de la ley 18308 entendieron que era incluso bueno. Yo tuve algún comentario de un integrante del Gobierno nacional que dijo que le pareció una medida muy acertada. Se redujo a que cada padrón pudiera forestar hasta un 8%, y en caso de que fuera algo más podíamos analizarlo. Hemos analizado propuestas de más de un 8% cuando un mismo propietario tiene cuatro o cinco padrones y entiende más conveniente forestar la totalidad de uno y en general las hectáreas de los demás padrones mantienen ese 8%, hemos enviado esas propuestas a la Junta Departamental y se han aprobado. No se trata de decir no a todo, sino que vamos a ordenarlo.

EC - ¿Y en cuanto a las competencias?

JLF - En el artículo 83 se nos da "el contralor de la actividad administrativa del ordenamiento territorial" como competencias de los Gobiernos departamentales. En el artículo 35, numeral 43: "Como competencia de la Intendencia, la actividad administrativa del ordenamiento territorial en todo el departamento debe elaborar las directrices, ejercer la potestad de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del ejercicio del derecho a construir y otorgar permisos y autorizaciones correspondientes de acuerdo a lo que dispongan las leyes y decretos de la Junta Departamental". Quiere decir que me tengo que remitir a las directrices ya aprobadas por la Junta Departamental.

Hemos dado los pasos, siguiendo la ley de Ordenamiento, para hoy poder tomar esta decisión. Primero las directrices, la categorización de suelos, el ordenamiento del territorio; luego, en la medida en que vamos avanzando, utilizando esa herramienta, la propia ley nos encomienda tomar decisiones al respecto, que son estas medidas de suspensión, cautelares, que están todas facultadas. Nuestro equipo de asesores jurídicos está absolutamente convencido de que tenemos no solamente la facultad sino la obligación de hacerlo.

EC - La producción de En Perspectiva ha hecho algunas consultas con el doctor Eduardo Lust, experto en derecho constitucional, que además trabajó con ustedes, y destacaba que a nivel constitucional las únicas competencias que no tienen los Gobiernos departamentales son las de policía, el resto son materias compartidas. Especificaba, por ejemplo, que el cuidado del medio ambiente es una materia compartida entre el Gobierno nacional y el departamental, por ser declarado de interés general en el artículo 47 de la Constitución de la República.

JLF - No soy idóneo en la materia, pero hemos trabajado tanto en las leyes que nos hemos interiorizado más y hemos podido apreciar que teníamos la necesidad de comenzar a trabajar dentro del marco de la ley y elaborar los instrumentos que nos estaban encomendados. Es lo que hemos hecho, hemos utilizado la propia ley, pero ahora ni por el tema de la minería, sino por el ordenamiento de las zonas urbanas, para que la gente no fraccione y construya donde quiera. Hay muchas cosas, una de las grandes metas y objetivos que nos trazamos en este Gobierno es el ordenamiento del territorio, y esto es parte de eso.

EC - ¿Han tenido diálogo con el Gobierno nacional a propósito de este paso que estaban dando?

JLF - Sabían que veníamos trabajando en este tema específico. Pero tenemos buenos antecedentes con ellos porque cuando tratamos el tema de la forestación lo analizamos en profundidad y tenemos pruebas que nos habilitan y nos permiten seguir trabajando en esa línea, porque cuando hemos tenido que modificar el decreto de forestación lo hemos hecho. Acá no existe una voluntad política expresa de decir que no a todo.

EC - Se lo pregunto porque eventualmente podría interpretarse que ustedes en San José están poniendo un palo en la rueda a un proyecto o a un tipo de desarrollo productivo en el que el Gobierno confía. Es notorio que está terminando de realizar los estudios, terminando de aprobar las autorizaciones correspondientes, y que hay una intención de avanzar por el lado de la megaminería, en particular con el proyecto de Aratirí, que es el que está más cerca.

JLF - Quizás hoy, en este momento, pueda verse desde ese punto de vista, pero quienes me conocen y conocen la acción del Gobierno departamental tienen la tranquilidad de que de ninguna manera vamos a negar la posibilidad de desarrollo de una zona o de un departamento cuando aparezca alguna iniciativa productiva de esa naturaleza. Realmente no creo que vaya en contra, sino a favor de analizar y defender lo mejor para nuestro territorio. En ese aspecto no me aparto, porque más allá de que puede ser un desarrollo interesante a nivel nacional, quizás sí en algunas zonas y en otras no. En esta zona tengo mis serias dudas de que una producción de este tipo sea lo más adecuado, incluso desde el punto de vista rentable y de la conveniencia para el Estado nacional y departamental. Al final me atrevo a decir que hay que estudiar en profundidad, porque la producción tradicional en esta zona y en algunas zonas puntuales del departamento ha sido durante muchísimos años la que ha defendido la economía del departamento.

EC - Este fin de semana se reúne allí en San José el Congreso de la Federación Rural, institución que está notoriamente en contra de un proyecto como el de Aratirí. ¿Cómo juega esta pieza en todo este contexto?

JLF - Creo que no juega ni a favor ni en contra de Aratirí, porque no es lo que analizamos.

EC - No, me pregunto en qué medida esta resolución, adoptada justo esta semana por la Junta Departamental de San José, en su fecha y en su contenido no está muy relacionada con el hecho de que se reúne el Congreso de la Federación Rural.

JLF - Creo que es un instrumento que debe ser analizado por los 19 departamentos, me parece un instrumento interesante. Quizás muchas veces la actividad de la gestión no nos permite analizar en profundidad esto, para mí es muy importante. Y puede ser un elemento a nivel nacional para otros departamentos ante alguna posibilidad específica que se plantee. Insisto, no es que la tengamos hoy en San José, hoy no es el tema de San José, no es que estemos a punto de analizar un proyecto productivo de esta magnitud, sino que es la prevención y la participación que queremos tener si se genera alguna oportunidad.

EC - Pero seguramente a la Federación Rural y a su congreso les resulta una muy buena noticia que donde ellos van a sesionar, San José, se haya votado esto.

JLF - No tengo dudas, es una forma también de trasmitir al resto del territorio del país que tenemos que trabajar en estos temas, no tenemos que esperar que las cosas vengan para luego analizarlas. Seguramente es una instancia que les resulta por demás interesante, me lo han trasmitido así. Es más, me han pedido que el sábado vaya con el equipo técnico a presentar los procesos de planificación en el territorio para que se conozcan en profundidad y quizás para tomar medidas similares en otros puntos del país. Va a ser utilizado, no me cabe ninguna duda al respecto.

***

EC - La información a propósito de lo que acaba de ocurrir en San José tiene también en su contexto las actividades que sigue desarrollando el Movimiento Uruguay Libre. Mañana viernes a las seis de la tarde está convocada la sexta Marcha en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, en la que ciudadanos de todo el país van a expresar su rechazo a distintos asuntos, como la instalación del complejo Aratirí, la regasificadora, la megaminería a cielo abierto, el mineroducto, el puerto de aguas profundas, en el marco de los megaproyectos impulsados por el Gobierno. La organización llama a concentrarse a las seis de la tarde en el Obelisco de Montevideo.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

***

Contenidos relacionados: Directrices Departamentales y la Categorización Primaria del Suelo del territorio del Departamento

Varias intendencias, como San José y Cerro Largo, aprueban medidas que prohíben parcialmente la forestación

Código de minería

Vecinos de Lavalleja: "Dinamige está dando permisos a diestra y siniestra" a multinacionales mineras

Víctor Bacchetta: La megaminería es "un despropósito" y no implica "una perspectiva de desarrollo estratégico" para el país

Edil Aldo Rous (Alianza Nacional, PN): La DINAMA "no tiene los fundamentos necesarios para controlar megaemprendimientos"

Dec-20/13 Prohibición de la explotación de minería metalífera de gran porte

Dec-21/13 Declaración del no uso, prohibición de la técnica o método del fracking en el departamento