(Emitido a las 7.56)

EMILIANO COTELO:
Vamos a ocuparnos de un asunto que en los últimos días ha sido un gran centro de atención, de debate y de búsqueda de alternativas. Me refiero a cuál es el alcance de la reforma constitucional del agua sobre las concesiones hoy vigentes en servicios de saneamiento y agua potable.

Ayer en la Tertulia tomábamos para la discusión un correo electrónico que nos enviaba un oyente, Óscar, proponiendo como única alternativa razonable un nuevo plebiscito que se expidiera sobre si las concesiones vigentes deben caer o no a la luz de la reforma constitucional, en la medida en que por lo visto el texto admite dos interpretaciones y que los ciudadanos han votado sí a la reforma, pero alineándose en una u otra de las bibliotecas. Opinaba que el tema debería ser laudado nuevamente, sobre todo teniendo en cuenta que a nivel político también, por ejemplo dentro del propio Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), hay criterios distintos y desde el gobierno electo, al frente del cual está Tabaré Vázquez, se sostiene la idea de que las concesiones no caen, se está disconforme con el giro que ha resuelto el Poder Ejecutivo poniendo en marcha la reestatización de los servicios. Decía este oyente que la única salida es volver a consultar al pueblo y que se puede hacer simultáneamente con las elecciones municipales del mes de mayo.

El doctor Carlos Ramela, asesor del presidente de la República, también ha barajado esta idea en las últimas horas. Con él vamos a dialogar a partir de este momento.

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Doctor Ramela, veo en el diario El País de hoy que sin hacer una valoración política sobre el contenido de su planteo, el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Óscar Brum, dijo que el gobierno no tiene nada que ver con esa idea. ¿Efectivamente se trata de una iniciativa personal suya?

CARLOS RAMELA:
Sí, es absolutamente cierto, ni siquiera es una iniciativa en todo su contenido. Lo que ocurrió fue que se me consultó sobre lo que estaba pasando, sobre si era correcta la posición que había tomado el gobierno, si era válido pensar en una ley interpretativa, y dije, por los argumentos que expuse en ese momento, que la única solución a esta altura, razonando como hombre de derecho y desde el punto de vista jurídico, era otra enmienda constitucional. Se me preguntó si era posible y en corto término y aclaré que sí, que era posible, porque se podía votar una ley constitucional y perfectamente se podía disponer que fuera sometida a plebiscito junto con las elecciones municipales del mes de mayo, a los efectos de no tener que perder más tiempo y gastar después plata en otra convocatoria especial por estos motivos.

O sea que lo mío fue un razonamiento personal desde el punto de vista jurídico que se puede tomar como una alternativa de solución, pero evidentemente, por lo menos hasta ahora, no es la posición oficial del gobierno. El gobierno no lo ha planteado así.

EC - ¿Cómo ha observado las respuestas, las repercusiones ante su idea?

CR - Desde el punto de vista jurídico, las personas que me han llamado desde el día miércoles cuando mencioné esta alternativa, coinciden todas plenamente. Me refiero a juristas del Partido Colorado, del Partido Nacional y del EP. Es evidente que aquí, como usted decía recién con total claridad, en el mejor de los casos estamos frente a un texto de una ambigüedad total y notoria; yo diría además que deja sin prever cosas fundamentales que evidentemente podrían llevar a consecuencias nefastas a partir de una vaguedad jurídica total.

A veces los abogados somos muy afectos a enfrascarnos en discusiones con una biblioteca y la otra, pero lo cierto es que en estos temas, sobre todo cuando se trata de materia constitucional, la diversidad de opiniones que existe es de por sí demostrativa de que esto no está bien.

Entonces tratándose de materia constitucional, en la que el soberano es el propio pueblo, no hay otra alternativa, si se quiere aclarar, precisar o complementar esta norma, que consultar al soberano, porque evidentemente la consulta inicial que se hizo a fines de octubre careció de precisión. Por los motivos que sea –todos sabemos cuáles fueron– la consulta fue hecha con una liviandad inexcusable; ahora estamos pagando esas consecuencias, y así como al ciudadano se lo obligó a votar casi a ciegas o por aproximación algo que nadie sabía en qué terminaba, solamente puede ser el ciudadano, desde el momento en que a esta materia se le dio rango constitucional, el que resuelva nuevamente.

Ésa es mi posición desde el punto de vista jurídico, lo que no quiere decir que yo vaya a hacer el planteo, porque es evidente, en la medida en que nosotros fuimos derrotados como personas que estábamos en contra de esta iniciativa, que no somos quienes debemos hablarles a los ciudadanos y precisarles lo que votaron, sino quienes los exhortaron a votar esta norma.

EC - Desde el gobierno se aclara que no se tiene nada que ver con esta idea. Desde el Partido Nacional el senador Francisco Gallinal no rechazó ese camino, sobre todo lo vio como un buen comienzo para seguir buscando entendimientos; en cambio el doctor Jorge Larrañaga dijo al diario El Observador que la idea de Ramela no lo entusiasma. ¿Ha tenido algún otro tipo de comentarios desde el plano político?

CR - No, no, no he tenido contactos políticos. Hablé con personas, conocidos, amigos, sobre todo compañeros del ámbito jurídico, pero no he tenido novedades políticas al respecto de ningún tipo.

EC - Por último, con respecto al tiempo que mediaría hasta que se produjera el pronunciamiento definitivo en el mes de mayo, ¿qué dice usted? Los acontecimientos se están precipitando ahora, el Poder Ejecutivo ya dio instrucciones para que OSE vaya reasumiendo los servicios, etcétera.

CR - Evidentemente hay ahí una complejidad muy especial que habría que analizar. Está claro que hoy por hoy lo único que puede hacer el gobierno es lo que está haciendo, porque la Constitución manda y uno no la puede ignorar, más allá de que le guste o no. Pero quizás se podrían buscar situaciones a término, o sea que hubiese parcialmente un período de actuación de OSE sujeto a lo que surgiera de ese plebiscito. Es una idea que tiro.

Tenemos que respetar la Constitución con sentido práctico y tratar de que se cumpla, pero si hay una chance a corto plazo de revertir semejante situación, que no sea en forma de defectos definitivos. Lamentablemente el que hay es un camino muy finito, pero que para mí es indispensable porque esto no se termina en lo que la gente está hablando de la concesión de Uragua, Aguas de la Costa y la de Costa del Pinar; hay ambigüedades y problemas mucho más grandes, fíjese que el apartado uno no permite que las aguas sean utilizadas por privados, salvo para fines sociales. Entonces, ¿en qué quedan las represas para arroz, los tajamares, las aguas termales?

Fue tal la situación política en la cual nadie quiso discutir con el sindicato de OSE, que se terminó votando algo que es una fuente interminable de problemas. Por lo tanto, incluso más allá de que caiga o no alguna concesión, este texto tiene que ser revisado y acotado porque se ha incorporado a la Constitución algo que es realmente un mamarracho jurídico.

Notas relacionadas:
Gallinal: El Poder Ejecutivo juega para Uragua. Entrevista con el senador Francisco Gallinal

Presidencia: La Constitución no admite dos lecturas. Entrevista con el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe