Olivera encargó la elaboración de un informe a los asesores legales de la Comuna sobre el caso, luego que la Justicia Penal accediera a dar curso a la denuncia que ADEOM presentó raíz de la muerte de este trabajador, producida el pasado 25 de abril mientras arreglaba un camión de limpieza.

El diario El País informó este sábado que el juez Carlos García y la fiscal Raquel González citarán a varias personas, entre ellas la propia intendenta Ana Olivera. La jefa comunal podría comparecer incluso en calidad de indagada. La denuncia es contra la Intendencia de Montevideo, ya que el sindicato municipal entiende que el funcionario falleció al no contar con los elementos de seguridad adecuados para realizar su trabajo.

El caso apunta a convertirse en una nueva "piedra"; en la gestión municipal, y se suma a los problemas que la IM afronta a varias bandas: las críticas por la situación de los residuos, la negativa de la oposición a aprobar un préstamo internacional para realizar obras viales, entre otros.

Según pudo saber El Espectador, el informe de la División Jurídica de la IM estará pronto a más tardar en una semana. Este mismo lunes los abogados comenzarán a trabajar en el caso, en procura de establecer si efectivamente la intendenta Olivera puede tener responsabilidad legal en la muerte del trabajador como máxima autoridad comunal.

Fuentes de la comuna afirmaron que los abogados trabajarán en base a la versión dada en su momento por la IM, a partir de lo que fue el informe forense realizado sobre este funcionario: su muerte se debió a una falla cardíaca, y las condiciones de trabajo en nada influyeron en el desenlace fatal.

El trabajador cayó una altura de tres metros luego de perder el equilibrio mientras trabajaba en la parte trasera de un camión. Se precipitó  desde el rodado hacia el suelo y desde allí a una fosa, en donde fue encontrado por sus compañeros, un cuarto de hora después de morir.

Lo que va a tener que determinar la Justicia es precisamente si el trabajador municipal realizaba su tarea sin contar  con los elementos mínimos de seguridad laboral y si eso habría impedido que muriera pese a sus problemas crónicos.

ADEOM presentó la denuncia basándose en parte en la nueva ley de Responsabilidad Penal Empresarial, afirmando que desde hace dos años se venían reclamando mejoras de seguridad en la Usina 3 y que las falencias había sido documentadas en su momento por el propio Ministerio de Trabajo.

De todas formas, el sindicato sostiene que si la Justicia no acepta su demanda bajo la nueva normativa, igualmente podrían aplicarse varias figuras previstas en el Código Penal sobre las autoridades comunales.

La Inspección General de Trabajo aún no presentó el informe con las conclusiones del hecho, pero clausuró dos secciones de la Usina 3.

Fuentes comunales consultadas este domingo por El Espectador señalaron que la IM espera el informe de su División Jurídica para determinar luego los pasos a seguir. En la Intendencia se mantiene la postura expresada basada en los estudios forenses. De todas formas, se admite que el hecho genera "mucha preocupación"; ante las consecuencias que pueda tener sobre la intendenta Ana Olivera y sobre la propia Intendencia como institución.