La Guardia Republicana desalojó en la noche del martes el edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) que estaba siendo ocupado por estudiantes de Secundaria desde el viernes. Sobre las 19 horas del martes, un actuario del Ministerio de Trabajo se presentó en el Codicen e intimó a los estudiantes a desalojar pero estos se negaron.

En el edificio, además de las oficinas del Codicen, hay otras del Banco de Seguros del Estado (BSE) y del Ministerio de Economía.

Cerca de las 22:30 horas, la Guardia Republicana llegó al lugar y desalojó a los estudiantes que estaban dentro del edificio. Según un comunicado del Ministerio del Interior, los estudiantes se autoevacuaron y los policías fueron agredidos con pedradas por personas que estaban afuera del edificio.

El Ministerio plantea: "Luego de intensas negociaciones -que no arrojaron resultados- y ante la negativa a desocupar el local por parte de los estudiantes que habían tomado las instalaciones, las fuerzas policiales irrumpieron en el recinto con un Grupo de la Reserva Táctica (GRT), que ingresó por una tercera puerta de acceso ubicada en los estacionamientos".

"El ingreso se produjo sin encontrar resistencia alguna por parte de los ocupantes quienes se dispersaron rápidamente y sin mayores inconvenientes, abandonando el edificio, en una especie de auto evacuación", continúa el comunicado y agrega que funcionarios policiales que estaban fuera del edificio fueron agredidos por integrantes de Plenaria Memoria y Justicia y del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt).

"Los enfrentamientos se produjeron sobre Avenida Libertador, donde los manifestantes la emprendieron contra las fuerzas policiales con piedras, fierros y todo tipo de objeto contundente", detalla el texto.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó en declaraciones a Radio Oriental, que no existió brutalidad policial y que fueron los policías los que fueron agredidos.

El operativo policial dejó un saldo de 13 detenidos, que al mediodía de este miércoles ya habían sido liberados, y una treintena de heridos, entre ellos un joven con fractura de cráneo y 24 policías. La Suprema Corte de Justicia anunció en un comunicado que las personas que fueron detenidas serán citadas a declarar este jueves y los policías heridos, que presentaron la denuncia, serán citados a declarar el viernes.

Por su parte, las organizaciones estudiantiles y Plenaria Memoria y Justicia plantean que la policía "desalojó salvajemente la ocupación estudiantil del Codicen el martes de noche, y luego de desalojado el edificio continuó reprimiendo en la calle a todo lo que se movía" según publicaron a través de Facebook.

Una estudiante que estuvo en la ocupación relató a El Espectador, mientras esperaba por la liberación de los detenidos, lo sucedido durante el desalojo y aseguró que el accionar de la policía no fue nada pacífico y agregó que no se cumplió el acuerdo que habían logrado con el Ministerio de Trabajo de solo ocupar las oficinas del Codicen.

En tanto, Irma Leites, de Plenaria Memoria y Justicia dijo que lo que sucedió anoche en el Codicen se pareció mucho a lo sucedido el 24 de agosto de 1994 en el Hospital Filtro. "Sin balas pero se pareció mucho" sostuvo Leites, y agregó que hubo un acuerdo que fue incumplido por parte de la policía.

El presidente del Codicen, Wilson Netto, dijo en rueda de prensa que ellos presentaron una nota a la justicia "preocupados por los menores" pero "formalmente" no conocen quién pidió el desalojo.

Por otro lado, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señaló "que el Gobierno hizo más de lo que podía hacer por el diálogo" antes de la intervención. Agregó que dos abogados de la cartera ofrecieron una mesa de negociación a los estudiantes si se desocupaba el edificio y "sin embargo, los estudiantes les tiraron la propuesta escrita en la cara", dijo el ministro.

La ministra de Educación, María Julia Muñoz, expresó que, en el desalojo del Codicen, el proceder de la policía se dio con total normalidad. Añadió que no fue consultada por las autoridades del Codicen previo al pedido de desalojo del edificio y señaló que "es incorrecto" decir que era una ocupación de estudiantes. "Los problemas los ocasionaron los adultos", sostuvo.

En rueda de prensa, la ministra sostuvo que "en el edificio del Codicen funcionan oficinas de otros Ministerios, y como con los estudiantes se había llegado a un acuerdo en el Parlamento, se solicitó el desalojo".

Por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura emitió un comunicado donde cuestiona las medidas tomadas por los estudiantes y docentes. "Preguntamos ¿cómo es posible que quienes dicen defender la educación pública adopten medidas que la entorpezcan? ¿Cómo es posible ocasionar destrozos en oficinas públicas y educativas, cuando se reclama más presupuesto para la educación?";, plantea el comunicado.

La ministra de Educación dijo, al respecto, que "los que participaban (de la ocupación) eran el sindicato del taxi y otras organizaciones que poco tienen que ver con los estudiantes".

En tanto, el presidente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), José Olivera, indicó en rueda de prensa que mantuvo sobre las 21 horas una comunicación con Netto, donde éste le aseguró que no había pedido el desalojo y que no había orden judicial.

Olivera agregó que el equipo jurídico de Fenapes evalúa presentar una denuncia por los estudiantes heridos y dijo que por ahora no se van a aplicar medidas.

También el Pit-Cnt expresó en un comunicado su "más enérgico rechazo al desalojo y al procedimiento policial" y explica que toma distancia "de algunas metodologías de decidir desde pequeños grupos que, desde fuera de las organizaciones populares de masas, actúan bajo la premisa del cuanto peor mejor y que escudándose en los estudiantes construyen diversos escenarios de provocación".

En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, Javier Miranda, indicó en diálogo con Canal 10 que preocupa la violencia de la sociedad y que se suban al carro de esa violencia movimientos que "en el fondo son fascistas".

Plenaria Memoria y Justicia respondió a estas acusaciones y aseguró que "fascista es levantarle la mano al pueblo". En un comunicado, la organización manifestó que es "muy triste que el hijo de Fernando Miranda (a quien mató a golpes la policía) hoy hable como aquellos que justificaron la represión que terminó con la vida de su padre".