Los hechos de corrupción comprobados pueden comprometer al resto de los directores del organismo, ya que la propia normativa  marca que son "solidariamente responsables por resoluciones votadas en oposición a la ley o por inconveniencia de la gestión".

Silva había negado cualquier vínculo con La Buena Estrella y dijo que las acusaciones de la oposición respondían a la intención de "pegarle" a los trabajadores.

La situación, que derivó en los 10 procesamientos dictados el viernes por la Justicia de Crimen Organizado en relación a los hechos de corrupción en ASSE, pusieron de relieve una omisión por parte del Gobierno y del Frente Amplio (FA) a nivel parlamentario: la ley 18161, que dispuso la "descentralización" del organismo y la inclusión de representantes sociales en su Directorio, aún no fue reglamentada, pese a que transcurrieron siete años desde su aprobación.

Por lo tanto Alfredo Silva, procesado por haber presionado y haber tenido una "injerencia indebida" en la contratación de la cooperativa La Buena Estrella y otras empresas para dar servicios de limpieza y vigilancia en varios hospitales públicos, fue designado por el Poder Ejecutivo a sugerencia de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), y removido el viernes por el PIT-CNT.

Brenta sobre el tema

Esta situación derivó en una suerte de "autocrítica" en filas del oficialismo, que si bien reinvidica la herramienta de representación de los trabajadores, considera que deben hacerse ajustes, para lo cual ya existen negociaciones.

El ex ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, se refirió en las últimas horas al tema. A través de su cuenta en Facebook, dijo compartir de la decisión de la gremial de desplazar rápidamente a Silva, pero dijo que "hay que ir más allá".

Brenta asegura que en esta Administración se discutió "muchas veces" la posibilidad de modificar la ley, y dice que en su caso siempre pensó que era necesario replicar en ASSE el modelo que se aplica en el Banco de Previsión Social (BPS).

"Creo que en el caso de ASSE, además de condenar con fuerza las situaciones de corrupción, de respaldar la actuación de la justicia y de apoyar firmemente al resto de los integrantes del Directorio de ASSE que carecen de cualquier vínculo con los hechos recientes, debemos reafirmar la participación de los trabajadores en la salud, pero en mi opinión, representando a TODOS los trabajadores y elegido por el voto de los mismos".

Brenta apuntó que "nadie cuestiona la participación de los empresarios en el INEFOP, ni en los Consejos Consultivos creados por el Gabinete Productivo aunque se hayan comprobado la existencia de acuerdos para fijar precios que son ilegales por parte de algunos de ellos,inclusive alguno que presidió una importante Cámara Empresarial. La herramienta es válida, debe ser correctamente utilizada en función del interés general y no de objetivos corporativos y mucho menos en beneficios personales. Bien por la justicia y el fiscal en particular". El ex ministro culmina pidiendo "cero tolerancia a la corrupción".

Heber y la Justicia

En su momento el FA respaldó lo actuado por Silva, rechazó la formación de dos comisiones investigadoras y respaldó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y al propio Silva en el marco de una interpelación impulsada por el senador nacionalista Luis Alberto Heber en octubre de 2011. El legislador fue el que derivó a la Justicia las denuncias por corrupción que culminaron en los recientes procesamientos.

En ese entonces y ante el Parlamento, el hoy procesado dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) negó tener cualquier tipo de vínculo con La Buena Estrella – que luego se comprobó fue conformada a partir de directivas del propio Silva – y dijo que los cuestionamientos y acusaciones que recibía respondían a la intención de la oposición – en particular del PN – de eliminar la herramienta de representación.

El Observador publica este domingo que en su declaración ante la Justicia, Silva justificó su conducta para "defender el trabajo" de sus compañeros.

Este lunes el PIT-CNT definirá su sustituto en el Directorio del ASSE, al tiempo que el organismo se reunirá en forma extraordinaria para analizar la situación. Es que los hechos de corrupción detectados podrían comprometer al resto de las autoridades.

La propia ley 18.161, en su artículo 8, establece que todos los directores "son personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la ley o por inconveniencia de la gestión". Agrega que "queda dispensando de esta responsabilidad el Director que hubiere hecho constar en acta su disentimiento y el fundamento que lo motivó. Cuando esto suceda, el presidente del Directorio estará obligado a dar cuenta del hecho, dentro de las 24 horas, al MSP".

Esto fue lo que sucedió con el entonces representante de la oposición, el nacionalista Alejandro Draper, que renunció en 2012.

Ministra citada

La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, y la presidenta de ASSE, Beatriz Silva, están citadas a declarar ante la Justicia por estos hechos.

La presunta responsabilidad, por acción u omisión, de las autoridades del MSP y del organismo es a lo que apuntan ahora blancos y colorados, que se aprestan a definir acciones parlamentarias.

El diputado nacionalista Javier García hizo referencia a la ley y dijo que este caso no se agota con Silva. "Ahora se dice que es un hecho aislado de Silva. No. Este es un hecho recontra avisado. Estaba en conocimiento todo el directorio de ASSE y Salud Pública. Hubo interpelaciones del senador Heber, pedido de comisión investigadora que el oficialismo no aceptó... hubo una cantidad de situaciones donde estaban todos avisados. No es un tema sólo de Silva, hay quienes hicieron y quienes dejaron hacer. Todos los directores de ASSE  que sabían de esto son responsables". 

Colorados y bancos se reunirán este lunes para definir la convocatoria de estas autoridades ante el Parlamento.